Las derechas mexicanas en la segunda mitad del siglo XX y el inicio del XXI

Tania Hernández Vicencio*

Resumen

El artículo propone una periodización con la cual caracterizar el complejo proceso de reorganización de las derechas mexicanas entre la segunda mitad del siglo XX y el inicio del XXI. La idea es que a lo largo de ese periodo las derechas mexicanas se articularon con éxito y ganaron terreno en la vida pública, transitando de la “marginalidad” en la que permanecieron durante la primera parte del siglo pasado a la centralidad política, la cual alcanzaron al inicio del presente siglo; resalta que actúan en todo momento como querellantes legítimos y con atribuciones plenas en la defensa de su propia agenda económica, política y social.

Palabras clave: derecha mexicana, reorganización, centralidad política.

Abstract

The article proposes a periodization to characterize the complex process of reorganizing the Mexican right between the second half of the twentieth century and the beginning of the twenty-first. The idea is that throughout that period Mexican right-wing groups were successfully articulated and gained ground in public life, moving from the “marginal” status they had in the first part of the last century to political centrality, which they achieved at the start of the present century. It highlights that at all times they acted as legitimate litigants with full powers in defense of their own economic, political, and social agenda.

Keywords: Mexican right-wing, reorganization, political centrality.

En la segunda mitad del siglo XX, México experimentó importantes cambios derivados de tres factores internos: el desgaste del modelo económico que produjo crecimiento, pero con desigualdad; la crisis de las relaciones entre el Estado y la sociedad, y la profundización del autoritarismo del régimen político que permeó a los sindicatos y al sistema de partidos. Estos elementos contribuyeron a que se produjera el ambiente propicio para la transformación del Estado, el cual fue abandonando la ideología y el programa del nacionalismo revolucionario, y acogió el modelo neoliberal y el discurso de la globalización. Además, el Concilio Vaticano II (1962-1965) fue un elemento externo clave en el cambio de las relaciones del Estado con la sociedad, pues contribuyó a la diferenciación del catolicismo mexicano. A partir de ese momento, una vertiente progresista minoritaria se fue abriendo paso dentro de la Iglesia, pero también el conservadurismo católico desplegó una serie de estrategias para su contención; de forma paralela se fueron abriendo nuevas formas de cooperación entre el gobierno y la jerarquía eclesiástica, la cual buscó recuperar espacios en la vida pública a cambio de contribuir a paliar las profundas desigualdades sociales que produjo el nuevo modelo de desarrollo.

Las derechas se fueron insertando exitosamente en el nuevo proyecto de nación y lograron afianzarse en el área de la economía, lo que les permitió unificar a los grandes capitales nacionales en torno a su exigencia de privilegiar la lógica del mercado y su vinculación al capital trasnacional; la preferencia por la propiedad privada frente a la colectiva y por encima de las necesidades de amplias capas populares se fue volviendo un rasgo de la vida nacional. En lo político, el cambio implicó la construcción de alianzas entre la derecha institucional, integrada por el sector tecnócrata del partido dominante —y del gobierno—, y la derecha partidista en la oposición, representada sobre todo por el Partido Acción Nacional.[1] En lo social, el nuevo modelo abrió la posibilidad de un acercamiento entre el gobierno y la derecha católica, integrada por dos sectores: por un lado, un grupo mayoritario de la élite de la Iglesia y sus más importantes grupos de laicos, de perfil trasnacional, los cuales consolidaron sus conexiones con el poder económico de corte oligarca y con la clase política; y por otro, una vertiente popular compuesta por un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil y de la feligresía que mantendrían un comportamiento menos predecible en el futuro.

Con el triunfo del adalid de buena parte de las izquierdas durante la elección presidencial de 2018, se agregaron nuevos elementos a la problematización de las derechas, ya que algunas características del liderazgo del candidato triunfador bien podrían asociarse con el conservadurismo, un rasgo que históricamente en México se ha asociado con el espectro político y social derechista.[2] El impacto de los cambios recientes en la geometría política nacional merece una reflexión detallada; aquí me limito a proponer una periodización que nos ayude a reconocer, grosso modo, los procesos y peculiaridades que marcaron la reorganización de las derechas entre la segunda mitad del siglo XX y el inicio del presente.

Dicha periodización puede comprenderse a la luz de tres grandes fases: la primera va de 1964 a 1974 y corresponde a la última etapa del nacionalismo revolucionario; la segunda transcurrió en el contexto del ascenso del neoliberalismo y la globalización, y puede dividirse en dos subperiodos, de 1975 a 1988 y de 1989 a 1999; y la tercera se ubica en el marco de la transición conservadora,[3] que en México se fue desarrollando desde el año 2000. En ese largo periodo las derechas se reorganizaron eficientemente y ganaron terreno en la vida pública, transitando de la “marginalidad” en la que permanecieron durante la primera parte del siglo XX, a la centralidad que alcanzaron al actuar como querellantes legítimos y con pleno derecho en la defensa de su propia agenda económica, política y social.[4]

La recomposición de las derechas en la última fase del nacionalismo revolucionario (1964-1974)

Este periodo tuvo dos características fundamentales: el incipiente desarrollo de la derecha institucional, es decir, del sector tecnócrata que fue ascendiendo dentro del Partido Revolucionario Institucional y dentro del gobierno, y que en las siguientes décadas pondría en marcha un nuevo modelo de desarrollo; y el cambio en las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado, por el que aquélla empezó a vislumbrar la posibilidad de recuperar importantes espacios de poder que le habían sido arrebatados en las primeras décadas del siglo XX.

Las relaciones entre la oposición de derecha y el Estado entraron en una fase de estabilidad durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), que transcurrió en la última etapa del llamado Milagro Mexicano. En materia económica, el gobierno logró un crecimiento moderado sobre la base del desarrollo de infraestructura para la iniciativa privada, la industrialización rural, el ahorro interno y el control del endeudamiento, acciones que dejaron tranquila a la clase media y a los empresarios. En el plano político, el presidente no buscó la ausencia de conflictos, pero sí su aislamiento, control y represión. La actitud de Díaz Ordaz frente al movimiento estudiantil fue una prueba para los sectores conservadores de la sociedad de que el orden se impondría a toda costa. La represión de estudiantes el 2 de octubre de 1968 y la actuación de personajes como Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación, mostraron la profunda crisis de legitimidad del sistema, que obligaría al poder político y al partido hegemónico a replantear su relación con los distintos actores sociales.

Además, la Iglesia católica mexicana, bajo el influjo de los movimientos que provocó la publicación del documento conciliar Gaudium et Spes (Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual), con el que la Santa Sede pretendía aprovechar las instituciones de la democracia liberal para replantear su actuación, aceptó el pluralismo político, asumió con mayor claridad la defensa de los derechos humanos e insistió en la activa participación social y política de su feligresía.[5] En ese contexto, a pesar de que en México estaba prohibida por ley la existencia de partidos confesionales, en 1965 un pequeño sector de los católicos alentado por el avance democristiano en América Latina y Europa intentó organizar un Partido Demócrata Cristiano (PDM). La iniciativa sería fallida porque no era un proyecto bien visto por la alta jerarquía católica; el Partido Acción Nacional (PAN, 1939) ya era un espacio importante para la militancia católica en política partidista y la Unión Nacional Sinarquista (UNS, 1937) aún mantenía la idea de consolidar un partido político.

Por otro lado, como parte de la reacción frente a la Revolución cubana y debido al temor frente al avance del comunismo en el continente americano y su expansión en México, entre los años cincuenta y sesenta se crearon varios grupos secretos como la Organización Nacional del Yunque (1953), el Frente Universitario Anticomunista (1955) y el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (1961), que actuaban en ámbitos universitarios considerados prioritarios para el reclutamiento de jóvenes. La Iglesia católica impulsó una fuerte campaña anticomunista en la que participaron sus grupos de laicos; se organizaron concentraciones de repudio al comunismo y la leyenda: “Cristianismo sí, comunismo no” inundó las plazas públicas. Hacia el final de los años sesenta, en 1967, se crearían las Falanges Tradicionalistas Mexicanas, que pretendían reposicionar la religión católica como elemento central de la nacionalidad, por lo que se declaraban opositoras al “comunismo ateo” y al “imperialismo yanqui” que, en su opinión, intentaba instaurar el protestantismo en México. Ante la represión estudiantil de 1968, estos grupos emprendieron actos de apoyo a las acciones del gobierno y elogiaron el papel del ejército para mantener el orden social.[6] El PAN, por su parte, sólo se manifestó en defensa de los derechos civiles de los estudiantes y de la necesaria protección de la libertad individual frente al régimen político.

En 1969, el entonces líder de la UNS, Ignacio González Gollaz, volvió a plantear la necesidad de explorar la vía electoral, a pesar de que los partidos fundados por el sinarquismo en años previos no habían tenido éxito. En su opinión, su movimiento no podría sobrevivir en un contexto social y político distinto de aquél en el que se había formado, por lo que era necesario consolidar un partido. Su propuesta también era producto del recelo que los sinarquistas tenían respecto al PAN, pues consideraban que sus dirigentes sólo habían aprovechado el apoyo sinarquista con fines electorales. A pesar de los resquemores, la UNS y el PAN lograrían concretar una alianza con motivo de las elecciones presidenciales de 1970, cuando impulsaron la candidatura del panista Efraín González Morfín, a quien buena parte del sinarquismo respetaba. No obstante, los miembros de la UNS no cejaron en su objetivo de crear su propio partido, por lo que en 1971 fundaron el Partido Demócrata Mexicano.

Al asumir la presidencia de la república, Luis Echeverría intentó deslindarse de la imagen negativa del gobierno producto de la represión estudiantil. En materia económica, el llamado desarrollo compartido fue un plan de corte populista de izquierda que prometía compartir los beneficios del crecimiento y construir una alianza entre las clases campesina y obrera. En el plano político, se prometió alentar la estabilidad, se resaltó la importancia de que fueran creados nuevos partidos y se invitó a la sociedad civil a participar activamente. El presidente incluso denunció lo que llamó “las tendencias conservadoras surgidas de un largo proceso de estabilidad” y planteó como su principal objetivo la construcción de un programa de modernización económica y renovación política orientada al diálogo.[7] En el marco de lo que simulaba ser un replanteamiento de la estrategia del Estado, los distintos actores de la derecha se fueron abriendo nuevos espacios en la vida pública.

Producto del proceso de diferenciación iniciado en la Iglesia en la década anterior, se perfilaron tres grupos que coincidieron en construir una nueva relación con el Estado, pero por diferentes vías. Un grupo abogaba por mantener una actitud de cooperación, como sucedía desde los años cuarenta, a fin de mejorar su posición en el contexto de la apertura que mostraba el gobierno; otro sector, minoritario, consideraba que el replanteamiento de la relación pasaba por fortalecer a la Iglesia, a partir de su trabajo en el terreno social, y el tercer grupo demandaba un nuevo régimen para la Iglesia, aunque esto significara cierto nivel de confrontación con el Estado.[8]

El fuerte activismo católico se reavivó debido a que durante los años setenta se instituyó en México la educación sexual en el discurso educativo oficial. Para combatir la política de educación del Estado, además de luchar a través de sus organizaciones tradicionales, la Iglesia creó, en 1971, la Acción Católica de Adolescentes y Niños. Cuando en el ciclo escolar 1974-1975 el modelo de educación sexual se incluyó en los libros de texto, los sectores conservadores de la sociedad volvieron a confrontarse con el Estado, en especial cuando fueron publicados los primeros contenidos sobre sexualidad en los libros de ciencias naturales de sexto grado de primaria. La Unión Nacional de Padres de Familia (1917) encabezó varias y beligerantes manifestaciones públicas a las que se sumaron miembros del PAN.[9] En ese ambiente conflictivo y en un contexto en el que comenzó a perfilarse el proceso de diferenciación religiosa que, décadas más tarde, produciría un México más plural en esa materia,[10] el gobierno dio una importante muestra de su disposición a replantear las relaciones con la Iglesia católica, cuando en 1974 el presidente Echeverría se entrevistó en el Vaticano con el papa Paulo VI, después de una larga historia de distanciamiento entre el gobierno mexicano y la Santa Sede.

Otro evento importante de esa fase, que a la postre produciría importantes cambios en la relación del Estado y los empresarios, fue que, en 1973, una parte de estos últimos planteó una fuerte crítica a la llamada política tercermundista del gobierno y al manejo de la economía. Además, denunciaron lo que catalogaban como una actitud de tolerancia con las izquierdas, incluyendo a las radicales que habían formado grupos guerrilleros, lo que mostraba la incapacidad del gobierno para mantener el orden, sobre todo cuando importantes dirigentes empresariales, como el regiomontano Eugenio Garza Sada y el tapatío Fernando Aranguren, fueron asesinados, el primero por la Liga Comunista 23 de Septiembre y el segundo por uno de los líderes del Frente Estudiantil Revolucionario.[11] Si bien la posición del empresariado respecto de la gestión de Echeverría no fue uniforme, pues en 1974 varios organismos empresariales publicaron un documento en el que declararon que para ese momento la confianza ya se había restablecido en el país, el Grupo Monterrey y la Confederación Patronal de la República Mexicana (1929) mantuvieron su beligerancia,[12] y en el contexto de la crisis de fines de sexenio fueron un factor decisivo para convocar a amplios sectores de la sociedad en torno a lo que sería el inminente cambio económico y político.

Las derechas en el inicio del neoliberalismo y la globalización (1975-1999)

La primera parte de este amplio periodo comprendió los años de 1975 a 1988 y se caracterizó por la profundización de la crisis del modelo de desarrollo y del sistema político que durante muchas décadas habían sido base del proyecto nacionalista-revolucionario. El desequilibrio económico de mediados de los setenta, que derivó en la devaluación del peso en 1976, para muchos mexicanos era producto de las políticas erradas del gobierno en materia salarial y de gasto público, de la creciente y desacertada participación del Estado en la economía y del estilo personal de gobernar del presidente Luis Echeverría. Las menores tasas de crecimiento, la inflación y el mayor endeudamiento externo habrían de incidir negativamente en las condiciones de vida de una amplia capa de la población,[13] y el ambiente de tensión entre los empresarios y el gobierno, que privó al inicio del sexenio, terminó por agudizarse cuando los principales inversionistas nacionales sacaron sus capitales el país y se acentuó la presión sobre el ejercicio de gobierno.[14]

En mayo de 1975 se creó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como una respuesta institucional frente al Estado.[15] A través del CCE los principales empresarios nacionales insistieron en su crítica al modelo económico y denunciaron el autoritarismo del régimen. Este nuevo discurso empresarial planteaba que el problema de México era político y, en concreto, tenía que ver con las reglas y prácticas que regían las relaciones del gobierno con la sociedad organizada.[16]

A partir de ese momento, las organizaciones empresariales dejaron de ser grupos de presión en defensa de los intereses de sus agremiados y pasaron a ser entes comprometidos con las demandas de su clase.[17] Un elemento en el que coincidían las derechas (empresarios, Iglesia católica, PAN, organizaciones de la sociedad civil de ideología conservadora y la tecnocracia en ascenso) era que la solución a la crisis económica y política del país pasaba por un proceso de moralización de la vida pública y por la construcción de directivas más ciudadanas y menos marcadas por la acción corporativa y clientelar. En ese ambiente, y aprovechando el discurso que apelaba a la ciudadanización de la vida política, los sectores conservadores impulsaron, en 1975, la creación de la Asociación Nacional Cívica Femenina, que incentivó el liderazgo de las mujeres en la promoción de la moral conservadora en la escuela y en el ámbito laboral, y de Desarrollo Humano Integral Acción Ciudadana, organización en pro de la propiedad privada, la participación de los empresarios en política y la formación de un liderazgo cívico. En 1978, además, fundaron el Comité Nacional Pro-Vida, vinculado a las redes internacionales contra el aborto y los métodos anticonceptivos.

El gobierno de José López Portillo (1976-1982) inició en medio de serias dificultades económicas, por lo que los esfuerzos conciliatorios del presidente no fueron suficientes para lograr la cooperación del empresariado en su plan de desarrollo. Intentando lograr la colaboración de todos los sectores sociales, López Portillo convocó a la Alianza para la Producción y propuso llevar a cabo una reforma económica, administrativa y política. Si bien los primeros años del sexenio se caracterizaron por una serie de reformas, reconciliaciones y cierto mejoramiento económico, la situación se fue complicando hacia el final del periodo debido a la drástica caída en los precios internacionales de petróleo, lo que dejó al descubierto la descomposición que realmente vivía la economía nacional y que, en 1982, condujo al gobierno a tomar la medida extrema de la nacionalización bancaria. Esto recrudeció el clima de incertidumbre y produjo un nuevo quiebre en la relación con los empresarios,[18] por lo que, en un intento de atenuar la tensión social, el gobierno impulsó una reforma política que se plasmó, en 1977, en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. La nueva ley mejoró los niveles de representación de la oposición y la reconoció como un actor importante para la modernización política; a su amparo, en 1978 se otorgó el registro al sinarquista PDM, creado siete años antes.

Con el inicio del pontificado de Juan Pablo II (1978-2005), en la Santa Sede se consolidó un grupo con una postura muy conservadora que pugnaba por la recuperación del poder de la Iglesia católica en el mundo y, a su interior, por el combate a los grupos progresistas y a los movimientos carismáticos. La política restauradora del papa privilegió la negociación con los gobiernos de los países donde la feligresía católica era muy importante y envió a México como delegado apostólico a Girolamo Prigione, quien se distinguió por construir una relación de cooperación con la clase política y por motivar a la feligresía a la movilización. Esta nueva estrategia se observó con claridad desde que, en 1981, la jerarquía católica emitió un mensaje con miras a las elecciones presidenciales de 1982, en el que expuso el deber de los laicos católicos de involucrarse activamente en la vida política.[19] El renovado activismo católico estaba directamente relacionado con el hecho de que, para los años ochenta, la pluralidad religiosa en México era un proceso irreversible, por lo que la jerarquía católica debía actuar con decisión para estrechar sus lazos con la élite de gobierno.

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) se hizo evidente el profundo cambio del Estado mexicano.[20] La crisis económica y la pérdida de legitimidad de los gobiernos priistas contribuyeron al resquebrajamiento de la gran coalición que había sustentado al Estado posrevolucionario y que desde la década de los treinta del siglo XX había aglutinado a importantes sectores sociales y populares en torno al partido hegemónico. El nuevo gobierno se hallaba encabezado por un político con un perfil técnico: De la Madrid había iniciado su carrera en 1965, durante la administración de Díaz Ordaz, como subdirector general de Crédito en la Secretaría de Hacienda. Su sexenio representó el avance contundente de la tecnocracia priista; los programas de gobierno se alinearon a las directrices del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se llevó a cabo un significativo proceso de privatización de empresas paraestatales y se inició la apertura del mercado nacional. El presidente lanzó el discurso de la llamada renovación moral para encarar la crisis económica y política. En el terreno económico fue imposible controlar el deterioro; aumentaron el desempleo y la carestía, lo que motivó nuevas tensiones sociales a las que el gobierno terminó por combatir, hacia el final del sexenio, con la creación de nuevas fuerzas policiacas como la Fuerza de Tarea y Zorros.

Mientras tanto la Iglesia católica se fue fortaleciendo. Desde 1985 varios obispos del norte de México hacían una crítica abierta a la situación económica y política, y, en 1986, en el marco del proceso electoral de Chihuahua, llegaron a promover la suspensión del culto como protesta por la falta de limpieza en las elecciones. El PAN aparecería como una oposición viable, al lograr convocar una amplia movilización ciudadana en torno a la figura del empresario Francisco Barrio, quien denunció fraude en la elección para gobernador, y en Ensenada, Baja California, cuando por primera ocasión el panismo ganó la alcaldía con la candidatura del también empresario Ernesto Ruffo. Tres años más tarde, en 1989, Ruffo lograría ganar la elección estatal, convirtiéndose en el primer gobernador de oposición en el país.[21] Así, pues, a fines de los años ochenta la politización de los empresarios y su incidencia tanto en el PRI como en el PAN era un claro rasgo de la vida pública.[22] Su activismo también se expresó por medio de las reuniones denominadas “México en libertad”, con las que mostraron al gobierno su capacidad de convocatoria para formar una alianza opositora. Los encuentros convocados por la Coparmex en varias ciudades del país, en los que además participaban colegios de profesionistas, clubes sociales, agrupaciones de estudiantes, amas de casa y asociaciones femeniles, fueron un espacio importante para elaborar un proyecto alternativo de nación bajo el concepto “modernización integral”, con el que demandaban cambios de fondo al sistema político.[23]

Durante las siguientes administraciones, el neoliberalismo se consolidó en México en el contexto del discurso de la globalización[24] y gracias al afianzamiento de la tecnocracia de gobierno y a la alianza con una extensa gama de actores de derecha. El segundo subperiodo puede ubicarse entre 1989 y 1999, es decir, entre los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000), que constituyeron el último intento de la tecnocracia priista por mantenerse en el poder de forma ininterrumpida, tratando de garantizar la operatividad del nuevo modelo de desarrollo. En aras de legitimar su gobierno, después de unas elecciones donde la izquierda denunció fraude, Carlos Salinas de Gortari convocó a varios actores a acompañarlo en lo que llamó “proyecto modernizador del país”.

En el plano político, el mayor beneficiado fue Acción Nacional, partido al que se le concedió el papel de interlocutor y aliado del gobierno. La modernización de la estructura económica significó, entre otras cosas, la inserción de sectores estratégicos de la economía nacional en el proceso de globalización, la estrecha cooperación con el capital nacional y extranjero —que derivó en una mayor concentración de capital y la cual se gestionó a través de la Coordinadora de Organizaciones Empresariales y Comercio Exterior (1990)—, y la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (1994). En el plano social, entre 1991 y 1992 el gobierno dio por terminada la reforma agraria que fuera pilar del Estado nacionalista y puso al día la relación del Estado con las iglesias, en especial con la católica. En 1992 se reformaron los cinco artículos históricamente en disputa: el 3, sobre la educación; el 5, relativo a las órdenes monásticas; el 24, sobre la libertad de culto; la fracción II del 27, referida a los bienes eclesiásticos, y el 130, sobre la personalidad jurídica de las iglesias. El principal logro de la Iglesia católica fue el reconocimiento de su personalidad jurídica, con lo que se convirtió en sujeto de derecho frente a terceros. La clase política, particularmente la priista, dejó de lado el discurso liberal y laico que la había caracterizado durante buena parte del siglo XX y empezó a mostrar abiertamente su fervor religioso, convergiendo con la élite panista que nunca negó su filiación católica.

El sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) inició en medio de otra fuerte crisis económica, producida por la falta de reservas internacionales, la elevada deuda pública y la devaluación del peso, lo que causó quiebras de importantes empresas, desempleo, y provocó que muchos deudores no pudieran liquidar sus pasivos. El gobierno, además, tuvo que hacer frente a un nuevo movimiento social en Chiapas, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que surgió desde los primeros días de 1994, denunciando la pobreza en que vivían amplias capas sociales, mientras que el discurso del gobierno insistía en los beneficios de la supuesta modernización del país. El gobierno de Zedillo llevó a cabo importantes modificaciones a leyes secundarias de sectores estratégicos de la economía con el fin de recibir nuevas inversiones, cambios que serían la base para la posterior concreción de reformas constitucionales que impactaron a esos sectores. Ernesto Zedillo fue el último tecnócrata priista del viejo régimen que entregó el gobierno al primer presidente de oposición, el panista Vicente Fox Quesada, quien ganó los comicios del año 2000, inaugurándose así el periodo de alternancias de partido en el gobierno federal.

En 1998 el Partido Alianza Social logró su registro nacional. Esa agrupación, que aglutinaba a algunos grupos sinarquistas, tuvo corta vida, pero con su creación se pretendió dar continuidad al PDM, que perdió definitivamente su registro en 1997. Sin embargo, el dato más relevante en términos de los procesos de reorganización de las derechas mexicanas fue que justo a fines de esa década comenzaron a formarse varias organizaciones de la sociedad civil de ideología conservadora dedicadas a la defensa de los derechos humanos, las cuales tuvieron entre sus principales promotores a importantes empresarios. Y no es que fuese innovadora la participación de empresarios en el plano de la sociedad civil, lo novedoso era su activismo con relación al tema de los derechos humanos, lo que les permitió vincularse estrechamente con importantes estructuras internacionales. Tal fue el caso de Red Familia (1999), fundada por Lorenzo Servitje, presidente de Grupo Bimbo; esta organización forma parte del movimiento internacional Red Mundial de las Familias y de la Alianza Latinoamericana para la Familia, y desde su creación ha venido trabajando en México a favor de la familia tradicional y contra asuntos controversiales como la despenalización del aborto.

Las derechas en el contexto de la globalización y la transición conservadora (2000-2019)

La reorganización de las derechas mexicanas en el inicio del presente siglo ha estado definida por tres procesos. Primero, un factor muy importante para la derechización de la vida pública nacional fue el triunfo del PAN en la elección presidencial del 2000 y el ejercicio de gobierno por dos periodos, entre 2000 y 2012. Sus gobiernos representaron la continuidad de las políticas económicas neoliberales, la consolidación de la alianza entre la tecnocracia priista, el PAN y la fracción pragmática del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, y el fortalecimiento de la moral conservadora en el ámbito social. En 2000, el triunfo de un hombre de empresa como Vicente Fox generó grandes expectativas entre un amplio sector del empresariado, quienes veían en él a su principal aliado. Por su parte, para el sector tecnócrata del PRI, el hecho de que un empresario, miembro de la oposición, llegara a la presidencia de la república hizo posible la continuidad del proyecto económico y la gestión del modelo de desarrollo bajo un halo de legitimidad democrática. Para la derecha religiosa, el triunfo del panista fue parte importante de su estrategia para avanzar en sus viejas demandas, sobre todo cuando en campaña Fox prometió a los obispos católicos impulsar nuevas reformas constitucionales en pro de la libertad religiosa;[25] esta promesa fue refrendada seis años después por el también panista y candidato presidencial Felipe Calderón, presidente entre 2006 y 2012. El periodo de doce años en que gobernaron miembros del PAN fue especialmente importante para las derechas conservadoras del Bajío, centro y occidente del país, herederas del movimiento cristero y del sinarquismo, por lo que muchos panistas de esas regiones se incorporaron al gobierno federal.[26]

Segundo, aunque la derecha católica en México aún tiene un peso muy importante, cada vez es más relevante la participación de otras iglesias en la vida pública, por lo que en los próximos años será ya más apropiado referirse a la derecha religiosa y no sólo a la derecha católica.[27] Con el término derecha religiosa me refiero a la articulación de distintos actores individuales y colectivos, de perfil interclasista, los cuales despliegan estrategias diversas para la movilización en defensa de un credo o de un comportamiento social e individual definido por un designio divino o por la voluntad del Dios en el cual creen, cuya actuación puede apelar a textos sagrados o posiciones doctrinales, pero también, y de forma novedosa, a discursos científicos y legales con los que justifican su activa participación en la política contemporánea, tanto en el ámbito de la sociedad civil como en la política partidista.[28] Será importante no perder de vista esta dimensión que marca la reconstrucción de las derechas mexicanas, pues aunque en la primera década del siglo XXI ya se observaba que alrededor de 30 % de la población nacional participaba del proceso de cambio religioso y el 13 % formaba parte de las iglesias evangélicas —un conjunto complejo que incluye al menos 3 767— iglesias,[29] resulta imposible cualquier tipo de generalización sobre su participación política, que cobró mayor relevancia en el contexto de la elección presidencial de 2018. En este año el Partido Encuentro Social se adhirió a la coalición electoral ganadora, que postuló al candidato de una amplia alianza de izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.

El estudio de la activa participación de distintas iglesias en la sociedad civil y en los partidos políticos es un tema aún poco explorado; no obstante, sobre el primer punto existen evidencias claras que permiten identificar algunos rasgos de este proceso. El fortalecimiento de una importante red de organizaciones civiles de ideología conservadora, como parte de una poderosa estructura internacional vinculada con el tema de los derechos humanos, en México y en otros países de América Latina, ha dotado de nuevos recursos programáticos, discursivos y económicos a las organizaciones sociales tradicionales y ha creado las condiciones para el nacimiento de nuevas expresiones.[30] Si bien la defensa de los derechos humanos no es un recurso nuevo en el activismo católico, pues éste se incorporó con claridad en el contexto del Concilio Vaticano II (1962-1965),[31] básicamente habían sido los grupos progresistas los que priorizaron acciones en su defensa. En décadas recientes, sin embargo, los argumentos sobre los derechos humanos han sido utilizados por el conservadurismo católico, pero con un acento distinto al posconciliar. De ahí que la derecha católica use estratégicamente esta temática y, actuando como parte del lobby conservador, despliegue una eficiente estrategia de cabildeo y construcción de alianzas públicas y privadas, nacionales e internacionales. El principal objetivo de esta amplia red de organizaciones es redefinir la esencia de políticas públicas específicas, a través de incidir en la elaboración de leyes y en la definición de las acciones de gobierno.[32] Así pues, en lo que va del presente siglo, la derecha religiosa emprende un importante cabildeo con senadores y diputados federales y locales, con gobernadores y alcaldes, y con miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su activismo se expresa también por medio de la creación de vínculos con grupos de profesionales, especialmente con abogados y médicos, que brindan asesoría en materia de bioética, llevan a cabo seminarios, congresos y cursos, construyen opinión pública y aportan elementos para la judicialización de políticas públicas concretas.[33]

Como parte de esta red, en 2001 se creó la Asociación Voces por la Vida Capítulo México, que actualmente tiene grupos consolidados en Guanajuato, Querétaro y Sonora.[34] Además, con el argumento de la necesaria armonización de las leyes nacionales con los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano respecto de los derechos humanos, se reforzó la idea entre los grupos conservadores de que era necesario que sus activistas contaran con asesores sobre derecho constitucional e internacional. Si bien la Iglesia católica mexicana históricamente ha contado con un staff de asesores jurídicos para atender sus litigios, el Colegio de Abogados Católicos (CAC), que nació en 2005, se creó con la idea de ser un puente entre la Iglesia —específicamente del entonces titular de la Arquidiócesis Primada de México, el cardenal Norberto Rivera Carrera— y las organizaciones de la sociedad civil. El CAC promueve los principios cristianos en la actividad legislativa, judicial y en la enseñanza profesional.[35]

Tres años después, en 2008, como parte de la renovación de los vínculos entre la Iglesia católica y su feligresía, en México recibieron un importante impulso los llamados Nuevos Movimientos Eclesiales, en particular el Consejo Nacional de Laicos, cuyo objetivo era desarrollar nuevas estrategias para coordinar las acciones en las distintas diócesis del país. A través de éste, la Iglesia católica se puso en contacto con la red de organizaciones de la sociedad civil en defensa de la vida,[36] las cuales cabildearon reformas constitucionales en varias entidades del país para desincentivar posibles acciones en pro de la despenalización del aborto.[37]

En la actualidad, con la reforma a la Constitución Política federal aprobada en 2011, el capítulo I y el artículo 1 tutelan los derechos humanos y sus garantías. Con ese importante cambio, tanto los sectores liberales como los conservadores en el Congreso de la Unión encontraron el marco jurídico adecuado para impulsar sus respectivas agendas, por lo que promovieron posteriores reformas a otros preceptos constitucionales. A los grupos conservadores esto les permitió, años más tarde, impulsar una nueva narrativa en defensa de la libertad religiosa como parte de los derechos humanos y hacer nuevos planteamientos sobre la protección de la vida desde la concepción e incluso argumentar a favor de los derechos humanos del no nacido.

La reconfiguración de las derechas mexicanas se nutrió de nuevos procesos cuando, doce años después de la alternancia que mantuvo al PAN en el gobierno federal, el PRI regresó al poder en 2012. A pocos meses del triunfo priista, el presidente de la república logró concretar lo que por un momento fue la principal herramienta política para la operación de varias alianzas con actores clave de las derechas y con el ala pragmática del PRD. El llamado Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012, se erigió en el paraguas de las negociaciones entre el presidente, su grupo político y los líderes de los principales partidos nacionales para procurar la readecuación del modelo de desarrollo. Varias reformas estructurales fueron tomando forma por medio de un conjunto de cambios constitucionales en las materias energética, económica, de telecomunicaciones y radiodifusión, hacendaria, financiera, laboral, educativa, político-electoral y religiosa, a los que la opinión pública prestó menos atención y que no fueron producto de las demandas de amplios sectores sociales, sino de los grupos de interés y de la clase política. Esto ocasionó que, como producto de la apertura de áreas estratégicas de la economía nacional, entre 2009 y 2012, se registraran varios conflictos con comunidades originarias que se oponían a proyectos biotecnológicos, energéticos, hidráulicos, mineros, turísticos e inmobiliarios, debido a su impacto negativo.[38]

En cuanto a la regulación del fenómeno religioso, en noviembre de 2012, con la aprobación de la reforma del artículo 40 constitucional, que incluyó la laicidad como un rasgo más de la república, los sectores liberales del Congreso intentaron hacer un contrapeso al avanzado proceso de cabildeo por el que terminaría incluyéndose una concepción muy particular de libertad religiosa. Después de una larga lucha que atravesó el siglo XX y la primera década del presente, en 2013 los sectores conservadores consiguieron reformar el artículo 24 e incluir la libertad religiosa como parte de los derechos humanos. En México, desde las últimas décadas del siglo pasado los sectores conservadores empezaron a construir una propuesta de reforma basada en la idea de que era necesario pasar de una “laicidad excluyente”, que había permitido al Estado mantener su supremacía sobre las iglesias, a una “laicidad positiva o abierta”,[39] por la que el Estado moderno, social y democrático debía promover la libertad religiosa.

Bajo esta premisa, la libertad religiosa en los hechos implicaría mayor capacidad institucional de la Iglesia católica para actuar en la arena pública como credo mayoritario y con mayor poder entre el resto de las iglesias.[40] Si en la reforma religiosa de 1992 se reconoció la personalidad jurídica de éstas, con lo que se erigieron en sujetos de derecho frente a terceros, con la reforma de 2012 se garantizó la posibilidad de que las iglesias pudiesen avanzar sobre el derecho a difundir sus credos por todos los medios, educar en ellos y organizar a la sociedad en torno a ellos.[41] Producto de este proceso, desde 2016 legisladores de distintos partidos políticos presentaron iniciativas de reforma a aspectos específicos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público vigente, y en abril de 2018 se presentó una iniciativa, con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley.

En este ambiente de cambios sustanciales, algunas organizaciones de la sociedad civil aprovecharon que, en 2014, el Senado aprobó una ley para que la ciudadanía interponga iniciativas de ley,[42] y en febrero de 2016 la asociación ConFamilia presentó la iniciativa denominada Primera Reforma Constitucional Ciudadana, para modificar el artículo 4 constitucional y oponerse a la iniciativa de reforma a la Constitución Federal y al Código Civil que el entonces presidente de la república, Enrique Peña Nieto, enviara al Congreso para garantizar el derecho al matrimonio sin discriminación.[43] La iniciativa de ConFamilia, en cambio, pretendía proteger la familia tradicional.[44]

Por otra parte, se crearon dos importantes organizaciones: en 2015 nació Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, la cual promueve las distintas dimensiones que, en su concepción, deberán garantizar una verdadera libertad religiosa en México, y en 2016 se conformó el Frente Nacional por la Familia, que aglutina todas las agrupaciones antes mencionadas y que tiene el fin de combatir a lo que denomina “la ideología de género”.[45] El vocero del FNF es el panista Rodrigo Iván Cortés, quien fuera secretario de Relaciones Internacionales de Acción Nacional.[46]

Por último, el sistema de partidos también ha tenido importantes cambios a raíz de la renovada tendencia a la derecha. En 2014 obtuvieron su registro el Partido Humanista y el Partido Encuentro Social. El primero, si bien de corta existencia —pues perdió su registro en 2018—, se formó con algunos exmilitantes del PAN, miembros de la Coparmex y exmilitantes del PRI, y tuvo como objetivo la defensa de la dignidad humana. El PES, por su parte, había nacido en 2006 como partido político estatal en Baja California y en él participaban miembros de varias iglesias evangélicas. Como he mencionado líneas arriba, en la elección presidencial de 2018 el PES fue parte de la coalición triunfadora, con lo que su presencia nacional cobró nuevos tintes.[47]

Comentarios finales

En México, el siglo XX representó para la derecha social un largo periodo en el que probó ser capaz de reorganizarse y contribuir al viraje de la naturaleza del Estado y a la construcción de una amplia alianza que al final resultó triunfadora. Su articulación entre la segunda mitad del siglo pasado y el inicio del XXI se caracterizó, grosso modo, por ciertos escenarios:

a) Como en otros países de América Latina, se consolidó un importante sector de tecnócratas en el gobierno con un perfil conservador en su visión sobre los temas sociales y con el objetivo de facilitar, desde el Estado, el desarrollo del mercado nacional en estrecha relación con los intereses económicos y financieros internacionales.

b) El empresariado se posicionó como agente clave del cambio social y con una influencia cada vez mayor en las políticas del Estado, en el gobierno, en los partidos políticos y en la sociedad civil.

C) El ascenso al gobierno de un histórico partido de derecha, Acción Nacional, que hizo posible su larga trayectoria electoral, pero sobre todo el hecho de que sus aliados en el partido hegemónico y en el gobierno lograron fracturar el acuerdo posrevolucionario y hacer adecuaciones importantes al sistema político, en aras de construir una gran alianza en apoyo al proyecto neoliberal.

d) La pluralidad religiosa evidencia el debilitamiento del catolicismo[48] —el techo actual de la población católica es 73 %—, pero también expone como un rasgo insistente la relevancia que tienen las religiones en la política contemporánea.

e) Se consolidaron nuevas redes conservadoras de la sociedad civil, ligadas a estructuras internacionales, que adquirieron relevancia a la luz del debate sobre los derechos humanos.

Concluyo diciendo que es evidente que todos estos procesos son más complejos e imbricados de lo que se pueden presentar en un espacio tan pequeño como éste. Es necesario avanzar en próximos trabajos en una nueva mirada sobre las dinámicas que marcan la reconfiguración de las derechas y de las izquierdas mexicanas, incluyendo una reflexión sobre la forma cómo aquéllas se inscriben, por lo menos, en los escenarios latinoamericanos y cómo abrevan de nuevas influencias filosóficas y programáticas.