El CIDE: vueltas y revueltas en la educación superior en México

Carlos San Juan Victoria*

El conflicto ocurrido en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Económico (CIDE) a partir de junio del 2020 y que inició por el cambio de su director general, y luego, de otros de sus directivos, abrió un debate público a propósito de las relaciones, en tiempos de la llamada 4T, entre gobiernos e instituciones educativas creadas y financiadas por el Estado mexicano. Es un debate acotado al intenso vaivén del presente, con muy poca perspectiva histórica y que se muestra como una lucha abierta entre un gobierno “populista” y autoritario que quiere callar voces críticas, y las comunidades académicas que resisten y luchan por la libertad de cátedra y la autonomía. Sin aceptar los términos politizados de esa definición, lo que importa es mostrar el canon de una narrativa. Todo lo que se juega está preso en esa definición del instante. Sólo que esa “representación” del instante lo desgaja de los procesos vividos en el cruce de los siglos XX y XXI. La narración no toma en cuenta “todo lo que se juega” en ese mismo instante. Es un exceso de presentismo.[1] La historia ayuda a restablecer parte de su complejidad actual, pues aparecen factores y contextos que se eluden en esa polarización del presentismo. La muy necesaria y saludable defensa de la libertad de cátedra, de la autonomía académica y de sus propios órganos de gobierno, desplazó así en ese debate, el necesario vínculo de esas instituciones con los grandes problemas nacionales, las mejores políticas públicas para tratarlos, en una perspectiva urgente de desarrollo económico.

La preocupación por el Desarrollo

En la historia reciente de estas instituciones, en particular, de los años setenta del siglo pasado a la fecha —un arco de 50 años—, este juego de defensa de la pluralidad ideológica, de la libertad de cátedra, de rangos de autonomía, y a la vez, de su convergencia o no con las políticas de los gobiernos en turno, muestra rasgos muy complejos. En principio, la educación superior y la ciencia en países como México fue asunto de gobierno, y en menor escala, de iglesias, banqueros y empresarios, con los casos pioneros del Tecnológico de Monterrey y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Varias de las instituciones centrales del actual tejido de ciencia y educación superior surgieron en el gobierno de Luis Echeverría, es el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), órgano rector de la ciencia y la tecnología, y la Universidad Autónoma de Metropolitana (UAM). La UNAM, bajo la dirección de Pablo González Casanova, creó su plataforma para convertirse en una universidad de masas: el sistema de los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH). Sus comunidades científicas y educativas avanzaron en la consolidación de sus tradiciones de defensa de la libertad de cátedra, garantía de un pluralismo de ideas y de márgenes de gobierno propio. Todo ello con la ambición de crear formas avanzadas de pensamiento orientadas a lo que, en el marco de las leyes, las políticas públicas y los consensos del momento, definen como el interés público, o bien, el interés nacional.

La marca del origen

El CIDE, en ese sentido, es un ejemplo relevante. Surge en 1972 como una opción para nutrir con cuadros de alto nivel el gobierno de Echeverría, quien tenía como centro de sus políticas un fuerte programa de reformas para lograr el verdadero desarrollo, con redistribución del ingreso. Se pretendía superar la principal falla del exitoso proceso de crecimiento vivido en treinta años, pero que había concentrado en pocas manos la riqueza del país. El consenso desarrollista, que rigió en las tres décadas previas, afrontaba problemas variados: escasas exportaciones, salarios y mercados internos disminuidos, sistemas escolares rebasados por el crecimiento poblacional y mayores requerimientos de empresas, gobiernos y el sector social, todo ello con una fuerte debilidad fiscal por evasiones y exenciones. Sus dos corrientes de pensamiento más fuertes, la de los “monetarista”, preocupados por la estabilidad monetaria, y la de los “estructuralistas”, con inclinación al fomento de la inversión pública y el papel rector del Estado, que otrora gozaron de fuertes coincidencias en la atmósfera de la prosperidad, en cuanto surgieron los síntomas de la crisis en puerta, se distanciaron. El gobierno de Echeverría descansó en los segundos, con la oposición creciente de los primeros.[2]

Para dos personajes claves de su gabinete en cuanto al fomento de la economía: Horacio Flores de la Peña, secretario de Patrimonio Nacional, y el entonces muy joven Francisco Javier Alejo, director de la prestigiada revista El Trimestre Económico, al Gobierno le urgía reclutar economistas de alto nivel que pudiesen responder a esa búsqueda del desarrollo de una economía mixta y en apego a la justicia social redistributiva, ya que su antiguo surtidor de cuadros, la Escuela de Economía de la UNAM, se había confrontado y roto con esa tradición a raíz del movimiento estudiantil de 1968 y de su cruel represión, a manos, (entre otros) de Luis Echeverría. Fue en esa circunstancia que surgió el CIDE, en un ambiente de reformas económicas y sociales progresistas que coincidió con la llegada a nuestro país de la emigración de profesores e intelectuales de varios países bajo dictaduras militares que coadyuvaron a fortalecer un enfoque de desarrollo económico incluyente de las mayorías. Su origen estuvo marcado entonces por una clara ambición: que los estudiantes mexicanos tuvieran opción de estudiar en México lo que de otra manera hubiese requerido acudir a universidades extranjeras y recibir enfoques no necesariamente adecuados a la realidad nacional. La maestra Trinidad Martínez Tarragó, (Barcelona, España; 1928 - Ciudad de México, México; 5 de julio de 2018) quien concibió el proyecto para crear esta institución, decía:

Me preocupaba que, si bien el conocimiento tiene que ser universal, la visión del primer mundo puede influir en crearle al alumno una ilusión distorsionada de los problemas de su país, y restarle capacidad para entenderlos y, de ser el caso, diseñar las políticas orientadas a su solución. Esto puede ser más cierto en el caso de la Economía. La convicción de que México necesitaba un esfuerzo mayor en términos de postgrados se me hizo evidente, o sea, había necesidad de nuevas instituciones donde se pudiera captar a los mejores egresados de las licenciaturas y formarlos, aquí en México donde, sin duda, había académicos de buen nivel para hacerlo, muchas veces desaprovechados.[3]

Sus primeros egresados salían con Maestría en Economía Pública, pues no había licenciatura. “El CIDE se convirtió en bastión del pensamiento desarrollista de izquierda y keynesiano de México y mantuvo importantes vínculos con el Departamento de Economía en la Universidad de Cambridge”.[4]

Esa abierta promoción de una corriente de la economía se reflejaba también en la gran editorial gubernamental, el Fondo de Cultura Económica (FCE), y en su revista El Trimestre Económico.

En el lapso de 1972 a 1987 el CIDE se convirtió en uno de los principales referentes sobre las temáticas del desarrollo con redistribución y sobre los ingentes problemas de deuda, inflación y caída del crecimiento que a partir de 1982 estallaron en México y luego en América Latina.

En esos primeros quince años de su existencia, los departamentos, institutos y programas en los que se organizaba la labor académica y docente de la institución, se publicaron numerosas obras que aún hoy siguen ofreciendo una atinada lectura de las dificultades de aquel modelo de desarrollo, así como de los peligros que representaban las incipientes políticas orientadas a imponer lo que más tarde conoceríamos con el nombre general de neoliberalismo.

El Departamento de Economía Mexicana elaboró consistentes explicaciones sobre las causas del déficit externo, el endeudamiento y la amenaza que representaba para la soberanía nacional la política de apertura económica indiscriminada, así como la fatídica “petrolización” de la economía.[5]

La segunda refundación

Pero ya para los años ochenta, y de manera muy clara bajo la presidencia de Salinas de Gortari, el consenso desarrollista fue sustituido por una modernización exportadora y de mercados internos para las poblaciones de medianos y altos ingresos. Ocurría en una sociedad agobiada por la “década perdida” de los años ochenta en crisis, y donde prosperó un clima polémico en la opinión pública de si se abandonaba la idea de una economía nacional fuerte a cambio de la integración con Estados Unidos de América y la adaptación a una forma de globalización que exigía soberanías acotadas, dispuestas a sacrificar su industrialización protegida y abrir sus mercados y sus recursos naturales.

Con el triunfo de esa forma de modernización, el Ejecutivo federal procedió entonces a reorganizar las ideas económicas y sus aparatos de educación, investigación y asesoría a gobierno y empresas. A Carlos Bazdresch Parada, graduado del Tecnológico de Monterrey, que junto al ITAM eran las principales escuelas financiadas por banqueros y empresarios para generar sus propios cuadros técnicos —y donde se impartía a los neoclásicos que impulsaban las universidades americanas como Harvard—, se le encargó reorganizar la revista El Trimestre Económico, a la que ingresan a su consejo editorial profesores del ITAM y escasos de la UNAM y El Colegio de México.[6] Su objetivo: imponer la versión americana de los economistas neoclásicos alemanes, en particular con la influencia de la Universidad de Harvard. Surgió entonces el predominio de autoridades y profesores no sólo en el CIDE, sino también en universidades públicas, formados en Estados Unidos y que promovieron la “americanización”, el nuevo universalismo, de esa ciencia económica. Este mismo personaje, Carlos Bazdresch Parada, luego se trasladó al CIDE donde procedió a reformar la planta de profesores, el plan de estudios, a fin de que su orientación a la economía pública, a modelos apropiados para propósitos nacionales, se “americanizara” a favor de los mercados globales. De entonces y hasta el sexenio de Zedillo, el CIDE fue depurado en su planta de profesores, en sus programas de estudios y en sus estatutos de gobierno.

De igual manera, en esa lucha por reorientar los aparatos educativos y científicos de alto nivel, se procedió a darle un nuevo perfil al Conacyt y al gasto educativo, otra vez con el concurso de Bazdresch. Las nuevas tecnocracias gobernantes se preocuparon por estos ámbitos, pero cambiaron su sentido. En lugar de ampliar los presupuestos a las universidades públicas, duramente tratadas en los años de crisis y con críticas abiertas a su funcionalidad y nivel, se dedicaron a reorientar el gasto de manera selectiva, con métodos de evaluación constante, y asignaciones según indicadores de desempeño, exactamente igual a lo que se estableció en las universidades de Estados Unidos. Un fino e implacable modo de disciplinar y orientar el trabajo de profesores, científicos y estudiantes.[7]

El choque entre la nueva política económica de los gobiernos neoliberales y las instituciones al servicio de un proyecto de desarrollo nacional fue brutal, dio origen al sistema de relaciones de la ciencia, la tecnología y la educación superior, que a la fecha sigue vigente en buena parte. No hubo en ese parto la fuerza suficiente de amortiguamiento por parte de las tradiciones liberales de libertad de cátedra y de autonomía que permitieran la pluralidad de corrientes dentro del nuevo sistema y que fomentaran un debate intenso sobre las políticas públicas aplicadas con sus costos nacionales, sociales y ambientales.

Más allá del “presentismo”

Con el mandato de las urnas de julio del 2018, la actual administración planteó una reorganización del modelo económico que, a más de tres años de gestión, no es una “vuelta al pasado”, ni una continuidad con lo que había. Se rescatan las finanzas públicas y se hace eficiente su cobro sin una reforma fiscal. Hay mayor inversión pública hacia el sur del país, pero se mantiene y se fomenta el T-MEC. Se reorienta el presupuesto público en parte hacia el bienestar social y se promueven megaproyectos que descansan en buena parte en la inversión privada, a la vez que se hace una gestión macroeconómica escrupulosa y se combate a la corrupción.

En este cambio en curso, que es consustancial al orden democrático, es fundamental que la posible reorganización del sistema de ciencia, tecnología y educación superior no repita la historia vivida en la administración de Salinas y de Zedillo. Es decir, que se tiene que escuchar a las comunidades involucradas, respetar la libertad de cátedra y el pluralismo, así como la autonomía, ya consagrada esta última en el artículo 48 de la Ley de Ciencia y Tecnología Federal: “Los centros públicos de investigación gozarán de autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa en los términos de esta Ley, y de gestión presupuestaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables”.[8]

También hay que reconocer que el CIDE es parte sustantiva del entramado institucional educativo que la nación, ahora a debate, requiere para reencontrarse con sus mejores impulsos y tradiciones en busca de un desarrollo propio en beneficio de sus poblaciones. El CIDE debe ser uno de los principales foros que discutan a fondo los grandes problemas nacionales, los modelos más apropiados para el desarrollo incluyente de sus mayorías y que promuevan una nación soberana, autosuficiente en áreas estratégicas en esta globalización cambiante, y con recursos educativos y tecnológicos de primer nivel.