Las islas Marías

Diego Pulido Esteva, Las islas Marías. Historia de una colonia penal, México, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2017.

Halina Gutiérrez Mariscal

Desde la aparición, en 1975, de la emblemática obra de Michael Foucault Vigilar y castigar, los estudios históricos sobre criminología y encarcelamiento se han hecho más abundantes. Los asuntos abordados van desde aquellos que rescatan momentos precisos de instituciones carcelarias específicas ofreciendo una instantánea del periodo, hasta aquellas que tratan los aspectos jurídicos, sociales e incluso económicos de las prisiones y su desarrollo en el contexto legal. No han faltado las obras que analizan a ciertos grupos en confinamiento y las teorías en torno a su rehabilitación.

Dichos estudios concuerdan en un punto: el análisis de las leyes e instituciones penales da cuenta del carácter de un Estado y de su postura sobre derechos y justicia. La visión del Estado mexicano respecto del crimen y de los delincuentes ha sido estudiada copiosamente en las décadas recientes, sobre todo en lo tocante a los siglos XIX y XX. Ello ha llevado también a la revisión de códigos penales, proyectos de rehabilitación y concepción de las prisiones.

Después de una nutrida publicación de estudios sobre criminología, delincuencia y prisiones, Diego Pulido presenta, bajo el sello de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, este interesante estudio sobre el único experimento de colonia penal realizado en México: las islas Marías. La obra comprende el periodo entre 1905, cuando las islas fueron adquiridas por el gobierno federal para convertirlas en colonia penal, y 1939, cuando debido a una reforma legal que en 1938 abolió la pena de relegación, se modificó la estructura administrativa en el archipiélago.

Lo primero que llama la atención de este libro, dividido en cuatro capítulos, es el vasto trabajo del autor con fuentes hemerográficas, administrativas, biográficas e incluso literarias del periodo estudiado. Las diversas voces que retoma para describir las islas, ya como utopía regeneradora o como tumba del Pacífico, y a sus habitantes, esclavos para unos y colonos privilegiados para otros, así como la visión que sobre éstos se tenía desde el centro del país, ofrecen una mirada panóptica del asunto. Dichas voces, como bien dice Pulido, podían ser tan disímiles y contradictorias como detalladas e inteligibles, según sus intenciones políticas o sociales.

En el primer capítulo el autor presenta una revisión muy sintética del nacimiento de la práctica, después instituida como pena legal, de relegación en la historia de México, remontándose hasta el último tercio del siglo XIX. Aunque desde el Porfiriato a los delincuentes se les enviaba ilegalmente a espacios alejados como Valle Nacional, en Oaxaca, Yucatán o Quintana Roo, fue hasta 1906 cuando se postuló la primera iniciativa de ley para crear la pena de relegación, un tanto en el afán de normar lo que ya existía en los hechos. El capítulo ahonda en la discusión que los constituyentes de 1917 entablaron sobre este tema y la influencia que sobre los diversos bandos tuvieron otras experiencias de colonias penales alrededor del mundo.

El segundo capítulo abunda en detalles sobre cómo las autoridades aplicaron la pena de relegación. Bajo el argumento del derecho a la “defensa social”, individuos desafortunados cuyo único delito en muchas ocasiones era no encajar con el estereotipo de gente decente, fueron a parar a las islas Marías sin juicio ni sentencia de por medio. En los primeros años de existencia de la colonia penal, las razias organizadas —sobre todo en la Ciudad de México— para formar las cuerdas que serían enviadas a la colonia penal buscaban a individuos considerados indeseables, aunque no hubiesen cometido ningún delito que ameritara dicha pena. Con el paso del tiempo y la llegada de la Revolución, las islas fueron también destino de disidentes políticos. Las fuentes que el autor presenta sobre el particular muestran sin lugar a duda las encontradas opiniones sobre estas irregularidades y el contexto en el que se mantuvo la práctica extralegal.

¿Cómo se imaginaba la población del país que era la estancia en estas islas del Pacífico? ¿Cómo vivían, en qué trabajaban, cómo se recreaban sus habitantes? Con un hábil relato que permite casi respirar el ambiente tropical del archipiélago, el autor apunta en su tercer capítulo cómo la idea de la vida tras los “muros de agua”, confeccionada desde el exterior, se nutrió de descripciones de diverso cuño: visitantes oficiales, funcionarios o viajeros de la prensa, e incluso los relatos aterradores de expresidiarios, sobre todo presos políticos. De entre las narraciones, destacan aquellas que refieren la administración de Francisco J. Múgica al frente del penal y que presentan al director como una figura omnímoda.

La obra le obsequia al lector una magnífica selección de treinta y dos fotografías de la Fototeca del INAH y el retrato escrito de varios personajes y grupos que transitaron por las islas y cuyas imágenes y relatos, además de documentos oficiales y periodísticos, nos permiten vislumbrar las entrañas mismas del penal, donde encontramos tanto a delincuentes comunes como a cristeros y comunistas.

En líneas generales, el libro aporta una visión sobre las islas Marías de la que se carecía en la historiografía sobre criminales y prisiones. En ella se tratan las dimensiones jurídica, social y cultural. La diversidad de las fuentes consultadas para la realización del estudio reveló al autor aquellos aspectos no particulares sino generales con los que fue posible alcanzar una visión global de las islas Marías y su funcionamiento como colonia penal.

Sin duda se trata de una aportación fundamental para el estudio de la justicia penal y los delincuentes en México, y además abre caminos para nuevos estudios, sobre todo por las pistas dejadas en torno a la muy vasta documentación revisada. Entre los aspectos que quedan abiertos se halla el papel de la prensa en la creación de una opinión pública sobre individuos delincuentes y sus repercusiones sobre las autoridades a la hora de tomar ciertas decisiones. También resultará muy interesante seguir hablando sobre el derecho a la defensa social, ya abordado en otros estudios, que mantuvo vigentes acciones ilegales o discriminatorias bajo el argumento de la peligrosidad de ciertos individuos propensos al delito, argumento basado no sólo en sus antecedentes penales, que podían ser inexistentes, sino también en sus rasgos físicos e intelectuales; y sobre el derecho de la sociedad a librarse de ellos encarcelándolos, o como en este caso, enviándolos a lugares alejados.

Estudios como éste siguen siendo de interés para las nuevas generaciones de historiadores, sobre todo por la vigente necesidad de discutir en torno a las prisiones y su funcionamiento en México. Como bien señala Diego Pulido, citando a Martín Luis Guzmán: “El crimen de los delincuentes no justifica el de la sociedad que se excede al castigarlos”.