El arco histórico: de la democracia de masas a la democracia mediática

Aldo Agosti*

Resumen

El texto presenta un recorrido por la historia política italiana: desde la creación del Estado liberal democrático —al inicio del siglo XX—, la experiencia de integración de la sociedad en el Estado del fascismo, hasta la construcción de los grandes partidos de masas de la posguerra y su disolución por las grandes transformaciones sociales y políticas ocurridas en los años ochenta y noventa, que fracturaron la sociedad, hicieron inestable el sistema político e impusieron otra democracia, en la cual reaparecieron las fracturas, los localismos y las exclusiones.

Palabras clave: historia italiana, fascismo, posguerra, sistema político, democracia.

Abstract

The text presents a journey through Italian political history from the creation of the liberal democratic state at the beginning of the 20th century, the experience of integrating society into the fascist state, the construction of mass political parties in the postwar period to its dissolution by major social and political transformations that occurred in the eighties and nineties that fractured society, rendering the political system unstable and imposing another democracy where fractures, localisms, and exclusions reappear.

Keywords: Italian history, fascism, postwar, political system, democracy.

En ciento cincuenta años de historia italiana, el papel desempeñado por las organizaciones políticas y sindicales dejó huellas profundas y duraderas. A una escala sin comparación en el resto de Europa, ejerció presión tanto en la sociedad civil como en la administración pública, para bien o para mal.

En la transición desde los Estados preunitarios al Reino saboyano de Italia, después de la unificación de 1861, la clase dirigente liberal se preocupó sobre todo por construir el Estado nacional y por asegurar su legitimación. En este contexto, la aparición de las asociaciones civiles en el espacio de la política inicialmente fue observada con sospecha, hasta el punto de ser considerada un problema de orden público. Por lo tanto, la conquista de la legitimidad para los partidos políticos debió medirse con una legalidad frecuentemente puesta en discusión o incluso negada. Fue un desafío continuo a lo largo de los años posteriores a la unificación, efecto de la contradictoria síntesis entre liberalismo y democracia que caracterizó los primeros sesenta años de la formación del Estado italiano.

Después de la unificación, la clase dirigente italiana no disponía de estructuras orientadas a construir un consenso alrededor de las instituciones. La confianza en el Parlamento y en su capacidad para representar las opiniones y los intereses era tan fuerte que el problema de una organización “de las partes” fuera de la esfera institucional permaneció por largo tiempo ajeno a la cultura política de la clase dirigente liberal. De hecho, era en las aulas parlamentarias donde debían confrontarse los “partidos”, los cuales habían de ser entendidos como agrupaciones mutables de diputados reunidos alrededor de las figuras más eminentes e influyentes. En los primeros parlamentos posunitarios, la derecha y la izquierda históricas representaban los ánimos moderados de los grupos políticos saboyanos y democrático-garibaldinos de una clase dirigente liberal que, atravesada por continuas divisiones en grupos y facciones principalmente de carácter regional, no lograba organizarse según el modelo anglosajón de mayoría y oposición parlamentaria. Sin embargo, esa jaula de alguna manera le quedaba estrecha a una sociedad en la cual se registraba una transformación de cierto peso.

Una red de asociaciones bastante espesa, extendida por todo el territorio nacional, ramificaba la vida cultural y política posunitaria. Podía tratarse de viejas formas corporativas, de círculos de diferente naturaleza que se adaptaban a una nueva función de representación de intereses, ya que no todos podían ser mediados por el Parlamento. La masonería, por ejemplo, desarrolló un papel importantísimo; esta agrupación pareció moverse en una dialéctica no resuelta, oscilando entre una forma organizativa prepartidista y una función incluso de “superpartido” transversal. Si se examinan los casos locales, con frecuencia se nota una especie de relación de filiación entre la forma de sociabilidad laico-religiosa (la confraternidad), la logia masónica y la asociación democrática-republicana. Las asociaciones voluntarias relacionadas con la órbita de la masonería cubrían un amplio espectro: desde las sociedades con finalidades explícitas educativas y culturales (bibliotecas y universidades populares en especial) hasta las diferentes expresiones de asociacionismo pequeñoburgués y popular (sociedades de cremación, de los sobrevivientes, de mutuo crédito, etcétera) concentrado en la promoción de un sentimiento patriótico anticlerical. Emergen así las características de un modelo de asociación que parece retomar, precisamente, el de un “superpartido”. Las logias masónicas asumen casi una fuerza de partido, como eje disimulado pero eficiente de una red de asociaciones que garantiza un apoyo decisivo para los representantes en las instituciones identificados como intérpretes de la civilidad y del progreso: democráticos, radicales, liberales, progresistas y, en algunos casos, también socialistas.

En la historia de la ampliación del espacio político, un primer parteaguas surgió a partir de la década de 1880, cuando la doble reforma del sufragio, en 1882 en el plano político y en 1888 en el administrativo, extendió el derecho a votar, favoreciendo el acceso a la política de las clases sociales medias y bajas, tanto en las grandes ciudades como en las de la provincia rural. Hasta entonces el sufragio se había limitado a las bases de los censos, y el cuerpo electoral constituía una muy pequeña parte de la población: aproximadamente 2 % de los italianos. Al combinarse con un notable dinamismo asociativo que se desarrolla en el denso tejido urbano del país, el ejercicio del derecho a votar se convierte en una forma efectiva de la participación política.

En la sociedad civil y fuera de la vida parlamentaria, las fuerzas de oposición comenzaron a definir su propia organización de naturaleza partidista, con distintas motivaciones: religiosa para los católicos, institucional para los promotores de la república, socioeconómica para los socialistas. Se crearon amplias asociaciones de solidaridad y de tutela de los intereses sociales, que interpretaron que debían actuar en forma competitiva con el Estado respecto de la situación política local. Los demócratas radicales en los años de la transición unitaria, y después los socialistas y los católicos, trasplantaron al territorio una extensa red de organizaciones que contribuyeron a defender la cohesión cultural y social. El resultado fue un impulso objetivo a la legitimación de la nueva clase dirigente de extracción social media, que se había formado en los gobiernos locales. Las instituciones centrales, en cambio, no lograron construir, en nombre de los valores monárquicos liberales, un verdadero espacio político nacional común para todas las culturas y capaz de neutralizar los conflictos sociales.

Una primera e importante forma de agregación tuvo lugar en las sociedades de ayuda mutua, en las cuales la beneficencia fue integrándose gradualmente a un sistema de nuevas prácticas de solidaridad, con un dinamismo que disgregaba las antiguas relaciones de sujeción al clero y a los “señores”. Junto con la ayuda mutua se afirmó la cooperación: si el mutualismo aseguraba la defensa de las clases sociales más vulnerables frente a las transformaciones económicas en las actividades productivas, el asociacionismo de cooperación expresaba la respuesta a los efectos más visibles de estos cambios, es decir, la desocupación y la expulsión del mundo del trabajo. En particular, el surgimiento de una organización autónoma de trabajo y producción entre los braceros agrícolas afirmaba un modelo de asociación completamente peculiar en el panorama europeo.

La transformación de las sociedades obreras de ayuda mutua en las organizaciones llamadas de “mejoramiento”, y por lo tanto de abierta resistencia, inició a lo largo de los años setenta y ochenta del siglo XIX. En los centros urbanos las cámaras de trabajo conquistaron su propio espacio. Impulsadas por el ejemplo de las Bourses du travail nacidas en Francia, las primeras cámaras de Italia surgieron en Turín, Milán y Piacenza a inicios de los años noventa del mismo siglo y en una década enraizaron en todo el país. Estos organismos, territoriales y con diferentes funciones, se convirtieron en el centro de los nuevos equilibrios entre las asociaciones en el mundo del trabajo organizado, logrando garantizar no sólo una tutela relacionada con la colocación y los problemas de ocupación, sino también con los servicios de asistencia y de oportunidades culturales, como las escuelas y los cursos de formación, las bibliotecas y las universidades populares. En particular, las cajas del pueblo fueron un lugar estratégico en el universo recreativo y cultural del que se alimentaría el movimiento socialista. Este modelo fue imitado tanto por el movimiento democrático-republicano como, con obvias diferencias, por el católico.

La importancia de las cámaras laborales fue la de conjugar, aún más que las sociedades de ayuda mutua y las ligas de resistencia, un aprendizaje civil cada vez más politizado, con una tutela social y económica. En suma, también ésta fue una experiencia de asociación bastante particular en la historia del movimiento obrero europeo. Ya con el mutualismo, pero sobre todo con la entrada en escena de la cooperación, de las Cajas del Pueblo y de las articulaciones del movimiento sindical (ligas y cámaras de trabajo), tomaba forma en Italia aquella correlación entre fenómenos asociativos e ideologías políticas que marcaría la historia nacional por aproximadamente un siglo. En una realidad como la del Estado liberal italiano, que marginaba los universos políticos y culturales de los opositores, cada iniciativa emprendida en el terreno de las asociaciones asumía un valor preciso tanto político como ideológico.

De cualquier forma, la politización de las diversas asociaciones se veía influida, sobre todo, por la ideología socialista, que ampliaba su capacidad de movilización y las llevaba al terreno de la lucha de clases, con una elección cultural y política totalizadora. Era un reto que no sólo provocaría un dinamismo análogo entre los propietarios agrarios y los empresarios, sino que también involucró a las culturas de oposición, en especial la católica, prefigurando el escenario caracterizado por la competencia y el conflicto de principios del siglo XX.

A lo largo de la década de 1880, la gama de agrupaciones que participarían en el movimiento obrero y socialista italiano se fue formando, en particular en las áreas septentrionales del país, donde tenía lugar un primer desarrollo manufacturero en los centros urbanos, mientras los campos padanos, con la agudización de la crisis agraria, eran atravesados por una intensa agitación social.

El proceso de construcción de un partido socialista ocurrió a través de una cerrada secuencia de congresos locales, regionales y nacionales, a lo largo de los cuales se configuró una identidad socialista. Constituido en agosto de 1892 durante el congreso de Génova con el nombre de Partido de los Trabajadores Italianos, reunía en sus inicios a los representantes de aproximadamente doscientos círculos y sociedades locales, predominantemente de la Emilia, de la Lombardía y con la importante aportación de los Fasci di Sicilia. Esta organización, fundada sobre una significativa red de asociaciones socioeconómicas, recreativas y culturales, aun cuando sí conoció un proceso de politización y centralización de su estructura original federativa, nunca desarrolló una efectiva disciplina de partido.

El tejido ideológico y organizativo común se definió en el encuentro entre las sociedades obreras y un grupo de intelectuales burgueses de formación radical y positivista, guiados por Filippo Turati. Fue crucial la función que él asignó al partido como “educador” de clases subalternas que hasta ese momento habían permanecido apartadas de la vida pública: una función que ya entonces era central en la construcción de la identidad republicana de ascendencia mazziniana, pero que ahora se traducía en el anuncio de una “civilización socialista”.

El movimiento socialista deseaba fomentar en los grupos subalternos una identidad política que conjugaba estas aspiraciones éticas y pedagógicas con la conciencia, la solidaridad y la disciplina de clase. Por una parte, se trataba de una identidad alternativa y antagonista a la de las instituciones: más que aspirar a conformar un movimiento socialista trasnacional que opusiera las fuerzas conjuntadas en el mundo laboral del capitalismo, echaba luz sobre un ulterior factor de distinción y de reconocimiento: el internacionalismo proletario. Por otra parte, con el surgimiento y la afirmación de la militancia socialista solicitada por el sistema electoral (político y administrativo), el partido desarrollaba una función de integración democrática de las clases subalternas a la vida social y política del país. Con este objetivo lucharon tenazmente Turati y el grupo dirigente reformista a través de la acción en el Parlamento, pero también mediante las cámaras de trabajo, las ligas campesinas y las cooperativas, con la guía de diferentes administraciones municipales de las áreas padanas, Imola y Reggio Emilia entre las primeras, hasta comprender, durante la Gran Guerra, importantes ciudades como Bolonia y Milán.

Fue sólo a partir de 1901, con los gobiernos de Zanardelli y Giolitti, que el Partido Socialista y las organizaciones sindicales fueron aceptados, en cierta medida, como actores reconocidos del sistema político italiano. No obstante, los gobiernos no se abstuvieron de enviar las fuerzas del orden a mitigar las huelgas socialistas y políticas ni de justificar el uso de las armas. Fue un equilibrio precario y contradictorio que, sin embargo, permitió al liberalismo democrático manejar la primera industrialización de la sociedad italiana, al menos en el momento de la radicalización prebélica de los antagonismos sociales y políticos, efecto tanto de la introducción del sufragio universal masculino en 1912 como de la afirmación de una concepción autoritaria de la idea de nación.

Frente a una clase dirigente que había renunciado a aceptar en su totalidad la síntesis entre liberalismo y democracia y que perseguía —en vano— asimilar a las oposiciones a condición de que renunciaran a su identidad, el movimiento socialista se vio forzado a asumir una función democrática y cultural nacional. Basta pensar en el papel desarrollado por el periódico Avanti, nacido en 1896 y que desde entonces se convirtió no sólo en el punto de apoyo organizativo y el principal factor constitutivo de la tradición socialista, sino además en el símbolo de una unificación nacional de lenguajes y discursos políticos nunca registrada. Sin embargo, la función democrática y nacional asumida por el socialismo diluyó parcialmente la identidad de clase del movimiento, exponiéndolo a la ofensiva ideología que acompañaba la preponderancia de la burguesía en los impulsos materialistas y bélicos.

Si el papel del socialismo en el crecimiento civil y cultural del país fue complejo, el del movimiento católico fue aún más difícil de definir, pues era más contrastante y ambivalente. En el Reino de Italia, con una monarquía representativa que se inspiraba en los valores del liberalismo europeo, las vicisitudes del catolicismo social y político siempre estuvieron estrechamente relacionadas con las estrategias de acción del papado y de las organizaciones eclesiásticas. La conquista de Roma y la cancelación del vínculo entre Estado e Iglesia pusieron en duda para los católicos la legitimidad del Estado italiano, cuyas instituciones representativas no reconocían. Es más, con el non expedit de 1874, el papa Pío IX los exhortó a que no participaran en la vida política.

Sin embargo, con base en la convergencia de intereses sociales y económicos, incluso algunos sectores conspicuos del electorado católico concurrieron muy pronto a apoyar a los notables liberales en la administración de los municipios locales. También a nivel social, a los católicos se les planteó el problema de una estructura organizativa de carácter nacional. Su iniciativa se extendió más allá de los tradicionales ámbitos devocionales, caritativos y asistenciales, y terminó asumiendo un valor político mucho antes de que se formara una estructura partidaria explícita. Además, ésta comenzó a discutirse entre 1878 y 1879, ventilando la hipótesis de un partido conservador nacional con raíces en el mundo agrario, capaz de condicionar a la clase dirigente. Sin embargo, fue en la cuestión social donde los católicos identificaron el terreno apto para ampliar su fuerza organizativa. En algunas regiones como el Véneto, donde el último periodo de la dominación austriaca afirmó el papel de la religión y de un clero predominantemente de extracción popular, emergió de manera precoz una “Italia blanca”. En las áreas rurales menos golpeadas por las transformaciones capitalistas y por la difusión del socialismo, los católicos colocaron las premisas para el enraizamiento que marcaría por casi un siglo la identidad social y cultural de ese territorio. A través de la red de cajas rurales, que garantizaba el tejido conectivo en los contextos comunitarios, pero también gracias a la acción de reivindicación de las ligas sindicales “blancas”, se desarrollaban las premisas de una verdadera organización política de los católicos, que la Iglesia miraba en algunas ocasiones con sospecha y en otras con cauta apertura.

El conflicto mundial actuó como un formidable acelerador de las tendencias que ya eran visibles durante la primera década del siglo XX. Por una parte, infligió una seria herida a la primera y tímida forma de organización de un Estado democrático; por otra, desplegó una fuerza enorme no sólo en la movilización obligada de grandes masas, sino que imprimió una poderosa aceleración a los conflictos sociales, suscitó grandes esperanzas de rescate y emancipación y, al mismo tiempo, un miedo igualmente grande de que se pudiera imitar el ejemplo de la Revolución de Octubre.

El final de la guerra trae consigo el impetuoso crecimiento del Partido Socialista, que consolida y expande su representación parlamentaria y extiende su control a un creciente número de administraciones locales, y todavía más de la Conferencia General del Trabajo (CGL) y de la Federterra (la organización de los braceros y aparceros). No menos impresionante es la fuerza expansiva del movimiento católico, que finalmente se organiza como partido aconfesional (pero claro, no inmune al condicionamiento ejercido por la Iglesia), el Partido Popular Italiano, y que también da vida a organizaciones sindicales harto combativas. Las formas elitistas y notables de la vieja política también se estremecen profundamente, porque quien da voz a los intereses amenazados por el avance de los partidos populares se presenta como una nueva fuerza política, ideológicamente ecléctica y confusa, socialmente mezclada, pero muy consciente de que el desafío lanzado por los socialistas y los católicos sólo puede ser aceptado en su terreno, es decir, movilizando y organizando a las masas. El surgimiento del fascismo como protagonista victorioso de la crisis de la primera posguerra es la expresión de las fracturas sociopolíticas y, al mismo tiempo, de la oposición entre modernidad y retraso —en las instituciones políticas como en la sociedad— que era el origen mismo de la crisis.

El fascismo se afirmó como movimiento de reacción agraria en las zonas de mayor sindicalización, pero rápidamente obtuvo el apoyo de la gran mayoría de las clases burguesas, así como de los principales grupos financieros e industriales; invocaba el superior interés nacional, pero era el vehículo privilegiado de movilización bélica para las clases medias; se alió a los notables liberales para restaurar la autoridad del Estado, pero llevó al poder a una nueva clase política que instauró un régimen autoritario basado en un estatalismo completamente inédito y en una no menos inédita integración de las masas (el partido en todas sus articulaciones civiles y parlamentarias, los sindicatos, la Opera Nazionale Dopolavoro, etcétera). Se acometía una importante empresa de nacionalización desde lo alto, mediante la imposición incluso de una religión política con sus liturgias y sus ritos y parcialmente lograda, con efectos colaterales de no poca importancia sobre la modernización de las estructuras del país y su sistema de previsión social. Una empresa, por lo tanto, con algunos aspectos de inclusión, pero confiada a instrumentos autoritarios clientelares y contradicha por el declive de los equilibrios territoriales y productivos, por la durísima represión contra la oposición política reducida al silencio y obligada al exilio, y por la creación de una discriminatoria y rígida jerarquía social —de hecho, nunca mellada— que se consolidó con las leyes raciales antijudías, anticipadas por las normas y prácticas excluyentes o de marginación de otros sujetos (súbditos africanos, homosexuales, etcétera).

Si la nacionalización fascista —negando cualquier efectiva socialización política de masa— terminó por presentarse como nacionalización burocrática y administrativa, y sobre todo por asegurar la tutela de algunas clases privilegiadas, la reacción del sector antifascista ante ella produjo tanto una nueva reflexión sobre la relación entre los partidos y el Estado (y entre clase y nación en la sociedad de masa) como el reforzamiento defensivo de las identidades particulares, sobre todo católica y comunista, pero también socialista y liberal democrática.

Las piezas artificiosamente dispuestas y ya en parte desconectadas del universo inclusivo construido por el régimen se hicieron pedazos con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando se perfiló como inevitable la derrota militar. Se derrumbó el andamiaje del Estado fascista, aunque logró resistir en algunos aspectos bajo la protección de su aliado alemán, que había ocupado el norte de Italia. Incumbía ahora a las fuerzas políticas y sindicales que el fascismo había disuelto, perseguido u obligado a actuar bajo su control, tomar en sus manos una práctica de inclusión. A través de las organizaciones periféricas de la Iglesia, ocupadas en tejer las redes de asistencia y solidaridad para enfrentar las más urgentes necesidades materiales de la población, y a través de los partidos antifascistas, que arduamente se reorganizaron bajo el signo de un proyecto de Estado y de democracia que rompió con el pasado, esos partidos constituyeron formas embrionarias de participación democrática y aseguraron la supervivencia de una guerrilla tras las líneas del enemigo, que, por estar organizada como banda partisana, con frecuencia constituyó una oportunidad de educación, crecimiento civil e igualdad social.

Son estos partidos y organizaciones —entre las cuales reviste desde el inicio un papel de decisiva importancia la sindical, reconstruida en un primer momento como un patrón unitario— quienes ocupan poderosamente la escena nacional en el periodo entre 1945 y 1980, sobreponiéndose a un universo heterogéneo de experiencias, pertenencias, colocaciones, e interactuando entre sí. Son partidos de masa que por el número de sus miembros tienen pocos iguales en Europa, precisamente porque se implantan en el terreno ya arado por el fascismo, que había intentado ocupar y organizar todos los espacios de la comunidad nacional. Por este motivo es posible percibir la permanencia de estructuras de pensamiento “profundas”, que transitaron como tales de la Italia fascista a la republicana, y no faltó alguna continuidad o analogía en las formas antiguas y nuevas de la movilización política y en las relaciones entre ciudadanos, partidos y Estado. Pero los programas de los partidos antifascistas o sus prácticas cumplieron una función profundamente diferente: contribuyeron a la construcción de un espacio político nacional ya no delimitado por empalizadas autoritarias, sino inspirado en principios pluralistas y competitivos. De una forma u otra, los partidos, y sobre todo los “partidos de integración de masa”, desarrollaron un papel que en otros contextos históricos perteneció al Estado: actuaron para superar las diferencias regionales y formar un electorado y un liderazgo homogéneo, de tal forma que se transformaron de entidades delimitadas en entidades con una base nacional. Antes de la Guerra fría, los partidos políticos lograron encontrar en el antifascismo y en la Resistencia un punto de referencia simbólico ampliamente compartido, capaz de legitimarlos, de constituir el discurso opuesto al proyecto de Estado definido de común acuerdo, y también de asignar un horizonte no acertadamente considerado como la ampliación del antifascismo político mediante la reglamentación de las relaciones económicas, la reorganización de la producción y de los consumos, el crecimiento de la economía nacional y el de un moderno Welfare State. Esto representaba la Asamblea Constituyente y sus trabajos para formar un sistema político que, aun sometido a lacerantes tensiones, logró asegurar la capacidad de una democracia relativamente estable. Comunistas, socialistas y católicos, no obstante sus profundas y crecientes diferencias ideológicas, operaron paralelamente para transformar la democracia italiana —por primera vez— en una democracia con participación de masas.

Claro, los partidos constituyeron con frecuencia expresiones de pertenencias separadas (ideológicas, pero también comunitarias) más que de una antigua pertenencia nacional. Esto contribuyó a hacer que los italianos no sintieran la ciudadanía como una adquisición y un patrimonio común, sino como una derivación de las pertenencias políticas, característica que sería inevitablemente acentuada por la Guerra fría y por el papel estratégico que en su escenario revistió la península, así como por la persistente e invasiva presencia de una Iglesia preocupada por salvaguardar el beneficio de la posición que gozaba en la sociedad italiana. Cuando las izquierdas fueron excluidas del gobierno, en la primavera de 1947, y todavía más con las elecciones del primer parlamento republicano en abril de 1948, se produjo una profunda fractura en el país, que con la excomunión del Vaticano a los comunistas y a sus aliados en 1949 corrió el riesgo de agudizar una división religiosa.

Sin embargo, esa fractura no se consumó en su totalidad: fue sobre todo en esta fase de “guerra civil fría” (1947-1953) cuando se pudo adoptar para la democracia italiana la metáfora arquitectónica del arco “cuya estabilidad depende del balance entre dos impulsos antagonistas, en este caso expresado por dos subsistemas de solidaridad y de intereses, por dos universos simbólicos y de valores, por dos principios de legitimidad alternativos” (Alfio Mastropaolo). Efectivamente, por una parte, los partidos de masa dividieron a la sociedad, pero por otra la estructuraron, prescribiéndole metas colectivas y superiores, recomponiendo intereses difundidos y, a su modo, acortando la antigua separación entre ciudadanos y política. La Democracia Cristiana (DC) y el Partido Comunista Italiano (PCI) desarrollaron, una especie de función pedagógica con relación a sus militantes, que, al menos hasta mediados de los años cincuenta, todavía seguía la consigna de “proteger” a la sociedad civil de cualquier cambio brusco: tal vez fue la forma de regular un conflicto que se advertía desestabilizador de los equilibrios arduamente alcanzados.

Llegando más allá de los confines de su asentamiento regional más fuerte y de sus mismas referencias sociales (el mundo de la pequeña propiedad campesina y de las clases medias para la DC, las clases medias y las clases más pobres de los campos del centro de Italia para el PC) ambos partidos se ramificaron rápidamente por todo el territorio y penetraron, aunque no en la misma medida, en casi todas las clases sociales, con frecuencia supliendo el vacío de las instituciones públicas. La DC mezcla conscientemente el paternalismo de los párrocos, el municipalismo de la zona “blanca”, el clientelismo de los notables meridionales, las posiciones intolerantes del pontificado de Pío XII y los arranques solidarios del catolicismo demócrata. Como partido, gradualmente traspasa los límites demasiado estrechos de la estructura eclesiástica, permeando los aparatos estatales y monopolizando los recursos. Mediante una ideología flexible y un enfoque interclasista, logra una ubicación intermedia en el sistema político, uniendo la opinión moderada con la conservadora para representar ambas instancias y combinarlas con la solidaridad católica. En tal forma, pudo intervenir desde diferentes posiciones de fuerza en el sistema de intereses mediante la colonización de las empresas estatales, de los bancos y de la propia administración pública.

En cuanto al PCI, en su proyecto de una sociedad que debía redefinirse según nuevas formas políticas, la totalidad de las relaciones sociales fundamentales terminó por traducirse en el ansia pedagógica que en otros contextos caracterizó la action building del Estado. Las tareas que éste asumió, como la alfabetización política de las masas y el control y reglamentación del conflicto, se volvieron aspectos decisivos para preservar el frágil equilibrio de la democracia republicana. Bajo la dirección y por el impulso principalmente de Togliatti —que también debía ganarle a una oposición interna, no declarada pero sí muy fuerte— el PCI consideró por muchos años el problema de la defensa y la actuación de la Constitución: así, dio un vuelco la concepción tradicional del Estado italiano que deseaba relacionar las aspiraciones de los trabajadores con la subversión política, y de esto se derivó para el PCI una legitimación democrática más fuerte que los intentos de excluirlo de la legalidad. De esta forma, y más allá de una “segunda intención” que persistió al menos hasta 1956, el PCI educó a sus militantes en un hábito democrático que representó un gran fenómeno de crecimiento civil, transformando a millones de “súbditos” en “ciudadanos”. Al asumir la representación de los intereses de las clases más débiles, conjugó oposición política y oposición social, pero nunca renunció a proponerse como una fuerza política nacional, en virtud, entre otras cosas, de la relación privilegiada y establecida de inmediato con los ambientes intelectuales laicos.

Este esquema de adhesión y protección llevado a la práctica por los dos partidos más grandes de Italia dejó una profunda huella en más de veinte años de la historia de la República. Sin embargo, sería un error considerar a los demás partidos como mero acompañamiento en el paisaje político nacional, porque también ellos obraron, según las circunstancias, como amortiguadores, frenos, estímulos o apoyos. Empezando por el que casi de inmediato dejó de existir, el Partido de Acción, cuya rica herencia yace bajo los sucesos de la política italiana y con frecuencia se ramifica en sus momentos más significativos: Ugo La Malfa, que representa su componente liberal e infunde nueva vitalidad al Partido Republicano, fue el verdadero artífice de la liberación de los mercados, lo que permitió a la economía salir de su histórico retraso, y también fue de los primeros en intuir la necesidad de acercar al PCI al gobierno. Y en la tenaz acción del Partido Socialista de Nenni, decisiva para promover el descongelamiento de la situación política italiana y la ruptura de una prolongada atadura de la izquierda que se aplazó hasta después de los años cincuenta, tuvieron un papel importante muchos exintegrantes del Partido de Acción convertidos en protagonistas al solicitar algunas importantes reformas democráticas: desde la nacionalización de la industria eléctrica hasta la introducción de la escuela media única.

Pero la superación de esta “guerra civil fría” se debió a los cambios que experimentó la sociedad más que a los sucesos políticos culminados en la derrota de la ley mayoritaria en 1954. Como efecto del “milagro económico”, los procesos migratorios comenzaron a mezclar a la población y a transformar la estructura de clase, pero también las culturas, los valores y los modelos de comportamiento, en especial de quien se mudaba del sur hacia el norte, de los campos a las fábricas. Pero no sólo eso, sino que la industria y la urbanización también llegaron al sur, donde la tímida e incompleta reforma agraria de 1950 hizo sentir sus efectos. Frente a tales trastornos, los partidos de masa y los sindicatos se revelaron formidables mecanismos de integración social, pero resistieron a su vez el trastorno, sobre todo cultural, que la emigración y la industrialización provocaron.

El PCI captó con prontitud y eficacia el descontento y la protesta, los organizó y les dio una forma política. Sin pretender contraponerse frontalmente a los procesos de modernización de la sociedad italiana, sino indicando sus estridentes distorsiones y carencias, reunió el consenso de una variada coalición social, minoritaria pero presente y activa en la escena política y cultural: obreros e inmigrantes en primer lugar, pero también sectores de clase media y de los intelectuales, y una opinión pública que ya no discriminaba a los comunistas como lo había hecho antes, ello gracias a la ruptura de la Guerra fría y al clima más respirable inaugurado en Italia por el centro-izquierda (es decir, con el apoyo y la participación del Partido Socialista) y, sobre todo, al viraje que dio la iglesia de Juan XXIII en la fase final de su pontificado.

También la DC se muestra capaz de interpretar el cambio: al verse la subcultura católica y el electorado rural erosionados por el desarrollo, reacciona con recursos no libres de militancia, entusiasmo y pasión política, pero sobre todo diversificando los intereses con los que interactúa, transformándose —a través de la ocupación del poder, las formas más articuladas de subgobierno y el clientelismo de masa— en una máquina de inagotable mediación. Gravado por estas hipotecas, el diseño reformista de los gobiernos de centro-izquierda, después de un impulso inicial que tal vez extrajo su inspiración más fuerte precisamente de la capacidad de acción de la izquierda democristiana, se extingue en una serie de extenuadas mediaciones y referencias.

A fines de los años sesenta, la imponente movilización colectiva estudiantil, sindical y civil que conmociona a la sociedad italiana rompe los diques erigidos por los partidos y abre una nueva época caracterizada por un deslizamiento del electorado y de la opinión pública hacia la izquierda. Los contenidos de las reivindicaciones estudiantiles, en su ideología radical y en su explícito rechazo a cualquier evolución gradual, eran en buena parte extraños a la cultura del PCI, en el cual prevalecía una visión de la relación entre sociedad civil y sociedad política que tendía a diluir siempre y por completo a la primera en la segunda, y se mostraba reacia a reconocer una expresión autónoma de los movimientos sociales fuera o en contra del sistema político existente. Sin embargo, el partido logra superar muy pronto la desventaja inicial: aun criticando y rechazando las orientaciones antinstitucionales prevalecientes en las subculturas de los movimientos del 68, en cierta medida se apropia de algunas de las temáticas, como la crítica de la organización del trabajo, la discusión de los roles de género y de las jerarquías generacionales o el reconocimiento del nexo entre la dimensión de lo “personal” y la de lo “político”; y gradualmente atrae a su órbita o incluso a sus filas una parte significativa de dichos movimientos. El terreno en que mejor se logra encauzar el desafío de la protesta de la izquierda es donde ya tiene raíces sólidas y profundas: la fábrica. Fuera de sus puntos más utópicos y extremistas, las protestas obreras que estallaron en el “otoño caliente” de 1969, que buscaban mejores horarios y condiciones de trabajo, salarios más altos, casas, escuelas y mejores servicios sanitarios, son compatibles con los objetivos de una modernización y de una reforma del Estado en el marco de un avanzado sistema de Welfare, objetivos a los que el PC había reconvertido su programa de forma tácita pero inequívoca.

Así fue como el PC logró convertirse primero en un activo interlocutor y, posteriormente, en beneficiario de las luchas obreras y sindicales que por amplitud e intensidad tenían pocos puntos de comparación con los países capitalistas avanzados. La estrategia unitaria de las tres confederaciones sindicales, cuyos objetivos convergen en muchos sentidos con los comunistas, se convierte en un instrumento eficaz para la búsqueda de alianzas que el partido consideraba necesarias para invertir el viejo modelo de desarrollo y asumir responsabilidades de gobierno.

La ola de 1968 y 1969 también convulsiona al mundo católico: adquieren presencia las organizaciones de masa católicas; en el terreno arado por el Concilio Vaticano II se consuman experiencias religiosas de vanguardia; la Confederazione Italiana Sindicati Lavoratori (CISL) —ya entonces laboratorio de políticas sindicales innovadoras— se trasforma en un sujeto activo de las luchas obreras, ampliando su espectro de acción más allá de sus distritos tradicionales de referencia.

Una diáspora del voto católico hacia los partidos de izquierda, incluyendo al comunista, empieza a hacer sentir sus efectos. Por otra parte, el PCI, aunque atendiendo a las referencias que se manifiestan en el mundo católico e intentando ofrecerles un punto de llegada, no pierde de vista la importancia de la DC en el sistema político italiano. Por muy dura que sea la contraposición de los temas de la política exterior y de la política económica, la DC puede fungir como pieza clave para un posible desbloqueo del sistema político italiano. Tal es el significado del “compromiso histórico” entre las fuerzas involucradas en la defensa de la democracia que Enrico Berlinguer, el secretario del PCI, ilustró en una serie de artículos publicados en otoño de 1973, aprovechando la ola de profunda emoción suscitada por el golpe en Chile: comunistas y socialistas juntos no pueden esperar gobernar el país con el 51 % de los votos o poco más, y a la DC, un partido que no debe verse como una “categoría ahistórica” sino como una realidad variada y sumamente mutable, se le puede convencer de colaborar con las izquierdas en la defensa de las instituciones republicanas.

Esta primera versión del “compromiso histórico”, que tiene muy presentes los peligros de una desestabilización y de un regreso al autoritarismo en la situación política italiana salida a la luz con la “estrategia de la tensión” después del atentado de la plaza Fontana de Milán, en diciembre de 1969, presenta sin duda un carácter ante todo defensivo: sólo a continuación, especialmente después de 1974, se enriquecerá con contenidos más ambiciosos y se presentará como una posible conexión entre la tradición solidaria del movimiento y la comunista, de acción y lucha colectiva, en el espíritu de una gradual superación del capitalismo, a través de la introducción de un modelo diferente de desarrollo e incluso de “elementos de socialismo” en la economía.

La propuesta volvió a colocar al PCI en el centro de la escena política después de varios años de ausencia. El momento más alto de esta tendencia favorable coincidió con las elecciones administrativas del 15 de junio de 1975, que pusieron a los comunistas a la cabeza de muchas importantes localidades, además de las ya tradicionales “regiones rojas”. Todo esto tiene un efecto también en la DC: se deteriora en su función de partido mediador, y en esas mismas elecciones administrativas de 1975 sufre una derrota definitiva. Sin embargo, logró reagruparse, tanto que recuperó los consensos para la derecha en las elecciones del 20 de junio de 1976. Así, el pico electoral del 34.4 % de los votos que correspondieron en esa ocasión al PCI representó, si no una victoria pírrica, sí el inicio de una fase difícil. Al entusiasmo por el “impetuoso avance” seguirá la mediocridad de una etapa llena de riesgos y de trampas, “en medio del vado”, como se decía entonces, de las dificultades objetivas de la situación política italiana, de la transformación del papel del PCI, de su estructura y aun de su estrategia.

Esa transición, ya de por sí compleja, fue agravada por dos fenómenos que parecían provocar una desestabilización del régimen democrático: el terrorismo y la inflación. La movilización con frecuencia solitaria del partido contra la pasividad que amenazaba con invadir la opinión pública de izquierda ante el surgimiento del terrorismo claramente contribuyó de forma importante al mantenimiento del régimen democrático. Pero el trastorno de las reglas del juego producido por el terrorismo colocó al PCI en una difícil posición de defensa a ultranza de un Estado minado en su interior por poderes ocultos cada vez más amenazantes, e hizo que clases y sujetos sociales se animaran a verlo con abierta hostilidad. La pérdida del consenso del PCI en algunos sectores de la sociedad —particularmente en el mundo juvenil, por tradición orientado hacia la izquierda—, anunciada por el convulsionado periodo entre 1968 y 1970, se verifica por segunda vez y con efectos más insidiosos aproximadamente en 1977.

También la DC advierte la exigencia ya impostergable de un cambio generacional entre sus miembros para hacer frente a dicha crisis, y también por la explosión de los primeros episodios graves de corrupción política y por la inadecuada respuesta que ofrece a las transformaciones sociales y culturales evidenciadas por la movilización colectiva. Mientras una parte de su grupo dirigente, con Moro a la cabeza, intenta ganar tiempo invirtiendo en el proyecto de “solidaridad nacional” —que se concreta con el gobierno de Andreotti de la “no desconfianza” y con la participación “contratada, reconocida y explícita” del PCI en el gobierno (1976-1978)—, otra parte no acepta arriesgarse a un bloqueo social en el que figuran componentes modernos de la sociedad pero también clases, categorías que no aceptan la modernización del sistema político italiano que podría derivar de un recíproco reconocimiento de legitimidad de los dos grandes partidos de masa y de la posibilidad de una alternancia en el gobierno.

Por otro lado, la inflación, que después de la crisis petrolera de 1973 traspasó los niveles de seguridad alcanzando tasas cercanas al 20 %, produjo una serie de impulsos corporativos, de diferenciaciones del rédito y de expectativas entre los sectores sociales, en los cuales encontraba terreno fértil la crisis de los sindicatos confederados y de su estrategia unitaria. En el experimento de la “solidaridad nacional”, el PCI terminó deteriorándose en una posición de responsabilidad sin poderes, que acrecentó la frustración de su base.

Simbólicamente, el viraje resolutivo se puede hacer coincidir con la gran derrota sufrida por los sindicatos en la Fiat en septiembre de 1980, después de treinta y cinco días de ardua lucha. La gran identidad colectiva, la gran estructura de solidaridad que, aunque no sin contrastes y tensiones, había sido el PCI por más de treinta años, mostraba enormes grietas. Una fase histórica se cierra, otra se abre, con contornos y periodización más inciertos.

Después de las elecciones de 1979, la estrategia del “compromiso histórico” ya aparece deteriorada. El cambiante clima internacional, marcado por una reagudización del contraste entre las dos superpotencias, provocó que se volviera a cerrar a cualquier resquicio para la posible participación de los comunistas en los gobiernos. Por otra parte, el Partido Socialista Italiano (PSI), bajo la guía de Benedetto Craxi, afianzó su posición como aguja de la balanza de la situación política italiana y demostró que elegía cada vez más el camino de la repartición del poder con la DC, haciendo todo para tomar distancia respecto al PCI, tanto a nivel ideológico como político. Se confirma la conventio ad excludendum frente a los comunistas y se convierte todavía más en el pilar de un sistema cerrado en sí mismo: por más de diez años se suceden cansadamente gobiernos de coalición (en su mayoría “pentapartidos”, es decir, que incluían entre otros a la DC, al Partido Liberal [PLI], al Partido Socialista Italiano y al Partido Socialista Democrático [PSDI]) que, respecto del centro-izquierda de los primeros años sesenta, no se avocan a un diseño programático reformista sino a la pura administración del poder. El objetivo proclamado de la “gobernabilidad” —palabra clave de la nueva cultura “decisionista” personificada sobre todo en Craxi— con frecuencia esconde una tendencia a debilitar la democracia: tanto más porque la batalla para liberar al gobierno del control sofocante del Parlamento no se resuelve para nada en una acción más eficaz e incisiva del Ejecutivo, sino que sólo sirve para desplazar, en medida aún mayor que en el pasado, a los efectivos poderes de decisión hacia las secretarías de los partidos de mayoría.

El esfuerzo del PCI para reacreditarse como factor fundamental de una efectiva renovación de la sociedad italiana debe enfrentar cada vez más obstáculos de carácter general. La sociedad italiana se convulsiona por cambios radicales y profundos, a los que el partido intenta adecuar su iniciativa y estructura, mientras su sistema de valores ideológicos y culturales ya no ejerce la atracción que solía diez años atrás. Desde los primeros años de la República, su lugar estaba entre la clase obrera, los braceros y las clases medias productivas de las regiones “rojas”, incluso alcanzaba ciertos sectores de la intelectualidad y, más marginalmente, de los grupos dedicados a actividades terciarias y al servicio público. Pero muchas de estas figuras sociales habían desaparecido o estaban en vías de extinción, mientras que el perfil y el peso social de las otras se ponían en discusión por los procesos de transformación que había traído consigo el capitalismo. Por efecto de las políticas de reglamentación del mercado laboral, que apuntan hacia una mayor flexibilidad salarial y una reforma de las conquistas normativas que hicieron más rígido el uso de la fuerza de trabajo, las contradicciones internas en el ya heterogéneo bloque de fuerzas que los comunistas han intentado representar se agudizaron (entre trabajadores dependientes y autónomos, entre empleados y desempleados) y se volvieron más difíciles de superar. A pesar de algunas tentativas valientes pero esporádicas, el PCI no fue capaz de compensar la restricción y las dificultades de inclusión de su base social tradicional con una iniciativa más decidida que tendiera a ganar consensos y adhesiones entre los sectores en crecimiento en el mundo del trabajo dependiente o autónomo, como los investigadores, los técnicos, las nuevas profesiones intelectuales, las profesiones independientes altamente calificadas o la pequeña empresa con un elevado nivel de productividad.

Esta dificultad para relacionarse con una realidad social en rápida transformación se sumó al debilitamiento de aquellas políticas y estructuras de intervención en apoyo de las clases más débiles, que fueron los cimientos del Estado social en los años en que tomó forma el círculo virtuoso entre aumento de salarios, expansión del consumo y crecimiento de las ganancias. El hecho de que en Italia el Estado social surgió esencialmente bajo el control de la DC, en formas con frecuencia viciadas por el asistencialismo y el egoísmo corporativo, dificultaba al PCI combinar eficazmente la defensa de las conquistas fundamentales realizadas por la clase obrera y los trabajadores con una iniciativa seria dirigida a superar el clientelismo, los desperdicios y las ineficiencias relacionadas con ese sistema.

Así, con su propia identidad, a caballo entre la pertenencia al movimiento comunista y la adhesión sustancial a los valores de la socialdemocracia europea y del Welfare State, el PCI terminó por acumular los efectos de la crisis de ambos. Su reclamo a los intelectuales, que se escuchó con mayor fuerza a mediados de los años setenta, se debilitó gradualmente: el marxismo, incluso el no dogmático de Gramsci, ya no contenía todas las respuestas para los problemas de la sociedad posindustrial, ni su conjugación e hibridación con otras aportaciones ideológicas eran suficientes para devolver al partido una identidad fuerte. El retraso acumulado en el curso de los años respecto de un sistema de medios de comunicación masivos cada vez más persuasivo y diversificado al fin hacía sentir su peso. En esta situación, la caída de los sistemas comunistas entre 1989 y 1991 no afectó únicamente al PCI, sino que asestó un golpe decisivo a la geometría del arco antes mencionada.

La secularización política y los procesos de diferenciación social desmoronaron la identidad y las clases de los dos grandes partidos de masa, poniendo en evidencia lo obsoleto de las respectivas máquinas políticas y de las organizaciones que las flanqueaban. Hasta que el conflicto entre las ideologías se prolongó y los partidos continuaron desplegando su potencial de integración, gobernando inconscientemente también el conflicto social, la democracia “bicéfala” logró sobrevivir e incluso converger, a su modo, con los modelos europeos, o al menos no alejarse de ellos demasiado. Pero esto no fue suficiente para impedir el deterioro de los sustentos de la democracia italiana, ni evitó que, a largo plazo, ésta perdiera su equilibrio y que, después de una larga crisis, sobreviviera por diez años y otros diez más de decadencia, para al final colapsar ruidosamente por su propia incapacidad para sustituir la ideología y las identidades antagonistas por algo más que una exasperación de vicios ya desde hacía tiempo enraizados: la intensificación al extremo de las relaciones de intercambio político —clientelares y de asistencia— y de la colonización partidaria de la sociedad, así como la invasión de la corrupción política. Estas tendencias alimentaron una desgastada autorreferencialidad de los partidos, minaron su capacidad para traducir a la esfera política las nuevas fracturas sociales y reabrieron la brecha entre órdenes institucionales y jerarquías de los poderes sociales, o bien, en última instancia, entre democracia formal y democracia sustancial.

Es en este contexto donde se consumó la crisis final de la Primera República, que terminó con la función de los partidos de masa como se ha descrito. La presencia constante de los escándalos conocidos con el nombre de Tangentopoli provocó casi de improviso el derrumbe del edificio que se construía desde hacía medio siglo. De allí salieron deshechos todos los partidos involucrados de alguna manera en el gobierno. Y aunque el PCI estuvo involucrado sólo marginalmente, sobre todo en algunas situaciones locales particulares, este resultado no es ajeno al vínculo cada vez más estrecho y perverso entre la política y los negocios.

Pero los cimientos de ese edificio en realidad estaban profundamente minados también por otros factores que las fuerzas políticas protagonistas del nacimiento del sistema democrático en Italia no notaron a tiempo. El final de la Guerra fría quitó a la Democracia Cristiana el papel —que ejerció por cuarenta años— de punta de lanza de una coalición anticomunista. Al desaparecer de la escena o perder casi del todo su importancia la Guerra fría, los partidos que se definieron a partir de ella y las culturas políticas que se ramificaron en el sistema político italiano se vaciaron, y con ellas los conceptos de identidad que habían alimentado los diferentes proyectos para “crear a los italianos”. Incluso el antifascismo fue borrado en breve por sus valores de referencia, y con él también la Resistencia como proceso histórico de fundación de la Italia republicana. El partido, que a principios de los años noventa se proclamaba aún orgulloso continuador de un fascismo depurado de sus aspectos más impresentables, rápidamente se encontró ocupando una posición crucial en cualquier equilibrio de gobierno que intentara obstruir el camino a los herederos del PCI, a su vez concentrados en redefinir su propia identidad hasta casi borrarla.

En la transición a la Segunda República —no marcada por una explícita pausa constitucional, como sí sucedió en Francia entre la IV y la V República—, el PCI fue eclipsado junto con el fascismo por la “centralidad obrera”, de la que sobreviven veinte años después rastros importantes pero residuales. Se desvaneció hasta desaparecer el conflicto que tenía en su centro el tema del orden social, del que nacían proyectos de sociedad y modelos de organización colectiva: el conflicto por excelencia del siglo XX, el que establecía un nexo muy estrecho entre la posición laboral con relaciones de producción (la clase) y las formas de lucha (el conflicto de clase), el que se alimentaba de la idea de la transformación social como horizonte de una sociedad igualitaria y pacífica. Pero ese conflicto es sustituido por otro más inconexo, que ve enfrentarse a formas de organización que se mueven en ámbitos territoriales circunscritos, limitadas en la defensa y en la promoción de una parte de la sociedad con relación a las demás. La protesta de las clases medias altas de las zonas ricas contra las políticas estatales solidarias e inclusivas, así como el regreso a costumbres de segregación política, habitacional y de los censos, cambian tanto a los actores como las modalidades de la pugna. Se advierten fortísimos impulsos localistas, que son la respuesta, en el terreno de la identidad y de la propiedad, a los miedos desencadenados por los inmensos espacios de la globalización: nacen fenómenos de tolerancia, pero también arrebatos de racismo que, desafortunadamente, ocupan cada vez con mayor frecuencia las crónicas italianas.

La Lega Nord, fundada a principios de los años ochenta por Umberto Bossi (hoy paradójicamente el partido más antiguo en Italia), es el tema político que durante los últimos veinte años ha dado mayor visibilidad a estas nuevas tipologías del conflicto y de los actores sociales que lo interpretan; el primero de todos, aquellas que en el siglo pasado eran llamadas “clases medias” y consideradas sólo una “zona gris”, “gelatina”, un universo social no uniforme, atrapado entre los grandes temas colectivos del siglo XX, tierra de conquista para la hegemonía del capitalismo o del movimiento obrero. La Lega da forma y sustancia a esa “gelatina”, dejando aflorar sus pulsiones profundas que la DC ocultó por décadas en el modelo de partido pedagógico presentado por De Gasperi. Al disolverse dicho modelo, la Lega acompañó y acentuó el alejamiento irreversible entre la sociedad italiana y los partidos históricos de la Primera República; puso en evidencia la necesidad de una fuerte discontinuidad en las formas de organización de la política, subrayando, aun antes de la llegada de Berlusconi y de su partido-empresa, la exigencia de un liderazgo carismático; dio voz y representación a los sujetos sociales que, surgidos de la crisis de los años ochenta, se postularon para ser los protagonistas de la fase constitutiva de la Segunda República.