La "securitización" de la gubernamentalidad migratoria mediante la "externalización" de las fronteras estadounidenses a Mesoamérica

Amarela Varela Huerta

 

Introducción

Desde la década de 1980 está en marcha en todo el mundo la reelaboración de los riesgos y amenazas para las sociedades hegemónicas, hay en curso un  "giro securitario", es decir, una reelaboración de las "amenazas" a su seguridad nacional donde se incluye a las migraciones. Y a la vez, los grandes centros hegemónicos como Estados Unidos de América y la Unión Europea, crean un conjunto de tratados y acuerdos de cooperación que, con la ayuda de países subalternos, "taponan" los procesos migratorios desde su lugar de origen, los corredores de tránsito hasta sus  mismas líneas fronterizas.  A este proceso se le nombra como la "externalización" de las fronteras. En rigor conceptual a esta redefinición de la amenaza, de su administración en clave de seguridad nacional y a la flexibilidad expansiva de las fronteras,  se le designa en este artículo como "la securitización de la gubernamentalidad migratoria mediante la externalización de las fronteras". 

 

Ulrich Beck[1] definió que nuestra época es la de las “sociedades del riesgo”, y los gobiernos que administran nuestros territorios se mantienen en alerta permanente para desactivar las amenazas que acechan la soberanía de los Estados y las vidas cotidianas de los pueblos. Esa premisa del  riesgo y el peligro es la que ha puesto en marcha un entramado de políticas públicas permisivas de la vulneración de los Estados de derecho modernos tradicionales, ya que, para protegernos, se quebrantan los pactos sociales que antaño se fundamentaron en la defensa y protección de nuestras garantías individuales. Si el peligro acecha es “comprensible” que se recorten las libertades, que se espíe, que las detenciones sean arbitrarias y que los centros penitenciarios, como Guantánamo o los Centros de Internamiento para migrantes o solicitantes de asilo político en todo el mundo, tengan como norma la ausencia de normas para el debido proceso.

 

Así, los gobiernos combaten con “mano dura” al nuevo fantasma global: el terrorismo. En México, la traducción de esas amenazas tiene dos formas predominantes: el crimen “organizado”[2] y las luchas insurgentes de pueblos que o bien reclaman la liberación nacional o bien se organizan para autodefenderse ante la impunidad y la inoperancia de las estructuras estatales para garantizar el derecho a la vida, derecho con el que es posible después hablar de la exigibilidad del resto del repertorio de derechos humanos.

 

En Estados Unidos la lista de amenazas terroristas es casi tan diversa como las respuestas institucionales a ellas. El terrorismo es un actor protagónico en guerras más allá de sus fronteras, pero también configuran, sobre todo después de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, una de las prioridades para la gubernamentalidad[3] doméstica.

 

Además de los actores ya mencionados, desde la década de 1990 las personas que se mueven de su país de origen para buscar una “vida vivible”, los migrantes, están incluidas en la lista de potenciales riesgos para las sociedades por las que transitan y, sobre todo, en las que se instalan. Esta perspectiva de que los migrantes son potenciales riesgos de seguridad para las naciones, provocó un cambio paradigmático en la gubernamentalidad global de las migraciones.[4]

 

Emparentar las migraciones con labores de inteligencia para garantizar la seguridad nacional en contra de ataques terroristas, supuso la transformación en los imaginarios vigentes desde principios del siglo XX, donde la migración es un fenómeno inherente al capitalismo global y a las necesidades del mercado. Así pues, y con énfasis en el periodo posterior al 11 de septiembre de 2001, la migración, más que un fenómeno laboral o demográfico, es para los gobiernos un problema de seguridad nacional.

 

Si bien, y para evitar lugares comunes, hay que decir que este cambio de paradigma en la intención de gobernar las migraciones comenzó por lo menos una década antes de los atentados de 2001, con la puesta en marcha por parte del gobierno estadounidense de una política de fronteras más bien de corte militar. Tal y como apunta María Eugenia Anguiano,[5] fue desde 1993 que Estados Unidos puso en marcha una compleja ingeniería de vigilancia fronteriza basada en la construcción de muros resguardados con estrategias y dispositivos militares de última generación. En otras latitudes, por ejemplo en territorio europeo, incluso desde 1985, la entonces llamada Comunidad Económica Europea puso en marcha el Grupo Trevi, un organismo policial supranacional pionero de este tipo de estrategias que emparentaba el éxodo de seres humanos con el terrorismo y el tráfico de mercancías.[6]

 

Este texto es un intento por historiar la genealogía de este cambio de paradigma en la gestión de las migraciones basada en una gubernamentalidad securitaria,  una postal del proceso poco a poco instituido a través de dispositivos legales y prácticas policiales que hoy criminalizan la migración en tránsito de centroamericanos por México.

 

Primero realizamos un análisis del discurso hegemónico de la "securitización y la externalización de fronteras", para después explicar cómo el sistema migratorio estadounidense ha emparentado las fronteras con las amenazas de seguridad nacional, la gestión policiaca y militar de las migraciones humanas, una de sus condiciones para iniciar tratados de neoliberalización económica con los países interesados. En el último apartado del texto, el lector podrá reconocer en el Programa Frontera Sur un ejemplo concreto, el más reciente de la política de externalización securitaria de las fronteras estadounidenses en territorio mesoamericano.

 

El propósito de este modesto ejercicio genealógico es desnaturalizar la idea ya instituida en el imaginario de los actores involucrados en la “gestión” de dichos movimientos humanos, sobre que la migración es un problema de seguridad nacional. Porque como siempre recalcamos, lo nuevo en lo contemporáneo no son las migraciones sino las políticas de gestión securitaria de las fronteras, porque los movimientos humanos constituyen uno de los principales rasgos de nuestra especie y una de las tuercas del motor de la historia.

 

I.             ¿Qué es la securitización de la migración?

 

Antes de caracterizar la genealogía del modelo de externalización securitaria del gobierno de las fronteras entre Estados Unidos y Mesoamérica, nos parece importante rastrear las bases epistemológicas del discurso sociocientífico que, con voluntad de verdad,[7] diría el filósofo francés Michel Foucault, sostiene dicho modelo desde hace por lo menos cuatro décadas.

 

El término de securitización de la migración hace referencia a la apropiación de un modelo epistémico sobre la seguridad nacional, construido desde la criminología y el campo de estudio de las relaciones internacionales. En concreto, es un término acuñado y progresivamente densificado por la  Copenhagen School of Critical Security Studies, que propone entenderlo como un proceso epistémico en el que la “óptica securitaria” se inserta como paradigma en la gubernamentalidad de diferentes fenómenos sociales contemporáneos. Nosotros decimos, entre ellos, la migración de personas. Para el jurista italiano Giussepe Campesi, “[…] la securitización es el proceso mediante el cual una cuestión viene transformada en un problema de seguridad, con total independencia de su naturaleza objetiva, o de la relevancia específica de la supuesta amenaza. La óptica securitaria es un concreto frame (campo) teórico-político, mediante el que se tematiza una creciente pluralidad de cuestiones”.[8]

 

Desde la perspectiva de este experto en criminología crítica, la securitización como concepto trasladado a la migración es especialmente ilustrativo de la noción de seguridad nacional como pilar de la soberanía estatal difuminado con las competencias policiales del orden público. Para los expertos en criminología, mirar el fenómeno de securitización de la gestión de las migraciones humanas aporta luz para comprender el ensanchamiento de dispositivos de control, más bien propios de Estados de excepción que, el año 2000 se viralizan a nivel global como estrategias de control biopolítico de la población. Campesi propone que en este debate teórico epistemológico  pueden distinguirse, al menos, tres formas de aproximación analítica a la securitización de las migraciones.

 

La primera aproximación, la más canónica, parte de reconocer la migración de personas como un riesgo latente que pone en peligro el orden público y la seguridad del Estado. Calificada como la perspectiva de la “tautología del miedo”,[9] los índices de criminalidad de orden doméstico se asocian de forma tramposa con criterios étnicos, además de exaltar los riesgos latentes que tiene la presencia de extranjeros, migrantes residentes legales o ilegalizados, para la seguridad nacional en materia de terrorismo y crimen organizado.

 

El segundo paradigma, que llamaremos “político identitario”, judicializa la migración a través de la puesta en práctica de políticas públicas y policiales basadas en criterios raciales. Las iniciativas como la Ley SB1070 de Arizona[10] pertenecen a  este paradigma. Usando sobre todo los argumentos de riesgo de ruptura nacional identitaria, este paradigma se basa en la percepción de que los migrantes, con su presencia legal o ilegalizada en los nortes del mundo, alteran la estructura social de los territorios donde se asientan pues sus identidades no se corresponden con la cultura doméstica. Es un nuevo tipo de racismo que construye fronteras internas en las sociedades receptoras de migrantes. La frontera se extiende a todos los ámbitos de la vida de los sujetos migrantes, incluso a las dimensiones de las relaciones sociales, y por ello migrantes y refugiados serán siempre denominados como los Otros perpetuos.[11]

 

El último paradigma que ha sustentado políticas securitarias de la migración es el viejo y reciclado argumento de que los migrantes son competidores desleales en el mercado laboral, porque abaratan el costo de la fuerza de trabajo y usan los recursos fiscales de los cada vez más adelgazados Estados de bienestar en los nortes del mundo. Un tipo de retórica que, por ejemplo, en el marco de la crisis económica en Europa iniciada desde 2010, anuló el derecho a la cobertura universal en educación y salud en países donde los migrantes, incluso irregularizados, tenían acceso a ello. Para esta perspectiva los migrantes son los responsables de la quiebra del Estado como proveedor de certezas en materia de derechos fundamentales.

 

Así pues, estos tres modelos o bases del paradigma securitario, coexisten en algunas geografías mientras que en otras la securitización de la migración sólo se sostiene en la tautología del miedo, la amenaza a la ruptura de la identidad nacional o en la competencia desleal en el mercado laboral.

 

Además, para la puesta en práctica de este paradigma securitario asistimos desde hace décadas a la conformación de una tecnocracia especializada en el diseño de políticas públicas para la gestión de la migración. La experiencia vital de los migrantes se convierte en una auténtica pesadilla; los más afectados son los migrantes irregulares, [12]  su existencia, su presencia es para los gobiernos y sus diferentes burocracias un fenómeno  "metasecuritario" por lo que los gobiernos responden a éste con estrategias policiacas y militares coordinadas incluso transnacionalmente.[13]

 

II.            ¿Quiénes son los productores de estos discursos y prácticas securitarias?

 

La transformación del migrante en amenaza, su securitización es un discurso que se expandió desde los agentes del Estado, los actores políticos y burócratas de la seguridad que usan esta retórica para “encauzar” la comprensión de los orígenes y consecuencias de fenómenos sociales concretos a la idea de que son un peligro, un riesgo. En concreto, en relación con la migración, cuando se habla de la securitización de las políticas de gubernamentalidad de los movimientos de personas, nos referimos a que las estrategias para controlarla están basadas en una lógica criminal, porque las reglas y su desobediencias se traducen en sanciones del orden de lo criminal en contra, sobre todo, de los migrantes irregulares pero también, aunque en menor medida, en contra de contratistas y de traficantes que transportan por vía área, marítima o terrestre a esos migrantes.

 

Estas estrategias de control criminalizado de los movimientos humanos se practican a la usanza neoliberal, pues buen número de las funciones e infraestructura que opera esta intención de controlar los flujos de personas se hace en forma terciarizada “[…] la política se ha privatizado, lo cual significa que las funciones estatales de control son externalizadas de manera creciente hacia actores privados. Las políticas son implementadas, cada vez más, a través de empresas privadas (que incluyen la detención, el control policial y de fronteras y la deportación).” [14]

 

Esta industria del control de la migración implica diversas y complejas subjetividades: desde los coyotes,[15] las redes de trata y tráfico de personas, los bancos e instituciones que gestionan el envío de remesas, pasando por las compañías de mediana escala encargadas del mantenimiento de los dispositivos de control migratorio, como las estaciones de detención de migrantes o las compañías transportistas dedicadas a la deportación de los migrantes.

 

Un actor no menos importante en este proceso son las organizaciones no gubernamentales, o del tercer sector, a las que los gobiernos han involucrado a través de subsidios o mesas de diálogo diversas en un intento, afirman, por garantizar que la gestión securitaria de las migraciones se haga con apego a los derechos humanos,[16] una paradoja pues, como hemos apuntado antes, el paradigma securitario considera prescindibles la mayoría de las garantías jurídicas protegidas por el derecho internacional, al ponderar legalmente los criterios de seguridad nacional por encima de los de los derechos humanos de las personas.

 

III.           ¿Qué significa que una frontera sea “externalizada”?

 

Como hemos explicado, el cambio de paradigma hacia lo securitario en el gobierno de las migraciones ha implicado complejizar la función misma de la frontera como límite territorial, hasta antes de este giro pensada como dispositivo geopolítico que, a través del control militar, resguardaba la soberanía de los Estados. Ahora, además de la vigilancia militar, el control de fronteras incluye también mecanismos policiales, políticos, diplomáticos y de labores de inteligencia para la gubernamentalidad de las migraciones. Estos mecanismos se ponen en práctica, y esto es lo que queremos abordar a fondo en este apartado, a través de la coordinación entre organismos supranacionales, agencias estatales de países considerados como “expulsores”, autoridades de los territorios de tránsito y los gobiernos de las metrópolis de instalación de los migrantes. A este fenómeno, realmente novedoso, se le conoce como “externalización de fronteras”:

 

Estos procesos e iniciativas —políticas y prácticas— están enmarcados en una “visión amplia” de la regulación: implica que las acciones desarrolladas por los Estados se inician mucho antes de la llegada a la frontera y se mantienen mucho después de la entrada en el territorio, en origen, tránsito y destino. Indica también, la participación de diversos actores, públicos y privados, estatales y supranacionales.[17]

 

Mientras que podemos considerar a Estados Unidos como la región pionera en la concreción del giro securitario en la gubernamentalidad de las migraciones, la Unión Europea es quien indiscutiblemente construyó un modelo de elasticidad de sus fronteras territoriales a los países de origen y tránsito de los migrantes,[18] con  una afinada ingeniería de control que poco después de su puesta en práctica diversos gobiernos y, sobre todo, agencias supranacionales, han intentado repetir en todo el mundo dando lugar a lo que muchos analistas llaman el gobierno global de las migraciones: “[…] Una racionalidad política que forma parte de la familia de la gubernamentalidad neoliberal y que busca modular la conducta de los sujetos migrantes para contener y desincentivar  la migración del Sur global.”[19]

 

Dicho modelo de externalización de las fronteras nacionales a terceros países se basa en la interferencia en las políticas de extranjería y  refugio en países de tránsito de migrantes a través de tratados y acuerdos, lo mismo de cooperación para el desarrollo, de libre mercado, pero, sobre todo, relativos a la seguridad nacional. Dispositivos discursivo-legales que se traducen en cooperación policial y militar contra el terrorismo y de combate a la “inmigración irregular”, la firma de acuerdos de readmisión o deportación masiva de migrantes, y la “gestión ordenada” de las “cuotas de migración legal” de los países involucrados en los tratados.

 

Por eso resulta muy interesante para científicos sociales y filósofos poner la mirada en este proceso de securitización-externalización de fronteras nacionales. En la gubernamentalidad de las migraciones se hace evidente que lejos que el Estado renuncie a competencias de intervención en el mercado, como pregona la doctrina neoliberal, es muy selectivo en las formas de intervenir las relaciones comerciales. Así, por ejemplo, en la Unión Europea, existe un amplio repertorio de tratados, directivas y leyes domésticas que intervienen el gobierno de los flujos migratorios a través de sistemas de visados, controles de los registros comerciales de las aerolíneas y las agencias de viajes o transportación transfronteriza de personas.[20]

 

Este modelo de gubernamentalidad migratoria, intenta desalentar el éxodo de los migrantes, o si éste ya se produjo se encargan de la intercepción, detención y deportación de los migrantes a través de una compleja red de terciarización política y económica de dispositivos que involucran lo mismo centros de detención para solicitantes de asilo y migrantes “económicos”,[21] la construcción de infraestructura militar para la “contención” de los movimientos humanos. Todo ello en territorios donde existen abiertas y reconocidos estados de excepción, donde los derechos de los migrantes no son siquiera un tema de discusión en la agenda política nacional.

 

Esta “política de confinamiento”[22] hacia los migrantes es lo que denominamos teóricamente externalización de fronteras: “El locus del control y de la seguridad se extiende así fuera del territorio y trasciende la acción nacional, combina la acción exterior e interna y produce una segmentación de los sujetos del control en donde la distinción ciudadano-extranjero se amplía por la creciente selectividad diferenciada de las fronteras”.[23]

 

IV.          El plan Frontera Sur, un ejemplo de la externalización securitaria de las fronteras estadounidenses en Mesoamérica

 

En esta esquina del planeta, donde la gubernamentalidad global de las migraciones tiene un rostro extremo, marcado por la violencia estatal y neoliberalizada, abiertamente paramilitar en ciertas zonas, la externalización de fronteras opera sobre todo bajo dos retóricas; la de la seguridad nacional (ampliamente abordada antes como securitización), y la del abierto “chantaje” que en materia de tratados de libre comercio entre Estados Unidos y los países de Mesoamérica interponen la “gestión ordenada de la migración” como condición para que dichas libertades comerciales puedan ponerse en práctica.[24]

 

La externalización de fronteras está teniendo “logros” en relación con las “zonas tapón”[25] o “países frontera” como le llaman los migrantes a los territorios de tránsito, sobre todo por la violencia estructural que caracteriza a estas zonas. De ahí que propongamos combinar la mirada analítica sobre el confinamiento de migrantes con la de una gubernamentalidad necropolítica.[26] Los migrantes son gobernados bajo la premisa de que sus vidas son desechables; son  expulsados de los lugares donde nacieron por la violencia del mercado, la violencia del Estado o las violencias feminicidas. Y al mismo tiempo, las y los centroamericanos que atraviesan por México, enfrentan en el trayecto más violencia policiaca, militar y paramilitar.

 

Pasemos ahora a explicar, grosso modo, la genealogía del proceso de externalización del paradigma securitario para gobernar las migraciones con el que Estados Unidos volvió elásticas sus fronteras hacia Mesoamérica.

 

En 2001 el gobierno de México puso en marcha el Plan Sur, un proyecto de seguridad nacional para controlar flujos de “personas, drogas y armas”. Un plan que se soporta en la retórica del derecho a la documentación de migrantes, la defensa de los derechos humanos y la modernización de los cuerpos administrativos y policiacos responsables de tales tareas (el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, la Secretaria de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, además de los funcionarios de los gobiernos estatales en la frontera sur).

 

En 2002 se firma la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos cuyo plan de acción incluía 22 puntos para reforzar la seguridad en el área. En 2004 se firma el Plan de Acción para la Seguridad Fronteriza entre Estados Unidos y México que prevé el mejoramiento tecnológico para facilitar repatriaciones y fortalecer los mecanismos entre funcionarios de ambos países. En 2003 el Plan Sur es sustituido por el proyecto “Fortalecimiento de las Delegaciones Regionales de la Frontera Sur”, del que surge el Grupo Beta, que se encargaría de “brindar apoyo a los migrantes” y en realidad, según afirman defensores de migrantes y diferentes trabajos periodísticos, es una especie de fuerza especial para gestionar de manera más eficiente las deportaciones de centroamericanos.

 

De este proyecto también se desprenden acciones en las estaciones migratorias, pero sobre todo, se proyectan acuerdos bilaterales con Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador para “repatriaciones ordenadas y seguras, protección consular y asuntos de seguridad”,[27] es decir, una vez acatada y apropiada la política de seguridad hemisférica estadounidense, México se encarga de supeditar a sus vecinos centroamericanos a la suscripción de dicha doctrina.

 

En 2005 se firma la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como proceso trilateral permanente que persigue instrumentar estrategias comunes de seguridad fronteriza y bioprotección. En 2005 también entra en vigor el programa bilateral para perseguir a los traficantes de migrantes (OASISS) y la Iniciativa de Fronteras Seguras que pretendía llevar a un nuevo nivel la prioridad de combatir la migración ilegal; más agentes, mejor capacidad de detección y expulsión e inspecciones en centros laborales.[28] Ese mismo año se pone en marcha del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) que informatizó el monitoreo de las fronteras mexicanas, además de incorporar al Instituto Nacional de Migración (INM) al Sistema de Seguridad Nacional, decisión que integra, a su vez, las bases de datos y sistemas de información del INM a la Red Nacional de Información proyectada en la Ley de Seguridad Nacional.[29]

 

Como parte del Sistema de Seguridad Nacional, el INM recibió en 2009 el 20% de los recursos que Estados Unidos otorgó a México con el nombre de Iniciativa Mérida,[30] con un propósito muy concreto: sellar la frontera con Guatemala. Todo ello con el impulso de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se apropia el ideal normativo norteamericano de construir una estrategia de seguridad hemisférica, y a la que se le suma el Grupo de Alto Nivel para la Seguridad Fronteriza entre México, Guatemala y Belice (GANSEF), además del Plan Binacional Guatemala, estrategias que como todos los dispositivos mencionados anteriormente pretenden “una alianza marco para impulsar mecanismos de control fronterizo y de freno a los flujos de la transmigración irregular”.[31]

 

Finalmente, y después de la llamada “crisis de los menores migrantes no acompañados”,[32] en julio de 2014 se estableció el “Programa Frontera Sur”, mismo que –ahora sabemos, gracias a la denuncia de organizaciones del tercer sector dedicadas a “humanizar” el tránsito de los centroamericanos-- no es como tal un “plan” o programa de acción, pues no se traduce a políticas públicas concretas. El gobierno mexicano no ha elaborado ningún documento oficial, alguna hoja de ruta mínima siquiera, que explique en qué consiste dicho “programa”.

 

Simplemente anunciado como una estrategia para “proteger los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México”,[33] un año más tarde de su puesta en marcha las medidas anunciadas, dispuestas en cinco ejes de acción, entre las que figuran incluso la emisión de “Tarjeta de Visitante Regional” y la creación de “centros de atención integral” en la frontera con Guatemala, se han traducido más bien en violencia institucional hacia los migrantes en tránsito hacia Estados Unidos. Es decir, lejos de salvaguardar los derechos fundamentales de estas poblaciones, desde su puesta en marcha, el programa Frontera Sur sólo ha involucrado acciones policiacas que incluyen un amplio repertorio de medidas “disuasorias” para los migrantes que intentan el éxodo, sobre todo desde Centroamérica.

 

Entre estas medidas destacan una serie de acciones para “erradicar” el uso de la red de vías ferroviarias conocido como “La Bestia” para atravesar México, a través de la reconstrucción de infraestructura física que impide el ascenso de los migrantes a dicho tren, así como la contratación de policías privadas para custodiar el tren y, sobre todo, la creación de una red de retenes de control migratorio, un virtual “tapón migratorio” que incluye, por ejemplo en el corredor más importante de acceso a territorio mexicano, entre Tapachula y Tonalá en Chiapas, un retén de seguridad cada 20 kilómetros,[34] además de la incursión de agentes del INM en hoteles y restaurantes en las ciudades de los corredores migratorios más importantes.[35]

 

Esta suma de medidas ha provocado que el tránsito de los migrantes se produzca por territorios más alejados, ampliándose con ello las violaciones a sus derechos humanos. Lo cual resulta obvio, pues cuando los migrantes se percatan de que las rutas migratorias tradicionales están repletas de retenes de diferentes cuerpos policiales con reputación de extorsionar, torturar y hasta desaparecer a los transmigrantes, estos últimos optan por internarse aún más en territorios bajo control de grupos paramilitares: los Zetas, la Familia Michoacana, etcétera, grupos paramilitares hoy llamados cárteles que administran el terror para la gestión de la industria del narco o la expropiación de territorios a pueblos originarios. 

 

No obstante, desde la óptica de los gobiernos involucrados, el programa Frontera Sur está resultando ampliamente eficiente pues entre 2014 y 2015. México está deteniendo a más del doble de migrantes centroamericanos: “En los cuatro primeros meses de 2015, México ha detenido 83 por ciento más de indocumentados que en el mismo periodo del año pasado (57 mil 892 frente a 31 mil 642) y ha deportado un 79 por ciento más migrantes (51 mil 565 frente a 28 mil 736), principalmente centroamericanos, según las autoridades”.[36]

 

Así pues, y en síntesis, para conseguir frenar la migración de entre 400 mil y 500 mil migrantes centroamericanos que cada año intentan huir de la violencia neoliberal en sus países, México ha puesto en marcha una retórica de la seguridad nacional, barnizándola del repertorio discursivo de los derechos humanos, que incluye además de un enfoque policiaco en el control de los flujos migratorios, la privatización de los servicios que dicho enfoque implica. Además, los gobiernos de la región han hecho un uso instrumental de la experiencia de organizaciones de derechos humanos para imprimir en el discurso un “rostro humanitario” a la gestión de las migraciones. Si bien y, como era de esperarse, a su vez las ONG, redes religiosas y organizaciones de migrantes en Mesoamérica han radicalizado su discurso para defender los derechos de los que ahora abiertamente llaman “refugiados” protagonistas de “migración forzada”.[37]

 

Conclusiones

 

En este texto hemos abordado una escueta genealogía del proceso donde el poder de los Estados se transforma en la administración de la amenaza de los migrantes a la seguridad nacional. La “securitización de la gubernamentalidad de las migraciones” que, bien a bien,  desde la década de 1990 tiene lugar en la región mesoamericana. Para describir esta genealogía nos pareció necesario establecer las coordenadas epistémicas que sustentan la doctrina de securitización-externalización de las fronteras como dispositivo o confín para el control de las migraciones humanas.

 

Nos interesó hacer un breve esbozo de los pilares doctrinarios que sustentan las actuales políticas de extranjería en el mundo, aterrizándolas en el caso concreto del sistema migratorio norte y mesoamericano. Partimos de dicho esbozo como un ejercicio que aporte pistas analíticas para comprender por qué en México actualmente transitan entre 400 y 500 mil migrantes que huyen de la violencia  mayoritariamente de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Un éxodo en masa que enfrenta a su paso violaciones sexuales, secuestros, robos, detenciones arbitrarias, reclusión con indebidos procesos judiciales, racismos diversos, ejecutados por agentes del Estado, lo mismo policías locales, estatales, federales, agentes migratorios, miembros del ejército y hasta de la marina mexicana, todos ellos, a su vez, coludidos con una asfixiante red de agentes no estatales, sino paramilitares, que trafican con los migrantes, los extorsionan, los usan para la comisión de delitos graves y en no pocas ocasiones, los asesinan después de torturarlos.

 

En otros artículos periodísticos y académicos sobre la externalización de fronteras se habla del mar Mediterráneo como la fosa común más grande del planeta, pero en este trabajo desafiamos la idea de que esa latitud sea la más mortífera para los migrantes en fuga. En México, en sus tierras y territorios que se desangran por una guerra administrada desde el Estado mismo, los migrantes en tránsito son tratados como cuerpos desechables, y con tal de frenar su paso, se les condena a la muerte-en-vida.  Así que, más que recapitular el contenido del texto, estas conclusiones sirven para terminar este ejercicio compartiendo con el lector las “consecuencias humanas” de la securitización-externalización de las políticas de extranjería en la región.

 

Según organizaciones de migrantes, quienes a su vez utilizan informes y estadísticas de organismos internacionales de todo tipo, para el año 2010 México era el país más violento del mundo para los migrantes. Con más de 20 000 secuestros de migrantes por año, un aproximado de entre 72 000 a 120 000 inmigrantes desaparecidos y, desde el recrudecimiento de la securitización-externalización de fronteras (2006-2015), el hallazgo de 24 000 cadáveres en tumbas anónimas en cementerios municipales, más 40 000 cuerpos no identificados en las morgues públicas.[38]

 

Una realidad que capturó la atención del mundo y de los medios globales fue la “masacre de San Fernando”, donde 72 migrantes fueron ejecutados por el grupo paramilitar de los Zetas. Desde entonces, más de 50 fosas comunes han aparecido en el norte del país. Un par de años más tarde, en 2012, una nueva masacre ahora en Cadereyta, Nuevo León, dejó la imagen de 49 migrantes encontrados totalmente desmembrados, una postal de la realidad necropolítica mexicana, que para entonces, ya había “normalizado” en su repertorio del terror la violencia extrema contra los centroamericanos.[39]

 

Desde nuestra perspectiva, estas matanzas, ojalá dejen de suceder de una vez por todas, son producto, en parte, del giro securitario y la elasticidad de las fronteras explicadas escuetamente en este trabajo. La externalización de la política de gubernamentalidad securitaria de las migraciones en México ha dejado una numeralia de “consecuencias humanas” inenarrable, a la que, sin embargo y a pesar de todo, no nos acostumbramos muchos y muchas mexicanas; porque, además de que nos sabemos un pueblo migrante, insistimos en que la migración lejos de ser un problema de seguridad nacional es un motor de la historia de la humanidad y, en contra de su criminalización, entendemos la movilidad de estos hermanos centroamericanos como una fuga de la “muerte-en-vida” al que el capitalismo contemporáneo, con todo y sus retóricas securitarias, quiere confinarles.

 


* Profesora- investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

[1] Ulrich, Beck, La sociedad del riesgo global, Barcelona, Siglo XXI, 2006.

[2] Para Pilar Calveiro, el llamado “crimen organizado” debe comprenderse más bien como “crimen administrado desde el Estado” en México, partir de la certeza de que no fue el crimen organizado el que infiltró las estructuras estatales, sino que es el Estado, sus agentes, los que gestionan dicha industria del crimen y la administran. Véase Violencias de estado, La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global, México, Siglo XXI, 2012.

[3] Por gubernamentalidad nos referimos al concepto que el filósofo Michel Foucault  desarrolló con su teoría del biopoder (una economía política del poder), en el que establece que en el capitalismo se gobierna en dos niveles o escalas, una opera a nivel individual o subjetivo, la anatomopolítica y se refiere a las normas que se le inscriben a los sujetos para la convivencia cotidiana. A escala poblacional, el biopoder se expresa a través de tecnologías de control organizadas bajo el paraguas de una gubernamentalidad, que no es otra cosa sino la gestión de poblaciones con base en dispositivos disciplinares de todo tipo, no sólo legales. Michel Foucault, Seguridad, territorio y población, Buenos Aires, FCE, 2011.

[4] Estados Unidos y los países asociados en la eurozona fueron los pioneros en este cambio de enfoques. La migración pasó de ser gestionada por instancias laborales y demográficas (el Servicio de Inmigración y Naturalización, INS por sus siglas en inglés) a ser administrada como un problema de “seguridad nacional”. De ahí el nombre de la ley canónica Homeland Security Act, que desde 2012 decretó la creación del Department of Homeland Security (DHS), un dispositivo institucional de nuevo tipo que combinó la gestión del gobierno de la población que habita dentro de Estados Unidos con las labores de inteligencia y seguridad nacional.

[5] María Eugenia Anguiano, “Externalización de fronteras en Norteamérica. ASPAN y el Plan Frontera Sur de México”, en Actas del VI Congreso sobre las migraciones en España, A Coruña, Universidad de Coruña, 2010, pp. 28-36.

[6] Joaquín Arango, “Diez años después del 11-S: la securitización  de las migraciones internacionales”, en Vanguardia, 11-S. El mundo diez años después, núm. 41, octubre-diciembre de 2011, pp. 54-59.

[7] “(la) voluntad de verdad, como los otros sistemas de exclusión, se apoya en un soporte institucional: está a la vez reforzada y acompañada por una densa serie de prácticas como la pedagogía, como el sistema de libros, la edición, las bibliotecas, como las sociedades de sabios de antaño, los laboratorios actuales. Pero es acompañada también, más profundamente sin duda, por la forma que tiene el saber de ponerse en práctica en una sociedad, en la que es valorizado, distribuido, repartido y en cierta forma atribuido”. Michel Foucault, El orden del discurso, Barcelona, Tusquets, 2004, pp. 10-11.

[8] Giussepe Campesi, “Migraciones, seguridad y confines en la teoría social contemporánea”, en Revista Crítica Penal y Poder, núm. 3, 2012, pp.166-186.

[9] Ibidem, pp. 166-180.

[10] Esta ley, aprobada en 2010 en ese estado de la Unión Americana, convirtió en criterio jurídico la pertenencia étnica y en un potencial riesgo criminal y por ello, permitía e incluso alentaba a las fuerzas de seguridad domésticas a detener a todo sujeto con apariencia de “migrante ilegal” en Arizona.

[11] C. Fernández Bessa, “Movilidad bajo sospecha. El conveniente vínculo entre inmigración y criminalidad en las políticas migratorias de la Unión Europea”, Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, año XVIII, núm. 35, 2010, pp. 137-154.

[12] Esta construcción legal de la ilegalidad o irregularidad por parte de las políticas de extranjería ha sido ampliamente trabajado por el antropólogo Nicolás de Génova, que plantea que las necesidades del mercado son gestionadas a partir de consideraciones raciales de la extranjería confeccionada para asegurar una sobreexplotación laboral de estos migrantes debilitados por el Estado, despojados de subjetividad jurídica. Nicholas De Génova, “La producción legal de la ‘ilegalidad’ migrante mexicana”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, vol. 17, núm. 52, 2003, pp. 519-554.

[13] D. Bigo, “Security and Immigration: Toward a Critique of the Government of Unease”, en Alternatives, vol. XXVII, 2002, pp. 63-92.

[14] Lube-Guizardi,Menara y Jorge Moraga, et.al., “Los procesos migratorios actuales en contextos latinoamericanos: nuevos itinerarios y reconfiguración de controles fronterizos”. Entrevista a Ninna Nyberg Sorensen, Jorge Martínez Pizarro - Verónica Trpin, en  Revista de Estudios Sociales, núm. 48, 2014, pp. 177-183.

[15] Un gremio que gozaba de amplio capital simbólico y social entre los migrantes hasta antes de la securitización de la migración, y de la intervención de agentes del crimen organizado como los zetas o los maras en el tránsito de personas por el continente americano, lo que literalmente canibalizó esta profesión según el periodista hondureño Oscar Martínez.

[16] Por ejemplo, la Iniciativa Mérida, un programa de seguridad “sugerido” por el gobierno norteamericano al gobierno mexicano consiste en aterrizar directrices de seguridad con base en  millonarios fondos que el Congreso Norteamericano “cedió” al gobierno mexicano para “combatir el crimen organizado”. En este programa  se especificaba que 15% de dichos fondos iría al desarrollo y consolidación de una política de “respeto a los derechos humanos” en el país. Los encargados de la ejecución de esos fondos fueron (entre otros) organizaciones del tercer sector e incluso grupos de académicos que a cambio de los fondos se comprometieron a imprimirle una “perspectiva de derechos” a la gubernamentalidad securitaria que contemplaba esa iniciativa.

[17] Gloria Naranjo, “Desterritorialización de fronteras y externalización de políticas migratorias. Flujos migratorios irregulares y control de las fronteras exteriores en la frontera España-Marruecos”, en Estudios Políticos, núm. 45, 2014, pp. 13-32.

[18] El más paradigmático de los planes de este modelo de externalización de fronteras europeas se llama Plan África, aunque existen muchos otros planes, programas y directrices de la Unión Europea. El trabajo de Lorenzo Gabrielli explora a fondo estas estrategias de gubernamentalidad supranacional. Lorenzo Gabrielli, "European immigration policies outside the Union: An impact analysis on migration dynamics in North African transit areas", en  Streiff-Fénart J y Segatti, A. The Challenge of the Threshold. Border Closures and Migration Movements in Africa, Lenham, Lexington Books, 2011, pp. 3-16.

[19] Mary Luz Estupiñán, “La gestión internacional de las migraciones como una racionalidad política”, en Migraciones Internacionales, vol. 7, núm. 3, enero-junio, 2014, Colegio de la Frontera Norte, 2014, pp. 249-259.

[20] I. Barbero, Las transformaciones del estado y del derecho ante el control de la inmigració́n = Estatuak eta zuzenbideak immigrazioa kontrolatzeko izan dituzten aldaketak, Bilbao; Ikuspegi, Inmigrazioaren Euskal Behatokia = Observatorio Vasco de Inmigración, 2011.

[21] Entrecomillo esta caracterización porque si bien hasta ahora ha sido útil para diferenciar las motivaciones del éxodo humano, distinguiendo quién huye para salvar la vida y quién lo hace para mejorar sus condiciones, desde nuestra perspectiva la geopolítica global y las llamadas “consecuencias humanas” del neoliberalismo están difuminando esta diferenciación, pues cada vez es más difícil negar que la mayoría de las migraciones del sur a los nortes del mundo se hace en condiciones de éxodo forzado, lo mismo por violencia que por desertificación o pobreza insoportable. No se abunda más en el tema porque esta reflexión sería ya motivo de otro texto. Puede verse al respecto mi trabajo sobre La migración forzada en Centroamérica.

[22] El confín constituye, en consecuencia, un complejo dispositivo de seguridad que no funciona como forma de excepción en relación con las prácticas ordinarias del Estado neoliberal, sino que representa un instrumento fundamental de su repertorio habitual de prácticas de gobierno. La propia elevación de los niveles de seguridad, más que contradecir el proceso de liberalización de los confines, representa su consecuencia inevitable  orientada a gestionar los costes de la libertad dentro de un determinado nivel de tolerancia. En Giussepe Campesi, “The Arab Spring and the Crisis of the European Border Regime. Manufacturing the Emergency in the Lampedusa Crisis”, RSCAS Working Papers 2011/59, Fiesole, European University Institute, 2011.

[23] Gloria Naranjo, op. cit., pp. 13-32.

[24] Los tratados más importantes son además del TLC entre México, Estados Unidos y Canadá, el ASPAN. Pero también se han signado tratados de libre comercio entre Estados Unidos y Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, desde 1995 a la fecha, y es  en 2007 cuando se firma el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés).

[25] Esta categoría hace referencia a la intención de que los países de tránsito funcionen como “tapón migratorio” o geografías de contención de la migración hacia los nortes del mundo.

[26] La noción de necropolítica, acuñada por el filósofo camerunés Achille Mbembe,  es un concepto campo que está adquiriendo cada vez más relevancia en la literatura académica que piensa la situación actual en México y Centroamérica, porque hace referencia que más que una gubernamentalidad basada en el gobierno de la vida (biopolítca de M. Foucault) en las periferias del sistema mundo se gobierna a las poblaciones a través de dispositivos de control basados en una lógica de muerte. Para el filósofo camerunés que acuño el término, la necropolítica mantiene como “muertos-en-vida” a los sujetos que considera desechables. 

[27] María del Carmen García Aguilar, “Violencia y ética. A propósito de la inmigración irregular y los derechos humanos en la frontera sur de México”, en Villafuerte y García (coord.), Migración, seguridad, violencia y derechos humanos. Lecturas desde el sur, México. Unicach/BUAP/PROMEP/Miguel Ángel Porrúa, 2011, pp. 123-167.

[28] Juan Artola, “Debate actual sobre migración y seguridad”, en Migración y Desarrollo, segundo semestre, 2005, pp.136-150.

[29] María del Carmen García Aguilar, op. cit., pp. 123-167.

[30] Para una perspectiva sobre los montos económicos, las estrategias implementadas y los “logros” de este programa puede verse el informe U.S.-Mexico Border CooperationUnder the Mérida Initiative, Non-Intrusive Inspection Equipment”, disponible en http://es.scribd.com/doc/262508267/Border-and-POE-Security-Program, consultado en julio de 2015.

[31]Rodolfo Casillas R. “Las rutas de los centroamericanos por México, un ejercicio de caracterización, actores principales y complejidades”, en Migración y desarrollo, núm. 10, 2008, pp. 157-174.

[32] Nuestra hipótesis es que esta “crisis” fue un ejercicio de mediático de una realidad más bien estructural: el éxodo forzado de menores centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos, que buscan huir de la violencia extrema y encontrarse con sus padres radicados en el norte o buscar una mejor calidad de vida. Véase Arrancados de raíz, México, ACNUR, 2014, disponible en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9828.

[33] “El Programa Frontera Sur tiene un doble propósito. Uno, proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México; y dos, ordenar los cruces internacionales, para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región.”, disponible en   http://www.presidencia.gob.mx/programa-frontera-sur/, consultado en julio de 2005.

[34] Manuel Ureste, “Programa Frontera Sur: el discurso de derechos humanos con el que México 'caza' a miles de migrantes”, en Animal Político, disponible en  http://www.animalpolitico.com/caceriademigrantes/texto01.html, consultado en julio de 2015.

[35] Isaín Mandujano, “Desata el INM “cacería” de migrantes en Chiapas”, en Proceso, 6 de agosto de 2014, disponible en http://www.proceso.com.mx/?p=379004, consultado en julio de 2015.

[36] AFP, “La crisis migratoria aminoró el flujo de indocumentados a EU”, en La Jornada, 8 de julio de 2015, p. 3.

[37] Puede escucharse una síntesis de los argumentos con los que las organizaciones de o para los derechos de migrantes interpelan a los gobiernos de Estados Unidos, México y Centroamérica a reconocer la migración de centroamericanos como éxodo forzado en esta cápsula radiofónica: "La violencia en contra de migrantes en México es más del 100%", disponible en http://www.wradio.com.mx/escucha/archivo_de_audio/la-violencia-en-contra-de-migrantes-en-mexico-es-mas-del-100-diego-lorente/20150722/oir/2862195.aspx, consultado en julio de 2015.

[38] Martha Sánchez, “Recent issues on migration-US-Mexico-Central America”, disponible en https://www.academia.edu/14135885/Recent_issues_on_migration_US-Mexico-Central_America,  consultado el 18 de  septiembre de 2015.

[39] Un trabajo que relata en profundidad este hecho es el de Marcela Turati, “Cuando el dolor es impronunciable”, disponible en http://enelcamino.periodistasdeapie.org.mx/historia/masacre-de-cadereyta-cuando-el-dolor-es-impronunciable/, consultado en julio de 2015.

Dercarga PDF

 

Compártelo
Resumen

En este artículo se aborda, de manera escueta, la historia y principales características del discurso de gubernamentalidad de las migraciones regionales contemporáneas entre Centroamérica, México y Estados Unidos; se establece un diálogo entre esta realidad y las narrativas de lo que la disciplina de la criminología crítica llama el giro securitario en las migraciones, para referirse a las formas en que intentan controlarse las migraciones internacionales basadas en la seguridad nacional, con lo cual se supedita la posibilidad de que los migrantes vean reconocidos sus derechos humanos fundamentales.

Palabras clave: migración, securitización de las migraciones, externalización de fronteras, políticas migratorias, plan frontera sur.

 

Abstract

This article studies, plainly, the history and main characteristics of governance discourse about contemporary regional migration discourse, between Central America, Mexico and the United States. The author this reality on a dialogue with the narratives that critical criminlogy has called the securance spin on migrations. This concept refers to the ways that international migrations are intended to be controlled, based on a national security discourse, which submits the possibility that the most essential human rights of migrants can be recognized.

Key words: migration, securance of migrations, outsourcing of the frontiers, migratory policies, Southern Border of Mexico Plan. 

" data-share-imageurl="">