La epidemia de influenza española en el estado de Chiapas

Beatriz Lucía Cano Sánchez*

Resumen
El artículo centra su atención en el impacto que la influenza de 1918 tuvo en dos regiones de Chiapas: Valles Centrales y Los Altos. Se busca analizar cuáles fueron las acciones que tomaron las autoridades para detener el avance de la enfermedad, la reacción de la sociedad ante este malestar y las consecuencias demográficas que generó. Como las primeras manifestaciones de la enfermedad se produjeron a finales de octubre de 1918, las autoridades estatales dictaron una serie de medidas como un cerco sanitario y la suspensión del servicio ferroviario entre las poblaciones, pero esas disposiciones no lograron detener el avance de la enfermedad. Aunque la carencia de información no permite establecer una cifra definida de la mortalidad, sí se puede reconocer que algunas poblaciones, como San Cristóbal de Las Casas y Villa de Corzo, sufrieron un índice de mortalidad alto respecto de su población total. Los datos con los que se cuentan evidencian que la región de Los Altos fue la más afectada.

Palabras clave: influenza de 1918, Chiapas, San Cristóbal, salubridad pública.

Abstract
The article focuses its attention on the impact that the 1918 influenza had in two regions of Chiapas: Central Valleys and Los Altos. It seeks to analyze what were the actions taken by the authorities to stop the advance of the disease, the reaction of society to this discomfort and the demographic consequences that it generated. As the first manifestations of the disease occurred at the end of October 1918, the state authorities issued a series of measures such as a sanitary fence and the suspension of the railway service between the towns, but these provisions did not manage to stop the advance of the disease. Although the lack of information does not allow establishing a definite mortality figure, it can be determined that some populations, such as San Cristóbal de Las Casas and Villa de Corzo, suffered a high mortality rate in relation to their total population. The available data shows that the Los Altos region was the most affected.

Keywords: influenza of 1918, Chiapas, San Cristóbal, public health.

Estragos inmensos ha causado en todo el mundo
este terrible mal que ha sentado sus reales
en nuestro querido girón de tierra
amenazándonos con el exterminio y la desolación.
Chiapas Nuevo, 12 de enero de 1919

Estas palabras, publicadas por el redactor del periódico Chiapas Nuevo, podrían parecer exageradas, sobre todo porque pintaban una situación catastrófica en ese estado sureño a causa de la influenza. Una serie de entrevistas llevada a cabo por María del Rocío Ortiz en 2006 muestra que el panorama sanitario fue complicado en la entidad. Cirilo Meza, habitante de Copainalá, recordaba que “hubo mucha muerte en esos tiempos por la epidemia de influenza, murió mucha gente. Me platicaba mi papá que en la madrugada recogían a un muerto y en la mañana ya estaban recogiendo a otro. No acababan de enterrar a uno cuando ya estaba muerto otro”. De igual manera lo evocaba Silvina Guzmán, de Zacalapa, localidad del mismo municipio: a su abuelo “ya no lo dejaron entrar a Copainalá a enterrar al panteón porque ya no había lugar y entonces aquí nomás enterraron a los muertitos. Un día enterraban a uno y al otro día a su compañero, murieron muchos. Era muy contagioso y por eso se los regresaban”. De hecho, fueron tantos los muertos que se tuvieron que improvisar dos panteones, uno “allá por el puente y otro por Miguel Hidalgo, allá los enterraban”.

Por su parte Antonio Cruz, de Ocotepec, indicaba que “enterraban de dos en dos. La enfermedad era pura tos con calentura y cuando empezaban a toser con sangre como cinco horas y ya morían. A veces comenzaban en la noche y en la mañana ya morían [...] Algunas casas quedaron vacías, la gente se mermó mucho”. El testimonio de Antonio era corroborado por Artemio Pérez, de Coapilla, quien explicaba que “en ese tiempo también vino una fiebre española, fue en 1918, era una calentura que pegaba muy fuerte [...] Caía uno en una casa, y luego toda la familia caía, y por eso muchas casas quedaron cerradas, el pueblo quedó vacío”.[1] Los testimonios orales, al igual que la prensa, dan cuenta de la grave situación de salubridad que se vivió en diversos municipios chiapanecos a raíz de la aparición de la pandemia de influenza en 1918, que provocó, según las evidencias, una elevada mortalidad.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar las circunstancias en que apareció la influenza en Chiapas, las disposiciones emitidas por la autoridad estatal para tratar de detener su avance, la reacción de la sociedad ante esta afección, las consecuencias que se generaron y, en la medida de lo posible, determinar el número aproximado de muertos causados por la epidemia. Diversos autores han coincidido en que la influenza de 1918 se puede catalogar como una de las tres grandes epidemias que modificaron la historia de la humanidad.[2]

La influenza se manifestó alrededor del mundo en tres momentos: la primera entre marzo y abril de 1918, la segunda entre octubre y noviembre del mismo año, y la última de enero a junio de 1919. En México se presentaron los primeros casos en el mes de octubre, durante la segunda oleada, en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, así como en el puerto de Veracruz. Tal como ocurrió en países como Estados Unidos, España, Argentina y Brasil, el ferrocarril fue uno de los medios que facilitaron la propagación de la enfermedad. Por eso una de las primeras medidas de prevención —por lo menos en el caso mexicano— fue la suspensión de las comunicaciones entre las poblaciones afectadas. Para tratar de contener su transmisión, el Consejo Superior de Salubridad emitió una serie de disposiciones que se debían seguir: reportar a las personas enfermas, evitar los abrazos y besos, clausurar los centros de reunión como cines, teatros, escuelas y cantinas, suspender el tráfico a ciertas horas del día y asear las calles. Sin embargo, el periódico El Nacional consideraba que las resoluciones del Consejo no bastaban, pues no se había retirado de la vía pública a los vendedores de comida y fruta ni se había regulado el servicio de entierros.[3]

El presente texto se divide en tres partes: la primera presenta un breve panorama de la situación política de Chiapas antes de la aparición de la influenza; la segunda relata la manera como se manifestó el brote en el estado y cuáles fueron las primeras estrategias para detenerlo, y, por último, se muestra el impacto que tuvo en la región de los Valles Centrales y en Los Altos.

La situación política de Chiapas en la década de 1910

La pandemia de influenza se presentó en Chiapas en un momento de inestabilidad política, que inició tras el movimiento revolucionario de Francisco I. Madero. Ramón Rabasa renunció a la gubernatura a mediados de 1911 y designó a Manuel Trejo gobernador provisional. Acto seguido, se formaron grupos políticos para impulsar dos candidaturas: la de los hacendados de Tuxtla Gutiérrez, que apoyaban a Trejo y, por otro lado, la de las élites de comerciantes y propietarios de San Cristóbal, que promovían a Eusebio Salazar.[4] Sin embargo, la Legislatura estatal nombró gobernador interino a Reinaldo Gordillo León, decisión que no sería del agrado de muchos sancristobalenses que habían propuesto a Manuel Rineda. Como no fue tomada en cuenta su sugerencia iniciaron una rebelión, la cual sería sofocada por las tropas acuarteladas en la capital. Entretanto, Gordillo renunciaba y era sustituido por Policarpo Rueda, quien buscó conciliar a los dos grupos, pero fracasó en su empresa. En su lugar fue nombrado Manuel Rovelo; organizó elecciones de las que saldría triunfador el mismo Reinaldo Gordillo, mas no tomó posesión porque fue designado embajador en Guatemala.

El cargo fue ocupado por Flavio Guillén, que enfrentó un ambiente de violencia derivado de la rebeldía de los trabajadores de las fincas, el bandidaje y la disputa por el control de los gobiernos locales. Ese estado de situaciones prevaleció hasta 1913, cuando Guillén pidió licencia. Lo sustituyó Gordillo, uno de cuyos primeros actos fue reconocer a Victoriano Huerta; sin embargo, él lo destituyó y nombró gobernador al general Bernardo A. Z. Palafox, que en agosto de 1914 abandonó el cargo. Tras la caída de Huerta, Venustiano Carranza, quien encabezaba el movimiento constitucionalista, puso al general Jesús Agustín Castro como mandatario. Dicha designación provocó un nuevo levantamiento que originó una guerra civil caracterizada por su carácter contrarrevolucionario.[5]

El levantamiento fue promovido por los finqueros de las tierras bajas que se oponían al programa de reformas sociales del carrancismo; aducían además que la presencia de Jesús Agustín Castro constituía una violación a la soberanía estatal. La situación se tornó grave pues los carrancistas y los mapaches, término con el que se conocía a los finqueros rebeldes, cometían robos, asesinatos, violaciones y otros atropellos en contra de los pueblos. A lo anterior había que sumar que en 1916 llegaron tropas bajo el mando del general Rafael Cal y Mayor, un chiapaneco radicado en la Ciudad de México desde 1910, que trató de difundir el ideario de Emiliano Zapata entre los campesinos. En un principio buscó establecer una alianza con los insurrectos para combatir a los carrancistas, pero el reparto de cuatro haciendas que llevó a cabo en el pueblo de la Concordia, situado en los Valles Centrales, ocasionó que los mapaches consideraran sus procedimientos demasiado radicales. A causa de esta acción comenzaron a perseguirlo y se produjo un rompimiento, lo cual provocó que el general zapatista tuviera que dirigirse al Departamento de Pichucalco, y de ahí al de Mezcalapa, lugar en el que estableció varios campamentos con la intención de promover el zapatismo en la vertiente del río Mezcalapa y en el corazón zoque.

A pesar de las maniobras, el proyecto del general Cal y Mayor no tuvo éxito porque las tierras pertenecían a los antiguos campesinos comuneros, cuya posesión se había formalizado con la división de los ejidos y gracias a la legitimidad de la que gozaba el sistema de fincas entre los trabajadores y a la autonomía de los pobladores de ambas regiones en el manejo de los asuntos internos de sus comunidades. Por otra parte, la adhesión de Alberto Pineda al bando de los mapaches contribuyó a que la rebelión tomara un nuevo impulso, por lo que el gobierno constitucionalista reorganizó los mandos políticos y militares. Designó gobernador interino a Pablo Villanueva, en sustitución de Castro, y, por otro lado, Blas Corral se encargó de las operaciones militares. No obstante, en los siguientes años los finqueros rebeldes lograron consolidar su hegemonía política y militar, hasta que en 1920 consiguieron controlar el poder político en el Estado.[6]

Los primeros amagos de la epidemia

Ante el avance de la epidemia en diversos puntos del país, el gobierno de Chiapas reprodujo un comunicado emitido por el Consejo Superior de Salubridad en el cual se dictaban las medidas que habrían de tomarse para evitar la propagación. Desde la aparición de la enfermedad, quien resultaba infectado debía guardar cama y se le provocaría que sudara mediante fricciones de linimento amonicial. Si la temperatura era elevada y acompañada de dolor intenso, el paciente debía tomar capsulas de sulfato de quinina o aspirinas cada dos o tres horas. Si tenía dificultad para respirar o tos frecuente, se le podían aplicar preparados de polvos de Dower cada tres horas. También se recomendaba dar agua de limón en grandes cantidades, remedio que no afectaba el tratamiento médico bajo el cual estuviera.

Otra acción fue aislar a los enfermos en habitaciones higiénicas que sólo contaran con los muebles necesarios. Este procedimiento era indispensable en aquellos sitios donde se congregara mucha gente, tales como hoteles, escuelas y cuarteles militares, recintos que debían mantener una “temperatura suave” y evitar corrientes de aire. Otras medidas eran no permitir visitas. La asistencia al enfermo tendría que estar a cargo de un número mínimo de personas, que debían tener las siguientes precauciones: lavarse las manos con creolina, asearse la boca con agua oxigenada o ácido fénico y desinfectar su nariz con vaselina líquida o ácido búrico. Había que lavar los utensilios y ropa del paciente por separado, así como desinfectar los vasos y excusados que utilizara. Se recomendaba una alimentación regular y moderada, pues los excesos podían favorecer el ataque de la influenza.[7]

El 30 de octubre de 1918 la influenza se había manifestado en los municipios de Tapachula y Tonalá. Como medida profiláctica, el presidente municipal de Tuxtla solicitó que se blanquearan y asearan todos los cuarteles militares de la ciudad, tarea que estuvo a cargo del inspector de obras públicas,[8] y ordenó establecer un cordón sanitario.[9] Esta última disposición, a decir del coronel jefe del servicio sanitario José C. Larios, no bastaría para impedir la propagación de la enfermedad, pues se tenían reportes de que en la línea del ferrocarril Panamericano se había presentado en varios pasajeros. El 3 de noviembre se convocó a los médicos de la ciudad a una reunión, con la finalidad de que se acordaran medidas de profilaxis e higiene pública; entre las prevenciones se incluyeron el aseo de las calles y la clausura de los lugares de reunión.[10] A la junta, congregada el día siguiente en la Secretaría General de Gobierno, asistieron los doctores J. Ponciano Burguete, Ignacio Ramírez, Francisco Rincón y José C. Larios.[11] No sabemos si los médicos postularon propuestas concretas ni de qué manera se aplicaron, pues no existe evidencia de que su participación haya sido importante.

Ante la posibilidad de que un convoy procedente de Arriaga y zonas aledañas llegara a Tuxtla, el gobernador coronel Pablo Villanueva ordenó que un grupo de hombres armados se situara en Monte Bonito para impedirlo; al general Jesús M. Padilla, jefe de las operaciones militares en Chiapas, se le pidió que se ubicara en “El Cedillo” con la misma encomienda. Los aislados serían revisados por una comisión de facultativos, quienes les practicarían un “reconocimiento minucioso” para determinar si estaban infectados.[12] Por otro lado, el coronel Villanueva giró una serie de órdenes a diversos ayuntamientos. A las autoridades de Chiapa de Corzo se les dieron instrucciones de encalar las casas, tanto en su interior como exterior, y desinfectar los cuarteles y cárceles.

En Comitán, el presidente municipal Rubén Pinto dispuso la desinfección de la población y el establecimiento de un cordón sanitario, ya que el administrador de la aduana de Tapachula había informado que esa comunidad estaba afectada por las epidemias de fiebre amarilla e influenza española. Carentes de información sobre el desarrollo de estas afecciones, los médicos y empleados de la aduana se comprometieron a investigar sus particularidades predominantes. Cuando ambas enfermedades adquirieron “caracteres alarmantes”, Pinto pidió autorización al gobernador para suspender el tráfico entre Tapachula y Comitán, así como girar órdenes a las autoridades de los municipios de Zapaluta y Mariscal para que acataran las disposiciones emitidas por el ayuntamiento a su cargo. El gobernador cumplió con las peticiones y ordenó a las dos poblaciones actuar en conformidad con las autoridades de Comitán. En Zapaluta se procedió a la desinfección de la población y a establecer el cerco sanitario, disposición que no se llevó a cabo en Mariscal, bajo el argumento de que no existían casos de influenza reportados.

Un representante de la gubernatura que se encontraba por alguna razón en Tapachula declaró que, desde su perspectiva, los estragos ocasionados por la epidemia eran consecuencia del “abandono” de las autoridades que no proporcionaban los “medios para evitar el mal” sino que, por el contrario, ayudaban a propagarlo.[13] De tal manera, se hacía necesario citar a los integrantes del Ayuntamiento y a los médicos residentes para buscar alguna solución, ya que el delegado sanitario, un médico de apellido López, había fallecido. Sin embargo, el presidente municipal de la localidad, Manuel Soncia, informó a dicho representante que sería imposible llevar a cabo la reunión solicitada, pues los empleados municipales, los integrantes del Ayuntamiento y los facultativos habían sido afectados por la influenza, que causaba grandes “estragos en la ciudad”.

Por el contrario, en Comitán, Rubén Pinto presentó al gobernador tres propuestas, tras reunirse con los médicos de la población: cuidar el aseo personal, evitar aglomeraciones en paseos y fiestas nocturnas, y llevar un registro de las personas que desarrollaran una enfermedad desconocida. Esta información se la proporcionaría tanto a los médicos de Tapachula como a los del Consejo Superior de Salubridad. La paranoia generada por la epidemia se ve reflejada en la solicitud de Noé Domínguez, presidente municipal de Cintalapa, pidiendo al gobernador que la guarnición militar le facilitara “gente armada” para impedir el ingreso de personas provenientes de Arriaga y otras poblaciones aledañas, pues se temía que en su tránsito por el cerro de San Fernando y la costa extendieran el contagio. El gobernador autorizó la movilización de tropas, pese a que se mencionaba que eran 30 las personas que circulaban en la zona.[14]

La influenza en Tuxtla Gutiérrez

En la capital del estado se disponían diversas medidas con miras a evitar la propagación de la enfermedad. A Silviano Mayorga, capataz de obras públicas, se le ordenó comprar una cantidad suficiente de adobes que se utilizarían para cubrir las puertas de las casas desinfectadas. Además, se le encargó al colector de rentas que adquiriera diez arrobas de azufre para enviarlas de manera inmediata a Tuxtla, en tanto que a Héctor Maldonado, jefe de la sección de Gobernación y Beneficencia, se le entregaron 150 pesos para la adquisición de desinfectante. Una tarea similar se le asignó a José María Álvarez, presidente municipal de Arriaga: comprar una lata grande de creolina y una caja de alcohol de 30 grados. También se estableció que Alberto Chanona, Abraham Gamboa y Román Sarmiento tuvieran abiertas sus boticas día y noche. Por otra parte, se solicitó que se construyera un albañal en el Asilo Infantil, pues se decía que de ese establecimiento salía un derrame de agua en estado de descomposición, lo cual representaba un “grave perjuicio” para la salubridad pública y requería de una solución inmediata;[15] la directora del asilo, Soledad C. de León, indicaba que por lo menos se les debía dotar de cubetas de madera para retirar las aguas de manera manual. En respuesta, el gobernador se limitó a ordenar la limpieza de la calle y que se impidiera la dispersión del agua.

Una solicitud que causó controversia fue la dirigida a la Secretaría de Comunicaciones del gobierno federal para que autorizara la apertura de cartas y sobres procedentes de las regiones afectadas por la influenza, medida propuesta por los médicos de la localidad, persuadidos de que la fumigación no bastaba para detener el avance de la enfermedad.[16] Para convencer de la necesidad de aprobar esta petición, el gobernador Pablo Villanueva afirmaba que la influenza se había propagado por todo el estado, de tal manera que había contagiados desde San Gerónimo hasta Tapachula; sin embargo, la proposición no fue aprobada porque violaba los artículos 25 constitucional y 240 del código postal que prohibían la apertura de las misivas.

Villanueva decidió entonces nombrar un Consejo de Sanidad provisional, integrado por Francisco Rincón, Ponciano Burguete e Ignacio Ramírez, médicos que habían cumplido su tarea con creces, y pidió al presidente del Consejo Superior de Salubridad que los ratificara en el cargo y concediera a dicho consejo entera libertad para actuar a lo largo y ancho de la entidad federativa dictando las medidas necesarias para erradicar la enfermedad del suelo chiapaneco. Las gestiones del gobernador rindieron frutos: el 13 de noviembre el Consejo Superior de Salubridad les otorgó a los tres médicos el nombramiento de delegados sanitarios. Una de las primeras disposiciones que impulsaron fue la de poner en cuarentena a los viajeros provenientes de Arriaga.

Para evitar que la influenza se manifestara en la capital, Villanueva propuso al Ayuntamiento de Tuxtla tres acciones: el blanqueamiento de los edificios, tanto en su interior como en su exterior; la publicación de medidas profilácticas e higiénicas que ayudaran a evitar el contagio, y el nombramiento de una Junta de Socorros, integrada por “personas idóneas”, con el objetivo de recaudar fondos que se destinarían a la curación de las personas de escasos recursos.[17] Esta última disposición fue promovida por el presidente de la Junta de Sanidad de la ciudad de México, José María Rodríguez, quien propuso que la Junta de Socorros estuviera conformada por tres personas que se encargarían del manejo y distribución de los recursos, así como de la compra de medicinas. Como tarea adicional, tendrían que invitar al mayor número de personas a sumarse a la campaña de recolección de fondos. Para repartir las medicinas, se debía crear una brigada, integrada por “personas honorables”, que las suministrarían a enfermos insolventes o que carecieran de atención médica.

Villanueva propuso que a Fidel Solís, Vicente R. Marín, Enoch C. Araujo y Abraham Gamboa se les nombrara miembros honorarios de la Junta de Socorros que formaría el Ayuntamiento, cuya primera tarea sería la de suministrar alimentos a las personas provenientes de Arriaga que se encontraban confinadas en la finca El Cedillo en tanto se verificaba su estado de salud. Los gastos serían cubiertos por su gobierno y se cargarían a la partida 154 del presupuesto de egresos.[18] Las boticas debían mantenerse abiertas toda la noche y abstenerse de subir los precios de las drogas, bajo el riesgo de ser sancionadas.[19] El director del Hospital General mandaría un enfermero a El Cedillo con medicina suficiente y contrataría una cocinera para preparar los alimentos a los enfermos.

A principios de noviembre, un periódico de Chiapas publicó el tratamiento de Tomás O. Mallofret, eficaz para detener la “terrible peste denominada influenza española” y cuya sencillez lo ponía al “alcance de todas las inteligencias y de todas las fortunas”. El procedimiento consistía en macerar chile blanco en aguardiente comiteco durante quince días, y de esta mezcla agregar siete gotas a una infusión de yerbabuena. También recomendaba tomar un purgante y un vomitivo como medio preventivo y desinfectar las habitaciones en las que se encontraran los enfermos. La publicación advertía que no se habían probado las virtudes del remedio, pero lo difundía por si alguna persona quería utilizarlo.[20] De igual forma, informó que a causa de la influenza había muerto el médico Raúl López, que se desempeñaba como director del Hospital Civil de Tapachula y era delegado del Consejo de Sanidad. Su lugar fue ocupado por el médico Arturo G. Serrano, quien determinó que la influenza se manifestaba primero con un dolor que invadía todo el cuerpo, sobre todo en la cintura, cabeza y pecho, al que seguía una rápida elevación de la temperatura, pero sin que apareciera catarro nasal. La enfermedad se tornaba grave cuando alcanzaba la forma de bronconeumonía infecciosa hemorrágica.[21]

En la región del Soconusco la situación era grave, según el mismo periódico, pues reportaba que el 65% de los habitantes de Tapachula y Arriaga estaban infectados. Entre otras acciones de emergencia, se solicitaron a la ciudad de México 500 ampolletas antineumocóxicas; al superintendente del ferrocarril Panamericano, el préstamo de un tanque de petróleo crudo; que la Colecturía de Rentas del Soconusco proporcionara auxilio a los necesitados, con la aprobación de los respetivos presidentes municipales y del representante del gobierno; que los presidentes municipales de las cabeceras departamentales reunieran a los médicos, a fin de que propusieran las medidas profilácticas e higiénicas necesarias para detener la propagación de la influenza, y, por último, que la estación de Arriaga se cerrara al tráfico ferroviario.[22]

Como el número de muertos aumentaba, el gobernador solicitó a los jueces del Registro Civil de los municipios de Tapachula, Tonalá, Escuintla, Huixtla, Mapastepec, Pijijiapan y Arriaga que llevaran un registro de las defunciones ocurridas hasta ese momento. La petición sólo fue acatada por tres jueces: el de Buena Vista informó 20 muertos, el de Pijijiapan reportó 19 y siete el de Arriaga. Sin embargo, la mayor mortalidad se presentó en Tapachula, donde se consignaron 140 defunciones entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre, entre ellos los regidores Pintos, Federico Gallegos y Antonio Rieke, así como Isaac Salas, que se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento, y Luz Cerdio, alumna de la Escuela Normal de Profesoras.[23]

Como la disposición de establecer un cordón sanitario en Tuxtla Gutiérrez se había descartado, el gobernador Villanueva pidió al general Jesús M. Padilla, jefe de operaciones en el Estado, que dictara órdenes para evitar la llegada de viajeros provenientes de Arriaga. Los temores del gobernador no eran infundados, pues el presidente municipal de Cintalapa se quejó de que sus habitantes estaban enfermos como consecuencia de ese tránsito, pero los militares no pudieron detenerlo. A pesar de los rumores en la capital del estado en torno a que la influenza comenzaba a cobrar víctimas, el médico J. P. Burguete declaró que no existía peligro, pues las personas que habían arribado estaban enfermas del estómago y no de influenza. Sin embargo, advertía que la epidemia no estaba contenida, por lo que pedía cuidar la higiene, único recurso para impedir que se presentaran “futuras calamidades”.

A pesar de que no se había aprobado la petición relativa a la apertura de las cartas, los médicos encargados de la Salubridad Pública, con el apoyo del gobernador, recomendaron al administrador de correos que la correspondencia local se distribuyera sin sobres, después de ser desinfectada; la medida comprendía a los municipios de Chiapa de Corzo y San Cristóbal de Las Casas. En el caso de las misivas dirigidas a otras poblaciones, sólo se procedería a su desinfección. El gobernador creó asimismo una comisión cuya finalidad sería visitar los hoteles y cuarteles de la ciudad, con el fin de notificar los casos de enfermedad que descubriera.[24]

Algunos municipios se vieron en la necesidad de solicitar apoyo al gobernador para llevar a cabo las acciones de prevención. Tal ocurrió en Escuintla, donde tuvo que intervenir el coronel Laureano Pineda. Para contribuir a la recaudación de fondos destinados a combatir la epidemia, Elvira A. de Burguete se dio a la tarea de organizar una Junta de Caridad de la cual sería nombrada presidenta, y de la que también formarían parte el profesor Mariano B. Martínez, como secretario, Eliseo Narváez como tesorero y Carlota G. de Castellanos, Flora M. de Maza, Mercedes R. P. viuda de Róbelo, Herlinda A. viuda de Esquinca, Luisa C. de Cano, Manuela Esponda de Moguel, Juana Zamora, el licenciado Raquel D, Cal y Mayor y Vicente Liévano como vocales. La Junta determinó que no se recabarían fondos hasta tener la certeza de que la enfermedad se había manifestado en Tuxtla.

Ante la ruptura del cordón sanitario de Arriaga, el jefe del servicio sanitario de la Jefatura del Sureste requirió que se instalara un puesto de socorros en Pichucalco para evitar el ingreso de personas provenientes de Tabasco. Pese a las previsiones, a menudo se ignoraron las estipulaciones sanitarias, tal como ocurrió en San Fernando, en donde el presidente municipal denunció que el subteniente jefe de la guarnición dejaba pasar a las personas sin considerar los graves perjuicios que ocasionarían a la salubridad pública. Con el avance de la enfermedad, se produjeron casos desesperados como el de Rugardo Pérez, jefe de policía de la capital, que pidió al gobernador la contratación de más gendarmes, pues los que estaban a su cargo se encontraban enfermos.[25] El Ayuntamiento carecía de personal encargado de la inhumación de los cadáveres procedentes de los hospitales de la ciudad, por lo que demandó que se le proporcionaran soldados. El gobernador se negó con el argumento de que la mayor parte de los militares se encontraban enfermos y sugirió que se obligara a los vecinos a trabajar en las labores de enterramiento, en virtud de que se trataba de un asunto de fuerza mayor.

Por otra parte, Villanueva pidió al Departamento de Salubridad que enviara una brigada sanitaria y medicinas para la atención de los enfermos. De igual manera, autorizó que se le pagaran 250 pesos a Trinidad Marín, en compensación por el apoyo que había brindado en Tapachula para detener la propagación de la influenza (cantidad que se sufragó del rubro “Hacienda Pública”). De nueva cuenta, solicitó a los jueces del Registro Civil de los Departamentos de Soconusco y Tonalá que llevaran un registro de las defunciones, información que se entregaría a la secretaría general de gobierno cuando concluyera la contingencia. El juez de Escuintla informó que se habían producido 76 defunciones, aunque creía que la epidemia estaba en retroceso pues un día antes sólo se habían reportado dos muertes, y en los días anteriores, entre cuatro y cinco; por su parte, el de Pijijiapan refería 106; el de Tonalá, 75; el de Arriaga, 57, y el de Tuxtla, 40. El juez de Tuxtla manifestaba que las cifras no eran tan confiables, ya que la enfermedad había adquirido diversas denominaciones como fiebre, pulmonía, influenza catarral y gripa de vías respiratorias.[26]

El 21 de noviembre, la prensa desestimaba el impacto de la influenza en la capital, pues aducía que no se habían producido más que siete u ocho defunciones, cinco de ellas en los hospitales y dos o tres en casas particulares. En poblaciones como Tapachula y Arriaga se había suscitado un notable decrecimiento o se reportaba su completa supresión. Ante tales rumores, un grupo de comerciantes se acercó al capitán José Balandra, encargado de la oficina del Estado Mayor del Sureste, para solicitar que el ferrocarril reanudara sus actividades y, de esa manera, no resultaran perjudicados sus intereses. Sin embargo, Balandra manifestó que la epidemia no había menguado y debía consultar el caso con las autoridades sanitarias, a fin de determinar la acción más conveniente.

La prensa publicó un artículo en el cual un médico de la capital recomendaba la profilaxis como la “verdadera arma de combate” contra la influenza, siempre que actuara directamente en la higiene interna, es decir, en el estómago, intestino y riñones; si no existía una predisposición a la enfermedad, desaparecía el peligro.[27] A pesar de las previsiones, en la capital del estado comenzaron a presentarse casos de influenza. Por tal motivo, el gobernador pidió al Ayuntamiento que se nombraran dos comisiones: la primera tendría el objetivo de obsequiar medicinas a la “clase desvalida”, cuyo costo sería asumido por el gobierno; la segunda estaría integrada por regidores, encargados de vigilar que las boticas no aumentaran el costo de las medicinas. Debían poner los precios en las puertas de sus establecimientos, para así evitar el alza inmoderada.

El alcalde de la cárcel pública, Mariano Enríquez, pidió al Ayuntamiento la provisión de medicinas y que se destinara un médico para atender a los 22 presos que estaban enfermos de influenza.[28] La petición sería respondida de manera positiva por el gobernador, que ordenó a Ponciano Burguete practicar la inspección de los pacientes. Gracias a que algunos ayuntamientos cumplieron con el requerimiento de reportar el número de fallecidos por causa de la epidemia, se puede conocer el desarrollo de la enfermedad en distintas localidades. Así, en la tercera semana de noviembre se reportaron 12 muertos en Arriaga y 31 en Pijijiapan. Resultan interesantes los informes de los presidentes municipales de Metapa, Frontera Díaz y Mapastepec, pues son notables las disparidades: mientras que el primero decía que del 1 al 23 de noviembre se habían registrado ocho muertes, el segundo indicaba que habían sido 63 y el último declaró 359. Algunos jueces del registro civil aprovecharon la tragedia para sacar dividendos. Por ejemplo, el de Ocozocoautla exigía el pago de un peso por el trámite de las actas de defunción. El presidente municipal lo denunció, expresando que había muerto mucha “gente menesterosa” que carecía de familia para sepultarlos, y demandó que se aclarara si era legal el cobro.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentaron las autoridades fue la falta de medicamentos. Para solventarlo en el hospital de la capital, el gobernador pidió a los dueños de las boticas que se los proporcionaran a Alberto Rodríguez, quien fungía como administrador, con cargo al Estado. Por supuesto, la capital no era la única que padecía esta carencia, pues Villa Corzo y Villa Flores pedían urgentemente medicinas para atender a sus enfermos, solicitando que fueran entregadas en Tonalá a un empleado del gobierno.[29] La tarea recayó en el colector de rentas, a quien se le autorizó que empleara cien pesos en la compra de medicamentos para Villa Flores. A pesar de haber actuado con prontitud, en esas dos poblaciones murieron entre 500 y 600 personas. La situación no empeoró gracias a la intervención del coronel Florentino de la Rosa, quien no sólo procuró la atención de sus soldados sino de la población en general. El escenario se tornó tan grave en Palenque que su presidente municipal le insistió a Villanueva que hablara con su homónimo tabasqueño, a fin de que éste les enviara los fármacos que requerían.

El aumento en el número de muertos en la capital ocasionó que el gobernador ordenara que se les enterrara de inmediato. Aunque los informes de la comunidad de Arriaga indicaban que en la última semana de noviembre había disminuido la cifra de fallecidos, en otros lugares se lanzaban llamadas de auxilio. Esto ocurrió en la pequeña población de Catazajá, en donde se decía que la gran mortandad se debía a que carecían de elementos médicos. Ante la posibilidad de que la influenza se manifestara en el Departamento Las Casas, el gobernador mandó información a los presidentes municipales de Simojovel, Ocosingo, Salto de Agua y San Cristóbal sobre algunas medidas preventivas que la gente debía tomar, como la desinfección de las habitaciones y la ingestión de laxantes, quinina o jugo de limón, además de no desvelarse ni abusar de la comida.

En caso de contagio, se exhortaba a tomar purgantes, hacerse lavados intestinales, abstenerse de alimentos fríos, mantener una temperatura estable, tomar té con coñac o medicamentos como aspirina, analgesina, cloruro de quinina y cafeína pura. También se recomendaba hacer inhalaciones de agua caliente a la que se agregarían 80 gotas de un preparado que contenía alcohol, eucalipto y mentol.[30] Los reportes de los ayuntamientos daban cuenta de que la situación era complicada en algunos lugares. Por ejemplo, en Chiapa de Corzo la mayor parte de los empleados estaban enfermos y pedían instrucciones. Cosa similar se vivía en la población de Salto, donde el arribo de una escolta militar, proveniente de Tabasco, causó alarma; se habían reportado varios enfermos de influenza y era de temerse que se propagara la enfermedad, por lo que se pedía a las autoridades militares aislar a los enfermos o que retornaran para su tratamiento.

Los informes de los jueces del registro civil daban cuenta de lo gravoso que resultó el paso de la influenza por diferentes poblaciones, aunque con notables variaciones en la consignación de los datos. Por ejemplo, los de Tapachula, Escuintla y Tuzantlán asentaron el número de muertes ocurridas entre el 31 de octubre y el 30 de noviembre; en la primera población fueron 447 y en la segunda 102. Caso contrario fueron los municipios de Acacoyagua y Arriaga, que sólo notificaron de los incidentes ocurridos en los últimos días de noviembre: en la primera comunidad se registraron 49 decesos y sólo cinco en la segunda. Destaca la postura del juez de Escuintla, quien advertía que esas cifras no reflejaban el total de fallecidos pues, a raíz de haberse enfermado de influenza, se encontraba “indispuesto para trabajar”; el presidente municipal y el secretario del ayuntamiento, quienes podría haber llenado las actas correspondientes, también estaban enfermos.[31] Un escenario similar trazaron los redactores del periódico Chiapas Nuevo, explicando que no habían podido editar varios números como consecuencia de que sus empleados y los de la imprenta se habían contagiado de influenza.

La crítica situación de San Cristóbal

A principios de diciembre, la influenza avanzaba con su estela de muerte en diversas poblaciones. A pesar de que en la localidad de Arriaga sólo se reportaron cinco muertes, el panorama en San Cristóbal era dramático. Carmen Ayanegui, en representación del Ayuntamiento, notificaba que las autoridades políticas estaban enfermas y se calculaba que había más de 10 000 infectados. Esto provocó que escasearan los artículos de primera necesidad, además de que sólo había un médico y una botica para atender a los afectados. También se tenían noticias de que en los pueblos vecinos había numerosas personas contagiadas. Para atender la contingencia, se constituyó una Junta Central de Socorros, integrada por Timoteo Flores Ruiz (presidente), Guadalupe Coello Lara (vicepresidente), Carlos Coello, Carlos Ballinas, Carlos Flores Tovilla (vocales), y Ciro Coello (secretario). Ayanegui solicitó que se les prestara auxilio y la autorización para que Román Sarmiento abriera su botica.

Por otro lado, el presidente municipal de Catazajá informó que la mayor parte de la población estaba enferma y por este motivo se había tenido que autorizar la inhumación de cadáveres en lugares “bien acondicionados”, fuera del panteón. La grave situación sanitaria provocó la suspensión de las elecciones municipales, que serían pospuestas hasta que mejoraran las condiciones higiénicas. En Tonalá se reportaron 27 muertes, cifra que hizo creer a las autoridades municipales que la epidemia había cedido; sin embargo, al igual que en Catazajá, no se llevarían a cabo las elecciones.[32] Como las cosas empeoraban, Ayanegui solicitó que el gobernador ordenara a los ayuntamientos vecinos, incluidos aquellos que no pertenecían al departamento, que prestaran auxilio a San Cristóbal, pues no existían personas que pudieran trabajar. El funcionario autorizó las peticiones con el argumento de que se debía proceder con “energía” en cuestiones de salud pública. Por ello, mandó abrir las boticas y, si los propietarios se negaban a atenderlas, se pondría a un encargado que sería vigilado por un regidor. También informó que una brigada se dirigía a la localidad con medicina suficiente para atender la contingencia.

Aunque Ayanegui solicitó a los dueños de las boticas que abrieran sus locales, uno de ellos contestó que le resultaba imposible atender la petición porque su empleado estaba “en pésimas condiciones de salud” y nadie más podía atender el establecimiento. Ante la gran mortandad que se manifestaba en San Cristóbal, las autoridades sanitarias propusieron al gobernador que las poblaciones cercanas ayudaran a enterrar a los muertos. Inmediatamente giró la orden a los presidentes municipales de Chamula, Tenejapa, Huixtán, San Felipe, Santa Marta, San Miguel, San Pedro Chenalhó, Santiago, Zinacantán, San Andrés, Amatenango y Nuevo León enviaran cinco hombres para colaborar en aquellas tareas, puntualizando que su salario sería cubierto por el ayuntamiento sancristobalense. Esta disposición no sería bien recibida por los pobladores de San Pedro Chenalhó, quienes mandataron a los escribanos José Hernández, Manuel Arias, Manuel Guzmán y Antonio Ruiz para que expusieran las razones por las que no estaban dispuestos a ejecutar los trabajos solicitados.[33] En primer lugar, nadie les había indicado qué tipo de funciones efectuarían; en segundo lugar, tenían conocimiento de que en la ciudad se había manifestado la influenza, y en tercer lugar, el cuidado de sus achiales, mangales y diversos cereales requería de la mayor parte de su fuerza de trabajo, y abandonar sus cosechas representaría un grave problema a futuro, pues no tendrían lo suficiente para atender las necesidades de alimentación de sus familias.

Entre los muchos argumentos que presentaron estaba que su presencia en San Cristóbal hasta cierto punto resultaba contraproducente, ya que se podría propagar la enfermedad a una región en donde apenas se habían presentado algunos casos. También argüían que ellos habían realizado trabajos personales sin recibir contribución alguna, como ocurrió cuando alimentaron a los caballos del Ejército Constitucionalista, labor en la que emplearon tres días y no recibieron ningún pago. Otra razón era que desplazarse a San Cristóbal, situado a 30 kilómetros de su población de origen, les impondría no sólo abandonar sus labores, sino tener que cubrir los gastos para alimentarse. De igual forma, apelaron a que, por ley, estaban prohibidos los servicios personales y temían por su salud, debido a que la influenza podría infectarlos a causa de su “humilde alimentación y poca higiene”. Finalmente, argumentaron que exigirles tal contribución violaba el artículo quinto de la Constitución. Resulta interesante destacar que los escribanos especificaban que el presidente municipal había solicitado a cada “principal” siete trabajadores, cuando la orden original estipulaba cinco por población.[34]

San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez no fueron las únicas poblaciones que tuvieron que recurrir a la contratación de personal para inhumar cadáveres. También Chiapa de Corzo, cuya mano de obra recibiría su pago de la partida 154 del presupuesto. Sin embargo, el 6 de diciembre se notificó que la ayuda de los trabajadores ya no resultaba necesaria, porque se iban a designar gendarmes para continuar con la labor de los entierros. El gobernador indicaba que llegaría a San Cristóbal una brigada sanitaria, que tendría la tarea de ayudar a los pueblos cercanos y repartir medicinas.

Entretanto, en la población de Arriaga el número de decesos disminuyó al mínimo (un muerto). Lo contrario sucedió en San Cristóbal, en donde se hablaba de 15 000 enfermos y una tasa de mortalidad media de cincuenta personas diarias. De hecho, el gobernador pintaba una catástrofe para todo el Estado, pues decía que faltaban medicinas, los víveres escaseaban, no había personas que quisieran enterrar a los fallecidos, el número de médicos era insuficiente para atender a la población, y el pueblo estaba desmoralizado y era presa del pánico. Por consiguiente, los diputados chiapanecos solicitaron al Consejo de Salubridad que mandara medicinas. El Consejo respondió el 6 de diciembre que Francisco Araujo sería el encargado de llevarlas a la estación de Arriaga.

Como la situación se tornaba grave en San Cristóbal, el gobernador Villanueva ordenó que las boticas de Alberto Chanona, Abraham Gamboa y Román Sarmiento permanecieran abiertas toda la noche. De igual manera, pidió al coronel Delgado, jefe de la Brigada Sanitaria, que enviara a algunos de sus miembros para que ayudaran a la población. La respuesta fue que no podían dividirse, se les comisionaba en conjunto a aquellos lugares que se consideraban prioritarios.[35] Delgado informó que se encontraban en Salto de Agua y ya tenían la orden de trasladarse a San Cristóbal, pero carecían de medio de transporte y solicitaban un automóvil. Sin embargo, el viaje no se llevó a cabo porque varios miembros de la brigada, incluido el médico, habían enfermado y se dirigirían a San Cristóbal hasta haberse restablecido.

Los informes revelan que la enfermedad causaba estragos; las defunciones aumentaban de manera inexorable, a tal grado que no bastaba el número de gendarmes para enterrar a todos los muertos. Las personas contratadas para esa tarea se negaban a continuar con sus labores debido a que el colector de rentas no les había pagado. Con la intención de contribuir a la erradicación de la epidemia, el gobernador autorizó que la Colecturía de Rentas entregara 300 pesos al vicepresidente de la Junta de Socorros, que estarían destinados a la compra de medicina para la “clase menesterosa”; en caso de no contar con esa cantidad, la Junta estaba facultada para pedirla en calidad de préstamo. De igual forma, le pidió al ayuntamiento efectuar el entierro de los cadáveres de manera inmediata y a una profundidad conveniente para evitar un nuevo brote. Para cumplir con lo dispuesto, la Junta de Socorros propuso que se nombrara una Junta Especial de Higiene y salubridad, la cual debía vigilar que las inhumaciones se llevaran a cabo de manera adecuada para que no se produjeran mayores males. El difícil estado de cosas que se vivía quedaba de manifiesto en el caso del juez del registro civil, Emiliano Trujillo, quien prefirió renunciar a su puesto para atender a su familia que se encontraba enferma de influenza.

En Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo con datos del registro civil publicados por la prensa, del 15 al 30 de noviembre se registraron 149 defunciones por causa de la influenza, y 95 del 1 al 7 de diciembre. El último dato podía sugerir que la enfermedad comenzaba a ceder y sólo era cuestión de días para que desapareciera del territorio chiapaneco. La aseveración carecía de fundamento, pues el periodo era más corto y proporcionalmente el número de muertos más alto. El periódico ratificaba que San Cristóbal era la población que había sufrido mayores estragos y que ninguna se había salvado de tener casos de influenza.[36]

En Comitán el escenario también era funesto, pues se habían registrado 3 mil enfermos y cuarenta fallecimientos. La Junta de Socorros de la localidad había comenzado a reunir fondos para ayudar a las víctimas de la epidemia. Gustavo J. Vázquez, encargado de la oficina telefónica, informaba al gobernador que entre el 7 y el 9 de diciembre habían fallecido 47 personas; no contaba con cifras anteriores. Vázquez aprovechó la oportunidad para denunciar que el presidente municipal no había acatado las recomendaciones sanitarias.

En esa misma localidad, la Junta de Caridad y Sanidad pidió autorización al gobernador para trasladar a los presos enfermos al lazareto, petición que se fundaba en el hecho de que la cárcel se encontraba en un lugar céntrico y esto complicaba las cosas debido al gran número de enfermos que se tenían que atender. La solicitud fue rechazada porque se carecía de fuerzas policiales que los vigilaran. De hecho, el presidente municipal, Rubén Pinto, informó que la falta de guardias había originado la fuga de muchos presos, quedando únicamente los enfermos. La propia población decidió entonces tomar en sus manos la custodia de la cárcel, pero la falta de medicinas impedía que se lograra la curación de los reclusos. También se denunciaba que había escasez de alimentos y que los municipios cercanos no les prestaban ayuda, pues estaban en la misma condición. El lazareto tuvo que ser abandonado, debido a que se carecía de fondos para su sostenimiento.

En esas mismas fechas (7 a 9 de noviembre), se reportaron diez fallecidos en Arriaga y doce en Suchiapa. En esta última población se había producido un incidente que provocó un cuestionamiento del gobernador hacia el presidente municipal, a quien se le acusaba de negligencia pues varios cadáveres habían sido devorados por perros.[37] Erasto Pérez reconoció que había ocurrido el episodio, pero la culpa debía recaer en el jefe de la plaza, que se tomaba atribuciones que no le correspondían; por ejemplo, ordenar que los cadáveres se llevaran al cementerio sin tener personal encargado de sepultarlos. Para evitar males mayores, Pérez ordenó a la policía visitar las distintas secciones, a fin de reunir los cuerpos de los fallecidos y proceder a su inmediata inhumación. De igual manera, manifestaba que la epidemia de influenza había sido contenida, al sólo registrarse ocho muertes, y que se había evitado la propagación de un brote de viruela. El 17 de diciembre, Pérez declaraba que la influenza y la viruela habían desaparecido de la población.[38]

El gobernador Villanueva reconoció, en una carta a las autoridades federales, que la situación de Chiapas era extrema, no sólo por causa de la gran mortandad sino por el desabasto de artículos de primera necesidad, y pidió auxilios pecuniarios para la atención de los indigentes. Es importante destacar que las autoridades chiapanecas realizaron todo lo posible para disminuir los efectos de la epidemia. El estado solventó los gasto de las medicinas, remedios y preparados que incluían productos como el purgante de sal, las jaquequinas, las píldoras de quinina, las píldoras de Guille, el aguarrás, el aceite de almendras, las pastillas de bromo quinina, la mielquitrán, las indianas y la pomada alcan. El recibo expedido por la farmacia Eureka, el 10 de diciembre de 1918, indicaba que se pagaron casi 35 pesos por los anteriores medicamentos. Un par de notas emitidas por el Hospital General, con fechas 12 y 20 de diciembre, dan cuenta de un gasto de 35 y 149 pesos, respectivamente. Una parte de ese dinero había sido aportado por Fernando Farrera, colector de rentas de Tapachula, por lo que se ordenó a la Tesorería General del Estado que se lo reintegrara. [39]

La prensa presentaba datos que exponían la magnitud de la tragedia acaecida en Chiapas. Registraba que del 14 de noviembre al 15 de diciembre habían ocurrido 657 defunciones en San Cristóbal, 327 en Tuxtla Gutiérrez, 536 en Tapachula, 357 en Chiapa de Corzo, 215 en Ocosingo, 206 en Soconusco, 63 en Tuzantán, 34 en Cacahoatán y 21 en Ixtapangajoya.[40] También se tenía noticias de que en Huixtla y Zapaluta había muchos enfermos, aunque no se especificaba su número. Los datos estadísticos de los once municipios del Departamento de Tuxtla Gutiérrez demostraban que los más afectados por la enfermedad eran los de Tuxtla, Cintalapa y Ocozocoautla. Entre los once municipios del Departamento de Tapachula, los más castigados fueron Tapachula, Tuxtla Chico, Huehuetán, Tuzantán y Escuintla. Y de los diez municipios del Departamento de Las Casas, fueron San Cristóbal, Copainalá, Pantepec y Totolapa.

El Consejo Superior de Salubridad y la Comisión Sanitaria de la Secretaría de Guerra mandaron a la región varias brigadas sanitarias para la atención de los enfermos, con el objetivo de frenar a la influenza, pues se tenía conocimiento de su presencia en los países sudamericanos. La Brigada Sanitaria en Chiapas se dividió en dos partes: una se dirigió a San Cristóbal, mientras que la segunda permaneció en Tuxtla Gutiérrez, esperando que se le designara un destino. En un primer momento, se pensó enviarla a Comitán, pero al final se trasladó a Chiapa de Corzo. La Brigada que había llegado a San Cristóbal, lugar que presentaba las condiciones de mayor gravedad, estaba conformada por seis médicos. De nueva cuenta, se les solicitó a los de San Pedro Chenalhó que auxiliaran en la inhumación de los cadáveres y en respuesta remitieron una protesta al gobernador, quien decidió exceptuarlos de ese servicio.[41]

Por otra parte, en Zapaluta, municipio del Departamento de Comitán, el aumento en el número de infectados ocasionó que la comisión de salubridad pidiera al presidente municipal la apertura de una suscripción para la compra de medicinas, la cual estaría a cargo de Catalina Cancino. Además, se sugería nombrar cuatro Juntas de Sanidad que tendrían la obligación de remitir información sobre el número de personas contagiadas y proveerlas de medicina. Al final, se optó por que las juntas fueran organizadas por la policía, debido a la imposibilidad de integrarlas con los vecinos pues se encontraban enfermos.

La mortalidad en el Departamento de Comitán presentó un notable incremento: 232 defunciones en Comitán, 98 en Socoltenango, 88 en Las Margaritas, 59 en Zapaluta, 43 en Pinola y 17 en La Independencia. Algo semejante ocurría en el Departamento de Tuxtla, donde se notificaron 193 muertes en Tuxtla Gutiérrez, 83 en San Fernando, 62 en Ocozocoautla, 62 en Cintalapa, 22 en Terán y 6 en Copoya; no existe información sobre los municipios de Suchiapa, Berriozábal, Jiquipilas y Morelos (Espinal). En otros municipios no se hacía referencia al número de fallecidos, como Copainalá, pero se decía que se requirieron 58 fojas para registrar los decesos a causa de la “gripa”. Con el propósito de que la influenza no se volviera a manifestar en el territorio chiapaneco, se distribuyeron instructivos que debían colocarse en los lugares más visibles.

Entre las recomendaciones estaban desinfectar las manos con una solución de creolina y sanear los vasos, platos, cucharas y ropa de los enfermos. En adición, se prohibían las visitas a los contagiados, cuyo cuidado estaría a cargo de una persona; también se tenían que evitar los excesos, las “asoleadas” y los “enfriamientos”; otras indicaciones eran enjuagar la boca con una solución de agua oxigenada o de sal con bicarbonato, y aspirar mentol o vaselina mentolada.[42] En caso de sentir alguna molestia, se aconsejaba tomar un purgante de aceite de ricino o sal de higuera. Pasado el efecto, se sugería ingerir cuatro porciones de sal de quinina en un intervalo de una hora, además de cocimientos de quina o de canela con nuez vómica. Para atacar la tos pertinaz era necesario tomar cualquier pectoral o azufre en pastillas. Las previsiones ya no fueron necesarias porque la epidemia desapareció y los registros indican que no volvió a manifestarse. Sin embargo, la influenza había dejado una huella muy profunda en territorio chiapaneco.

A manera de conclusión

Los testimonios presentados en la introducción mencionan que la epidemia de influenza había causado una baja demográfica considerable en diversas poblaciones del estado de Chiapas, al grado que Antonio Cruz exclamó que “algunas casas quedaron vacías, la gente se mermó mucho”. Aunque podría parecer exagerada la afirmación del entrevistado, lo cierto es que la información consultada muestra que murieron 4 729 personas en Chiapas (véase cuadro 1). Sin embargo, se debe tener en cuenta que los datos recopilados revelan notables limitaciones, pues no todos los municipios reportaron el número de fallecidos. Las autoridades sólo mandaron datos de un periodo y no de todo el lapso en que se manifestó la pandemia en su respectivo territorio, además de que algunas ni siquiera respondieron a la petición del gobierno estatal. También es importante mencionar que ciertos datos se contradecían o daban cifras inexactas, como sucedió en Villa Flores y Villa Corzo, donde se decía que murieron entre 500 y 600 personas, o en Copainalá, que no informaba cuántos decesos tuvo; por ese motivo no se tomaron en consideración para el conteo final.

¿Cuál fue el impacto demográfico de la influenza en Chiapas? Según el censo de 1910, la entidad contaba con 438 843 habitantes repartidos en catorce departamentos, mientras que el de 1921 evidenciaba una disminución, pues se registraron 421 744 personas. La baja demográfica no se podría explicar sólo por causa de la influenza, pues es de recordar que la entidad federativa sufrió una constante inestabilidad política que derivó en una guerra civil; las pérdidas a ella debidas podrían representar el 36 % de la población faltante. Sin que la cifra se tome como definitiva, el número de muertos en Chiapas fue menor que en otras entidades. Por ejemplo, en Tlaxcala fallecieron 9 448 personas y 7 375 en la Ciudad de México. Sin embargo, en Chiapas fue mayor que en Puebla, donde se registraron 1 828 muertes.[43]

Resulta significativa la manera en que se propagó la enfermedad, pues siguió la ruta del ferrocarril Panamericano, a pesar de que se emitieron diversas disposiciones para tratar de detener su avance. Del Soconusco pasó a los Valles Centrales y continuó su recorrido hasta Los Altos, región donde se produjo la mayor mortandad, sobre todo en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. En varias comunidades existieron problemas para enterrar a los cadáveres, realidad de la que los testimonios también dieron cuenta. La influenza se manifestó en Chiapas en la segunda oleada, es decir, entre los meses de octubre y diciembre, y aunque se presentaron algunos casos en enero, prácticamente la enfermedad había desaparecido en esos momentos del territorio sur de México.

Figura 1. Datos de fallecimientos en el estado de Chiapas entre octubre de 1918 y enero de 1919. Elaboración propia con base en distintas fuentes.