Organización social en la Montaña de Guerrero frente a los procesos mineros

Florencia Mercado Vivanco^*

Montaña, tú eres nuestro refugio y fortaleza,
en ti descansa nuestro espíritu combativo.
Tus cerros vigías nos protegen de las acechanzas
de los enemigos del pueblo.
En este manantial de la resistencia,
se robustece nuestra lucha
que nos envuelve en este torbellino de esperanza.
“Montaña: Manantial de la resistencia
torbellino de esperanza” [fragmento][1]

Introducción

Muchas veces los temas llegan a nosotros sin que medie un plan y se convierten en nuestro mayor interés. Esto me pasó cuando me hallaba haciendo trabajo etnográfico en Guerrero, en donde me encontraba investigando la impartición de justicia en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria Guerrero (CRAC-PC), con sede en San Luis Acatlán. Fue el 5 de noviembre de 2010, con la llegada a las oficinas de la CRAC-PC de dos funcionarios de la minera Hochschild Mining PLC,[2] filial de la empresa Hochschild Perú, quienes se presentaron a informar a las autoridades que harían sobrevuelos en la región, mostrando los permisos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). A partir de ese momento mi interés etnográfico dio un vuelco; no puedo imaginar otra forma de hacer antropología que no sea desde el territorio, como espacio, como cuerpo, como espacio-cuerpos. En este texto me interesa destacar tres ejes que se desprenden de esta experiencia.

Partiré exponiendo un breve estado de la situación jurídico-económica que dio lugar al periodo de “extractivismo de alta intensidad” en México y cómo estos “nuevos” procesos de concesión y extracción de minerales metálicos han impactado en Guerrero, particularmente en la región Costa-Montaña. El segundo eje aborda parte de las respuestas que la población de esa región está llevando a cabo desde hace más de doce años y que se formalizó hace diez, como Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet), al cual pertenecen más de 400 comunidades representadas en núcleos agrarios y se siguen incorporando más, finalmente, a manera de preguntas, me interesa explorar una ruta de defensa patrimonial de la Montaña y de la Costa Montaña de Guerrero que, si bien puede resultar poco fértil en el entramado legal contemporáneo (en el que la actividad minera está por encima de cualquier otra), me parece importante pensar rutas desde la disciplina antropológica, una corriente de construcción teórico-práctica de defensa del patrimonio cultural, partiendo del hecho de que el patrimonio cultural material e inmaterial pertenece a los pueblos, en este caso, ñu’ saavi, nahuas y mè’ phàà.

Cabe señalar que esta tarea, que es cotidiana en las comunidades, ha sido documentada en la praxis política que se suscita en las asambleas comunitarias y regionales (en sus actas de asambleas), pero también por un gran número de antropólogos,[3] abogados y organizaciones que defienden el territorio, como el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y Tlachinollan, quienes han desarrollado un importante y sólido trabajo en el análisis de mitos, rituales, danzas, literatura, formas de organización política y económica, movimientos sociales y otros temas que han permitido desarrollar a lo largo del tiempo un lenguaje de lucha que hace posible abordar el territorio como patrimonio propio de los pueblos, desde la articulación de lo humano y lo no humano, entre “el patrimonio cultural inmaterial y material”.

Con la reciente publicación de la Ley del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos (LFPPCPCIA) se abre, de manera velada y muy a contracorriente, la posibilidad de reclamar los territorios como patrimonio cultural y trabajar en su defensa. Las siguientes líneas constituyen una invitación a pensar cómo hacerlo desde nuestros espacios de análisis.

Contexto minero nacional y su impacto en Guerrero

En 1992 el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos comenzó a publicar una serie de leyes que cambiaron la geografía política de nuestro país. Parte de los cambios radicó en el hecho de que la minería fuera considerada una actividad preferente sobre cualquier otra, siendo la Ley de Minería[4] “la herramienta jurídica clave para incentivar las inversiones de capital nacional transnacional interesadas en explotar el subsuelo mexicano”.[5] Esta ley requirió de otras reformas, como la de la Ley de Expropiación,[6] que califica a la minería como una actividad de uso preferente y la Ley de Aguas Nacionales[7] que abrió todas las facilidades de explotación del líquido en favor de las empresas extractivas, así como las reformas al artículo 27 constitucional y a la Ley Agraria, que fueron parte fundamental para la enajenación de los bienes ejidales y comunales. Ese entramado constituye la base de un modelo extractivo de alta intensidad, del que hasta ahora sabemos que “17 millones de hectáreas están concesionadas a las mineras [principalmente de origen canadiense], en el marco de un proceso que Gutiérrez califica como de-constituyente para el despojo”.[8]

Guerrero no es, quizás, una de las entidades federativas con más empresas mineras, pero sí es la que más conflictos políticos y sociales ha presentado por esta actividad, produciendo una clara tendencia de aumento de desplazamiento interno forzado[9] y la inseguridad conforme la actividad minera se profundiza.[10] Este hecho ha sido demostrado en un estudio realizado por Kelly Muñuz, Manuel Llano y Naxhelli Riuz, del Programa de Becas Posdoctorales del Instituto Nacional de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes analizaron diversas estadísticas publicadas por instituciones públicas, realizando cruces de información a través de un proxy, con lo que consiguieron probar que la actividad minera en sus diferentes fases tiene una correlación directa con los índices de violencia en el territorio nacional; sin embargo, las actividades a la que tradicionalmente se ha adjudicado la violencia en la historia de mediana duración son el narcotráfico y el crimen organizado, señalándolas como causantes de la conflictividad guerrerense, sin cuestionarse la presencia de actividades industriales, como la minería y los modelos de agricultura extensiva. Al respecto, es necesario señalar que la violencia producida por el narcotráfico también tiene variantes, una de ellas es el cambio del consumo de la heroína por el fentanilo en Estados Unidos.

Si observamos que, hasta 2011 Guerrero era el mayor productor de amapola en México, según cifras de la Sedena en sus 63 794 km², se producía el 60 % de toda la amapola del país.[11] Esta cifra tuvo un incremento año con año, pero este escenario se transformó de manera radical en 2020, año en el que inició el tráfico de fentanilo, dejando a las comunidades productoras de opio sin las precarias ganancias que obtenían por su producto. La caída del precio del opio, sumada a la falta de oportunidades laborales, plantearon nuevos escenarios en los que la producción de mariguana y goma de opio ya no tenían un papel central en la dinámica de las comunidades de Guerrero, a la que se le adjudicaban los altos índices de homicidios dolosos, desplazamientos internos forzados, las desapariciones forzadas y la extorsión, entonces vale la pena preguntarnos ¿por qué se siguieron incrementando los índices de violencia si la producción de drogas se mermó significativamente?, ¿cuál ha sido el papel de las fuerzas del orden del Estado en ese incremento de la violencia y cómo se relaciona con las empresas extractivas?

Recientemente, International Crimen Group publicó un artículo llamado “La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México”, en el que aborda los eventos que se consideran son detonantes de la violencia, entre los que destaca el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva, en manos de la Armada de México. De acuerdo con esta fuente, el grupo de Beltrán Leyva operaba en Guerrero bajo el mando del líder local Jesús Nava Romero, también conocido como “El Rojo”, que dio lugar al grupo con el mismo nombre. Con ese evento comenzaron a emerger grupos del crimen organizado como “Guerreros Unidos”, “Los Ardillos” y otros, como “los Rusos”, que ejercen una fuerte influencia sobre los gobiernos locales para poder llevar a cabo un sistema de orden basado en la extorción. La ciudad de Chilpancingo llegó al extremo de que “una de cada cinco personas manifestó que alguien había tratado de forzarlos a pagar ‘protección’”.[12]

Otro factor que se expone en el artículo citado es la tasa de impunidad de homicidios dolosos que, en 2021, fue del 96 %, así como en la probabilidad del 0.2 % de que las autoridades resuelvan determinado delito. Incluso los asesinatos de funcionarios estatales o candidatos, que, previo a las elecciones federales de 2018 estableció un récord de 32 personas y siguen sin ser resueltos, a los que se suman los homicidios y la represión que sufren los defensores del territorio. Vale la pena preguntarnos: ¿es el narcotráfico la actividad que desencadena la violencia en la entidad?

Respecto a la actividad minera, cabe señalar que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, si bien no ha otorgado más concesiones y extinguió la subsecretaría de minería desde el 1 de septiembre de 2020, en ese mismo año creó la “policía minera” que es una corporación de élite responsable de proteger los yacimientos mineros y cuenta con una primera generación de 118 policías del Servicio de Protección Federal (SPF). Este cuerpo policíaco tiene como objetivo proteger las inversiones de las empresas nacionales y extranjeras quienes gozan, ya de por sí, de una serie de privilegios fiscales, ambientales y económicos. De igual manera, en el Manual del Inversionista, publicado por la Secretaría de Economía, se siguen promoviendo las ventajas competitivas para desarrollar la minería en el país; y en el Plan Institucional del Servicio Geológico Mexicano se sigue proponiendo como primer objetivo “aumentar la exploración de yacimientos mineros para el desarrollo económico y sostenible del sector productivo minero”, a pesar de que dicho plan se haya vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Siguiendo esa lógica contradictoria con las empresas extractivas, el 5 de octubre de 2022, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció la reinstalación del Consejo Estatal de Minería, “con el objetivo de planear, programar coordinar y concertar, en materia de minería, para contribuir a la definición de políticas y estrategias para el desarrollo de la industria en el estado,”[13] a pesar de que en los últimos 10 años se han llevado a cabo 11 homicidios directamente relacionados con la defensa ambiental, 12 casos de lesiones, y decenas de casos de amenazas, criminalización, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, hostigamiento e intimidaciones.

Hasta aquí se podría pensar que las actividades extractivas traen grandes beneficios económicos, dada la defensa de los gobiernos locales, pero no es así. Respecto a las contribuciones que el Estado mexicano obtiene por la explotación de minerales metálicos, de acuerdo a los datos del Sistema de Información de Actividades Mineras, en Guerrero, “entre el 2018 y 2020 el valor de la producción aumentó un 16.5 % para las empresas”. En relación con estas cifras, “las aportaciones fiscales de la minería representan solamente 0.56 % de la recaudación total que el gobierno mexicano obtuvo en 2018 y 0.52 % en 2019.” Mientras que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue el único con el que la minería contribuyó a las finanzas públicas. “En 2018 aportó 2.7 % del total de la recaudación del ISR y en 2019, 2.3 %. El balance del impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) resulta negativo para el gobierno, por las erogaciones, devoluciones y estímulos que concede a las empresas. Para 2019, el IVA minero fue de ‑1.8 % y el IEPS fue de ‑0.3 %”.[14]

Esto se ratifica en el informe “Evasión en el sector de minería”,[15] elaborado por la Universidad de Coahuila, durante 2019 a 2021, ahí se expone que el pago de IVA proveniente del sector minero ha representado una erogación, lo que implica un desembolso para el Estado. El derecho sobre minería se calcula aplicando una cuota por cada hectárea o fracción concesionada o asignada a las empresas o personas físicas, y, durante el primer y segundo año de vigencia de dichas concesiones, los titulares de deben pagar apenas 8.04 pesos, durante el tercero y cuarto año de vigencia 12.02 pesos, y así sucesivamente hasta que a partir del décimo primer año de vigencia, se pague una “renta” de 175.90 pesos por hectárea. Esto es, ¿entre más ganancias, menos impuestos y más violencia?

Los estudios que cito brevemente exhiben una situación desgarradora. Las comunidades que están siendo afectadas por las actividades extractivas comienzan a sufrir los efectos desde que se proyecta la fase de concesión, que precisa de “tierras vacantes” para obtener enormes ganancias, partiendo de la especulación, que es el valor otorgado a la violencia, siendo este el escenario en el que se inscribe la lucha de los pueblos por sobrevivir.

Resistencias locales y regionales

La Montaña se ha resignificado en lo político de manera continua. Formalmente cuenta con veinte municipios: Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cuálac, Huamuxtitlán, Iliatenco, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Xalpatláuac, Tlapa de Comonfort, Xochihuehuetán, Zapotitlán Tablas y Santa Cruz del Rincón. Al margen de las estructuras administrativas estatales, la CRAC-PC y la Craadet han ampliado la región a lo que llaman “Región Costa-Montaña” en la que se incluye al municipio de San Luis Acatlán y ambos procesos también hablan, indistintamente, de un “territorio comunitario”, una construcción política y cultural que opera desde hace casi treinta años.

El Craadet es la estructura organizativa que surge con el enfoque de defensa de territorio. Germina a raíz de la resistencia al Proyecto de Reserva de la Biósfera y Minería en la Montaña de Guerrero, en octubre del 2012 en la comunidad de La Ciénega, municipio de Malinaltepec y desde entonces realiza acciones informativas, organizativas, jurídicas y políticas para que las mujeres y hombres de los núcleos agrarios accedan a información confiable y actualizada, con el objetivo es que puedan decidir libremente sobre la defensa de su territorio.

Los días 8 y 9 de octubre de 2022 tuve oportunidad de asistir a su décimo aniversario, donde se expusieron diversas problemáticas relacionadas con conflictos ambientales y las propuestas locales que se han generado. Los diálogos entre diversas experiencias nutren la lucha de la defensa de la Costa Montaña, pero me interesa retomar tres testimonios, que considero son claves para entender la problemática que atraviesan y, también los he escogido porque dan cuenta de la historia y los problemas que ha enfrentado la organización:

La lucha empezó en 2010, lo de Craadet empezó en 2012, yo fui presidente de defensa del territorio [...] Me tocó andar dos años en muchas localidades. En Tenamazapa me costó convencer, fuimos tres veces, pero no creían, no se juntaba la gente. Pero finalmente se juntó. En 2010 aquí en Iliatenco hubo vecinos que querían que la minera entrara a explotar, porque me llegaron documentos de ese señor, que me dijo: comisariado necesito tu autorización para que nos pongas cuatro personas, como peones, les vamos a pagar 150 pesos y hubo vecinos de aquí, del pueblo, que decían: ¡sí cédele! Y le dije que en asamblea lo íbamos a hablar. Un 10 de noviembre de 2012 convocamos una asamblea general de comuneros. Vinieron los hermanos Larequi Radilla, vino Javier y Francisco y un cuñado que era extranjero.[16] Pero hicimos nuestro documento que no a las mineras y vamos a seguir luchando. A cada autoridad se le dice que aquí debe cuidar el territorio. Recuerdo que un mayo de 2013 fuimos a una reunión a Cochoapa el Grande, ahí expuse yo que se hiciera un papelote, un oficio con más de 20 000 firmas y se hizo, nomás que como estaban varios representantes de comunidades y ejidos, pero el RAN no lo aceptó. Creo que hasta ahora no lo ha aceptado. Desde entonces Iliatenco ha estado en pie de lucha. Hay que defender el agua, los bosques. Antes venían las empresas madereras, nos quedaron mal. Hubo unas autoridades que les dieron fiado la madera. Iliatenco no tenía necesidad de vender. Hoy platicamos con los vecinos que no tenemos necesidad.[17]

Ésta es una síntesis que revela el inicio de la lucha contra una sola de las concesiones que ha emprendido el núcleo agrario de Iliatenco: “La Diana”, y los obstáculos que han tenido con las instituciones del estado para hacer válido su derecho de no tener concesiones mineras en su territorio, así como el obstáculo interno, representado por el ofrecimiento de pocos empleos para la comunidad, cuyo antecedente es la violencia económica.

El coordinador y vocero de la Casa de Justicia de la CRAC-PC, Raúl de Jesús Cabrera, en la lectura de los resultados de la mesa “Crimen organizado en la defensa del territorio”, entre muchos otros puntos, señaló que:

La policía [del Estado] no nos da seguridad, son los comunitarios los que se están moviendo. Entonces ese tema de seguridad va de la mano con la defensa del territorio. Si nos organizamos y nos unimos defendiendo lo que nos corresponde vamos a fortalecer nuestro movimiento. Entre más organizados estemos, a los gobernantes les va a preocupar. Es cierto que la gobernadora ya firmó un convenio con una empresa minera. Primero nos dijeron que no iba a haber más mineras, pero después ya vemos, no es verdad.[18]

Destaco este fragmento, porque tiene dos puntos medulares relacionados con el diagnóstico y las propuestas a las que se llegaron durante el encuentro: el primero, que es necesario que los pueblos sean los que determinen el orden y la jurisdicción de las regiones, porque las instituciones policiacas y militares, lejos de proteger, han vulnerado sus derechos territoriales y la libre determinación. En segundo lugar, la necesidad de mantener un orden interno que cierre la posibilidad de acceso a las empresas mineras por la vía del caos.[19] Esto, sin duda, es una propuesta que revitaliza las estructuras de seguridad, justicia y reeducación como la encargada de velar por la vía armada la defensa del territorio. Este argumento se refuerza con el testimonio del ex comisariado de Bienes Comunales de San José Vista Hermosa, quien señaló:

La estrategia ha sido levantar actas de rechazo [a la minería] e ingresarlas en el Registro Agrario Nacional, pero la RAN nos dice que nuestro documento no tiene validez, porque dicen que no tienen fondo y forma. Compañeros que no cuentan con Policía Comunitaria los invito a que se organicen. Porque no se trata nada más de papeles ni de palabras, se trata de estar armado, porque los delincuentes que vienen no vienen de brazo cruzado, ellos vienen con armas buenas, eso es lo que necesitamos los que estamos en defensa del territorio.

La respuesta de la gente en Guerrero generalmente es la defensa por la vía armada, por los abusos cometidos por las instituciones del Estado en la historia de larga, mediana y corta duración; sin embargo, hubo otras propuestas, como la de Salvador Campanur, del Consejo de Pueblos de Cherán, Michoacán, que abordó el tema de la necesidad de trabajar por la vía de la autonomía; la del director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, “considero que hay una dimensión sagrada del territorio que es el sentido de la gratuidad y de la reciprocidad. Una comunidad sabe que no puede existir si no tiene estas redes cosmogónicas, como son el agua, la tierra, los bosques, que forman parte del nicho sagrado de un pueblo que sabe que su matriz es el territorio, donde nace el sentido de pertenencia”.[20] El sacerdote de Malinaltepec, Melitón Santillán, quien habló poco, pero muchos hablaron de la importancia de su participación en todo el proceso de defensa del territorio y las presiones que ha tenido de las autoridades eclesiales para abandonar el tema, acusándolo de ser guerrillero, a lo que responde siempre que “defender el territorio es su obligación”.

Los logros de la Craadet en la defensa del territorio son enormes. Entre ellos, la articulación de 423 comunidades, 14 núcleos agrarios ya cuentan con un estatuto o un reglamento actualizado, han sido registrados seis en el RAN y tres han sido negados, además están en proceso de registro otros seis. Tlachinollan llevó todo el proceso jurídico de San Miguel del Progreso, Júbà Wájíín, comunidad que recibió una segunda sentencia a su favor, cancelando definitivamente una de las concesiones mineras de mayor importancia en la región Montaña, los municipios de Iliatenco, Malinaltepec y San Luis Acatlán ha presentado su declaratoria de libres de minería, pero falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación; se han cancelado 12 pagos de servicios ambientales claves para desaparecer la intención de Reserva de la Biósfera, lo que les permite mantener a la Guardia Nacional al margen de las comunidades. Todo esto soportado únicamente con el esfuerzo colectivo de la población y las autoridades comunitarias. El mayor de los logros: no se ha instalado ninguna empresa minera en la Costa Montaña.[21]

Patrimonio de los pueblos indígenas. Una propuesta de acción para la antropología

Catherine Good, en el trabajo de campo que desarrolló en el río Balsas, llegó a la conclusión de que el soporte de las relaciones sociales es la circulación de la fuerza de trabajo y que ésta no sólo opera en el mundo de los vivos, también incluye a los muertos, los objetos y la naturaleza. Los rituales agrícolas, matrimoniales, danzas, etcétera, son la fuerza que circula y la energía vital que se imprime en ellos. Esta idea es, sin duda, un préstamo cultural que puede resultar muy cuestionable, pero viendo la experiencia de la Craadet, cobra sentido. No hay una separación entre la persona y la naturaleza y ello me parece básico para comprender el sentido de pertenencia al territorio y la inversión que hace en su defensa, que es la defensa de sí mismos como personas y como pueblos.

Sobre la organización política, Danièle Dehouve sostiene que la organización comunitaria que se estableció en la Montaña de Guerrero se genera a partir de requerimientos administrativos del gobierno colonial para conformar las repúblicas de indios hacia mediados del siglo XVII, que después se convertirían en cofradías de indígenas. Esta organización sirvió para la explotación de oro y, poco tiempo después, la producción de alimentos básicos, destinados para mantener a los esclavos negros empleados en las minas, lo que nos da un antecedente directo de la relación histórica que guardan las comunidades con la minería,

Ambos análisis de la historia de Guerrero nos ayudan al análisis de temas claves y a entender la imbricación que existe entre las concepciones míticas de los pueblos ñu’ saavi, nahuas y mè’ phàà, y la relación que han guardado con la minería en su historia colonial, hasta siglo el XX, son temas que resultan urgentes de explorar, no sólo para entender de dónde viene la lucha por sus territorios, sino para vislumbrar propuestas desde la antropología para comprender la relación de la cultura con su territorio.

A raíz de la publicación de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (LFPPCPCIA), la definición de patrimonio cultural se puede abrir una puerta de análisis para la defensa del territorio, siendo éste:

[...] el conjunto de bienes materiales e inmateriales que comprenden las lenguas indígenas, conocimientos, objetos y todos los elementos que constituyan las culturas y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que les dan sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos, a los que tienen pleno derecho de propiedad, acceso, participación, práctica y disfrute de manera activa y creativa.[22]

Esta definición comprende la articulación relacional entre el patrimonio inmaterial de los pueblos con sus territorios, que ha sido uno de los elementos más conflictivos en la relación entre pueblos indígenas y afromexicanos con el Estado mexicano.

En adición, en su artículo 6, la LFPPCPCIA establece que, “en la aplicación de [esta] Ley se respetará el derecho de libre determinación y autonomía, así como las formas de gobierno, instituciones, sistemas normativos, procedimientos y formas de resolución de controversias de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.[23] Cito textualmente porque observo que existe una amplia posibilidad de que bastaría con una declaratoria patrimonial que cada pueblo y comunidad indígena haga conforme a sus sistemas normativos para que ésta sea una prueba documental pública en cualquier juicio, incluso, considero que debería ser incluida en cada reglamentación interna de la organización agraria, sobre todo en lo que hace al derecho colectivo a la propiedad del patrimonio cultural; la ley, en su artículo 13, sostiene que:

El Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas el derecho colectivo a la propiedad sobre su patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como a las manifestaciones asociadas a los mismos que, de manera continua o discontinua, han practicado y les fueron transmitidos por miembros de su propia comunidad de generaciones previas. También tienen derecho a la propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural.

Dicho reconocimiento les confiere la potestad de decidir las manifestaciones de su patrimonio cultural inaccesible a cualquier clase de uso o aprovechamiento por terceros y aquellas disponibles previo acuerdo y consentimiento de los involucrados.[24]

La inaccesibilidad del patrimonio cultural colectivo es un argumento sumamente importante en las declaratorias de libertad de minería y, sin duda, la Costa Montaña como región tiene los suficientes elementos para que se considere libre de minería desde la perspectiva patrimonial. Ésta es una ruta que aún no se ha explorado por lo reciente de la ley; pero considero que los antropólogos podemos colaborar en la argumentación jurídica para una protección patrimonial que amplíe los horizontes que se tenían con la Ley de Monumentos y Zonas Históricas y Arqueológicos de 1972, con el objetivo de que se respeten los derechos de autonomía y libre determinación de sus territorios.

Conclusión

Las relaciones que aquí se plantearon, son extremadamente complicadas y la propuesta vertida es inocente en el escenario de acumulación por desposesión[25] que se vive cotidianamente en las comunidades amenazadas por proyectos mineros; sin embargo, las organizaciones de base como la Craadet demuestran que es necesario echar mano de todos los elementos que coadyuven a la argumentación en defensa de sus territorios, en la que considero, los antropólogos tenemos una importante veta de trabajo.

El gobierno actual, pese a la publicación de LFPPCPCIA y al hecho de que no ha otorgado nuevas concesiones, no parece tener una agenda sobre el reconocimiento de los derechos indígenas ni mucho menos sobre una reforma sustantiva a la Ley de Minería. Esto se observa con la última reforma (24 de mayo, 2022), que únicamente abordó la nacionalización del litio, sin considerar las demandas de modificar el artículo 6 en donde se señala que “la exploración, explotación y beneficio de los minerales son de utilidad pública [y] serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”.[26] Tampoco se ha tocado la Ley Nacional de Aguas, pese a las demandas por los graves daños que ha ocasionado la inequitativa distribución de este líquido, así como los efectos de su contaminación por los procesos de lixiviación. Tampoco hay una propuesta a favor de los pueblos sobre las leyes de Biodiversidad y de fortalecimiento del derecho agrario, lo que vulnera las demandas de autonomía, defensa del territorio, defensa del agua y proyectos de autodesarrollo.

Las afectaciones sociales, políticas y económicas que han traído las “nuevas formas de explotación minera” responden a una agenda internacional que se verifica en tratados y convenios comerciales internacionales y la presión para terminar con esta situación de devastación requiere justamente, de la presión internacional. Por ello, es necesario documentar todos los esfuerzos locales por sobrevivir a estos procesos y, como señala Gasparello: “Es necesario historizar y localizar los conceptos de despojo y bienes comunes en términos estructurales y de relaciones de poder”,[27] sin perder la esperanza de que algo tenemos que hacer.