Caminar entre pobreza, lucro, violencia y expectativa

María Dolores París Pombo, Violencias y migraciones centroamericanas en México, México, El Colegio de la Frontera Norte, 2017

Mónica Palma Mora*

Entre octubre y noviembre de 2018, cinco caravanas de migrantes indocumentados provenientes de Honduras, en mayor número, El Salvador y Guatemala, ingresaron a México por el municipio de Suchiate, ubicado en el estado de Chiapas. Su objetivo: atravesar el territorio mexicano organizados en amplios grupos rumbo a la frontera norte, en particular a la ciudad de Tijuana, desde donde pretendían cruzar a territorio estadounidense. El gobierno mexicano, luego de una primera respuesta de contención y rechazo, les prometió apoyo temporal en materia de empleo y servicios básicos de salud y educación, pero con la condicionante de regularizar su estancia. La inmensa mayoría rechazó tal propuesta y optó por continuar su viaje. Esas caravanas de centroamericanos recibieron una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación masiva, nacionales e internacionales, y provocaron opiniones encontradas entre amplios sectores de mexicanos —de apoyo y solidaridad las menos, de franca antipatía las más—. De ser migrantes lejanos e ignorados por muchos mexicanos, cobraron notoriedad por su nueva forma de transitar por el país, por su origen centroamericano, por situación de marginalidad socioeconómica, y porque en su horizonte inmediato México no era su lugar de destino. ¿Cuáles fueron los motivos que los llevaron a adoptar una nueva forma de tránsito, aun cuando sabían que la política migratoria de México impide el ingreso a la migración indocumentada?

Las respuestas a esta interrogante se encuentran en el presente libro, referencia imprescindible para entender la cotidiana y cuantiosa migración de centroamericanos en situación de vulnerabilidad[1] en su paso por México. Su autora, Dolores París Pombo, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, analiza de manera minuciosa la interrelación entre movilidad humana, políticas migratorias, violencia y corrupción. Acorde con este propósito, y con fundamento en un sólido conocimiento de la documentación internacional y nacional en materia migratoria, en hemerografía y en una amplia bibliografía especializada, la autora expone con precisión y claridad, y con una prosa no exenta de emotividad, los procesos sociopolíticos y culturales que han afectado a los migrantes centroamericanos hasta convertirlos en fuerza de trabajo excluida de todo derecho y sujeta a todo tipo de violencia; en simple mercancía desechable que sólo adquiere valor por medio de la migración. Éste es el eje fundamental del libro: averiguar el vínculo entre violencia, la cual “en todas sus manifestaciones comunica una relación de poder”, (p. 19) y movilidad humana. Con base en los enfoques de varios teóricos de la migración,[2] la autora localiza dicho vínculo en el capitalismo neoliberal, el cual ha traído aparejado la exclusión de grandes masas de trabajadores a nivel global; en los países desarrollados, por el aumento del desempleo y la disminución severa de sus derechos sociales, y en los de menor desarrollo económico, por la vigencia de modelos económicos desiguales y excluyentes. La falta de oportunidades de trabajo, la violencia social, los desastres naturales, los lazos familiares y de paisanaje previos ya establecidos en Estados Unidos de América han llevado a miles de mexicanos y de centroamericanos a emigrar o reemigrar, sin importar los obstáculos (legales, inseguridad, violencia) que encuentran en su camino. Estos migrantes en tránsito integran una mano de obra de reserva sin derechos jurídicos, expuesta a múltiples violencias, en espera de ser reclutada en las “ciudades globales” en donde se incorpora a empleos mal pagados, sin derechos sindicales, y en cualquier momento deportable y sustituible, porque miles más están en camino. Esa situación ha repercutido en el auge de lo que se ha dado en llamar “la industria de la migración”, la cual incluye “los mecanismos intermediarios, negocios legales e ilegales que garantizan el cruce, la contratación, la fabricación o trámite de documentos, la movilidad y asentamiento en los lugares de destino” (p. 29). Las políticas antiinmigratorias, enfatiza la autora, benefician y favorecen a esta industria para quienes los migrantes sólo representan una mercancía, meros cuerpos que reditúan ganancias, y en caso contrario, sometidos a formas de agresión extremas (secuestro, mutilación, asesinato).

La violencia estructural —entendida como la ausencia de medios económicos de vida en los países de origen y políticas antiinmigratorias— y la violencia física que somete y despersonaliza a los migrantes han acompañado a los centroamericanos en su trayecto hacia Estados Unidos. Este argumento, explícito en el primer capítulo, es analizado con amplitud y destreza en los siete capítulos que integran el libro. De este modo, el segundo capítulo contiene un valioso recuento de las circunstancias sociopolíticas registradas en los países del llamado triángulo norte de Centroamérica, desde las guerras civiles que ensangrentaron a Guatemala y a El Salvador durante la década de 1980, hasta la extrema inseguridad social ocasionada por el aumento de las pandillas urbanas en ambos países. Se expone que el tránsito a la democracia y el proceso de pacificación que tuvo lugar en Guatemala y en El Salvador a partir de 1984 no implicó la llegada de un Estado de derecho, ni la reintegración plena a la vida civil de exmilitares y exguerrilleros; cuestión que, al combinarse con el establecimiento de políticas neoliberales a economías ya de por sí desbastadas por la guerra, exacerbaron las desigualdades y el descontento social. A esa situación se sumó la deportación de cientos de jóvenes ejecutada por el gobierno de Estados Unidos en el segundo lustro de la década de 1990. Cierta proporción de ellos había pertenecido a pandillas en el estado de California, cuyas formas de organización, operación y “símbolos de identidad” replicaron en toda la región centroamericana, México incluido (p. 66). Las circunstancias que afectaron a Guatemala y a El Salvador, aclara París Pombo, no correspondieron con exactitud a Honduras, país que hasta principios del presente siglo registraba cifras bajas de emigración. Este panorama cambió a raíz del huracán Mitch (1998), un desastre natural que dañó de manera severa las zonas rurales del país. A su vez, el empoderamiento de las pandillas o bandas territoriales provocó un ambiente urbano de extrema violencia: reclutamiento forzoso de niños y adolescentes, violencia sexual en contra de niñas y mujeres, extorsiones a familias, en particular a los que tienen parientes emigrados, impuesto de “guerra” o renta a sectores medios.

La vida en estos países pasó a ser invivible. Miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos se vieron forzados a emigrar y a buscar refugio; la inmensa mayoría de ellos en Estados Unidos y una proporción menor en México. En este orden, el tercer capítulo contiene un análisis de la política que en materia de refugio ha aplicado el gobierno mexicano, en particular desde el arribo a México de miles de refugiados guatemaltecos y salvadoreños de las guerras civiles. Se plantea que a pesar de las contradicciones y lentitud con la que ha actuado el gobierno mexicano en materia de refugio, reconoció la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México (1982), incorporó la figura del refugiado (1990) en la legislación migratoria y en el presente siglo el respeto a los derechos humanos de los migrantes sin importar su estatus migratorio (2011). Sin embargo, anota la autora con acierto, su aplicación ha sido inoperante o, en el mejor de los casos, ha quedado trunca. Esa ineficacia encuentra su explicación en la estrecha cooperación que desde fines de la década de 1980, los gobiernos de Estados Unidos y de México han establecido en materia migratoria, como resultado de varios factores: la falta de credibilidad de la política de seguridad nacional promovida por el gobierno estadounidense a raíz del fin de la Guerra fría; la reforma migratoria aplicada por dicho gobierno entre 1986-1988, la cual benefició a miles de mexicanos que radicaban en Estados Unidos sin documentos, y el Tratado de Libre Comercio, suscrito en 1994. Desde el gobierno de Vicente Fox (2000-2005) hasta el de Enrique Peña Nieto (2010-2018), los gobiernos de Estados Unidos y de México suscribieron varios acuerdos[3] con la finalidad de combatir el tráfico de drogas por la frontera sur mexicana. Esta cooperación, que incluyó apoyo financiero del gobierno estadounidense, en el fondo tuvo como prioridad aplicar una política de contención de los flujos migratorios que por la frontera sur mexicana se dirigían rumbo a Estados Unidos. De ese modo, plantea la autora, dicho país “externalizó” su frontera migratoria sur mucho más allá del río Bravo. La política de contención se intensificó aún más al comenzar a asociarse, también desde el gobierno de Vicente Fox, la noción de seguridad nacional con la migración de tránsito, cuyo resultado fue la criminalización de los indocumentados.

Ante las políticas de contención de los gobiernos de México y de Estados Unidos, los migrantes centroamericanos han recurrido a diversas estrategias de movilidad durante su tránsito por territorio mexicano. Su ansiedad por emigrar o reemigrar al norte del río Bravo ha llevado a muchos de ellos a permanecer por lapsos —a veces más cortos, en ocasiones más largos— en estaciones migratorias o cárceles en espera de reanudar el viaje; a emplearse de manera temporal en poblaciones ubicadas en las rutas migratorias o en las ciudades fronterizas del norte; a incorporarse a redes de paisanaje, y a buscar nuevas vías de entrada y de tránsito, sobre todo a partir de los desastre ocasionados por el huracán Stan (2005).[4] En su mayoría han contratado los servicios de guías, los cuales hasta principios del siglo XX gozaban de su confianza por tratarse de familiares o conocidos. Estos intermediarios han tendido a desparecer al ser suplantados por redes más complejas de intermediación (enganchadores, transportistas, dueños de hoteles, casas de seguridad, empresarios o autoridades migratorias y políticas) vinculadas con organizaciones delictivas. Esta información, descrita con amplitud en el cuarto capítulo, lleva a la autora a plantear, en el siguiente (quinto capítulo) que, si bien el abuso y la corrupción ejercida contra los indocumentados ha sido una práctica usual por parte de diversos intermediarios ligados a la migración, hasta los inicios del presente siglo no se había traducido en violencia homicida. Esta nueva característica se acentúa a partir del combate a la delincuencia organizada desarrollada por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y de la lucha por las rutas del narcotráfico entre diversas organizaciones criminales; dado que esas rutas coinciden con las de los migrantes centroamericanos, son tales organizaciones las que se encargan de regular con intensa violencia la migración de tránsito. Violencia que incluye el secuestro, la trata de personas (mujeres, jóvenes, niños/as), la desaparición forzada y las masacres. Esas formas de abuso, que con sentida preocupación son analizadas por la autora en el sexto capítulo, han formado toda una cadena de explotación que reditúa lucrativos beneficios a los “mercados delictivos”, pero que a la vez cosifica a los migrantes, negando su dignidad humana ante la indiferencia e impunidad de las autoridades mexicanas. En contrapunto con esta postura, la autora dedica el séptimo y último capítulo a destacar las actividades de ayuda y solidaridad a las migraciones centroamericanas, y en general a todos los indocumentados, emprendidas por muy diversas organizaciones no gubernamentales (ONG); muchas de ellas fundadas por agrupaciones religiosas (en su mayoría católicas), otras a iniciativa de instituciones internacionales y algunas más formadas por académicos. El apoyo varía según la organización de que se trate, pero abarca desde ayuda en servicios básicos (albergue, comida, ropa, salud, apoyo psicológico), hasta una activa lucha en defensa por el derecho al asilo, al refugio y al respeto de los derechos humanos de los migrantes en tránsito. Activismo que ha logrado incidir, hasta cierto punto, en la modificación de las políticas públicas. En su conjunto, enfatiza la autora, esas organizaciones componen un movimiento social, activo y solidario, que ha paliado la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito y que merece ser valorado.

El análisis entrelazado y fundamentado de las diversas circunstancias, factores, políticas y violencias que explican el incremento de las migraciones centroamericanas en el presente siglo y su cotidiano e infortunado tránsito por México convierten al libro de la investigadora Dolores París Pombo en un estudio autorizado, no carente de emotividad, sobre dichas migraciones y sobre la movilidad humana en general. Un escrito necesario para entender la actual crisis migratoria que afecta a toda la región centroamericana, y por supuesto a México, resultado tanto de políticas económicas neoliberales, desiguales y excluyentes, como de políticas que niegan el paso a los “sin papeles” y permiten a muchos intermediarios lucrar con los indocumentados, a deshumanizarlos. Por ello, este libro es también un reclamo de atención y tolerancia hacia los extranjeros en tránsito.