Mundos de muerte

Carlos Illades y Teresa Santiago, Mundos de muerte. Despojo, crimen y violencia en Guerrero, México, UAM-I / Gedisa, 2019.

Yair Balam Vázquez Camacho*

En un país como México en el que —de 2006 a 2022— se han vuelto recurrentes las noticias sobre asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, fosas clandestinas, decapitados, desmembrados, colgados, cuerpos disueltos en ácido —entre muchas otras formas de violencia— a diario escuchamos informaciones sobre operativos militares, enfrentamientos armados, detenciones ilegales y emboscadas; es tarea ineludible investigar, reflexionar y caracterizar de manera crítica y sin concesiones nuestra situación presente. Esto es lo que Carlos Illades y Teresa Santiago llevan a cabo de manera magistral en: Mundos de muerte. Despojo, crimen y violencia en Guerrero.

Sobre el tema de la violencia desatada en nuestro país y su combate por diferentes gobiernos —panistas, priistas y morenistas— con sus estrategias —de 2006 a 2022— ha proliferado una copiosa literatura tanto periodística como académica que ha hecho un esfuerzo por caracterizar, comprender y explicar la situación de emergencia que vivimos; sin embargo, esos esfuerzos han sido, del lado periodístico, muchas veces superficiales y sensacionalistas. Y del lado académico, fragmentarios y con débil sustento teórico; frente a esa historiografía, el libro de Illades y Santiago recupera una visión estructural, integral y global del conflicto. En un diálogo entre la historia y la ciencia política,[1] los autores analizan los procesos mediante los cuales se configuran los Mundos de muerte —que implican— despojo, crimen y violencia y que, a decir de los mismos, se subsumen en categorías más amplias: guerra irregular, capitalismo criminal y necropolítica. Así, en el primer capítulo: “Mundos de muerte”, ponen las cartas sobre la mesa y desglosan las tres categorías que atraviesan el libro: guerra irregular, capitalismo criminal y necropolítica.

En primer lugar, en Guerra irregular se preguntan si es legítimo llamar “guerra” al combate emprendido por Felipe Calderón (2006-2012) contra el crimen organizado y, si es así, cuál es la mejor caracterización que explique y ayude a comprender la realidad que tenemos ante nuestros ojos —despliegue de tropas, enfrentamientos, desplazados y desaparecidos, etcétera—; para ello analizan los alcances y límites de categorías como: “guerra civil”, “guerra civil económica”, “dimensión geopolítica de la guerra”, “insurgencia criminal”, “narcoinsurgencia”, “insurgencia comercial”.

Exploran el enfoque centrado en las estrategias estatales para enfrentar al crimen: “guerra social”, “guerra contra los pobres” o “la otra guerra”, aquella que en la vorágine de la violencia —con la acción, complicidad u omisión del Estado— asesina luchadores sociales, defensores de los derechos humanos y periodistas. Rescatando y descartando elementos de todas estas categorías, Illades y Santiago caracterizan la situación presente como una guerra interna —el enemigo es interno y difuso— irregular —el Ejército se enfrenta a bandas armadas o ejércitos particulares combatidas con el modelo de la contrainsurgencia—.[2] Así, guerra —interna— irregular les sirve a los autores para caracterizar un combate en donde no sólo se mezclan, sino interactúan, en ocasiones agravando la violencia distintas fuerzas del Estado (federal y regional), contra grupos delincuenciales (de características y potencia letal diferente), lo que lleva a desarrollar estrategias variadas: desde operativos militares con fuerzas federales (ahora Guardia Nacional), hasta programas sociales para mitigar múltiples carencias que se registran en la población guerrerense.

En segundo lugar, con el capitalismo criminal, plantean cómo a la sombra del Estado fue germinando la economía criminal que en el estado de Guerrero se manifiesta por medio del mercado de las drogas. Negocio multimillonario que integra los planos local, regional, nacional y mundial de la producción/consumo de mercancías. Sostienen que, frente al vértigo de la acumulación ilimitada de valor, la empresa capitalista requiere suprimir toda interferencia a su racionalidad voraz; por lo que la consigna es “limpiar” las áreas disponibles, despojar a quienes viven y trabajan en ellas, activar el capital ocioso mediante la “privatización universal”, es decir, la actualización contemporánea de la llamada acumulación originaria de capital.[3] A lo que se suma la coerción de la fuerza de trabajo hacia los campesinos (para cultivar, cosechar y vender la goma de opio) y los jóvenes para engrosar las filas del sicariato. Así, bajo la lógica del capitalismo criminal, “el Estado y el crimen operan en beneficio de la empresa neoextractivista, de la cual uno obtiene rentas en la fiscalidad oficial, implantada por el Estado, y el otro en la fiscalidad paralela, impuesta por la economía criminal”.[4] A decir de los autores, el capitalismo criminal requiere de una tolerancia de facto por parte del Estado, lo anterior sumado al debilitamiento del mismo en el neoliberalismo, ha derivado en una pérdida de soberanía; lo que desde Achille Mbembe se conoce como “gobierno privado indirecto” o “soberanía fragmentada”, es decir, una suerte de feudalización del espacio nacional, un mundo de los señores de la guerra que dominan zonas enteras donde suele haber recursos naturales codiciados.

Por último, respecto de la necropolítica, categoría que les sirve a los autores para explicar el fenómeno de la violencia y el modo de desplegarse a partir de una nueva forma de soberanía que decide la vida y muerte del sujeto y que en el estado de Guerrero se expresa en altos niveles de deshumanización. Este proceso parte de la usurpación de la soberanía por parte de las organizaciones criminales, lo que no sólo incluye el territorio sino la fiscalidad o “cobro de piso”, el “monopolio de la violencia legítima” que se manifiesta en la sociedad y en la relación con las personas en una “soberanía sumaria” en la que quien detenta el poder real posee la facultad de determinar “quien puede vivir y quien puede morir”, así como quién “decide sobre el valor o disvalor de la vida en tanto que tal”, convirtiendo el acto de matar en una acción política, y, quien esto decide, no concibe a sus víctimas como personas —ni así mismo como sujeto moral— sino como objetos devaluados, prescindibles y sustituibles. Así, las expresiones violentas de mutilar, desollar, disolver en ácido, no sólo expresarían la crueldad y la deshumanización que puede alcanzarse cuando se instaura el necropoder, en estos actos se estarían expresando, a decir de los autores: la comunicación impune de los criminales, la inspiración de respeto y el terror.[5]

Así, guerra irregular, capitalismo criminal y necropolítica son las categorías que recorren el libro y forma la estructura conceptual que sustenta el análisis de la realidad y que les permite abarcar y dar cuenta de diferentes aspectos de las violencias que se ha entronizado en muchas de las regiones del país y, específicamente, en comunidades del estado de Guerrero.

En el segundo capítulo: “El capitalismo criminal”, Illades y Santiago se centran en detallar las condiciones de posibilidad que permitieron la violencia descontrolada en el puerto de Acapulco y que, a decir de ellos, partió de tres fenómenos: la concentración urbana con altos índices de miseria, la descomposición de los aparatos de seguridad asociada a la guerra sucia y la modificación de la ruta de las drogas de Sudamérica hacía Estados Unidos después de sellar el tráfico por el Caribe.[6] Así, la geografía del estado quedará signada por las empresas criminales del narcotráfico en las que el puerto de Acapulco será zona de tráfico; la sierra Madre del Sur será la región de la producción de adormidera o amapola para la elaboración de heroína, y la capital, Chilpancingo, ejemplificará la modalidad predatoria que representa la renta o “derecho de piso”, sin dejar de señalar que las distintas regiones del estado serán presa de las políticas neoextractivistas, por las cuales tierras, bosques, subsuelo (madera, oro, aguas, etcétera) serán aprovechadas por los conglomerados transnacionales formando un contexto de guerra y muerte contra las comunidades locales que resisten y tratan de preservar sus recursos.[7]

En el tercer capítulo: “Necropolítica”, se detalla el proceso mediante el cual los “señores de la guerra” se asentaron en los distintos territorios del estado suriano debido a la historia de cacicazgos que han mediado entre las comunidades y el Estado. A decir de los autores, “los cacicazgos son bastante funcionales para llevar a cabo la privatización de los bienes públicos y de las comunidades, sofocar eventuales resistencias sociales y controlar los procesos electorales”,[8] de igual manera, los caciques han funcionado como una suerte de mediadores entre la sociedad civil y la sociedad política, manejando redes clientelares, prebendas electorales, votantes y consensos dentro de la clase política; en estas tramas y mecanismos de dominación y violencia histórica fue que, con la declaración de guerra en contra del crimen organizado —por parte del presidente Calderón en 2006—, las violencias se multiplicaron a grados superlativos y se configuraron los “mundos de muerte”. Esa necropolítica, a decir de los autores, tiene sus antecedentes en Guerrero con la contrainsurgencia y guerra sucia por parte del Estado en contra de los movimientos cívicos, campesinos y armados de los años sesenta y setenta, y que “nunca cesó en la entidad, instaurando un estado de guerra que conecta a aquella con la guerra contra el crimen organizado desatada por la segunda administración panista”.[9] En este capítulo se describen también los distintos operativos contra las 22 bandas criminales registradas en el estado de Guerrero, muchas provenientes de las fracturas del cartel de los Beltrán Leyva. Así como las formas de resistencia social que surgieron en distintas zonas del estado y que se expresaron por medio de autodefensas y policías comunitarias.[10]

En el cuarto capítulo: “Resistencias”, se pasa revista sobre las distintas luchas populares llevadas a cabo por el pueblo de Guerrero: arrancan en el siglo XIX; la Revolución mexicana; las rebeliones estudiantiles y cívicas de los años sesenta; las guerrillas modernas de mediados del siglo XX —Genaro Vázquez con su ACNR y Lucio Cabañas Barrientos con el Partido de Los Pobres PDLP—; las luchas electorales de los años ochenta y noventa; las resistencias campesinas y ecologistas de finales de siglo, así como las organizaciones indígenas y policías comunitarias de principios del siglo XXI. Illades y Santiago destacan que los acontecimientos sociales y políticos que suceden en el estado alcanzan repercusión nacional debido a que Guerrero “constituye el polo que sintetiza la desigualdad, injusticia e impunidad que se genera y produce cotidianamente en México”.[11] Toda esa tradición histórica de luchas populares y reivindicativas se han enfrentado y se enfrentan —como puntualmente sostienen los autores— con “las violencias caciquil, estatal y delincuencial según el tiempo y la circunstancia” y esto ha quedado demostrado, ya que podemos decir que de “Aguas Blancas a la Noche de Iguala, la sociedad guerrerense y el país entero vieron cómo las cosas han cambiado únicamente para empeorar, cómo el Estado autoritario puede degradarse total o parcialmente en formas criminales”.[12]

Después de analizar —en los capítulos precedentes— las distintas formas en las que se expresa(n) y manifiesta(n) la(s) violencia(s), Illades y Santiago cierran el libro con un capítulo dedicado al tema de las víctimas. Colocándose en una posición analítica y crítica, rechazan caracterizaciones simplistas como las de “daños colaterales” y “víctimas propiciatorias”[13] ya que, a decir de ellos, “pasan por alto el factor humano y moral que acompaña la victimización”; en contraposición, sostienen que la condición de victima esta dada por una doble violencia que la atraviesa —retomando la tesis de Slavoj Žižek—, la subjetiva o “manifiesta” (muertes, desapariciones, desplazamientos, fosas) y la objetiva o “estructural” (desigualdad e injusticia social).[14] Esta manera de abordar la violencia en sus dos niveles les permite afirmar que las víctimas de la guerra interna irregular, en su gran mayoría lo eran ante bellum. Es decir, eran víctimas de la injusticia estructural que prevalece en México, con lo que la guerra sólo vino a empeorar las frágiles condiciones de vida de miles de familias a lo largo y ancho de la geografía nacional y, de manera particular, en el estado de sureño;[15] lo que ha provocado la configuración de círculos de violencia interminable que ha llevado a que Guerrero se desangre y muestre con toda su crudeza expresiones de violencia desbordadas como la gran cantidad de muertos (asesinados, masacrados), desaparecidos (fosas clandestinas) y desplazados (“desplazamiento forzoso”), mismos que son analizados de manera detallada en la parte final del libro.[16]

Por último, he de decir que este libro se nos presenta como una investigación imprescindible y necesaria para comprender las distintas formas de violencia —del pasado y del presente— que nos aquejan frente a la guerra interna e irregular, sorda y ciega. Ya sea para un público amplio, el texto aclara, explica y detalla las formas de despojo, crimen y violencia que padecemos a lo largo y ancho del país; como para un público de especialistas, el libro nos aporta herramientas conceptuales, teóricas y metodológicas para la comprensión y acercamiento a los mundos de muerte que nos han tocado vivir. Sostengo y estoy cierto de que este libro se convertirá en un referente historiográfico para el conocimiento y análisis del estado de emergencia social, la situación de urgencia y la catástrofe humanitaria en la que desafortunadamente estamos empantanados desde hace ya más de una década (2006-2022).