Explorar los presente-futuros. La violencia como “campo de guerra”

Carlos San Juan Victoria*

 

¿Qué procesos históricos se abren paso en las oleadas de violencia acentuada en México al arribar el siglo XXI? ¿Hablan de decadencias, disoluciones o de cambios sustantivos en sus regiones y en su perfil como nación y república? Con este propósito decidimos revisar una obra sugerente, exploratoria y atrevida, el último libro de Sergio González Rodríguez, Campo de guerra.[1]

 

Editado en México en mayo de 2014, Campo de guerra, premio Anagrama de Ensayo, es una  rigurosa y consistente investigación sobre la violencia mexicana que nuestro autor asocia a la oleada modernizadora desatada hace tres décadas. Este trabajo, al igual que dos ensayos previos de Sergio González Rodríguez, abre un debate a fondo sobre la complejidad de las tres últimas décadas de la historia contemporánea de México.

 

De las varias hipótesis fuertes expuestas en esta obra sobresale la idea de que se ha estado viviendo un proceso de integración mexicana a la gran potencia de los EEUU, una absorción territorial, de recursos y de rehechuras institucionales y culturales. Que en ese proceso resulta esencial el campo de guerra entendido como un laboratorio para el diseño de la gobernabilidad del miedo, de esquemas de control social y de formación de subjetividades bajo shock. Este duro diagnóstico se respalda con bloques de información detallada, análisis, reflexiones acreditadas y una obra reconocida nacional e internacionalmente.

 

Desde  Huesos en el desierto (2002),[2] González Rodríguez se convirtió en uno de los referentes intelectuales más intensos y coherentes para seguir la pista a ciertas realidades embrionarias que al paso de los años fueron adquiriendo un vigor sorprendente. Fue tras la huella sangrienta de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez donde se registraron 300 asesinatos entre los años de 1993 y 2000. En una fusión de géneros (crónica periodística, investigación histórica y judicial y ensayo) describió los tejidos finos entre la delincuencia organizada, las autoridades locales, el auge empresarial de la zona, el arribo de inmigrantes del sur del país a esa ciudad de la frontera norte, la misoginia imperante y, sobre todo, la invención judicial de supuestos asesinos, de identidades falsas de las víctimas, de soluciones apresuradas.  Asomaba la paradoja de una modernidad  en las ciudades prósperas de la frontera, cargada de violencia que convivía con algunos  “resabios del pasado”, pero que sobre todo contenía en su ADN nuevos fenómenos  sociales e institucionales de lo que venía.

 

En 2009 publica El hombre sin cabeza,[3] la geografía territorial, simbólica e histórica del acto salvaje de cortar la cabeza de los contrincantes en las guerras del narco. La cresta climática de la ola de horror que envuelve al país desde fines de los años noventa y que se recrudece en la primera década del nuevo siglo. La senda brutal de la supremacía en territorios y negocios, del sometimiento por miedo, y sus muchos cauces históricos, de creencias, de brujería, de métodos de guerras contrainsurgentes.

 

Campo de Guerra cierra la trilogía sobre una regresión civilizatoria registrada en las décadas recientes con una mirada mucho más global, pero también del mapa interno mexicano, y atenta a las elites de la modernidad hegemónica y sus geoestratégias, a internet y el control poblacional, a los cambios en la subjetividad de las poblaciones afectadas por la violencia.

 

Aquí se hablará del plan estratégico de militarización del mundo, del modelo global de control y vigilancia y del campo de guerra en México a principios del siglo XXI […] Un campo de guerra en particular expresa el tránsito del conflicto internacional a la interiorización de éste en las fronteras, los litorales o tierra adentro de un país. Y refleja un rechazo a las normas y las instituciones que las sostienen. […] El campo de guerra que aquí se examina trasciende el territorio de la nación mexicana, sus vinculaciones con la frontera norte y la frontera sur del país, ya que América del Norte se despliega hacia la región centroamericana y del Caribe: se extiende como campo contiguo de operaciones bélicas del Comando de América del Norte hacia el resto del mundo. Un proceso de militarización que se remonta a la última década del siglo XX y en 2014 incluye focos de riesgo en Corea del Norte, Siria, Ucrania, Venezuela, entre otros. [4]

 

Es una  mirada a México desde la globalidad imperante, una obviedad que contrasta con las visiones hegemónicas encerradas en la poderosa cortina de nopal de los imaginarios políticos. Se apuntan al menos tres preguntas que cimbran la narrativa acostumbrada.  ¿Qué tan soberano y propio es este rumbo elegido y sostenido desde hace tres décadas? ¿Vivimos ya en un Estado de derecho? ¿Qué subjetividades surgen de este proceso histórico?

 

La época posnacional

Como se sabe, un tejido consistente del pasado reciente fue la renovación institucional en un país con  vieja tradición al respecto. Se crearon  mayores pesos a los poderes republicanos, el Congreso y el Poder Judicial subordinados al presidencialismo histórico; se renovó la representación política a través del voto ciudadano cada vez más importante; y creció la pluralidad en gobiernos, congresos y partidos. La vieja tradición corporativa, pactista y autoritaria parecía superada, y reafirmadas las capacidades institucionales soberanas y democráticas.

 

Para nuestro autor el país entra en circuitos de decisiones posnacionales de colaboración con su vecino imperial, a partir del Tratado de Libre Comercio (1994). Una relación asimétrica donde el mayor Estado-nación vigente se proyecta al nuevo siglo y redefine sus espacios y nutrientes vitales en lógica geopolítica de gran potencia, dispuesta a reafirmar otro “siglo americano”.  De manera especial sigue el trayecto de decisiones donde México se adscribe al Comando de América del Norte (Northcom), quien organiza las políticas de seguridad nacional de Estados Unidos surgido después del shock del 11 de septiembre de 2001, fecha en que George Bush hijo modifica la política de seguridad de su país; pasa por el Acuerdo para la Prosperidad y la Seguridad, el ASPAN (2005), hasta la  Iniciativa Mérida (2008). Es un trayecto de homologación de ejércitos, policías, sistemas de justicia cada vez más punitivos, definición de “enemigos internos” con roles intercambiables entre “narcos” y “terroristas”, incremento de presupuestos y militarización territorial, y de fortalecimiento de los ejecutivos federales de ambos países, los principales impulsores de este proceso. Carlos Fazio, en su libro El tercer vínculo[5]  había ya realizado una empresa parecida.

 

Lo interesante de esta estrategia de poder para frenar la violencia iniciada por los “enemigos internos” es que la extiende. No debilita, sino que fortalece el negocio de las drogas y las armas, y de “casos pilotos”, como nombra González Rodríguez a Ciudad Juárez, se transita hacia  espirales de mayor violencia que se expanden hacia los litorales, las fronteras, las mesetas centrales, los corredores de migrantes, tráficos humanos y de drogas de las costas del Golfo. En ese vendaval las instituciones responden con el uso prioritario de la fuerza militar y policiaca, endurecen legislaciones punitivas y concentra en el Ejecutivo lo que se nombraría, fallidamente, como “guerra contra el narco”. Pero a la vez se hace más visible el déficit histórico en el ejercicio de un Estado de derecho bajo inercias de corrupción y de asociación con poderes fácticos. Pero sobre todo aparecen los “campos de guerra” que menoscaban los derechos humanos, generan acciones sin control legal y facilitan el brote de “estados de excepción”. Se trata de ciudades y regiones donde la confrontación violenta de un narco en metástasis guerrera, la militarización policiaca, el control territorial por poderes de facto crea espacios vacíos de derechos humanos y de gobernabilidad legal. Algo para la reconstrucción historiográfica: a la vez que México se integra y unifica en la geopolítica estadounidense, se fragmenta en su antigua unidad soberana.

 

El Estado de derecho

Existe en nuestro país una gran tradición constitucional e institucional. Una genealogía que cubre dos siglos de biografía republicana, con sus insuficiencias y limitaciones, pero también con su continuidad. A lo largo del siglo XX se acumularon graves déficits que redundaron en un Estado de derecho sujeto a pactos, limitaciones y corrupciones. El tránsito hacia la democracia de las tres últimas décadas apostó a resolver y consolidar su eficacia y cobertura.

 

Con ayuda de informaciones e indicadores como el del  World Justice Projet, González muestra que la cadena institucional de la justicia (policías, ministerios públicos, jueces), naufragó en el mar de la corrupción, los pactos de impunidad entre poderes legales y fácticos y la discriminación a grupos vulnerables. Este hundimiento ocurre entre la niebla espesa del discurso oficial que anuncia avances significativos, reconocimientos constitucionales a la relevancia de los derechos humanos, legislaciones punitivas y reformas en seguridad pública.

 

[…] de acuerdo con dicho índice, la justicia criminal es deficiente (ocupa el lugar 63 de 66 países evaluados), prevalece la debilidad de sus investigaciones criminales y de los sistemas adjudicados y hay discriminación contra los grupos vulnerables, corrupción de jueces y de policías, violaciones en los procesos judiciales y a los derechos de los acusados (ocupa el lugar 64 al respecto). Además registra fallas en el encausamiento judicial de funcionarios y policías corruptos (lugar 59). En general, 91% de los delitos comunes no se denuncia debido a la ineptitud e ineficacia de las autoridades.[6]

 

Para González Rodríguez hay una transformación en ese delicado campo de la convivencia en apego a ley que se debe registrar y que se asocia y retroalimenta con la aparición virulenta del campo de guerra. La conversión del Estado de derecho en su negación, su ausencia, al que llama el An Estado, donde el prefijo designa la negación de sí mismo. Describe entonces a un híbrido estatal  incapaz de auto corrección,  simulador de legalidad y productor de una legitimidad frágil, donde florecen los entramados de asociaciones entre legalidad e ilegalidad, entre poderes institucionales y fácticos. “La violencia contra las instituciones mexicanas de los últimos años tiene una fuente común: el pacto suprainstitucional originado por los nexos criminales del poder político y económico con el narcotráfico”.[7]

 

Las subjetividades emergentes

¿Qué vidas surgen de ese orden de la violencia, qué microcosmos de emociones, sentimientos, percepciones e ideas se procesan en los campos de guerra y en la privación del Estado? El bisturí analítico de González Rodríguez explora sin concesiones los nudos vitales más reveladores de la naturaleza de los cambios. Por un lado la víctima, y en relación simbiótica el victimario, el mundo de la pérdida y el extravío y el de la supremacía grotesca e interminable.

 

El autor reconstruye varios trayectos de víctimas de la guerra entre narcos y las fuerzas de gobierno para advertir las transformaciones finas en las percepciones e ideas una vez experimentado el campo de guerra. A ese cambio, una distorsión sufrida por la alteración violenta de su vida cotidiana, le nombra como anamorfosis, que le reconfigura como víctima y como no persona. Necesitados de una ley ausente que le ignora. Deseosos de recuperar la normalidad pero atraídos por el foco potente del daño perverso. Inermes ante poderes ilegales y legales que penetran la  vida privada, la casa y  arrasan e imponen sus reglas. Sujeto a las pedagogías del miedo donde puede ser destrozado como ejemplo en calles, barrios, redes delincuenciales y asociaciones entre poderes institucionales e ilegales. Reconvertido en cifras estadísticas donde se disuelven sus rastros de persona singular. “Mientras el campo de guerra lo permite, la persona es invisible; una vez que se vuelve visible y un objetivo, la persona entra en la anamorfosis, que tiene una cualidad adicional: expresa la desmesura. Frente a ésta, la persona se ve y se siente más indefensa. La desmesura o quiebre del orden convencional es la fábrica de los monstruos y las monstruosidades”.[8]

 

La contraparte de esta simbiosis subjetiva del campo de guerra es la presencia también desmesurada del victimario. Un temple y una estética del miedo que adquiere su diversidad en las necesidades identitarias de las organizaciones criminales y en los ejércitos de robocops. Ropajes, transportes, armas se combinan en un barroco singular donde se mezclan  alta tecnología, viejas creencias y rituales de inmunidad. El sueño salvaje del poder absoluto. En lugar del paisaje deseado de los ciudadanos que con la palabra razonada y reflexiva,  el logos, y a través de diálogos y consensos construyen el fin de la historia, el abismo del horror donde resurgen dolientes y terribles  ese par indisoluble de la víctima y el victimario.

 

Hacia el mapa completo

González Rodríguez advierte desde el inicio que trata de mostrar planes y procesos de militarización con modelos de control social y vigilancia que vacían a los hombres de su condición de persona y de ciudadano. Y con ello se interroga al proceso histórico vivido en las tres últimas décadas. Señala una tendencia del presente, no la única pero sí la del poder global del vecino y del local de las elites nacionales, capaz de convertirse en un futuro cierto de integración con desarticulaciones internas crecientes. Al respecto dos observaciones.

 

Primero, que el proceso que se desata es muy complejo. Por un lado, en efecto,  cristaliza un híbrido estatal que mantiene intactas las fusiones de lo legal y lo ilegal, así como una segmentación de sus áreas de actuación y de relativa ausencia. Muy fuerte para garantizar líneas de integración, muy débil como jurisdicción abierta a sus ciudadanos masivos. Líneas que apuntan hacia una mayor integración subordinada, fuerzas que empujan la colaboración bilateral bajo criterios del Comando Norte, el predominio creciente del Ejecutivo, y las “urgencias” para operar reducciones y contenciones de los derechos humanos en nombre de la seguridad pública y nacional. Se trata de generar, bajo la figura ambigua del “enemigo interno”, un clima de guerra que propicie al Ejecutivo fuerte, al Estado de excepción y que equipare, de ser posible, al narco, al terrorismo y a las expresiones públicas de los movimientos sociales. Señalar este trazo y reconstruirlo es ya un acto de crítica y de prevención.

 

Segundo, que la otra cara de la moneda vivida en este proceso se ha manifestado a través de una peculiar constelación de actores civiles, políticos y sociales que, con sus modos y tiempos propios, en ocasiones confluyen en los hechos para rehabilitar al Estado constitucional garante de los derechos. Siempre a contracorriente, pero sin pausa y con recursos muy diversos, desde las movilizaciones masivas hasta los recursos legales para frenar transgénicos, expropiaciones de propiedad social, abusos de la policía, desapariciones forzadas, rehabilitar los debidos procesos y confrontar con todo ello, la tendencia hacia el Estado de excepción. Valga uno en la diversidad de ejemplos. “La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales demandará al Estado mexicano ante el Tribunal Permanente de los Pueblos por no instaurar mecanismos de organización y expansión económica del sector social, así como por atropellar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, al autorizar a empresas mineras –entre otras– la destrucción de los sistemas de vida de ésas, anunció Alejandra Straffon Díaz”. [9]

 

Es fundamental advertir que incluso en esas tramas de poder desatadas hay un “campo” en el sentido de Bourdieu, una tensión de fuerzas y subjetividades --por fortuna muy plurales-- que abren el horizonte de lo posible. Precisamente de las experiencias brutales de “anamorfosis” surgieron tres de las grandes movilizaciones populares que a la fecha exigen un Estado garante de los derechos humanos:  el movimiento de las víctimas de la supuesta guerra contra el narco, las marchas de las madres de los inmigrantes gravemente afectados en su paso por México y el reclamo de Ayotzinapa, que es una lucha puntual y con recursos muy variados, locales y globales, de movilización, confrontación y pleito legal nacional e internacional en torno a la justicia y su debida procuración.

 

Para ello es fundamental “ir más  allá” del cuento hegemónico de que se vive entre la paz y la guerra, o de plano, en situación de guerra.[10] Se trata de recuperar la historia de esta constelación diversa y los procesos y acontecimientos que abre. De ahí puede surgir otro “presente futuro”, la posibilidad de desarticular las nociones en curso del “enemigo interno” y del “Estado de excepción”. Pasar de la “urgencia” para convertir decisiones delicadas en actos administrativos de un Ejecutivo fuerte, en la urgencia democrática del debate público, de la regeneración de los congresos y del Poder Judicial como poderes autónomos  y como contrapesos efectivos.

 


* Dirección de Estudios Históricos,  INAH.

[1] Sergio González Rodríguez, Campo de guerra,  Barcelona, Anagrama (Argumentos), 2014.

[2] Sergio González Rodríguez, Huesos en el desierto, Barcelona, Anagrama (Crónicas), 2002.

[3]   Sergio González Rodríguez, El Hombre sin cabeza, Barcelona,  Anagrama (Crónicas), 2009.

[4] Campo de guerra, ed. cit., pp. 9-11.

[5] Carlos Fazio, El tercer vínculo: de la teoría del caos a la militarización (prólogo de Lorenzo Meyer), México, Joaquín Mortiz-Planeta, 1996.

[6] Campos de guerra, ed. cit., p. 20

[7] Ibidem, p. 22.

[8] Ibidem, p. 85.

[9] Matilde Pérez U, “El Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará al Estado mexicano”, La Jornada, 22 de mayo de 2012, p. 39. Este Tribunal realizó un proceso de consulta durante dos años donde se documentaron las afectaciones de individuos, pueblos y organizaciones por la ausencia del Estado de derecho.

[10] Alejandro Rodiles,  “Las narrativas globales sobre el combate al narco en México y el derecho internacional”, Revista Este País, 1 de abril del 2013.              http://estepais.com/site/2013/las-narrativas-globales-sobre-el-combate-al-narco-en-mexico-y-el-derecho-internacional/ consultado el 22 de abril de 2015.

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Resumen

Campo de guerra entendido como un laboratorio para el diseño de la gobernabilidad del miedo, de esquemas de control social y de formación de subjetividades bajo shock. Campo de guerra, es una  rigurosa y consistente investigación  sobre la violencia mexicana, que González asocia a la oleada modernizadora desatada hace tres décadas. Este trabajo abre un debate a fondo sobre la complejidad de la historia contemporánea de México. Advierte desde el inicio que trata de mostrar planes y procesos de militarización con modelos de control social y vigilancia que vacían a los hombres de su condición de persona y de ciudadano. Y con ello se interroga al proceso histórico vivido en las tres últimas décadas.

Palabras clave: campo de guerra, control social, proceso histórico, historia contemporánea

 

Abstract

Field of war is understood as a laboratory for the design of the governance of fear, of schemes of social control and constitution of subjectivities under tha notion of “shock”. Campo de guerra, is a rigorous and consistent research on Mexican violence, which Gonzalez associates with a modernization process unleashed three decades ago. This study opens a debate about the complexity of the contemporary history of Mexico. We are warned since the beginning that it tries to show the plans and processes of militarization, with models of social control and surveillance that emptied the men from their condition of person and citizen. And thus interrogates the historical process experienced in the last three decades.

Key words: field of war, social control, historical process, contemporary history

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