Las huellas del exterminio. La fotografía de espionaje como instrumento contrainsurgente en la Ciudad de México hacia la mitad de la década de 1970

Rubén Ortiz Rosas*

Resumen

En marzo de 1973, en la ciudad de Guadalajara, se creó la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S), el grupo guerrillero urbano más grande y numeroso hasta entonces. Esa organización armada se propuso conformar un movimiento Nacional de clase y consolidar su partido y ejército revolucionario a través de la agitación de un periódico nacional: Madera Periódico Clandestino. Esto motivó a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) a crear un plan de exterminio en contra de la Liga. Algunas de esas acciones quedaron registradas en informes, a partir de los cuales se puede conocer la forma en que operó la contrainsurgencia en las ciudades, en especial la Ciudad de México. Aquí se abordará una parte del sistema contrainsurgente a través de uno de sus rubros: el del espionaje, documentado por los mismos fotógrafos de las fuerzas de seguridad y cuya importancia muestra que en la década de 1970 la fotografía se constituyó como un instrumento represivo, cuya eficacia instrumental ha quedado oculta en el entramado documental y de investigación que ha privilegiado lo textual sobre lo gráfico.

Palabras clave: Contrainsurgencia, guerrilla, fotografía, espionaje, Liga Comunista 23 de Septiembre, violencia de Estado.

Abstract

In March 1973 Guadalajara witnessed the creation of the Liga Comunista 23 de Septiembre(LC23S), the largest and most numerous urban guerrilla group up to that time. This armed organization set out to form a nationwide class movement and to consolidate its party and revolutionary army through unrest spread via the national newspaper Madera: Periódico Clandestino. To suppress this movement, the Dirección Federal de Seguridad (DFS) created an extermination plan targeting the Liga. Some of these actions were recorded in reports describing how the counterinsurgency operated in cities, especially in Mexico City. Part of the counterinsurgency system will be examined through one of its lines of attack: espionage, documented by security force photographers and whose importance shows that in the 1970s photography became a repressive instrument, whose instrumental efficacy has remained hidden in the documentary and research framework that has privileged textual over graphic sources.

Keywords: counterinsurgency, guerrilla, photography, espionage, Liga Comunista 23 de Septiembre, state violence.

En marzo de 1973, tras una serie de reuniones entre representantes de diversas organizaciones armadas, se creó en la ciudad de Guadalajara el grupo guerrillero urbano más grande y numeroso hasta el momento: la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S). Esta organización armada se propuso conformar un movimiento nacional de clase y consolidar su partido y ejército revolucionario a través de la agitación de un periódico nacional que propagara su política revolucionaria y preparara la movilización hacia la toma del poder. Esta publicación se llamó Madera Periódico Clandestino.[1] Redactar, imprimir, repartir y discutir fueron las acciones alrededor de las cuales se conformó el aparato clandestino de la organización. Junto a éstas, se encontraban las operaciones militaristas, tales como asaltos bancarios, secuestros y ejecución de policías y militares. Estas acciones motivaron a las fuerzas de seguridad, encabezadas por la Dirección Federal de Seguridad (DFS),[2] a crear un plan de exterminio en contra de la LC23S, hacia junio de 1976, mediante la creación de la Brigada Especial, también llamada Brigada Blanca, compuesta por militares y policías con entrenamiento contraguerrillero.[3]

Algunas de las acciones de la Brigada Especial quedaron registradas en los informes de la DFS, y a través de estos registros se puede conocer la forma en que operó la contrainsurgencia en las ciudades, y en especial la Ciudad de México. Un aspecto relevante de la información contenida en los archivos de la DFS[4] se encuentra en las fotografías que daban cuenta a los directivos de los aparatos de seguridad sobre el acontecer diario del exterminio, y a través de éstas —y a partir de su confrontación con testimonios de ex policías, ex militantes, familiares de detenidos desaparecidos, periódicos de la época y los mismos informes de inteligencia— cobran una nueva inteligibilidad que las constituye en imágenes del exterminio, cuya importancia para este trabajo radica en que son una muestra de cómo se llevó a cabo dicho exterminio.

Aquí se abordará una parte del sistema contrainsurgente, a través de uno de sus rubros, la fotografía de espionaje,[5] documentada por los fotógrafos de las fuerzas de seguridad, cuya importancia muestra que hacia la década de los setenta la fotografía se constituyó como instrumento represivo, trascendencia que ha quedado oculta en el entramado documental y de investigación concediendo privilegio a lo textual sobre lo gráfico.

La fotografía de espionaje

A partir de la primera mitad del siglo XIX, cuando el abaratamiento en los costos de producción lo permitieron, la fotografía fue utilizada de forma masiva por los cuerpos de policía como un instrumento de control y represión social,[6] además de que en ese mismo ámbito fue una prueba de veracidad porque permitía mostrar el cuerpo del delito: armas, cadáveres, artículos robados y, en el caso del control político, periódicos y propaganda.[7] En México, el ambiente de crisis política que prevalecía hacia 1855 permitió que fuera uno de los primeros países en preocuparse por mantener el control sobre aquellos a quienes se les consideró un problema para la sociedad: presos, prostitutas y locos, principalmente.[8]

Continuando con la lógica del registro, hacia la década de 1970 los diversos cuerpos de policía mexicanos continuaron realizando registros fotográficos con el fin de identificar y/o localizar a quienes consideró peligrosos, fue el caso de los opositores políticos, y especialmente de los integrantes de grupos armados, quienes a su vez eran conscientes de la necesidad de mantener la secrecía de sus movimientos e identidades. Su eficacia radicaba en ella. Para mantener con vida a sus organizaciones, los militantes recurrieron a técnicas simples y efectivas para ocultar su identidad: utilizar nombres falsos, compartimentar la información u ocultar su rostro.

Carlos Marighella indicaba en 1969, en su Mini manual del guerrillero urbano, que el militante “vive en constante peligro, por la posibilidad de ser descubierto o denunciado [y] lo malo [...] es revelarse por imprudencia o dejarse descubrir por falta de vigilancia”;[9] sin el anonimato se encontraban en peligro permanente. En esta batalla por descubrir y ocultar nombres y rostros, las fuerzas de seguridad hicieron todo lo posible por identificar a los militantes y proceder a su búsqueda, realizando para ello un seguimiento y espionaje con personas cercanas, fueran amigos o familiares.

Los agentes encargados de combatir a la LC23S se dedicaron con ahínco a obtener registros fotográficos para conocer y destruir la estructura guerrillera, ya fuera que ellos mismos tomaran las fotos o las extrajeran de las casas, escuelas o trabajos de quienes militaban o fueran sospechosos de serlo. Así, los informes de la DFS suelen estar acompañados de diversos tipos de fotografías que en su conjunto sirvieron como instrumento de control: fotografías familiares como fiestas de cumpleaños o reuniones con amigos; fotografías vernáculas de vacaciones en la playa o el campo; fotografías de identificación, usualmente extraídas de certificados de estudios, credenciales escolares, de trabajo o licencias de conducir. Todas obtenidas tras el cateo y posterior saqueo a las casas de los militantes o de sus familias. Fotografías de infiltración en las que puede identificar a los asistentes en reuniones estudiantiles o manifestaciones en las calles, e incluso a quienes visitaban a un familiar o amigo en prisión. La mayor parte de éstas eran tomadas por los agentes de las fuerzas de seguridad sin que los fotografiados se percataran.

A través de estas fotografías se puede apreciar la magnitud de la información con que podía contar la DFS en el combate guerrillero, así como la diversidad de formas empleadas para obtenerlas; sin embargo lo que las caracteriza principalmente es su uso como fotografías de espionaje: todas ellas fueron empleadas para conseguir información en secreto para reprimir y exterminar a la LC23S, demostrando la facilidad con que se ejerció la vigilancia entre una población masiva que buscaba pasar desapercibida.

Los fotógrafos infiltrados

En la imagen 1 se observa el trabajo llevado a cabo por un infiltrado en un círculo de estudiantes de psicología en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala (ENEP- Iztacala). El objetivo del infiltrado era documentar la participación de Sergio Irán Martínez y Gilberto Pérez Campos como miembros de la LC23S. La fotografía fue fechada el 3 de septiembre de 1977, y Gilberto Pérez Campos fue espiado y detenido el mismo día; la organización a la que pertenecía se llamaba Grupo Obrero Estudiantil Revolucionario (GOER) que, a su vez, pertenecía al Movimiento Comunista Revolucionario (MCR), cuyos dirigentes imprimían el periódico Lucha de clases en la iglesia de Los Ángeles de la colonia Guerrero.

A este lugar llegaron los agentes de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD),[10] quienes revisaron y encontraron el ejemplar núm. 20 del Madera Periódico Clandestino de la LC23S. Leer o tener este periódico era indicio suficiente para detener al portador, someterlo a tortura y/o desaparecerlo para saber si pertenecía a la LC23S, situación que se presentó con Sergio Irán Martínez.[11]

Sergio Irán Martínez fotografiado por un agente infiltrado en su círculo de estudios el 3 de septiembre de 1977.[12]

Además de los círculos estudiantiles, la DFS tuvo un interés especial en quienes visitaban a los presos políticos. Se creaban listas semanales acerca de las personas que habían asistido a las visitas, donde cada detenido estaba clasificado de acuerdo con la organización a la cual pertenecía, y en ellas se anotaba la dirección completa del visitante y el vínculo con el detenido. La razón de esta vigilancia se debía a que se creía que los presos seguían manteniendo lazos con sus organizaciones y desde la prisión continuaban militando, por ello el acoso y castigo fueron permanentes.

Los visitantes eran retratados, al igual que sus identificaciones, sin que se dieran cuenta. Esto se hacía para saber si utilizaban un nombre falso y conocer las intenciones de la visita. Si mostraban nerviosismo o contradicciones entonces eran detenidos e interrogados, lo que podía desembocar en la desaparición forzada del visitante, como sucedió con Teresa Estrada Ramírez el 1 de septiembre de 1974, cuando, al intentar visitar a Juan Avilés Lino en la Cárcel Preventiva de Lecumberri, agentes de la DFS comisionados a esa prisión detectaron “cierta conducta sospechosa” en Teresa, quien se había registrado como Rosamaría Ocampo Magaña. Por ese motivo se le trasladó a las oficinas de la DFS donde se le sometió a “un más estrecho interrogatorio”.[13] Desde entonces Teresa se encuentra desaparecida.

A diferencia de Teresa Estrada, el 13 de octubre de 1974[14] los agentes comisionados a Lecumberri fotografiaron a Rafael Ramírez Duarte durante una visita a Felipe Peñaloza García, quien estaba encarcelado por haber sido militante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) y ser uno de los mexicanos que recibieron entrenamiento militar en la República Popular de Corea. Rafael estudiaba la licenciatura de economía en la UNAM y acudía regularmente a visitar a los detenidos del MAR en Lecumberri, mismas que se sucedieron entre diciembre de 1971 y junio de 1976.[15]

Las visitas de Rafael fueron seguidas por el aparato contrainsurgente, que el 9 de junio de 1977 lo detuvo junto con dos de sus hermanos, acusado de pertenecer a la LC23S, hecho que nunca fue demostrado documentalmente pues no hay rastros de su declaración o detención en la versión pública proporcionada por el AGN —se encuentra desaparecido desde entonces, a pesar de que sus hermanos fueron liberados y declararon haber estado en una cárcel clandestina del Campo Militar Núm. 1, donde Rafael era torturado—. A pesar de la ausencia de documentación sobre su detención, existen registros del seguimiento que se le hizo desde 1971. Una prueba de esto es la fotografía tomada por los agentes de la DFS el 13 de octubre de 1974, como se puede apreciar en la imagen 2.

Rafael Ramírez Duarte de visita en la prisión, 13 de octubre de 1974.[16]

El exterminio de la LC23S fue implacable, y de ello quedan algunos rastros en los documentos de la DFS en forma de marcas, cruces o un “RIP”, que indican el posible desenlace de algunos desaparecidos. Así, el 22 de noviembre de 1977, un documento de la DFS mantiene junto al nombre de Rafael una cruz que indica su probable ejecución.[17] Como parte de una estrategia de ocultamiento, la DFS posiblemente desapareció el fichaje y todo lo relacionado con la detención, en cambio creó un informe falso en el que aseguraba que Rafael había escapado de “los agentes de la autoridad” el 9 de junio de 1977, para más tarde desertar de la LC23S al presentar su renuncia ¡por escrito!, argumentando “que abandonaría todo y que pasado cierto tiempo se reintegraría al núcleo familiar ya que la lucha que llevaba el grupo subversivo, era infructuosa”.[18]

Este informe absurdo corresponde a una serie de historias ficticias que utilizó la DFS para justificar diversas desapariciones,[19] donde la de Rafael se corresponde con la de Eulalio Aragón Cosme, desaparecido desde el 17 de febrero de 1975 en Oaxaca y que, según su expediente en la DFS, fue ejecutado por la misma LC23S después de renunciar por escrito.[20]

El seguimiento fotográfico

Todos los eventos de participación política fueron motivo de seguimiento por parte de la DFS, principalmente las manifestaciones callejeras. Los espías tenían cuidado de registrar los carteles, propaganda, consignas, cantos y rostros que pudiesen dar indicios sobre la presencia de militantes de los grupos armados o personas con vínculos a ellos. Así, uno de los actos que tuvieron seguimiento constante fue el de los familiares de los desaparecidos.

Al mismo tiempo que la represión hacia los grupos guerrilleros aumentaba, y con ella la desaparición forzada, los familiares de quienes eran detenidos-desaparecidos comenzaron también a organizarse para exigir la presentación con vida de sus seres queridos. Así desde 1974 se creó en Jalisco el Comité de Familiares en Defensa de los Presos Políticos, que en abril de 1977 —y ante la magnitud de las desapariciones— se convirtió en el Comité Pro-defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos (CNPDPPDEP).[21] Esta organización realizó el 19 de noviembre de 1978 un mitin frente a la Secretaría de Gobernación (SG), donde estuvieron presentes los agentes de la DFS para identificar y fotografiar a los asistentes, así como para documentar el hecho. Las fotos de ese día fueron tomadas desde diversos ángulos y lugares, desde la calle y la azotea del edificio de la SG, lo cual evidencia que la realización de este trabajo no recaía sobre un solo agente.

Una imagen peculiar de las que aparecen en el informe es la tomada dentro de un camión donde el agente de la DFS se encontraba como pasajero (imagen 3). En el asiento delante de éste aparece una monja recibiendo algo de una mujer que lleva una alcancía del Comité, mientras un hombre que la acompaña extiende un volante. Atrás, una mujer anciana deposita dinero en la alcancía, junto a ella un joven con camisa a cuadros porta más volantes en la mano y parece hacerle entrega de uno de éstos a otro pasajero que está frente a él y a espaldas de la escena. De perfil, una mujer aparece sentada sin prestar atención a los acontecimientos. Al fondo del camión, y del lado izquierdo, un pasajero que va tomado del tubo mira por las ventanillas del camión, junto a él, el rostro de una joven parece mirar al fotógrafo de la DFS.

Reparto de propaganda de la (CNPDPPDEP) dentro de un camión, el 19 de septiembre de 1978.[22]

Es evidente la intención de obtener no sólo los rostros de las personas que reparten propaganda —que se recalca en el pie de foto como “aspecto parcial de asistentes”—, sino de captar la acción misma, donde se muestra la aceptación pública del movimiento, lo que justificaría el peligro potencial hacia las acciones del gobierno, en este caso que las fuerzas de seguridad llevaban a cabo una práctica sistemática de desaparición de personas. Para evitar que este tipo de manifestaciones se propagaran, el gobierno mexicano impidió la realización de marchas y mítines a través de la represión, que también fue documentada en la imagen 4.

Policías evitando una manifestación de la CPDPPDEP, el 19 de febrero de 1979.[23]

El fotógrafo está ubicado detrás de la línea de policías que presionan a la vanguardia de la manifestación, después sigue una línea de papel con fotografías de gran tamaño en la que se destaca la imagen de Rafael Ramírez y un fragmento de Jesús Piedra Ibarra —desaparecido desde abril de 1975— y detrás, sosteniendo estos carteles, Rosario Ibarra y un hombre joven junto a ella. De nueva cuenta, los rostros de los manifestantes son claramente visibles y la ubicación del fotógrafo es una muestra de su posición como parte de la represión.

Otra fotografía hecha por los agentes de la DFS que cubrieron aquel evento (imagen 5), muestra a una mujer que porta una pancarta sobre la que se proyecta la sombra del fotógrafo. “¡Así desaparecen!”, dice la cabeza del letrero; debajo se observa la única fotografía que se conoce de una detención-desaparición, una evidencia sobre la responsabilidad del Estado frente a las desapariciones. En esta fotografía se pueden ver seis agentes armados que llevan detenido a Jesús Reyes Mayoral Jáuregui, entonces de 60 años, con una capucha que cubre su cabeza y a punto de introducirlo dentro de un auto. Esa imagen es la única documentación conocida del momento de una detención, fue publicada en el diario El Informador de la ciudad de Guadalajara, el 23 de agosto de 1977.

En la fotografía de la manifestación, el empleado de la DFS encuadra el riesgo político que representaban estas mujeres y hombres al evidenciar las prácticas clandestinas de represión practicadas por agentes del gobierno. Resalta como centro de la imagen, no a los rostros, sino a la pancarta.

El texto del pie de foto es somero en cuanto a información, solamente indica el “aspecto parcial de asistentes a la marcha”, lo que hace que ambos elementos, la fotografía y su pie, mantengan un diálogo tirante e incluso opuesto, en el que se evidencia que quien tomaba la fotografía no era quien escribía los pies de foto. Esta oposición puede ser entendida si se toma en cuenta que las actividades dentro de la DFS se encontraban divididas y asignadas a diferentes individuos, donde un espía no era quien redactaba los informes finales, sino que estos pasaban a un analista y era éste quien dictaba a una mecanógrafa, quien a su vez los ponía al alcance de quienes dirigían las operaciones y del director de la DFS, para terminar en el Departamento de Archivo, donde eran clasificados y asignados a legajos.[24]

Registro de pancarta el 15 de febrero de 1979.[25]

Los agentes de la DFS daban seguimiento a manifestaciones, a los eventos culturales e incluso a los funerales de los militantes cuando los cadáveres se entregaban a sus familiares. El 6 de julio de 1977 ocurrió un enfrentamiento en la colonia Reforma Iztaccíhuatl, en el Distrito Federal. Ahí murió Ángel Delgado Sarmiento y se suicidó Olivia Ledezma Flores, ambos personajes importantes dentro de la LC23S.

Un día después el cadáver de Olivia fue entregado a sus padres, quienes fueron interrogados por la DFS. Ahí la señora Trinidad Flores, madre de Olivia, entregó a los agentes “fotografías en las que aparece la extinta con varios de sus compañeros cuando estudiaba preparatoria, indicando que uno de ellos fue muerto en un enfrentamiento de ese grupo subversivo con la policía”.[26] Cabe la posibilidad de que los agentes se hubieran presentado como reporteros a los padres de Olivia, ardid que usualmente empleaban para obtener información. Lo que no sabían los padres era que esas fotografías serían utilizadas para engrosar los álbumes fotográficos de la DFS que eran mostrados a militantes detenidos o testigos de las acciones armadas de la LC23S y que sirvieron para realizar más detenciones, desapariciones y asesinatos.[27]

Además de las fotografías obtenidas, los agentes lograron dejar constancia de que el funeral se llevaría a cabo en la Agencia de Inhumaciones Tangassi, velatorio 12, ubicada en la esquina formada por las calles de Antonio Caso y Miguel E. Schultz, colonia San Rafael, y el sepelio a las 15:00 horas del 8 de julio en el Panteón San Isidro, en Azcapotzalco.[28] Con estos datos se documentó el entierro de Olivia a través de una serie de siete fotografías desordenadas cronológicamente y que comienzan con las primeras paladas de tierra arrojadas por los trabajadores del panteón, la colocación del ataúd de Olivia sobre la fosa, el acercamiento del ataúd, el registro de una “persona no identificada” que da una oración fúnebre, el depósito del ataúd dentro de la fosa en el que se identifica a Eustolia Quiñones Treviño y Nicolás González Aceves por medio de marcas numeradas en la fotografía, una cruz en la tumba de Olivia donde se enfocó el epitafio[29] y, por último, la ofrenda floral dejada sobre la tumba.[30]

En todas las fotos se hace evidente el interés del fotógrafo por dejar constancia de los rostros de quienes asisten al funeral para poder identificarlos, como lo demuestra el registro de quien dijo una oración fúnebre (imagen 6). Con una marca puesta sobre su cabeza, era cuestión de días para que fuera identificado y detenido.

El 6 de octubre de 1977, tres meses después de la muerte de Olivia, un parte informativo de la Brigada Blanca comunicó de las novedades ocurridas durante las últimas 24 horas. Desglosado en un horario dividido por patrullajes y utilizando lenguaje militar para comunicar las horas, el informe deja en claro que la principal actividad de la Brigada era el patrullaje, y que éste comenzaba a las cinco de la mañana y terminaba a las once de la noche, con un posible descanso para comer de tres horas por la tarde, desde las tres a las seis. Así, para cumplir con su labor diaria de recorridos por la ciudad y dos horas antes de consumir sus alimentos, la Brigada reportó que a la una de la tarde detuvo a Rodolfo Ávila López porque “probablemente tenga nexos con la Liga Comunista ‘23 de Septiembre’”.[31]

El pie de foto dice lo siguiente: Persona no identificada, en uso de la palabra durante el sepelio de Olivia Ledezma Flores (a) “La Güera”. Posteriormente sería identificado como Rodolfo Ávila López. 8 de julio de 1977.[32]

El informe es extraño, pues indica que el lugar de la detención fue en las calles de Antonio Caso y Miguel Schultz en la colonia San Rafael, es decir, el lugar del funeral de Olivia. Es probable que la persona que mecanografió haya cometido una equivocación; sin embargo, una anotación con un lápiz azul en el margen izquierdo dice: “ojo: ver la oración Fúnebre”.[33] Esto supone que la oración fue transcrita,[34] que en el funeral había algún agente tomando anotaciones mientras otro fotografiaba a las personas y, sobre todo, que existía algún parámetro para considerar que las palabras pronunciadas por un sujeto podían hacerlo sospechoso de ser guerrillero frente a la mirada vigilante y atenta de la DFS. No se sabe qué fue de Rodolfo, si fue liberado y de ser así cuánto tiempo estuvo detenido en alguna de las múltiples cárceles clandestinas de las fuerzas de seguridad o si continúa desaparecido.

Para finalizar, es importante recalcar que lo más importante para los grupos guerrilleros era mantenerse en la clandestinidad; para quienes los combatían era necesario colocarle rostros al anonimato. Este papel de la fotografía en la guerra irregular coincide con el que aparece en un libro-manual contrainsurgente que circuló entre policías mexicanos y en el que se indicaba que “Las cámaras de la policía, las fotografías [...], son las armas del adversario que más teme el guerrillero: pueden conducir a su identificación”.[35]

Conclusión

El acto de fotografiar para identificar y controlar a las personas, ya fuera en actos públicos como una manifestación o reservados como un funeral o una visita a prisión, es una muestra del poder de las fuerzas de seguridad sobre la población, y que en el caso del exterminio de la LC23S se constituyó como una forma de violencia. La fotografía fue un instrumento represivo que documentó las supuestas razones que existían para hacer de un militante un objeto de exterminio, y que ahora se nos muestra como un “documento fundamental en el proceso de burocratización de la muerte, extensión de la tortura y sufrimiento”.[36] De esta forma, las fotografías del aparato contrainsurgente son el rastro que nos permite visualizar fragmentos de cómo operó el terror clandestino que el Estado mexicano resolvió imponer a un sector de la población.