Ecos contemporáneos de una tragedia

Beatriz Lucía Cano Sánchez*

 

La Decena Trágica fue un acontecimiento que determinaría el rumbo de México como Nación, principalmente, en la conformación de las instituciones políticas. A más de cien años del episodio es importante retomar el hecho histórico para hacer una resignificación, a partir de varios textos historiográficos contemporáneos,[1] sobre lo que aconteció en aquellos días y la manera en la que se convirtió en un punto de inflexión para el movimiento revolucionario iniciado por Francisco I. Madero.

 

¿Por qué digo un punto de inflexión? Antes, durante y después del suceso ocurrieron tomas de decisiones, pugnas y acuerdos que exhibieron las posturas de los miembros del Antiguo Régimen y de los grupos revolucionarios. La breve gestión de Francisco I. Madero fue un periodo de crisis, a lo largo del cual todos ejercieron presión sobre el mandatario. Los dirigentes de las facciones[2] que lucharon junto a él para derrocar al régimen de Porfirio Díaz no habían quedado satisfechos con la serie de decisiones tomadas: la permanencia en el poder del ejército y de otros sectores porfiristas; los pocos cambios que introdujo en el Senado y la Cámara de Diputados, y dejar casi intacta la administración pública. Aquéllos consideraban que sus expectativas no habían sido cumplidas, pues el presidente no concretó ninguna modificación notable en la infraestructura del gobierno, la administración y el ejército. Esas medidas mostraban una posición moderada y conciliadora por parte del gobierno, que buscaba una transición política por la vía pacífica; Madero siempre condenó los movimientos violentos —afirma Alan Knight—. La parcial sustitución de la vieja clase dirigente en los estados de la república era parte de este “conservadurismo”.

 

Así, buena parte de los partidarios del antiguo régimen siguieron encabezando y asumiendo el poder. Por eso no debe sorprender que rebeliones como la de Pascual Orozco tuvieran eco en las distintas facciones que no estaban conformes con el pago recibido por su participación en el movimiento armado o con que se coartaran sus aspiraciones políticas. Con el pronunciamiento mostraban su descontento por el incumplimiento de las promesas hechas, y su repudio a la política del presidente que favorecía a la vieja burocracia y al ejército federal. Por otra parte, el Ejecutivo se enfrentó con la hostilidad encubierta, y en muchos casos abierta, de algunos círculos porfiristas que contaban con cargos político-administrativos y que ponían trabas a las acciones del coahuilense. En el Congreso existía una clara tendencia a la desacreditación mediante discursos agresivos al régimen maderista; se obstaculizaba cualquier cambio reformista en lo social o político; y además pesaba la inmovilidad del aparato gubernamental.

 

A Francisco I. Madero se le llegó a tachar como un hombre idealista e ingenuo, que pretendía, a partir de un liberalismo constitucional, cimentar las bases de nuevos gobiernos surgidos de elecciones libres y justas; en la división de poderes e independencia judicial; en los partidos políticos integrados por ciudadanos y en la libertad de expresión. Con la mira puesta en esos principios fue dejando de lado las cuestiones sociales, agrarias y económicas que había decretado en el Plan de San Luis.

 

A pesar de haber tenido un contacto muy cercano con el sector obrero y campesino, se produjo un distanciamiento entre estos grupos sociales y él, pues no había logrado cumplir con las reformas ofrecidas durante su campaña en contra del gobierno dictatorial de Díaz. A los obreros les había prometido una mayor libertad de organización, situación que se volvía un requisito para una eficaz representación de sus intereses. La concesión otorgada provocó un aumento de las actividades entre los sindicatos, suscitando huelgas en diferentes puntos del país.

 

Por ejemplo: “En el verano de 1911, hubo una efervescencia huelguista [...] Los operarios de tranvías hicieron estallar la huelga en las ciudades de Chihuahua y México; los electricistas se declararon en huelga en Torreón. Los panaderos se negaron a hornear pan en la Ciudad de México y en Mazatlán”.[3] Todos ellos demandaban salarios más justos y mejores condiciones laborales. La legalización de los sindicatos y la gran ola de huelgas de 1911-1912 generaron un clima de intranquilidad para el capital extranjero, específicamente para las compañías norteamericanas. Javier Garciadiego, en su “Prólogo” a La Revolución mexicana, subraya la buena voluntad por parte del gobierno maderista, que llevó a cabo una política de mediación en materia de relaciones laborales, para lo cual se creó el Departamento del Trabajo. En el caso de los campesinos, la relación se fracturó porque muchos pedían la devolución de sus tierras, y al no tener respuesta estaban dispuestos a continuar la lucha hasta que se les fueran cumplidas las promesas agrarias. La gota que derramó el vaso fue la declaración de Madero, del 26 de mayo de 1911, en la que manifestaba que no podría satisfacer la restitución de tierras prometidas en el artículo 3 del Plan de San Luis, pues consideraba que la cuestión agrícola no era un problema social sino de orden económico, técnico y de organización, que llevaba un proceso paulatino y por la vía constitucional. La administración maderista, por medio de la Comisión Nacional Agraria, mostró su interés proponiendo modestas mejoras en las comunicaciones, en el abasto, en el riego y la educación técnica para fomentar el desarrollo del ámbito rural. Sin embargo, el proyecto de ley que preparó Luis Cabrera[4] relativo a la restauración de los ejidos como propiedad comunal, no sería tomada en cuenta por el presidente al considerarla como “muy peligrosa”.

 

El incumplimiento de las demandas y las tímidas reformas llevadas a cabo en el terreno agrícola desataron una serie de movilizaciones por parte de los campesinos, en su mayoría sin un proyecto político. Pero hubo otros que tuvieron una mayor trascendencia gracias a que contaban con un programa; un ejemplo sería el encabezado por Emiliano Zapata, que pretendía la restitución de las tierras campesinas expropiadas arbitrariamente. En ese caso, Madero condicionó las demandas y pidió la capitulación de sus tropas. La exhortación fue rechazada por Zapata, quien radicalizó su postura y siguió expropiando latifundios y haciendas.[5]

 

El presidente Madero no sólo tenía que sufrir los embates de los porfiristas que se encontraban en las esferas del poder o las irrupciones de sus antiguos correligionarios; además, debía sobrellevar las constantes críticas y cuestionamientos dirigidas hacia su persona y su administración por parte de la prensa, vinculada con los distintos bandos políticos; tal es el caso de El País y La Nación, ligados al Partido Católico Nacional. Las opiniones vertidas en las páginas de los rotativos eran “a menudo en un tono amargo, injurioso y obsceno”. Entre las publicaciones opositoras al régimen se encontraban El Multicolor, El Tiempo, Quadrilateral y El Mañana. De igual manera, los empresarios nacionales y extranjeros exigían mínimas garantías de estabilidad para concretar sus negocios. Un par de personajes de este grupo burgués fueron Iñigo Noriega y Luis García Pimentel.

 

Este clima de inestabilidad política y social sirvió de escenario propicio para quienes buscaban restituir el viejo régimen, así como para aquellos que buscaban cristalizar sus ambiciones políticas y llevar a cabo un golpe de Estado. Lo que la historiografía ha denominado “la Decena Trágica” (del 9 al 18 de febrero) designa ese quiebre institucional por una de sus partes, la armada.

 

El bando subversivo que perpetró el hecho estaba integrado por Manuel Mondragón, Gregorio Ruiz, Bernardo Reyes y Félix Díaz. Estos dos últimos personajes habían promovido rebeliones contra Madero tanto en el norte como en el sur del país, pero fracasaron. Los sediciosos fueron transferidos a prisiones de la Ciudad de México de las que serían liberados por Mondragón y un grupo de militares, con el objetivo de que dirigieran la revuelta. Al mismo tiempo, otra partida de disidentes se apoderó de Palacio Nacional y tomaron prisioneros a Gustavo Madero, hermano del presidente, y al ministro de Guerra, Ángel García Peña. No obstante, el general Lauro Villar logró recuperar el inmueble y, tras reunir a sus fuerzas, hizo frente al grupo encabezado por Reyes y Díaz. Estos últimos, confiados en que sus partidarios los esperaban, se dirigieron a Palacio Nacional, pero fueron sometidos por las tropas leales. Entre los que quedaron abatidos en el zócalo se encontraba Bernardo Reyes. Ante esta situación imprevista, Félix Díaz se retiró a la Ciudadela.

 

Friedrich Katz, en La guerra secreta en México... menciona que Madero tuvo la posibilidad de elegir entre dos derroteros: el primero era buscar el apoyo de las fuerzas revolucionarias, y respetar el cumplimiento de las exigencias revolucionarias; el segundo era confiar en el ejército y la burocracia porfirista. La historia nos muestra que optó por la segunda opción. Su decisión quizá se fundó en creer que la sublevación no había encontrado eco, que sólo se trataba de un puñado de conjurados, y que contaba con el apoyo incondicional del ejército. El historiador austriaco considera que, de haber sucedido el asalto a la Ciudadela, lugar donde se habían refugiado los insurrectos, habría provocado su derrota inmediata, pero como Lauro Villar resultó herido en la defensa del Palacio Nacional la situación se desarrolló de forma distinta; con su ausencia se abrió un hueco de gran importancia para la institucionalidad del ejército federal.

 

El general Villar sería remplazado por Victoriano Huerta, quien fue elegido debido al gran ascendente que tenía en el ejército. Desde un principio, los conspiradores buscaron que el general Huerta se uniera a ellos. De hecho, el levantamiento se había postergado en dos ocasiones a causa de su renuencia a tomar parte, situación que no se sustentaba en la lealtad a Madero, sino a que él no consideraba el momento propicio para tal empresa. El 10 de febrero de 1913, luego de haber sido nombrado comandante de las fuerzas federales, Huerta reanudó sus reuniones con los instigadores; un día después se entrevistó con Félix Díaz y acordaron escenificar una “guerra falsa”, lo que permitiría eliminar el mayor número de fuerzas leales al presidente y así poder derrocarlo. El embajador de Estados Unidos en México Henry Lane Wilson tuvo una participación decisiva en los acontecimientos, pues no sólo propició las condiciones para que se celebraran las entrevistas, sino que hizo lo posible para que el régimen maderista fuera destituido y se instaurara un gobierno que no afectara los intereses de su país.

 

Wilson temía que entraran en vigor las reformas porque significarían una disminución de la influencia y beneficios de los intereses estadounidenses. Un ejemplo de estos cambios era la nueva legislación relativa a la explotación petrolera en el país, la cual obligaba a los extranjeros a pagar impuestos;[6] por lo tanto, el embajador generó un clima desestabilizador, se reunió con diplomáticos de otras naciones para informarles de la pésima situación del gobierno y publicó una serie de “protestas”, en las que mostraba a Madero como un “inepto” e “incapaz” de proteger a los extranjeros residentes ante la anarquía que se vivía en México.

 

La ciega confianza del Ejecutivo en las fuerzas federales, y en particular en la figura de Huerta, sería su perdición, pues, aunque su hermano, Gustavo Madero, el 17 de febrero, puso en evidencia las reuniones de éste con Félix Díaz, Huerta desestimó las acusaciones e indicó que al día siguiente tomaría medidas tajantes para acabar con los sediciosos. Sin embargo, el 18 de febrero, el recién nombrado jefe del ejército indujo a un grupo de senadores para que le pidieran la renuncia a Madero, quien se negó, y por ello Huerta decidió detenerlo a la una y media de la tarde.

 

Pocas horas después, Díaz, Huerta y Wilson se reunieron con el fin de negociar el nuevo gobierno; dicho acuerdo es conocido como el Pacto de la Embajada, con el cual se desconocía el gobierno de Madero y se acreditaba a Victoriano Huerta como presidente provisional; además, se disponía la conformación del nuevo gabinete. Huerta se comprometió no sólo a organizar las elecciones, sino a apoyar la candidatura de Félix Díaz. Inmediatamente después de firmado el acuerdo se pidió la dimisión del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez con el ofrecimiento de dejarlos salir del país. Cuando éstos lo hicieron, se nombró presidente provisional a Pedro Lascuráin, quien renunció al momento y entregó el poder a Huerta. Con este acto se daba un viso de legalidad al golpe de Estado.

 

A pesar de la promesa hecha, Madero y Pino Suárez no fueron liberados, puesto que representaban un peligro; no sólo podían impulsar una nueva rebelión, sino que incluso existía la posibilidad de que impugnaran la legalidad del nuevo gobierno. No tuvieron ningún efecto las gestiones del ministro cubano, Manuel Márquez Sterling, ante Huerta. Madero y Pino Suárez y fueron asesinados el 22 de febrero cuando los trasladaban a la Penitenciaria. Con este suceso se pondría punto final a la primera etapa de la Revolución.

 

El derrocamiento del gobierno de Francisco I. Madero fue consecuencia de la combinación de diversos factores: el ejército no estaba realmente con él; tampoco el Poder Legislativo ni el Judicial, ni sectores relevantes del grupo empresarial, que veían con gran desconfianza al gobierno. La ambición política, la libertad irresponsable, los malentendidos, el fervor y la impaciencia reaccionarios, la ausencia de cohesión, la carencia de un programa social y económico concreto, así como la falta de diplomacia, fueron las razones del fracaso de Madero. A pesar de su política económica y social moderada, Madero no logró ganar el apoyo de las viejas élites porfiristas. Se le acusó de ser incapaz de someter los disturbios y levantamientos en el país, así como de no controlar a sus propios partidarios. Por ello los conservadores abogaban por un régimen militar para retornar a la pax porfiriana.

 

Desde las filas de las fuerzas federales se gestó la conspiración para reestablecer el sistema político tan añorado. El ejército sólo respaldó a Madero cuando se trató de aplastar rebeliones como la de Orozco y Zapata, pero mostró una actitud vacilante contra las tentativas de golpe de Estado surgidas de su seno. Al ejército no le parecía adecuado que se nombrara a antiguos líderes revolucionarios en altos rangos del ejército, porque ello contrarrestaba la promoción de los oficiales de carrera, por eso no debe sorprender que hayan favorecido la sublevación militar. La importante participación del embajador Wilson en los acontecimientos fue crucial, pues al ver afectados los intereses de su país y los suyos propios, aprovechó los rencores y las ambiciones del grupo porfirista para que Estados Unidos conservara su hegemonía sobre México.

 

El golpe militar del ejército no logró estabilizar la situación política y social que se vivía en el país, por el contrario, desencadenó una segunda etapa de la Revolución, que generaría mayores transformaciones. Sin duda, continuar con la vieja estructura, tanto burocrática como del ejército federal, redundaría en la caída del presidente; si tomó la decisión de mantenerla se debía a que no deseaba una transformación en el plano económico y social, sino que ésta debía someterse al ámbito de lo político.

 

El objetivo de poner sobre la mesa el pasaje de la Decena Trágica no es presentar a Francisco I. Madero como el redentor de la democracia o ponerlo en la palestra, mucho menos incurrir en maniqueísmos. El propósito fue plantear una visión muy particular de lo expuesto por los historiadores y por el propio Estado, esto es, las causas que llevaron a los protagonistas a actuar o a la toma de decisiones de cada uno de ellos, evitando caer en lo engorroso de la minucia sin perder de vista a los principales actores que determinaron el rumbo de nuestra nación.

 


* Dirección de Estudios Históricos, INAH.

[1] Así fue la Revolución mexicana, t. IV, México, Senado de la República / SEP / INAH / Conafe / Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana, 1985; Javier Garcíadiego, “Prólogo” en La Revolución mexicana. Crónicas, documentos, planes y testimonios, México, UNAM, 2003; Friedrich Katz, La guerra secreta en México. 1. Europa, Estados Unidos y la Revolución mexicana, México, Era, 1982; Alan Knight, La Revolución mexicana: del porfiriato al nuevo régimen constitucional, México, FCE, 2010; Jean Meyer, La Revolución mexicana, México, Tusquets, 2007; Anna Ribera Carbó, La Casa del Obrero Mundial. Anarcosindicalismo y revolución en México, México, INAH, 2010; Hans Werner Tobler, La Revolución mexicana. Transformación social y cambio político. 1876-1940, México, Alianza, 1994; Berta Ulloa, “La lucha armada (1911-1920)”, en Historia general de México, t. II, México, El Colegio de México, 1976; John Womack Jr., Zapata y la Revolución mexicana, México, Siglo XXI, 1982. Con mi artículo pretendo delinear ciertos aspectos de la Decena Trágica, pero quien esté interesado en ahondar en el tema puede acudir a las fuentes citadas.

[2] Pascual Orozco y Francisco Villa en Chihuahua; José María Maytorena, Eulalio y Luis Gutiérrez en Coahuila; Jesús Agustín Castro en Gómez Palacio, Durango; Cesáreo Castro en Cuatro Ciénegas, Coahuila; los hermanos Figueroa en Guerrero, y Emiliano Zapata en Morelos.

[3] Alan Knight, op. cit., p. 579.

[4] El proyecto de ley fue apoyado por un grupo de “maderistas progresistas”, entre los que se encontraban: Roque González Garza, Adrián Aguirre Benavides, José Macías y otros cincuenta y nueve adeptos más.

[5] Además de Emiliano Zapata con su Plan de Ayala, también se encontraba Andrés Molina y el Plan de Texcoco. Ambos líderes buscaban la expropiación de las haciendas y su distribución entre los campesinos sin tierra.

[6] Véase Alan Knight, op. cit.

 

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Beatriz Cano

Resumen

Beatriz Cano nos recuerda a más de cien años, La Decena Trágica, en realidad golpe de Estado y punto de inflexión que determinó el rumbo de México como Nación, principalmente, en la conformación de las instituciones políticas. Retoma el hecho histórico para hacer una resignificación, a partir de varios textos historiográficos contemporáneos.

Palabras clave: Decena Trágica, México, Nación, Estado.

 

Abstract

The author reminds us, after more than a hundred years, of la Decena Trágica, which was actually a coup d’etat that determined the direction of Mexico as a nation, mainly in the establishment of political institutions. It revisits the historical event to undertake a resignification, based on several contemporary historiographical texts.

Keywords: Tragic Ten Days, Mexico, nation, state.

 

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