La presunta falsedad de los casos de asilo de mexicanos en Canadá: un análisis necropolítico

Ariadna Estévez*

 

Introducción

 

En 2009 el gobierno canadiense impuso la presentación de visa a los mexicanos que quisieran visitar Canadá. La razón: miles de solicitudes de asilo de mexicanos estaban colapsando su sistema. El gobierno no dudó en decir que se trataban de motivaciones falsas y en cuanto pudo colocó a México en la lista de países seguros para garantizar mayor control del ingreso de ciudadanos mexicanos.

 

El argumento de este artículo es que los casos de asilo de mexicanos en Canadá no eran necesariamente falsos sino que constituían nuevas narrativas producidas por un ejercicio diferente del poder político, en particular del plasmado en la administración pública y en las políticas públicas, que aquí se propone llamar la gubernamentalización necropolítica del Estado. Adecúo para ello la noción de gubernamentalidad de Michel Foucault. Esta realidad se caracteriza por una atribución estatal poco clara de los  agentes que perpetran la persecución y otras violaciones a los derechos humanos: tortura, desaparición forzada, feminicidio, crímenes por homofobia y ejecuciones extrajudiciales, y favorece nuevas narrativas que empujan los límites del derecho al asilo o lo que el propio Foucault denominó el derecho de los gobernados a no ser gobernados así aquí.

 

La hipótesis de este artículo es fundamentalmente teórica –los casos no son falsos sino que son narrativas producidas por la gubernamentalización necropolítica en México que empujan la ampliación del derecho de los gobernados–, pero se basa en un enfoque hermenéutico de las entrevistas con asesores legales y activistas, y los testimonios de solicitantes de asilo consultados en fuentes secundarias[1]. Para desarrollar este argumento el artículo recurre a una ruta de análisis dual: la de lo que podríamos llamar estudios migratorios críticos, basados en el pensamiento biopolítico de Michel Foucault, en particular una variación localizada  de la perspectiva biopolítica,[2] que es la base de lo que podría denominarse –frente a la aplastante literatura de gestión de las migraciones– los estudios migratorios críticos.[3] Y también se recurre a la interpretación descolonizadora  de la biopolítica y la gubernamentalidad hecha por Achille Mbembe[4] y Sayak Valencia.[5] En consecuencia, el artículo problematizará primero la hipótesis teórica de la gubernamentalización necropolítica del Estado mexicano y cómo subvierte la idea de miedo fundado de persecución en la legislación de asilo ampliando así el derecho de los gobernados. Luego se discutirá el fenómeno de las solicitudes de asilo presuntamente falsas. Finalmente se describirá cómo ocurre la subversión en los casos de mexicanos que huyeron a Canadá a través de ejemplos de estas narrativas y los elementos necropolíticos que les son comunes.

 

Un marco para el análisis crítico del asilo: la gubernamentalización necropolítica del Estado mexicano

 

Existe una perspectiva de estudio de la migración –la hegemónica– que es funcional a la reproducción de la economía neoliberal y se enfoca en la administración de la migración, es decir, en la regulación y control de la movilidad de las personas en función de la reproducción del capitalismo global. Estos enfoques tienen como fin clasificar a los sujetos migrantes en diferentes modalidades denominativas –ilegales, refugiados, calificados, temporales- para captar a aquellos individuos que prometen mayor productividad y plusvalía a través de sus calificaciones laborales o su vulnerabilidad a la explotación. El estudio hegemónico de la migración parte de una posición epistemológica que se conforma con adoptar las categorías de clasificación que imponen los think tanks internacionales (basados en Estados Unidos), y las entiende como construcciones objetivas propias de la soberanía estatal y fuera de cuestionamiento académico.[6]

 

Este artículo es crítico de esa perspectiva y por ello recurre a una ruta distinta de análisis, una que en vez de contrastar las razones de los solicitantes de asilo con el establishment político-económico representado por la legislación internacional en la materia –la Convención para el Estatuto de Refugiados de 1951, y su protocolo de 1967– cuestiona la vigencia de este régimen internacional para abordar los fenómenos sociales que constituyen y dan forma a sus narrativas de persecución, en particular la persecución por parte de los delincuentes protegidos o patrocinados por el Estado. En particular el artículo se orienta a un análisis de la gubernamentalidad  necropolítica de la migración.

 

En el marco foucaultiano, la palabra gobierno no se refiere a la institución de gobierno sino a “una actividad encaminada a conducir a los individuos a lo largo de sus vidas poniéndolos bajo la autoridad de una guía responsable de lo que hacen y lo que pasa con ellos”.[7] El gobierno de la conducta humana tiene lugar en un marco de instituciones estatales, no como individuos o fuerza de trabajo, sino como población; un “sistema general de seres vivos” o de “la raza humana”. La gubernamentalidad se refiere a la racionalidad con la que se gobierna a una población determinada, y en la actualidad es la del neoliberalismo.[8] Según el estudio genealógico de Foucault, el neoliberalismo se opone a la intervención estatal y la expansión burocrática en nombre de la “libertad económica” que es la forma en la que puede intervenir para facilitar las relaciones de mercado. Toda vez que la gubernamentalidad neoliberal se aplica a “una masa de seres vivientes y coexistentes que tienen particularidades biológicas y patológicas y que por ello se colocan bajo un conocimiento y tecnologías específicas”,[9] Foucault se refirió al poder que ejerce como biopoder.[10]

 

Para incorporar el carácter legal-criminal y la aplicación extensiva de tecnologías de muerte que caracterizan la violencia en México al análisis del asilo contemporáneo como parte de la biopolítica migratoria es fundamental dar una especificidad geopolítica a la crítica. El análisis de la violencia al que se hace referencia aquí no tiene que ver con las reflexiones de otros autoras/es preocupados por el terrorismo, la ciudadanía y el Estado fallido, fenómenos que si bien son importantes, no reflejan las preocupaciones de este artículo.[11] Esta violencia está más relacionada con la que plantea el filósofo africano Achille Mbembe[12] en su descolonización de la biopolítica. Según el camerunés Mbembe, actualmente ocurre en  África  una administración de poblaciones a través  de la gubrnamentalidad neoliberal que no pretende regular el crecimiento poblacional sino su mortandad. La biopolítica pues se transforma en necropolítica. La pobreza, la desigualdad, la violencia, las masacres, la privatización de la violencia (criminales, mercenarios, guardias privadas) y los mercados de bienes ilícitos que amenazan la vida son fenómenos tan prevalentes que lo que está sujeto a regulación no es la vida sino la muerte. La intervención poblacional ya no es sólo para hacer que los grupos sociales favorecidos por el neoliberalismo –hombres blancos, ricos, de occidente– sean los que vivan, sino para dejar morir a un grupo sometido, racializado y despreciado. Es una administración de la muerte.

 

Retomando a Mbembe, lo que produce la migración política mexicana hacia Canadá es la necropolítica, la cual en México tiene una particularidad que puede denominarse la gubernamentalización necropolítica del Estado. Esta implica la delegación de autoridades estatales a bandas criminales, de las técnicas de dominación de la población para actuar sobre sus acciones a través de prácticas que producen muerte (asesinato, tortura, persecución, tráfico de personas, trata sexual).[13] La gubernamentalización necropolítica del Estado usa discursos políticos como la guerra contra el narcotráfico o la crisis de inseguridad como dispositivos de regulación de la muerte, la securitización del espacio público como su estrategia central, y la economía criminal como su principal motivación. Más aún, retomando las características específicas de la necropolítica mexicana que describe Valencia,[14] esta gubernamentalización produce nuevas subjetividades híbridas (estatal-criminal) que despliegan graves niveles de violencia y aplican tecnologías de muerte como una forma de ganarse la vida y reafirmar su masculinidad. Estos sujetos que Valencia denomina endriagos (híbrido de bestia y hombre) son los que se han vuelto los principales perpetradores de la persecución y sus acciones dislocan todos sus fundamentos.

 

La subversión “del miedo fundado de persecución” en el derecho al asilo: ampliando el derecho de los gobernados

 

Las actividades criminales no son consideradas públicas si se cree que no ocurren en el ámbito político-estatal, y esto subvierte lo que se entiende como “miedo fundado de persecución” en la ley de asilo. Lo que es político se determina por la división público-privado, la cual es una característica clave del pensamiento liberal que permea los aparatos legales, tanto nacionales como internacionales.[15] Según la división público-privado que permea el discurso de derechos humanos, las actividades criminales se dan en el ámbito de la economía criminal y no constituyen un problema de carácter público entendido éste como el ámbito de la política del Estado.

 

La división público-privado es fundamental para el “miedo fundado de persecución” en el discurso legal del derecho al asilo, porque la legislación de derechos humanos funciona como medio complementario de protección en el derecho al asilo, según el Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.[16] Entre otras cosas sirve para calificar los delitos que pueden constituir causas de un miedo fundado de persecución, como el que hayan asesinado o desaparecido a algún familiar, o que el demandante haya sido ya víctima de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. El problema es que la nuevas subjetividades surgidas en  la gubernamentalización necropolítica del Estado mexicano subvierten esta dicotomía porque ya no se sabe bien a bien si un sujeto representa a la autoridad, a una banda delincuencial, o a los dos, en violaciones como la desaparición forzada, la tortura, el feminicidio, los crímenes de odio por homofobia y la propia persecución.

 

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados –que es la base del sistema de asilo canadiense– define como refugiado a toda aquella persona que:

 

Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.[17]

 

Según el Manual de Asilo de la ONU, el temor fundado de persecución del que se habla en esta definición, debe ser una acción del Estado o el resultado de la incapacidad del Estado para detener la criminalidad de actores no estatales. En la defensa legal del derecho al asilo el “miedo fundado de persecución” se define como un miedo de daño grave –más allá de incomodidad, hostigamiento o sufrimiento básico– ante la incapacidad o falta de voluntad del Estado de proveer protección. Se trata de un miedo sistemático o sostenido de violación de derechos humanos que demuestra la incapacidad de protección por parte del Estado.[18]

 

La figura del asilo en la legislación internacional fue originalmente hecha para proteger a las víctimas del fascismo (minorías étnicas, religiosas, políticas, sexuales) y de la guerra fría (personas perseguidas en el contexto del así llamado socialismo real). En este sentido la persecución era claramente llevada a cabo en el ámbito de lo público, lo político-estatal, por agentes del Estado o protegidos por él. En la gubernamentalización necropolítica del Estado mexicano el carácter híbrido de los sujetos que cometen atropellos contra los derechos humanos subvierten lo que se entiende legalmente como “miedo fundado de persecución” porque no puede ser representado a nivel de la prueba objetiva de violaciones a los derechos humanos, es decir, con evidencia clara de la participación directa o indirecta del Estado.

 

Esta subversión ontológica del derecho de asilo nos permite formular la hipótesis de que la subversión del miedo fundado a la persecución a través de la gubernamentalización necropolítica del Estado mexicano se percibe en las narrativas de asilo que rebasan los requisitos establecidos por la ley pero que no por eso dejan de ser experiencias de persecución. El desbordamiento conceptual del miedo fundado de persecución empuja a los solicitantes a exagerar algunos datos que les permitan traer sus historias al cauce de narrativas legítima de persecución.

 

Estamos ante la ampliación de lo que Foucault creía firmemente, que el derecho al asilo en la etapa biopolítica consistía en el derecho de los gobernados a no ser gobernados asíEntonces, el derecho de los gobernados es el  de aquellos que están siempre en disidencia, en desacuerdo con el sistema en el que viven y que son perseguidos por esa razón. Foucault creía que el derecho al asilo era fundamental para resistir la gubernamentalización del Estado, y que estaba determinado históricamente, aún más que los derechos del hombre (sic) porque era un concepto más amplio que los derechos reconocidos en la legislación administrativa y de ciudadanía.[19]

 

El derecho de los gobernados:

 

No está relacionado con el derecho a tomar el poder sino con el derecho a partir, a ser libre, a no ser perseguido, en otras palabras, en legítima autodefensa respecto del gobierno. Habla del valor y lo deseable que es extender, en cualquier oportunidad contingente, los derechos de los gobernados como los derechos de esos que ya no quieren ser gobernados, o, en cualquier caso, a no ser gobernados aquí, de esta forma, por esa gente.[20]

 

 

En la gubernamentalización necropolítica del Estado mexicano, miles de personas han demostrado no querer ser gobernadas bajo el imperio de la administración de la muerte y el mercado de bienes ilícitos y han huido de México y pedido asilo en Canadá.

 

Para Foucault, “los conceptos de derechos pueden existir y ser creados sin requerir de fundamentos jurídicos: pueden ser creados y afirmados a través de la invención y la lucha”.[21] De ahí que muchos de los casos de asilo presuntamente falsos son en realidad nuevas narrativas de persecución –a veces exageradas para satisfacer los requisitos reglamentarios– que desafían los límites legales-conceptuales del derecho al asilo. Se trata propiamente de empujar la reconstrucción del derecho de los gobernados a no estar bajo la dominación necropolítica del Estado mexicano, aunque esta construcción parezca estar fundamentada en casos “falsos”.

 

Los casos de asilo de mexicanos en Canadá (2006-2010): ¿falsos?

 

Las estadísticas sobre asilo en Canadá registran solicitudes de mexicanos desde 1996, vinculados al movimiento zapatista y la crisis política de 1994 (el asesinato del candidato priista a la presidencia, Luis Donaldo Colosio). Sin embargo hubo un incremento sostenido de solicitudes entre 2006 –año en que el entonces presidente Felipe Calderón dio inicio a la guerra contra el narcotráfico– y 2009 –el año en que Canadá impuso visa a los mexicanos-. En 2006 el gobierno canadiense registró 4 914 solicitudes, una cifra que incrementó a 7 057 en 2007 y a una cantidad récord de 9 413 en 2008. Como resultado de este incremento, el 14 de julio de 2009 el número de solicitudes decreció a 7 561.[22]

 

En 2009 la prensa canadiense reveló la existencia de oficinas legales que trabajaban en México y Canadá para vender el recurso de asilo como una forma de inmigrar legalmente a Canadá. Los abogados cobraban a sus clientes por ayudarlos a llenar las solicitudes, prepararlos para las audiencias y conocer los beneficios sociales que venían junto con el proceso.[23] Ese año el gobierno canadiense declaró que el caso mexicano era un indicador de que su sistema de asilo estaba “dañado” y que era urgente prevenir solicitudes presuntamente falsas o inconsistentes como las de los mexicanos, las cuales “tapaban” el sistema.

 

Aunque el gobierno canadiense etiquetó de inmediato las solicitudes de mexicanos como falsas, el incremento simultáneo de solicitudes en Estados Unidos demostró que en realidad algo estaba ocurriendo en México. En 2008 se registraron 2 487 solicitudes en Estados Unidos, mientras que en 2010 la cifra casi se duplicó: 4 225. Para 2011 el gobierno estadunidense había registrado 8 906, y en 2012 una cifra récord de 11 477. En 2013 Estados Unidos recibió 9 261 solicitudes del total global registrado por la ONU (9 411); y en 2014 se dispararon alcanzado 13 987 de un total de 14 138.[24]

 

En contraste, en Canadá el número decreció: 1 198 en 2010 y 653 en 2011. En 2012 el gobierno canadiense anunció una serie de reformas diseñadas para detectar solicitudes “falsas” y poder juzgar la veracidad de los casos antes de que llegaran a las cortes.[25] Con esas medidas el número de solicitudes se desplomó casi en su totalidad: 324 en 2012, y tan sólo 84 en 2013.[26] En 2014 México ya no figuró en la lista de países con mayor número de solicitudes de asilo en Canadá, pero en cambio en Estados Unidos aumentaron 50% en relación con el año anterior como se muestra arriba.[27]

 

Las cifras disminuyeron como consecuencia de las medidas aplicadas para filtrar los casos “falsos”, pero lo que constituye un caso falso no es tan fácil de determinar. La poca investigación académica sobre el tema indica que si bien numerosos casos fueron inventados en su totalidad como producto de la asesoría inescrupulosa de diversos bufetes de abogados, varios más fueron “exagerados” en algunos detalles, pues teniendo como base un caso real muchos pormenores fueron dramatizados para poder encajar en los requisitos explicitados del miedo fundado de persecución.[28]

 

La identificación de casos presuntamente falsos es más clara en la investigación de campo de Carmona Martínez, quien encontró que de su muestra de 50 mexicanos que pasaron o estaban pasando por el proceso de asilo en Canadá,  el total consideró que su caso tenía algo de verdadero y algo de ficticio también. Lo que los entrevistados consideran “verdadero” es el caso “que no necesita de ninguna ayuda para que pase a juicio y que tiene todas las de ganar”[29] en tanto que el ficticio es el de las personas que “llegan a Canadá́ buscando una oportunidad de trabajo y solicitan refugio porque sus habilidades no alcanzan las cualificaciones canadienses, de forma que inventan cualquier cosa para quedarse”.[30] Existe también un tipo de caso que tiene ambas características, el  “mitad real, mitad ficticio”, que es el “que ha sido aderezado con ingredientes de situaciones que le han ocurrido al sujeto a lo largo de toda su vida para poder solicitar el refugio, es decir, contiene elementos reales, pero no todo el caso es real”.[31]

 

Es curioso, sin embargo, que a pesar de distinguir entre lo falso y lo verdadero, todos consideraron que su caso era válido “ya que el gobierno mexicano no les ha garantizado la protección del Estado en ningún sentido, así que se sienten amenazados al vivir en México”.[32] La legitimidad de los casos en la percepción de los solicitantes no tiene que ver con lo legalmente veraz, lo cual coincide no sólo con formulaciones constructivistas del derecho –las cuales consideran que las leyes como construcciones históricamente determinadas, no tienen carácter legítimo inherente, sólo performativo–[33] sino también con la perspectiva crítica de la migración que considera que las figuras jurídicas de asilo y las políticas públicas migratorias no sirven a objetivos humanitarios –la protección de la vida– sino a una razón de Estado racista. El codirector del FCJ Refugee Centre (Toronto), Francisco Rico Martínez,[34] tiene una opinión que refleja la idea de que la ley es la que no responde a las nuevas formas de persecución. Rico Martínez asegura que calificar de verdaderos o falsos los casos de asilo de mexicanos es simplificar una realidad de persecución en la que la decisión económica es simplemente una consecuencia de diversas formas de dominación social y política:

 

Yo creo que el caso mexicano es una mezcla: está la inseguridad pero también está el aspecto económico, no puedes dividir una cosa de la otra. Sin embargo, el refugio por pobreza o por falta de opciones de vida no se puede pedir, entonces las personas se ven obligadas –en algunos casos, no en todos– a exagerar alguna situación que ha pasado en México para hacerla llegar a un caso de refugio… Nosotros siempre hemos hablado de que los casos mexicanos no son un clásico caso de persecución, hay razones económicas, falta de futuro, inseguridad pública, corrupción, hay decepción sobre el Estado mexicano, por ejemplo, y sobre el futuro, las elecciones.

 

El componente económico es lo que el gobierno canadiense identifica como lo “falso” en los casos de asilo.[35] No obstante, no se trata de una historia de migración económica como se entiende en el caso de mexicanos que migran de forma indocumentada a Estados Unidos. El gobierno canadiense argumentó que la generosidad del sistema de asilo canadiense con las prestaciones sociales es una de las razones por las que los mexicanos buscan refugio allí, pero Rico Martínez dice que no es el caso. Los mexicanos que buscan asilo en Canadá son gente de clase media que viene de las ciudades más grandes del país –D.F., Guadalajara, Monterrey– que ya no puede continuar con sus vidas de manera normal porque la violencia del narcotráfico, el machismo (crímenes de misoginia y homofobia), la impunidad y la corrupción judicial les quita oportunidades de vida aun si la persecución se da en ámbitos o por motivos no necesariamente reconocidos en la legislación de asilo.

 

El impulso económico también ha sido el objeto de la interpretación académica en los pocos estudios que hay sobre el caso de los mexicanos que buscan asilo en Canadá. La hipótesis de la propia Carmona Martínez es que los mexicanos utilizan el refugio como una “estrategia de migración económica”.[36] De forma similar, Annie Lapalme, ex integrante de Mexicanxs Unidxs por la Regularización (Montreal),[37] argumenta que muchos mexicanos huyen del país porque el acuerdo de libre comercio regional ha creado condiciones de persecución de naturaleza económica que no están reconocidas en la legislación. Solicitar refugio constituye, pues un “acto de ciudadanía”, o dicho de otra forma, una manera de tomar derechos por asalto frente al anacronismo de la legislación de asilo (las convenciones de Ginebra y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados), la cual no reconoce que la angustia causada por la política económica de la región también genera diversos tipos de persecución.[38]

 

El artículo coincide con estas interpretaciones en el sentido de que existe un anacronismo de la legislación de asilo frente a los casos de persecución en tiempos del neoliberalismo. Sin embargo, no comparte que la causa fundamental sea una decisión económica individual, o en términos de las autoras, una estrategia de migración económica o un acto de ciudadanía frente a los estragos del neoliberalismo económico. Aquí se propone la hipótesis teórica de que de forma paralela y constitutiva a la economía neoliberal ha habido un cambio fundamental en el ejercicio del poder político –la gubernamentalización necropolítica del Estado–, y que los casos de asilo de mexicanos –los que fueron alterados y los que se consideran como simples causas económicas– están constituidos por historias de persecución que expresan este poder.

 

Las nuevas narrativas de persecución relatan una realidad en la que violencia, la inseguridad, el machismo y la economía ilícita se mezclan conformando novísimas expresiones de la desprotección del Estado. Esta nueva realidad política subvierte lo que legalmente se conoce como miedo fundado de persecución y aquí se ha llamado la gubernamentalización necropolítica del Estado mexicano. En las cortes canadienses el demandante de asilo debe demostrar legalmente dos fenómenos interrelacionados: que el Estado no quiere o no puede proteger a sus ciudadanos; y que esta persecución está motivada por la raza, la nacionalidad, la religión, la opinión política o la pertenencia a un determinado grupo social del interesado. Por su naturaleza, los casos de mexicanos solamente encajan en dos de las cinco categorías protegidas: grupo social y opinión política; las otras se descartan de entrada. El grupo social no es un problema porque la legislación canadiense es muy flexible en ese sentido.[39]

 

Rico Martínez dice que el problema que enfrentan los mexicanos es probar que el gobierno mexicano es incapaz o no tiene la voluntad de proteger a sus ciudadanos; y que las víctimas de persecución no son objeto de violencia criminal generalizada. Acerca del primer punto está el problema que los abogados han llamado el “argumento del Estado de derecho”, el cual se refiere a que los jueces usan el Estado canadiense como su modelo y argumentan que otros gobiernos, como el mexicano, aplican el Estado de derecho de la misma forma que se hace en Canadá. En consecuencia, si el gobierno mexicano invierte en “una guerra contra el narcotráfico” se asume que se destina presupuesto al combate a la delincuencia organizada, y eso es suficiente para que los jueces estimen que el gobierno mexicano tiene voluntad y está haciendo lo que puede para proteger a sus ciudadanos.[40]

 

No se toma en cuenta que la corrupción y la connivencia es parte de la gubernamentalización del Estado. Los jueces canadienses están tan convencidos de que México tiene un Estado de derecho funcional que son muy exigentes respecto del número de veces que las personas contactaron a la policía. Asimismo creen que los mexicanos siempre pueden recurrir al vuelo interno y establecerse en una ciudad diferente donde los criminales no han infiltrado la policía local o donde la corrupción es menos prevalente. Sobre el segundo punto, para probar que no se trata de violencia criminal generalizada se tiene que aducir que los perseguidores se relacionan con el Estado en forma de “paramiliatres”, y de esa forma aunque sea violencia delincuencial se puede argumentar que el Estado no puede o no quiere proteger a la persona perseguida. [41]

 

Las narrativas necropolíticas de persecución

 

Como se dijo ya, miles de mexicanos han sido víctimas de delitos que de acuerdo con el discurso de derechos humanos constituirían violaciones a los derechos humanos –desaparición forzada, ejecuciones, tortura y persecución– si no hubiera involucramiento criminal, privado. Sin embargo, no es fácil de probar la línea indistinta que divide al gobierno político del criminal en la necropolítica del Estado mexicano gubernamentalizado, pues quienes denuncian corrupción e involucramiento de las autoridades en casos de asesinato, tortura, desaparición forzada y otros delitos empiezan a ser perseguidos. En este sentido las nuevas narrativas de persecución no pueden ser comprobadas con la misma evidencia que los casos clásicos.

 

Las nuevas narrativas tienen en común que involucran uno o varios de los elementos que distinguen la gubernamentalización necropolítica del Estado mexicano: narcotráfico, violencia estatal-criminal, crímenes de machismo (homofobia y misoginia), e impunidad y corrupción en el sistema de justicia. Por ejemplo, el caso de un hombre que dijo que fue forzado a trabajar sin paga por un cártel de la droga. El hombre, usuario de drogas, primordialmente de metanfetamina, aseguró que fue forzado a unirse al cartel cuando fue a la casa de junto a comparar una dosis. Durante esta visita fue golpeado pero también se le dio una pequeña cantidad de droga. El siguiente día los narcotraficantes fueron a su casa y amenazaron a su madre con matarla si le decía a alguien que su hijo trabajaba para ellos. En adelante, los traficantes lo recogieron cada día y lo llevaron a la casa donde fue reclutado para preparar y vender metanfetamina y cocaína. Era regresado a su  casa cada noche también. A este hombre no le pagaron sino que le daban drogas para su consumo personal y era rutinariamente golpeado, una situación que continuó durante seis meses. Dado que su membresía a la organización criminal legalmente lo excluye del asilo, argumentó coacción, pero la corte no aceptó esta explicación y rechazó su demanda[42].

 

Otro caso es el de un hombre que sostuvo tener una miedo fundado de persecución a manos de policías corruptos. Estos oficiales no investigaron un crimen en el que él fue víctima y por si fuera poco lo amenazaron. El demandante dice que fue la víctima de un ataque junto con su hermano y unos amigos. Su hermano murió como resultado de esta golpiza y el hombre en cuestión sufrió heridas que requirieron atención médica. El demandante empezó a recibir amenazas telefónicas después de reportar el incidente y la muerte de su hermano como consecuencia de la paliza. Decidió mudarse a otro pueblo, pero siguió recibiendo amenazas. Fue entonces que se le acercaron dos hombres mientras caminaba casualmente en la ciudad de México, y volvieron a amenazarlo. El juez canadiense desestimó el caso diciendo que:

 

La preponderancia de la evidencia objetiva sobre las condiciones actuales del país sugieren que, aunque no es perfecto, sí hay protección estatal adecuada en México, que México está haciendo esfuerzos serios y auténticos para abordar el problema de la criminalidad, y que la policía está dispuesta y es capaz de proteger a estas víctimas. La corrupción y deficiencias policiacas, aunque existentes, no son generalizadas y están atacadas. El demandante no ha demostrado que si regresara a México hoy en día, no tendría protección o que sería objetivamente irracional que buscara esa protección.[43]

 

En otro caso, el demandante asegura que sus problemas empezaron cuando, durante las vacaciones navideñas tres hombres llegaron a la papelería propiedad de su hermano donde él trabajaba. Los hombres se fueron de la tienda porque estaba extremadamente concurrido y no podían esperar para ser atendidos. Sin embargo, al partir olvidaron llevar consigo un fólder que contenía “fotos incriminatorias y  documentos que mostraban a los hombres… en lo que parecía ser una operación de narcóticos”.

 

El solicitante recibió entonces mensajes intimidatorios en su celular diciendo que el fólder era propiedad de su organización, un conocido cártel de drogas, y que lo querían de vuelta. Cuando los hombres recogieron el fólder lo golpearon y lo siguieron amenazando. Eventualmente tuvo que establecerse en otra ciudad. No obstante, su prometida le dijo que se le acercaron dos hombres que decían ser ex compañeros de la escuela y les dio su dirección. Cuando regresó a su ciudad natal se le acercaron dos hombres que lo golpearon y amenazaron con matarlo. Dejó copias del fólder con su hermano y se fue a Canadá. En su ausencia, su familia fue intimidada y robada en diversas ocasiones. El juez rechazó la demanda con el argumento de que el caso era uno típico de criminalidad con problemas de credibilidad.[44]

 

En cuanto a los casos que se han sido aceptados, está el de tres personas –una pareja sin hijos y un amigo de ellos que se alojó en su casa entre semana– a quien se le concedió asilo sobre la base de un temor bien fundado de persecución por haber sido testigo de un asesinato perpetrado por narcotraficantes. Los demandantes dijeron a un juez canadiense que regresaban a casa después de haber cenado en un restaurante en la ciudad de México cuando vieron a sus vecinos luchando con una prostituta, quien llamó a uno de ellos "maldito narcotraficante". Los presuntos traficantes se dieron cuenta de que sus vecinos habían presenciado la escena y habían obligado a la mujer a entrar al apartamento. Desde su propio apartamento los reclamantes oyeron a la mujer gritar, luego escucharon dos disparos, y finalmente un silencio total. Uno de los solicitantes de asilo llamó a la policía de forma anónima y una hora más tarde dos agentes de la policía –armados y uniformados– se presentaron en el departamento de los vecinos con los que conversaron amistosamente, como si se conocieran. Veinte minutos más tarde, observaron a los dos vecinos y a los dos agentes de policía que llevaban una bolsa negra que al parecer contenía el cuerpo de la prostituta.

 

Poco después, los vecinos y los policías irrumpieron en el apartamento de los solicitantes de asilo y los amenazaron diciendo que sufrirían la misma suerte que la prostituta si no mantenían la boca cerrada acerca de lo que había sucedido. Los vecinos narcotraficantes se apresuraron a señalar que “tenían amigos en la policía”. Los demandantes querían presentar una queja en el departamento de policía, pero con tanta burocracia policiaca no pudieron hacerlo. Unas horas más tarde los narcotraficantes y dos oficiales de la Policía Judicial irrumpieron en su departamento de nuevo y los golpearon porque habían ido a la policía. Les dieron 24 horas para abandonar el país, por lo que buscaron atención por sus lesiones en una clínica y luego partieron a Canadá. El juez consideró sus historias creíbles e incluso reconoció lo extendida que es la corrupción en las fuerzas del orden mexicanas, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal para hacerle frente a ella –algo que se negó en uno de los casos rechazados antes mencionados–. A los demandantes se les concedió posteriormente el asilo.[45]

 

Un caso más es el de una mujer a quien le fue concedido asilo porque demostró tener temor bien fundado de persecución porque su novio la violó, la golpeó y amenazó con matarla si hablaba con alguien sobre el asunto. La demandante dijo al juez que su perseguidor presumió que su padre tenía “conexiones de alto nivel en la policía y por ello podía actuar con impunidad”. Según la demandante, trató de huir a Estados Unidos pero no pudo obtener una visa. También encontró un trabajo fuera de su ciudad natal, pero el hombre –que ahora quería casarse con ella– se las arregló para encontrarla. Una noche ya en su nueva dirección abrió la puerta "y se sorprendió al ver (al hombre)... quien la golpeó violentamente y le gritó que no había ningún lugar en México en el que se pudiera esconder de él, y que había obtenido su dirección con la ayuda de unos amigos de su padre”. El sujeto la golpeó violentamente en esa ocasión. La mujer regresó a casa de sus padres y finalmente les dijo la verdad. Ellos le aconsejaron ocultarse con un primo. Luego se fue a Canadá. Los jueces encontraron su historia creíble y reconocieron que el recurso de vuelo interno o protección interna no era una opción para ella.[46]

 

Estas nuevas narrativas de persecución que contienen elementos no son contemplados como categorías de protección o pruebas claras de falta de voluntad de proteger del Estado, pero eso no quiere decir que no constituyan formas de persecución, como lo han aceptado algunos jueces en los casos exitosos. Estas narrativas desafían lo que regularmente entendemos como historias de persecución política y constituyen una construcción del derecho de los gobernados.

 

Conclusión

 

El artículo propuso que los casos de asilo de mexicanos que son presuntamente falsos deben interpretarse en el contexto de creación permanente del derecho de los gobernados como lo entiende Foucault, es decir, como historias que desafían el anacronismo de la legislación de asilo mezclando a veces las características clásicas de la persecución con las nuevas formas y causas de persecución generadas por la gubernamentalización necropolítica del Estado.

 

El artículo propuso la hipótesis teórica de que la gubernamentalización necropolítica del Estado mexicano subvierte el miedo fundado de persecución –el cual es una categoría jurídica central en el derecho al asilo– pues las violaciones a los derechos humanos que comprueban la falta de voluntad o capacidad del Estado de proteger a las víctimas de persecución –ejecuciones, desapariciones, tortura, secuestro– son llevadas a cabo por sujetos que bien pueden ser agentes del Estado o sicarios o ambos, y eso representa un grave problema para calificarlas de delitos cometidos por el Estado. Estas prácticas pueden constituir violaciones a los derechos humanos pero, como concepto jurídico, son producto de un proceso de interpretación legal en el que ciertas cosas se construyen como abusos y otras no. Según la doctrina de derechos humanos, el punto clave es que los atentados ocurran en el ámbito de lo público, la arena político-estatal. Los jueces canadienses podrían ampliar su interpretación de las motivaciones de persecución y la composición del poder político, pero en vez de eso se montan en la necropolítica del asilo y optan por dejar morir a los mexicanos que buscan refugio.

 


* Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM.

[1] El artículo se basa en entrevistas cualitativas (referenciadas en las notas respectivas) y testimonios obtenidos en fuentes secundarias. Aun cuando la autora buscó testimonios de primera mano no fue posible distinguir los de personas que tienen historias presuntamente falsas, pues sus representantes legales, con quienes la autora tuvo contacto fueron cautelosos en diferenciarlos o definirlos como falsos o inventados. Los casos referidos aquí se obtuvieron por dos vías distintas. En primer lugar, la base de datos de casos del Canadian Legal Information Institute, disponible en http://www.canlii.org/en/. Se tomaron 25 casos de esta página, los cuales vienen sin nombres de los solicitantes; solamente está la descripción y los veredictos de los jueces. En los casos tomados de aquí no hay forma de saber su veracidad, pero reflejan la variedad de narrativas y las respuestas de los jueces. En segundo lugar, los trabajos de tesis de dos estudiantes de maestría, quienes entrevistaron directamente a los solicitantes y pudieron determinar quiénes habían “engordado” sus historias de persecución. lrma Delia Carmona Martínez, “El refugio político como estrategia de migración económica: caso de mexicanos en Canadá”, FES Acatlán-UNAM, México, 2010. Patricia Martin, Annie Lapalme y Mayra Roffe Gutman, "Réfugiés et demandeurs d'asile mexicains à Montréal: actes de citoyenneté au sein de l'espace nord- américain?", ACME. Département de géographie Université de Montréal, Montreal, pp 603-628.

[2] Para Foucault, el poder consiste en “conducir conductas”; no actúa sobre las personas sino sobre sus acciones, induciéndolas, facilitándolas, dificultándolas, limitándolas o impidiéndolas. En su evolución intelectual Foucault identificó tres tipos de poder: 1) soberano (ley);  2) disciplinario (saberes e instituciones); y 3) biopoder (administración pública). Un tipo de poder no sustituye al otro, sino que se va subordinando a la aparición del siguiente poder. La anatomopolítica se deriva del poder disciplinario y tiene como fin disciplinar o normalizar los cuerpos; controla los cuerpos individuales para maximizar y eficientar la obtención de plusvalía, ganancias, producción, etcétera. Por su parte la biopolítica no controla los cuerpos individuales como fin sino más bien como un medio para garantizar la regulación poblacional. Se centra en los procesos que son específicos de la propia vida: nacimiento, mortandad, reproducción, migración y enfermedad, y su fin es regular el crecimiento de la población a través de jerarquizar las razas y procurar la sobrevivencia de la raza hegemónica. Es una administración de la vida fincada en el racismo (lo que Foucault denominó racismo de Estado). Surge con el liberalismo como forma de gobierno y economía política; actualmente se ejecuta a través de la política pública neoliberal (gubernamentalidad).

[3] Campesi identifica el surgimiento de esta vertiente de los estudios migratorios con la securitización de la migración pos-9/11, la cual problematiza a los migrantes como: 1) actores clandestinos transnacionales que constituyen amenazas de naturaleza estratégica; 2) una amenaza de naturaleza prioritariamente político-identitaria que pone en peligro el equilibrio étnico y cultural de la sociedad de destino; y 3) una amenaza socioeconómica porque son competidores ilegítimos en el mercado de trabajo. Los estudios críticos de la migración cuestionan estas hipótesis desde dos perspectivas foucaultianas: a) las basadas en el trabajo de Giorgio Agamben sobre Estado de excepción y "la nuda vida del homo sacer"; y las basadas en el análisis de la gubernamentalidad neoliberal (gestión administrativa) de las migraciones. Podría decirse que en países de la periferia académica se está gestionando una tercera aproximación, la basada en la necropolítica. Este artículo constituye un análisis de la gubernamentalidad necropolítica de las migraciones a través del asilo. Giuseppe Campesi, “Migraciones, seguridad y confines en la teoría social contemporánea”, en Revista Crítica, 2012, pp. 1-66.

[4] Achille Mbembe, Necropolítica, Santa Cruz de Tenerife, Melusina, 2011.

[5] Sayak Valencia, Capitalismo gore, Santa Cruz de Tenerife, Melusina, 2010.  

[6] La hegemonía de los estudios migratorios se enfoca en cuestiones utilitarias y economicistas de la migración como las remesas y las políticas públicas que garantizan una gestión más eficiente y utilitaria de la movilidad humana. En la academia mexicana Bernardo Bolaños identificó a los académicos Jorge Durand y Jorge A. Schiavon como representantes de esta perspectiva y criticó que “[…] muchos académicos mexicanos especialistas del fenómeno migratorio, cuyos enfoques son de políticas públicas, son piezas clave del proyecto biopolítico de modelar a la población porque suelen dar su aval, supuestamente científico, a unas u otras tecnologías de control, particularmente de los más pobres”. Bernardo Bolaños Guerra, Esclavos, migrantes y narcos. Acontecimiento y biopolítica en América del Norte, Mexico, UAM-I, Juan Pablos, 2013, pp. 48-49. En un artículo más reciente, Bolaños y Levine también incluyen a Douglas Massey –coordinador del Mexican Migration Project quien trabaja de cerca con el mexicano Jorge Durand– en este grupo de académicos que legitiman políticas explotadoras como el programa Bracero. Bolaños y Levine dicen que Massey justificó el programa de cuotas de 1965 (el fin del programa Bracero), diciendo que no se daban cuenta de que iban a “ilegalizar” a millones de mexicanos. Bernardo Bolaños Guerra y Elaine Levine, “Biopolítica y bioeconomía de la reforma migratoria en Estados Unidos”, en Carta Económica Regional, año 26, núm. 114, 2014.

[7] Michel Foucault, Ethics: Subjectivity and Truth, New York, The New Press New York, 1997, p.  67.

[8] Idem.

[9] Ibidem, p. 71.

[10] Sayak Valencia, op. cit.

[11] Entre ellos destacan Héctor Domínguez Ruvalcaba y Patricia Ravelo, Adriana Cavarero, y Noam Chomsky, quienes reflexionan sobre la violencia de nuestro tiempo, en particular la violencia subjetiva, como llama Slavoj Zizek a la violencia física y material que ocurre frente a nuestros ojos en forma de masacres, represión, disturbios, terroristas suicidas, ejecuciones, torturas de muerte para controlar a la población con fines político-económicos. Héctor Domínguez Ruvalcaba, Patricia Ravelo Blancas. Desmantelamiento de la ciudadanía, México, UAM/CIESAS/UTEP, 2011. Adriana Cavarero. Horrorism. New Directions in Critical Theory, Nueva York, Columbia University Press, 2011. Noam Chomsky. Failed States. The Abuse of Power and the Assault on Democracy, Nueva  York,  Metropolitan Books, 2001.

[12] Achille Mbembe, op. cit.

[13] La relación entre la delincuencia organizada y el Estado mexicano ha sido comprobada en diversos trabajos periodísticos que señalan la existencia –sistemática pero desigual y en diferentes grados en los diversos niveles de gobierno– de estos vínculos. También investigaciones académicas han comprobado la reconfiguración cooptada del Estado, es decir, la corrupción y penetración criminal a tal grado que el Estado tiene ya una configuración criminal. Estos análisis se basan en la evidencia de por lo menos tres casos: a) Los Zetas, que empezaron como brazo armado del Cártel del Golfo y terminaron como un cartel por su propio derecho, se conforma de militares y exmilitares; b) La Línea, una banda de policías en activo que ejecutan tareas de muerte para el cartel de Juárez; y c) la policía municipal de Iguala, Guerrero, presta servicios de muerte al grupo Guerreros Unidos. Anabel Hernández, Los señores del narco, México, Grijalbo Mondadori, 2010. Carlos Antonio Flores Pérez, Historias de polvo y sangre: génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas, México, CIESAS, 2013. Sayak Valencia, op. cit.

[14] Sayak Valencia, op. cit.

[15] Patricia Owens, "Distinctions, Distinctions: 'public' and 'private' force? ", en International Affairs, 84,5, pp. 977-990. Susan Gal, “Language Ideologies Compared: Metaphors of Public/Private”, Journal of Linguistic Anthropology, vol. 15, núm. 1, pp. 23-37.Christine Chinkin, “A Critique of the Public/Private Dimension”, European Journal of International Law, vol. 10, núm. 1, pp 387-395.

[16] Executive Committee of the United Nations High Commissioner on Refugees, Conclusion on the Provision on International Protection Including Through Complementary Forms of Protection

No. 103 (LVI) - 2005, Ginebra, United Nations High Commissioner on Refugees, 2005.

[17] Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Ginebra, ACNUR, 1951.

[18] Sharon Pickering, "Crimes of the State: the Persecution and Protection of Refugees", en Critical Criminology, núm. 13, pp. 141-163. Sergio García, "Asylum for Former Mexican Police Officers persecuted by the Narcos", en Boston College Third World Law Journal, vol. 31, núm. 2, mayo 1, 2011, pp. 245-267.

[19]Michel Foucault, “Va-t-on extrader Klaus Croissant?”, en Le Nouvel Observateur, disponible en  http://1libertaire.free.fr/MFoucault208.html, 20 de enero 2014.

[20]  Michel Foucault, Power, Nueva York, The New Press, 2000, p. xxxviii.

[21] Idem.

[22] United Nations High Commissioner for Refugees, Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, 2007. Statistical Overview of Asylum Applications Lodged in Europe and Selected Non-European Countries, Ginebra, United Nations, 2007. United Nations High Commissioner for Refugees, 2008, Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons, Ginebra, United Nations, 2008. United Nations High Commissioner for Refugees, 2009 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons, Ginebra, United Nations, 2009.

[23] Alma Delia Carmona Martínez, op. cit.

[24] United Nations High Commissioner for Refugees, UNCHR Asylum Trends 2013. Levels and Trends in Industrialized Countries, Ginebra, United Nations, 2013. United Nations High Commissioner for Refugees, UNCHR Asylum Trends 2014. Levels and Trends in Industrialized Countries, Ginebra, United Nations, 2014.

[25] El cambio más importante vino con la Ley C-31 o Acta para la Protección del Sistema Migratorio de Canadá. Esta ley ha tenido un efecto negativo para los solicitantes de asilo en general y los mexicanos en particular, a través de reducción de plazos para diversos trámites; la designación de México dentro de la lista de “países seguros”; el uso de la detención temporal incluso para menores de edad; y la eliminación de beneficios sociales para los reclamantes durante el tiempo que dure su proceso.

[26] Citizenship and Immigration Canada, Balanced Refugee Reform, Government of Canada, 2010.

[27] United Nations High Commissioner for Refugees, 2014, op. cit.

[28] Alma Delia Carmona Martínez, op. cit. Patricia Martin, Annie Lapalme y Mayra Roffe Gutman, op. cit. Edmundo Meza Rodríguez, Presentación sobre “Diásporas Digitales”, durante la Mesa Mexican Immigrants in Canada: Potentialities and Challenges, en Metropolis 2015, Ciudad de México, 9 de septiembre, 2015.

[29] Alma Delia Carmona Martínez, op. cit.

[30] Ibidem, pp. 88-89.

[31] Ibidem, p. 89.

[32] Idem.

[33] Upendra Baxi, The future of human rights, Nueva Delhi, Oxford University Press, 2002.

[34] Francisco Martínez Rico, codirector del FCJ Refugee Centre, Toronto, Canadá, entrevista realizada por Ariadna Estévez, vía Skype desde la ciudad de México,  16 de octubre de 2013.

[35] Ibidem.

[36] Alma Delia Carmona Martínez, op. cit.

[37] Annie Lapalme, ex integrante de Mexicanxs Unidxs por la Regularización, Montreal, cuestionario escrito, 20 de noviembre de 2013.

[38] Francisco Rico Martínez, op. cit.

[39] Ibidem.

[40] Idem.

[41] Idem.

[42] Immigration and Refugee Board of Canada, X (Re), 2012 CanLII 7218 (IRB), The Canadian  Legal Information Institute, 2012, disponible en http://www.iijcan.org/en/ca/irb/doc/2012/2012canlii7218/2012canlii7218.html pp.

[43] Idem.

[44] Immigration and Refugee Board of Canada, X (Re), 2010 CanLII 96300 (IRB), The Canadian  Legal Information Institute, 2010, disponible en  http://www.iijcan.org/en/ca/irb/doc/2010/2010canlii96300/2010canlii96300...

[45] Immigration and Refugee Board of Canada, X (Re), 2003 CanLII 55247 (IRB), The Canadian  Legal Information Institute, 2003, disponible en  http://www.iijcan.org/en/ca/irb/doc/2003/2003canlii55247/2003canlii55247....

[46] Idem.

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Resumen

Miles de ciudadanos buscaron asilo político en Canadá entre 2006 y 2009, pero fueron acusados por el gobierno canadiense de tener motivaciones falsas. La hipótesis del artículo es que los casos de asilo de mexicanos en Canadá no eran necesariamente falsos, sino que constituían nuevas narrativas producidas por un ejercicio diferente del poder político que aquí se propone llamar la gubernamentalización necropolítica del Estado. Las nuevas narrativas desafían lo que comúnmente se entiende como "miedo fundado de persecución" en la legislación de asilo, y constituyen luchas por el derecho de los gobernados.

Palabras clave: asilo político, gobierno canadiense, necropolítica del Estado, narrativas, legislación de asilo.

 

Abstract

Thousands of citizens looked forward for political asylum on Canada, from 2002 to 2009. They were accused, by Canadian government, of having false motivations. The hypothesis of this article is that Mexican asylum cases in Canada were not false but constituted by the new political power narratives, which the author calls “necropolitical State governance”. New narratives challenge what is commonly believed as a “fear founded on persecution”, on asylum legislation, and constitute disputes for the rights of those being governed.

Key words: political asylum, Canadian government, State necropolitics, narratives, asylum legislation.

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