Defensa del territorio y los bienes ambientales: Lolita Chávez, maya k’iche’ de Santa Cruz del Quiché, Guatemala

Alba Patricia Hernández Soc^* / Angela Ixkic Bastian Duarte^**

Resumen
Este texto aborda el caso del Consejo de Pueblos K’iche’s (CPK), organización conformada por hombres y mujeres mayas-k’iche’ de Santa Cruz del Quiché, del Departamento del Quiché, Guatemala, quienes defienden su tierra, territorio y bienes ambientales ante la incursión de proyectos extractivos. Entre los rostros más visibles está Aura Lolita Chávez Ixcaquic, quien se reconoce como defensora del territorio, feminista comunitaria y sanadora. En 2010, el CPK realizó una Consulta Comunitaria de Buena Fe, en la cabecera municipal, Santa Cruz del Quiché, y en ella se rechazó los proyectos extractivos en su territorio. La organización se ha articulado a otros movimientos que se han opuesto a la minería, las hidroeléctricas, la tala ilegal, los monocultivos y los cableados eléctricos de alta tensión, que afectan al Departamento y pueblos de Guatemala.

Palabras clave: Guatemala, mayas-k’iche’, territorio, bienes ambientales.

Abstract
This text deals with the case of the Council of K'iche's Peoples (CPK). CPK is an organization made up of Mayan-K'iche' men and women from Santa Cruz del Quiché, Department of Quiché, Guatemala, who defend their land, territory and environmental goods from the incursion of extractive projects. Among the most recognized of these defenders is Aura Lolita Chávez Ixcaquic, who sees herself as a defender of the territory, a community feminist and a healer. In 2010, the CPK carried out a Good Faith Community Consultation, in the municipal capital of Santa Cruz del Quiché, which rejected the extractive projects in its territory. The organization has been linked to other movements that have opposed mining, hydroelectric plants, illegal logging, monocultures, and high-voltage electrical wiring, which affect the Department and towns of Guatemala.

Keywords: Guatemala, Mayas-K’iche’, territory, environmental goods.

Escenario de luchas por la tierra y el territorio

En el marco del modelo neoliberal, los bienes ambientales son sometidos a una máxima explotación, más devastadora que en periodos anteriores, que alcanza territorios hasta entonces no considerados por el capital; las economías se reprimarizan.[1] La mercantilización de la naturaleza trae o extiende el acaparamiento de tierras, la degradación ambiental, la explotación y el despojo. Estos territorios —tan valorados por el capital— son, generalmente, espacio de vida de comunidades indígenas y campesinas que de manera histórica, social y cultural lo han habitado.

A través de la modificación de marcos legales los territorios de las comunidades entran en disputa con proyectos extractivos, con grandes emprendimientos, complejizando los territorios hacia multiterritorialidades.[2] Eso es lo que ha ocurrido en el caso de Guatemala, que, dependiente de economías mayores, sacrifica y vacía su territorio en aras de la extracción de los bienes ambientales.[3] El proceso de explotación hunde sus raíces en la Colonia y se mantiene hasta la actualidad; parece una guerra en contra de los pueblos que han mantenido formas propias, culturalmente situadas, de relacionarse con su entorno, de concebir la propiedad y la tierra. Se habla incluso de un nuevo ciclo de acumulación capitalista.[4]

En la década de los noventa, Guatemala inició un proceso acelerado de apertura de capital. A la par, en 1996, con la firma de los Acuerdos de Paz, concluyeron 36 de guerra interna. De acuerdo con Rodríguez y De Luis, el país en este periodo experimentó la reprimarización de su economía; el Banco Central de Guatemala señala que la Inversión Extranjera Directa se concentra en el sector primario, el más dinámico de la economía nacional, y las industrias extractivas constituyen el principal destino del capital transnacional. Este renovado impulso primario-exportador ocurre especialmente en territorios en disputa y da lugar a un proceso de reestructuración territorial, que hace recaer los costes de la vulnerabilidad social y ecológica en las comunidades rurales, indígenas y campesinas. Son tres los sectores principales de este modelo extractivo: la minería, la agroindustria y la hidroeléctrica.[5]

Desde 1984 Guatemala ha firmado tratados internacionales con Estados Unidos, entre los que se encuentra la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que duró doce años con una modificación en 1990 por la Ley de Expansión de la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (ICC-II). México tuvo un papel importante para la pacificación del país y para la firma de tratados comerciales, como el Plan Puebla-Panamá de 2001, que abrió paso al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), y que en Guatemala entró en vigor en 2005.[6]

Durante el mandato de Álvaro Arzú (1996-2000), la minería modificó las regalías al Estado de 6 % a 1 %, y se generó un aumento en las licencias de reconocimiento, exploración y explotación en el país.[7] De 2012 a 2014, en el mandato de Otto Pérez Molina,[8] se aceleraron aún más los permisos para exploración y explotación minera. Por su parte, las hidroeléctricas tienen por objetivo abaratar y suministrar de manera constante energía eléctrica a parques industriales, al sector comercial y de servicios en el país, así como ampliar el mercado de los inversionistas de la construcción para autosuministrar sus propias plantas industriales. Con estos proyectos, Guatemala será el principal exportador de energía eléctrica de América Central del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).[9]

La “estabilidad” política y la apertura económica propiciaron la incursión de proyectos extractivos como la minería, hidroeléctricas y otros proyectos de generación de energía como la del carbono, industrias petroleras y monocultivos, así como la construcción de megaproyectos carreteros, sistemas de interconexión eléctrica, puertos marinos y otros, a cargo de empresas transnacionales, el Estado y grupos de poder. En aquellos territorios considerados estratégicamente ricos también hay presencia del crimen organizado, lo cual genera una mayor violencia e inestabilidad. Pierre Gaussens señala que en el discurso oficialista se equipara a estos grupos con mafias que capturan al Estado; sin embargo, estos grupos operan en realidad desde un enfoque empresarial económico, ocupándose de los negocios ilícitos a través de una red clientelar amplia donde están presentes el Estado y grupos de poder a nivel macro y local.[10]

Los llamados megaproyectos impactan negativamente en los bienes ambientales, desplazan a la agricultura y los medios de subsistencia (de acuerdo al Banco Mundial, 49 % de la población es rural); merman la salud de los habitantes, la seguridad y la gobernanza; por ellos se desplaza a las comunidades, se criminaliza, desaparece o asesina a los opositores, aparecen rupturas intracomunitarias, entre muchos efectos más. Las comunidades, a través de diversas estrategias, les hacen frente: defienden el derecho a gobernar sus territorios, los bienes ambientales y su comprensión de la vida.

A partir de la apertura comercial, los enfrentamientos en Guatemala se intensificaron, en una tierra que no ha conocido la paz. Durante el conflicto armado interno, en 1982, el ejército y patrulleros militares masacraron a mayas achí, de Río Negro, donde se instaló la represa Chixoy. Las respuestas violentas del Estado, ayer como hoy, profundizan las desigualdades que no lograron, de forma alguna, solucionarse con los Acuerdos de Paz. Se mantiene la alarmante articulación entre grupos políticos, militares y otros detentores de poder.[11]

De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental, en Guatemala hay por lo menos treinta y un conflictos ambientales en territorios indígenas, donde se ha exacerbado la violencia y criminalizado a quienes cuestionan los proyectos extractivos. En este marco se registran asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y muchas otras formas de violencia. Uno de estos conflictos es el ocurrido en torno a la instalación de la mina Marlin, de capital canadiense, que hasta 2017 explotó oro y plata a cielo abierto. Comenzó sus operaciones en 2005, en San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa, donde habita el pueblo maya mam y sipakapense, quienes no fueron informados ni mucho menos consultados.[12] Ellos y ellas denunciaron los impactos de la minería en la salud, contaminación del agua, transformación del territorio al desaparecer las montañas, aumento de la violencia, prostitución, alcoholismo, drogadicción, asesinato de defensores, estados de sitio, entre otros. El caso de la mina Marlin ejemplifica las formas en que las empresas, con apoyo de los gobiernos, arriban a las comunidades, trastocando las dinámicas sociales e impactando en el territorio y la vida de las personas.

El Quiché

Guatemala tiene una población total de un poco más de diecisiete millones; más del 60 % pertenece a algún pueblo maya,[13] garífuna o xinca. El departamento del Quiché se ubica en el altiplano guatemalteco; su población total es de 949 262 habitantes, de los cuales 89 % pertenece a algún pueblo maya, 10.55 % son ladinos,[14] y el resto, otros grupos como xinca y garífuna. En la zona rural vive 67.70 % y 32.30 % en la urbana.[15] Al norte del departamento está la Franja Transversal del Norte, que abarca los municipios del pueblo maya ixil, la Zona Reina y el Ixcán; región de gran diversidad biológica, que posee zonas arqueológicas, yacimientos petrolíferos, minerales y los ríos más extensos del país, que llegan hasta México. Allí se han instalado empresas nacionales y extranjeras para la generación y transporte de energía, explotación de minerales, petróleo y monocultivos como la palma africana.[16]

Mapa 1. Proyectos extractivos en Guatemala. Fuente: Gremial de Palmicultores de Guatemala, Ministerio de Energía y Minas, Geocomunes; elaboró: Omar Aurelio Peña Ruíz.

Santa Cruz del Quiché es la cabecera municipal del Quiché, conformada por 87 comunidades y seis zonas urbanas, donde habitan en su mayoría mayas k’iche’ y ladinos. De su población total (78 279 habitantes), 52.52 % son mujeres y el resto hombres. El promedio de estudio es de 5.85, es decir, sin alcanzar siquiera la primaria completa; 75.25 % de las personas son alfabetas. En la zona urbana vive 34 % de la población, y el resto en la rural. La tenencia de la tierra es privada, en su mayoría minifundista; la producción agrícola es de subsistencia; mantiene sistemas de gobierno local político y religioso.[17]

Aunque cuenta con bosques, ríos y lagunas, el departamento ha sufrido una disminución del agua debido a la tala inmoderada. De acuerdo con el Instituto Nacional de Bosques, sólo el 5 % de los camiones que transportan madera tienen permiso, el resto es ilegal. En Santa Cruz del Quiché se quiso instalar una conexión eléctrica de alto voltaje para transportar la energía producida en la región hacia México y Centroamérica. Y su territorio está concesionado a la minería.[18]

Como en muchas partes de Guatemala, las comunidades se aglutinan para hacer frente a los proyectos extractivos. Así, en 2007, nació en Santa Cruz del Quiché el Consejo de Pueblos K’iche’s (CPK), coordinado por trece líderes y lideresas que representan a las 87 comunidades y a las seis zonas urbanas.[19] A decir de Lolita Chávez, “la organización nació para proteger el territorio, la naturaleza, los derechos de los pueblos originarios y de las mujeres”, ante los riesgos que representan estos emprendimientos auspiciados por el CAFTA-DR. El CPK impulsa acciones pacíficas y colectivas frente a la expansión de megaproyectos que pongan en peligro su territorio.

En 2007, el CPK se alió a otras luchas de defensa territorial: el Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) y con la Asociación Maya Uk’ux B’e —miembro a su vez de Convergencia Maya Waqib’ Kej—, ambas organizaciones con una larga historia de defensa territorial y de procesos de consultas comunitarias. También se vincularon con la Asamblea Departamental de Huehuetenango, con la organización histórica de Mamá Maquín,[20] se informaron sobre las luchas emprendidas en otros territorios de Guatemala, como la del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que en ese momento lideraba Bertha Cáceres.[21] La relación con otras organizaciones favoreció el conocimiento acerca de los impactos de los megaproyectos, tanto en su territorio, como fuera de él. Lolita comparte:

El referente empieza en San Miguel Ixtahuacán y en Sipakapa [donde está la mina Marlin]. Se nos llama a movilizaciones nacionales contra el extractivismo y en contra de la empresa Cementos Progreso. Las organizaciones históricas nos convocan y sin darnos cuenta que Quiché ya estaba concedido, nadie nos dio la información, ni los diputados, la alcaldía, las universidades, nadie nos dijo que ya había concesiones mineras en el departamento del Quiché. Fuimos a un proceso de formación con Madre Selva y Luis Solan, quien nos comentó que Quiché estaba concesionado a mineras, hidroeléctricas, monocultivo forestal, siembra de pino, ciprés y eucalipto, y palma africana; noventa y siete licencias forestales y treinta y uno o treinta y seis licencias de hidroeléctricas.

Después de doce años, la mina Marlin cerró sus operaciones en 2017, pero los desechos tóxicos que produjo permanecen en el lugar y las comunidades cercanas sufren estragos en la salud y daños irreversibles en la tierra.[22] Por su parte, Cementos Progreso está en San Juan Sacatepéquez —a sólo 31 kilómetros de la capital—, extrae cinco millones de toneladas de cemento al año. En 2005 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó los permisos para la explotación del bien. El exmilitar Toribio Acevedo Ramírez fue el gerente de Seguridad Industrial de Cementos Progreso; actualmente está acusado de desaparición forzada y deberes de lesa humanidad perpetrados entre 1983 y 1986. Se sugiere que él ideó la estructura paramilitar que actuó contra las comunidades mayas kaqchikel en el despojo de sus tierras para la instalación del proyecto cementero.[23]

Defensores de los bienes ambientales

En la defensa del territorio, los y las lideresas viven un sinfín de violencias por oponerse a los proyectos. Global Witness señaló que en 2020 se registraron 227 casos de líderes asesinados, mientras que en 2019 fueron 212; más de un tercio de las víctimas eran indígenas. Entre los diez países más peligrosos para los defensores, siete están en Latinoamérica; Colombia encabeza la lista, le siguen México, Brasil, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Perú. El continente reportó 145 asesinatos de defensores, quince eran mujeres y, de ellas, siete eran indígenas. A este hecho se suman los casos de arrestos, campañas de desprestigio, actos de criminalización bajo falsos cargos de terrorismo y otros ataques no letales. Los mayormente atacados y asesinados son quienes defienden los bosques y el agua y se oponen al desarrollo industrial, minería, sustitución de cultivos ilegales, reformas al uso del suelo, caza furtiva, vías de infraestructura y pesca. La violencia ejercida hacia las y los defensores se agravó con la pandemia de covid-19.[24]

Mapa 2. Proyectos extractivos en el Departamento del Quiché. Fuente: Gremial de Palmicultores de Guatemala, Ministerio de Energía y Minas, Geocomunes; elaboró: Omar Aurelio Peña Ruíz.

En el caso particular de Guatemala, Tierra de Resistentes señala que de 2009 a 2020 se reportaron 143 casos de ataques contra defensores y comunidades. En cuanto a las mujeres, el informe de Global Witness refiere que las defensoras enfrentan daños físicos, psicológicos y sexuales, acoso y persecución por defender sus medios de vida frente a múltiples invasores que ejercen violencia en su territorio.[25]

Durante los procesos de despojo, los sujetos sociales despliegan estrategias de resistencia, protegiendo todo aquello que guarda relación con el territorio (el agua, la biodiversidad, la salud, la medicina tradicional, la soberanía alimentaria, el sentimiento de seguridad y de futuro) a través de sus propios sistemas normativos. En tales casos, los hombres son los más visibles, ya sea porque poseen un mayor nivel de estudios, porque son los poseedores de la mayoría de la tierra o porque, de acuerdo con patrones culturales, participan más en la esfera pública; sin embargo, las mujeres siempre han estado ahí, como parte de los movimientos, no sólo en las múltiples tareas asignadas a su género; también hay lideresas que de manera pública alzan la voz para denunciar los daños a sus territorios y negocian con los involucrados. Gisela Espinosa[26] señala que las mujeres defensoras cuestionan las lógicas capitalistas en sus territorios y los impactos en su vida familiar y comunitaria, mientras dentro de sus propios movimientos se esfuerzan por contrarrestar las desigualdades de género en las comunidades. En Guatemala, activistas e investigadoras como Aura Cumes Simón, Gladys Tzul Tzul, Irma Alicia Velázquez Nimatuj, Aura Lolita Chávez Ixcaquic o Lorena Cabnal llevan a cabo esta doble lucha.

Lolita comparte que un referente importante de lucha es su madre, quien fue alfabetizadora, catequista y comulgó con la Teología de la Liberación. Con este ejemplo, Lolita comenzó uniéndose a movimientos católicos que velaban por los derechos de las mujeres y después formó parte del CPK. Ella se autorreconoce como feminista comunitaria, práctica la espiritualidad maya y es sanadora.

Nuestros feminismos surgen desde abajo, desde las comunidades, desde nuestros análisis de cómo vivimos las múltiples opresiones y de cómo se manifiesta tanto el patriarcado occidental como el patriarcado originario. Además, declaramos nuestro cuerpo como nuestro primer territorio de defensa. Y sanamos en comunidad vinculándonos con el tzk’at; sanando tú sano yo, sanando yo sanas tú. Es la reciprocidad de la sanación.

Tzk’at en maya k’iche’ significa “red”; Lolita comparte que la sanación es parte de la cosmogonía maya, donde se sana en red, es decir, en comunidad. Para ella, es un acto político que contrarresta las violencias históricas sufridas por su pueblo, que se intensificaron con la llegada de los megaproyectos, en especial contra las mujeres.

Lolita practica la espiritualidad maya, para la cual resulta muy importante el calendario de 260 días, cada uno con funciones específicas en la vida comunitaria y personal. El ritual, en este contexto, cumple un papel relevante en la defensa del territorio, pues forma parte de la reivindicación de derechos y prácticas consuetudinarias. Se realiza en diversas ocasiones, por ejemplo, en las exhumaciones, o afuera de las cortes durante los juicios a militares. Esta práctica político-espiritual incluye otras actividades como hablar sus idiomas, portar su indumentaria propia, autoadscribirse como pueblos mayas y exigir el reconocimiento de sus métodos de gobernanza y de su territorio.

La guerra y el racismo

Lolita vuelve constantemente sobre ciertos temas de la espiritualidad maya y de las luchas de otros pueblos: la vida comunitaria, la participación de las mujeres, la relación con el territorio y los bienes ambientales. En la interlocución, comparte sus recuerdos de niñez, en especial de la guerra:

Las balaceras estaban a la orden del día, las tronaderas en la noche ¡pa, pa, pa, pa! Eso he escuchado en Santa Cruz, en las comunidades era así también. Luego íbamos a las comunidades con mi mamá y mirábamos comunidades bombardeadas, eso de tierra arrasada y todo eso, lo vivimos, porque mirábamos las casas destruidas; ahí habían bombardeado, habían tirado bomba: eso lo vivimos. En las calles veíamos cuerpos colgados, mutilados: lo vi con mi familia. A veces íbamos en un callejón y aparecía una persona masacrada, torturada, desmembrada; o desaparecidos, compas, estaban siendo torturados públicamente: todo eso yo lo viví de chiquita. Salía en la tele muchas cosas, por televisión, por la radio, “última hora”. No creo que la gente no viva eso, también lo vivíamos en la familia: que si a un primo se lo llevaron, una prima que está perseguida, allanaron la casa de la tía, allanaron la casa de estos conocidos, mataron... siempre era así. El ejército siempre ahí, presente en todo. Yo estaba chiquita pero ya sabía qué era el ejército: eran el enemigo.

La guerra dejó su impronta en la vida de las comunidades. Sobre la llegada de los proyectos extractivos, Lolita señala: “La gente tenía temor, el recuerdo de la guerra estaba ahí”. Durante los 36 años que duró el conflicto armado se estiman al menos 200 000 muertos, más de 45 000 desaparecidos, más de 5 000 niños y niñas dados en adopción de manera ilegal, múltiples reclutamientos forzados de hombres mayas por las fuerzas castrenses en la conformación de las Patrullas de Autodefensa Civil, aldeas modelo, genocidio, más de 46 000 refugiados en México, aproximadamente un millón de desplazados, una recrudecida violencia sexual contra mujeres —en su mayoría mayas—, acaparamiento de tierras por parte de militares y grupos de poder, y otras graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado.

Para muchos defensores, como Lolita, la violencia actual es la continuación de la guerra contra las comunidades. Guatemala está entre los 15 países más violentos a nivel mundial; sólo en 2021, más de 4 000 personas fueron asesinadas, 17 % más que el año anterior, cifra conservadora que deja de lado casos de robo, extorsión, linchamiento, secuestro y allanamiento.[27] En los años posteriores a los Acuerdos de Paz (1996), la desigualdad no se ha erradicado: por citar algunas cifras, 1 % de las personas más ricas tienen los mismos ingresos que la mitad de la población, hay diez veces más agentes de seguridad privada que policías, Guatemala es el país con más feminicidios en Latinoamérica, la desnutrición crónica afecta a 60 % de los niños indígenas menores de cinco años, casi cuatro de cada cinco personas indígenas se encuentran en condiciones de pobreza.[28]

La violencia y la desigualdad se articulan con el racismo. A decir de Marta Casaús, este fenómeno se originó en la Colonia, no se redujo durante el periodo liberal, por el contrario, se arraigó en el Estado, en el imaginario de las élites, en la estructura político-administrativa, en la educación, la Iglesia, la familia y los medios de comunicación. Hoy se ha naturalizado el racismo que justifica desigualdad y explotación,[29] de tal suerte que en Guatemala, un indígena gana menos que un ladino, aun cuando tengan la misma preparación. Este fenómeno se replica en todos los ámbitos de la vida.[30] En ese sentido, el racismo invisibiliza la existencia de las comunidades; los proyectos son considerados como sinónimo de progreso y desarrollo, con lo cual se impone una visión elitista sobre el uso de la tierra y el territorio. Lolita lo cuenta:

[Con el inicio de la lucha] empezamos a ver el racismo institucional. Ya no nos dejaban entrar, nos decían que llevábamos los zapatos sucios, o no nos dejaban entrar porque veníamos de la montaña, con los pies enlodados. El trato hacia las comunidades, hacia la gente maya, en los hospitales, en gobernación, en las escuelas, en los bancos, en las mismas iglesias, todo era un racismo a flor de piel.

La Consulta Comunitaria de Buena Fe

El MEM administra los bienes estatales del subsuelo, producción de energía eléctrica y explotación de hidrocarburos y otorga solicitudes, licencias de reconocimiento, exploración y explotación minera. Ha expedido licencias sin que el interesado presente estudios de impacto ambiental ni mucho menos consulta a las comunidades, indígenas o no, cuyo territorio ha sido concesionado sin más, “aduciendo que el Código de Minería no contempla tal procedimiento”.[31] Desde 2005, el gobierno impulsa diversas iniciativas de ley para regular y desconocer las Consultas Comunitarias de Buena Fe que las comunidades han realizado.[32]

A pesar de que el Estado guatemalteco ha firmado tratados internacionales —el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas—, en materia de protección de derechos de los pueblos indígenas simplemente ha omitido o simulado procesos de consulta respecto a proyectos industriales en territorios indígenas y campesinos. Las comunidades, para proteger su territorio, han organizado Consultas Comunitarias de Buena Fe, que son vinculantes porque la Constitución de la República y el Código Municipal le confieren al Consejo Municipal funciones para organizarlas, y además, porque se trata de prácticas consuetudinarias.[33] De acuerdo con Alba Mérida y Wolfgang Krenmayr:

Las consultas comunitarias cuentan con una base filosófica, prácticas ancestrales y disposiciones normativas, lo que asegura que sean legítimas y legales. [...] Otorgar licencias para realizar actividades mineras es una de las medidas que requieren consultar a los pueblos indígenas. En ese sentido, las Consultas Comunitarias de “Buena Fe” convocadas por autoridades municipales son complementarias a las obligaciones del MEM.[34]

Las empresas, al igual que el gobierno, como en muchas partes de América Latina, no informan ni consultan a los pueblos. Se valen de diversas estrategias: cooptación de los pobladores, canjean recursos económicos para justificar la licencia social, amañan los estudios de impacto ambiental y social, despliegan discursos de desarrollo a través de la creación de empleos y ocultan los costos ambientales y sociales de los proyectos en los territorios. En Guatemala, los principales capitales provienen de empresas extranjeras, principalmente de Canadá y Estados Unidos, que trabajan con empresas subsidiarias en el país. El gobierno también facilitó que a través del MEM y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se aprobaran de forma expedita los estudios y permisos para conceder licencias mineras. Por su parte, las empresas contratan elementos de seguridad privada y servicios mineros controlados por militares retirados que participaron en la guerra contrainsurgente.[35]

La primera Consulta Comunitaria de Buena Fe se realizó en 2005 respecto a la mina Marlin, a pesar de que el gobierno señaló que dicho proceso no era vinculante; sin embargo, abrió el camino para que en el país se realizaran decenas de ellas.[36] El Quiché cuenta con 13 concesiones de exploración minera, en los municipios de Chichicastenango, Chinique, Joyabaj, San Pedro Jocopilas, Zacualpa y en Santa Cruz del Quiché.[37]

Lolita Chávez cuenta acerca del arribo de las empresas a su territorio: “Canadá con la Goldcorp, de Italia la empresa Enel, entraban a las comunidades con proyectos sociales como el juego de pelota en Q’umarkaj, o el apoyo a los bomberos. Hemos logrado parar a las empresas mineras, pero ellas están muy atentas para poder entrar a los territorios concesionados”.

En 2010, el CPK realizó una Consulta Comunitaria de Buena Fe ante los peligros en su territorio. Al respecto, Lolita refiere: “Lo que hicimos fue un trabajo previo, el pueblo sostuvo una prevención. Si sostenemos que en este territorio no entre la minera es más fácil luchar contra algo que no se ha implementado. La consulta nos tomó dos años en prepararla, con asambleas previas, informar, hacer las prácticas con el fin de concientizar a la gente”. El proceso se nutrió de otras experiencias de lucha del Quiché y de toda Guatemala. Entre las principales estrategias del CPK estuvo informar y divulgar sobre los megaproyectos, realizar mapeos de actores centrales de las comunidades, organizar comisiones de trabajo con niños, niñas, mujeres y personas de la tercera edad. El proceso involucró a las 87 comunidades y las seis zonas urbanas de Santa Cruz del Quiché.[38] También se escuchó a quienes apoyaban a las empresas, que asociaban el desarrollo a la actividad minera y de otros emprendimientos.

La Iglesia católica, el magisterio, comerciantes y transportistas apoyaron la consulta. Esta estructura social fuerte se nutrió de procesos previos, entre los que destacan las organizaciones históricas que nacieron durante el conflicto armado, la comunidad de los retornados a Santa Cruz y la Alcaldía Indígena, que propiciaron una base social para el ejercicio de derechos. De parte del gobierno, la municipalidad brindó equipo de cómputo que registró los resultados y se contó con el acompañamiento de 175 observadores nacionales e internacionales.[39]

Las comunidades decidieron que el 22 de octubre de 2010 se realizaría la consulta a mano alzada y a viva voz, con la participación de niños y niñas, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Ese día, en cada comunidad se llevó a cabo una ceremonia maya, se leyó el acta municipal 62-2010 que informaba sobre el proceso y lo que se iba a consultar, y el artículo 169 de la OIT sobre el derecho de los pueblos a ser consultados. En la mayoría de los casos, los profesores llenaron las actas asamblearias, se dispuso “ley seca” para evitar cualquier contratiempo y se contó con elementos de seguridad municipal y de seguridad departamental. Al final de la jornada, 27 778 personas rechazaron la incursión de proyectos extractivos en su territorio, número que representó 100 % de los participantes. El 13 de enero de 2011, a través de un Acuerdo Municipal se reconocieron los resultados de la consulta. El CPK entregó copia a diversas instancias de gobierno; sólo la Presidencia de la República los rechazó.[40]

Durante este proceso, dos compañeros del CPK fueron asesinados, José Tavico y Silverio Vicente Pérez, ambos de la comunidad de Sivacá, de Santa Cruz del Quiché,[41] y después de la consulta, otros compañeros fueron intimidados. Pese a ello, se continuó con la defensa del territorio, en especial contra la tala ilegal, la introducción de monocultivos y el cableado de alta tensión. Lolita Chávez recibió amenazas de muerte, los expatrulleros realizaron marchas en la cabecera municipal acusándola de guerrillera, secuestradora, terrorista, y pidiendo con apelativos misóginos que abandonara su comunidad. Las muestras de rechazo fueron transmitidas por la televisión local. Su familia fue perseguida, hostigada y estigmatizada.

Una vez los sicarios atacaron a unas compañeras buscándome, hicimos asamblea y se determinó que había que sacarme. Yo no quería pero la asamblea me lo pidió. Pensé que sería todo más o menos por agosto, pero todo se precipitó cuando tuvimos un ataque a mano armada. De ahí me fui a la montaña y ya no pude regresar. Un día salgo de la casa con mi mochilita, iba a hacer servicio comunitario de verificación y monitoreo de la tala inmoderada de árboles, y es el tiempo en que ya no regresé; esto fue en 2017. Mis hijos se tuvieron que mover de emergencia y mis cosas quedaron por ahí. Tuve seis intentos de asesinato en varias épocas en todo este proceso, me empezaron a enjuiciar, a interponer demandas contra mí. Tengo varias demandas, llegué a tener veintiséis.

La criminalización, acoso, asesinato y otras violencias contra los defensores son trágicamente comunes. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la multiplicación de los proyectos de desarrollo se acompaña de una erosión en la seguridad de las comunidades y las personas defensoras.[42] Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita al país en 2017, recomendó medidas para la protección de los defensores de la tierra, el territorio y los bienes ambientales, a pesar de lo cual los ataques van en aumento. Hay un uso excesivo e injustificado del derecho penal, arrestos arbitrarios, uso prolongado de la prisión preventiva, estigmatización y difamación que socava y resta legitimidad a la lucha de los defensores.[43] La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) informó que en 2021 se reportaron 839 agresiones contra personas, organizaciones o comunidades de defensa; once asesinatos más tres intentos de asesinato, cinco actos de tortura y tratos inhumanos, y 406 de agresión. Entre estos últimos, 266 corresponden a difamación y estigmatización, 84 a denuncias judiciales sin fundamento, 56 a detenciones ilegales y 158 a actos de hostigamiento.[44] Los responsables de estos crímenes, perpetrados en el contexto de la pandemia de covid-19, son las empresas, el Estado y el crimen organizado.

A modo de conclusión

Desde 2017 Lolita Chávez vive exiliada de su país, lejos de su familia. Espera regresar algún día a su pueblo; mientras tanto, continúa denunciando los impactos que los proyectos extractivos tienen sobre las comunidades indígenas y campesinas de su país. Las conversaciones con ella visibilizan las luchas que los pueblos emprenden en la defensa de su territorio y sus bienes ambientales. Se exponen las consecuencias de estos proyectos, que maximizan la explotación y degradación de la tierra, el territorio y las comunidades. También se abordan los mecanismos que utilizan las empresas, el gobierno y el crimen organizado, entre los que se encuentran: desinformación y nula consulta a las comunidades, compra de voluntades a través de prebendas, discursos de desarrollo, estrategias de desarticulación comunitaria, recrudecimiento de la violencia contra los líderes y lideresas comunitarios, criminalización, cooptación, asesinato, desaparición, y muchos más, que dejan su impronta en territorios considerados estratégicos económicamente.

La Consulta Comunitaria de Buena Fe que el CPK impulsó en 2010 desplegó una red de conocimientos y estrategias de experiencias previas; la articulación con otros procesos organizativos, con luchas históricas y con la reivindicación de derechos. La defensa se entreteje con el sentido otorgado al territorio, a la vida, a la tierra, a los bienes ambientales y a la organización comunitaria. Cada año, en Santa Cruz del Quiché se ratifica esta consulta de manera municipal, asamblearia y con la Municipalidad. Ese proceso, que comparte Lolita Chávez, busca que futuras generaciones abreven de las experiencias de lucha. Aunque se reconoce que la consulta detuvo la incursión de proyectos mineros, los despojos y la violencia continúan en su territorio.

* Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
** Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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[4] Claudia Composto y Mina Navarro, “Introducción”, Claudia Composto y Mina Navarro (comps.), Territorios en disputa. Despojo capitalista, lucha en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina, México, Bajo Tierra Ediciones, 2014.
[5] Antonio Rodríguez-Carmona y Elena de Luis, Hidroeléctricas insaciables en Guatemala. Una investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y Renace en los derechos humanos de pueblos indígenas, Guatemala, Paz con Dignidad / OMAL / Amigos de la Tierra / Mujeres de Guatemala / Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca / Dakonia / Protección International, 2016.
[6] Daniel Villafuerte, “Entre la expansión y el bajo aguán: el rostro violento del neoextractivismo palmero en Centroamérica”, Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 44, 2018, pp. 315-340.
[7] Juventino Gálvez (coord.), Compilación de investigaciones y análisis de coyuntura sobre la conflictividad socioambiental en Guatemala, Guatemala, Universidad Rafael Landívar, 2014.
[8] Durante el mandato de Efraín Ríos Montt (1982-1983), Otto Pérez, entonces general, fue señalado como responsable de dar las órdenes de las masacres contra el pueblo maya ixil, según se reveló durante el caso de genocidio en Guatemala contra Ríos Montt. En 2015, Pérez fue sentenciado por corrupción y desfalco al Estado; en 2021, un tribunal de Guatemala le otorgó cárcel domiciliar.
[9] Lieselotte Viaene, La Hidroeléctrica Xalalá en territorio maya q’eqchi’ de Guatemala, Herent, Centro de Derechos Humanos Universidad de Gante, 2015.
[10] Pierre Gaussens, “La organización del crimen: delincuentes y caciques en tiempos de ‘guerra al narco’”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 40, núm. 65, 2020, pp. 119-145.
[11] Mariel Aguilar-Støen y Benedicte Bull, “Protestas contra la minería en Guatemala: ¿Qué papel juegan las élites en el conflicto?”, Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 42, 2016, pp. 15-44.
[12] Morna Macleod y Crisanta Pérez, La lucha de doña Crisanta contra Goldcorp, México, Ce-Acatl, 2013.
[13] En Guatemala habitan los siguientes pueblos mayas: achi’, akateko, awakateko, chalchiteko, chuj, ch’orti’, itza, ixil, jakalteko-popti’, kaqchikel, k’iche’, mam, mopan, poqomam, poqomchi’, q’anjob’al, q’eqchi’, sakapulteko, sipakapense, tektiteko, tzutujil y uspanteko.
[14] Diversos estudios han problematizado sobre la categoría o concepto de ladino. Isabel Rodas, (Identidades y la construcción de la categoría oficial ‘ladino’ en Guatemala, Oxford, Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, 2006) sostiene que su construcción histórica debe analizarse no sólo como contraparte de lo indígena, sino de forma que exponga la continuación de las desigualdades en el país. Por su parte, Lina Constanza Díaz, (“Imaginarios sociales en la producción de la violencia. Aproximación a la identidad del indio y del ladino en Guatemala”, Aletheia, vol. 3, núm. 5, 2012, pp. 1-18) afirma que la polaridad social entre ladinos e indios ha justificado las desigualdades hacia los indígenas, de tal suerte que la ladinización social se ejerce como mecanismo de dominación sin hegemonía sobre la población guatemalteca, que en su mayoría es indígena.
[15] Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala. Disponible en https://www.ine.gob.gt/ine/
[16] “Análisis político y alternativo sobre política y economía”, El Observador, año 16, núm. 73, 2021.
[17] Laura Flores, Municipio de Santa Cruz del Quiché, el Quiché, Guatemala, Universidad San Carlos de Guatemala, 2010.
[18] Asociación Maya Uk’ux B’e, Historia de la consulta comunitaria de Santa Cruz del Quiché, Guatemala, Consejo de los Pueblos K’iche’s por la defensa de la vida, madre naturaleza, tierra y territorio / Asociación Maya Uk’ux B’e, 2022.
[19] Asociación Maya Uk’ux B’e, Historia de la consulta...
[20] El CPO, formado en 2006, aglutina a diversos pueblos mayas y mestizos en la defensa de su territorio, y ha impulsado diversas Consultas Comunitarias de Buena Fe. La Asociación Maya Uk’ux B’e tiene presencia en los departamentos del Quiché, Sololá, Totonicapán y en parte de Quetzaltenango, donde ha impulsado la participación de jóvenes, la reivindicación de derechos, programas de radio y televisión para indígenas, y la defensa territorial. La Organización Mamá Maquín nació durante el conflicto armado interno y toma su nombre de la lideresa Adelina Caal, maya q’eqchi’ asesinada por el ejército en 1978 durante la masacre de Panzós. Actualmente la organización se conforma en su mayoría por mujeres.
[21] Asociación Maya Uk’ux B’e, Historia de la consulta...
[22] Henry Bin, “San Miguel Ixtahuacán: el dinero de la mina Marlin dividió a la comunidad. Ese es el legado”, Concriterio, 2 de noviembre de 2021, disponible en https://concriterio.gt/san-miguel-ixtahucan-el-dinero-de-la-mina-marlin-dividio-a-la-comunidad-ese-es-el-legado/, consultado el 18 de agosto de 2022.
[23] “Militar vinculado con Cementos Progreso enviado a la cárcel por caso Diario Militar”, Prensa Comunitaria, 11 de mayo de 2022, disponible en https://www.prensacomunitaria.org/2022/05/militar-vinculado-con-cementos-progreso-enviado-a-la-carcel-por-caso-diario-militar66/, consultado el 1 de agosto de 2022.
[24] Global Witness, “Última línea de defensa”, Global Witness, disponible en https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/, consulado el 24 de abril de 2022.
[25] Tierra de Resistentes [sitio web], disponible en https://tierraderesistentes.com/es/, consultado el 9 de julio de 2022.
[26] Territorio, Género y Extractivismo (TGE), Relatoría del Primer Encuentro Nacional de Defensoras del Territorio frente al Extractivismo, México, Grupo TGE / Heinrich Böll Stiftung / Fondo Semillas, 2019.
[27] “La violencia dejó 4.071 asesinatos en Guatemala durante 2021”, Efe, 20 de enero de 2022, disponible en https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-violencia-dejo-4-071-asesinatos-en-guatemala-durante-2021/20000013-4722194, consultado el 27 de julio de 2022.
[28] “Guatemala, entre el ‘suelo y el cielo’: la extraña desigualdad en cifras. 2022”, disponible en https://www.oxfam.org/es/guatemala-entre-el-suelo-y-el-cielo-la-extrema-desigualdad-en-cifras, consultado el 5 de mayo de 2022.
[29] Martha Casús, Guatemala: linaje y racismo, Guatemala, F&G, 2018.
[30] Wilson Romero y Ana Patricia Orantes, Estudio sobre racismo, discriminación y brechas de desigualdad en Guatemala, colaboración de Samuel Zapil, México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2018.
[31] Daniel Vogt Vehige, “Intereses transnacionales sobre las minas de Guatemala”, Terrelibere, 2 de enero de 2005, disponible en https://www.terrelibere.org/574-intereses-transnacionales-sobre-las-minas-de-guatemala/, consultado el 8 de junio de 2022.
[32] Alba Mérida y Wolfgang Krenmayr, Tejiendo entre los pueblos la defensa del territorio, Guatemala, Programa de Gobernabilidad Integral para Huehuetenango / Embajada del Reino de los Países Bajos, 2010.
[33] Guisela Mayén, Guatemala: el derecho a la consulta previa, La Paz, Presencia SRL, 2009.
[34] Mérida y Krenmayr, Tejiendo entre los pueblos..., pp. 20-21.
[35] “El proyecto minero El Tambor, KCA y la empresa Exmingua: actores e intereses corporativos”, El Observador, informe especial núm. 25, 15 de junio de 2020, disponible en http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/ElObservador-InformeespecialNo.25-2020.pdf, consultado el 1 de junio de 2022.
[36] Según información extraída del sitio Latinno, disponible en https://www.latinno.net/es/case/10044/, consultado el 6 de junio de 2020.
[37] Vogt Vehige, “Intereses transnacionales...”.
[38] Asociación Maya Uk’ux B’e, Historia de la consulta...
[39] Asociación Maya Uk’ux B’e, Historia de la consulta...
[40] Asociación Maya Uk’ux B’e, Historia de la consulta...
[41] Asociación Maya Uk’ux B’e, Historia de la consulta...
[42] Cemda, Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2021, disponible en https://www.cemda.org.mx/publicaciones-y-estudios-del-cemda/cemda-informe-2021/, consultado el 1 de agosto de 2022.
[43] “La CIDH condena asesinatos y agresiones contra personas defensoras en Guatemala”, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/215.asp, consultado el 6 de junio de 2022; véase también CIDH, Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, 2017, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/guatemala2017-es.pdf, consultado el 8 de junio de 2022.
[44] María Guarchaj, “Udefegua: el retroceso a la democracia, ha representado 839 casos de agresiones”, disponible en https://www.fger.org/udefegua-el-retroceso-a-la-democracia-ha-representado-839-casos-de-agresiones/, consultado el 15 de junio de 2022.