Voces sin cuerpo: la dimensión subjetiva en la desaparición forzada, el caso Ayotzinapa

Claudia M. Salazar Villava*

Resumen

A partir de la categoría de la presencia espectral de Derrida, la autora se pregunta si es posible una voz sin cuerpo, una presencia ausente ante la tragedia de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa; advierte cómo esa desaparición multiplicó la presencia de los desaparecidos que claman justicia, cuestionó la definición estatal de “persona no localizada” e impulsó su reconocimiento como desaparición forzada, escindió la justicia como acto administrativo que repara el daño según el poder y como horizonte a caminar para frenar la violencia de Estado y restituir un orden humano.

Palabras clave: memoria, desaparición forzada, Ayotzinapa, violencia, justicia.

Abstract

The author of this article questions if is it possible a voice without a body? an absent presence before the tragedy of the disappearance of 43 students from the Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa? The category of spectral presence in Derrida, warns this disappearance multiplied the presence of the missing persons calling for justice, questioned the state definition of “missing person not located” and pushed its recognition as forced disappearance, splited justice as an administrative act that repairs the damage according to the power and justice as a backdrop to stop State violence and restore a human order.

Keywords: memory, forced disappearance, Ayotzinapa, violence and justice

La comunicación entre las personas es la expresión y la realización del vínculo intersubjetivo. Las víctimas de desaparición forzada han dejado de hablarnos, y sin embargo no dejan de comunicar. No están ni vivos ni muertos, pero su ausencia produce las voces que se multiplican en su nombre. ¿Es posible una voz sin cuerpo? ¿Una presencia ausente? Derrida va a plantear una forma de presencia que es la del espectro, la presencia de un ausente que, sin cuerpo, clama a los vivos por justicia, una justicia que ya no puede ser para sí. Levinas, por su parte, propone el reconocimiento del rostro del otro como el fundamento contingente y heterónomo de una ética cuyo imperativo es la preservación de su vida y la capacidad del rostro de comunicar, aun sin palabras, mediante el gesto. En México, una de las víctimas de desaparición forzada, la trágica jornada del 26 de septiembre en Iguala, apareció con el rostro desollado, horrorosa aparición que señala la des-aparición de un rostro. De otro de los jóvenes normalistas, se identificó un pequeño fragmento de hueso que fue soporte de los ritos funerarios que llevaría a cabo su padre, pero que no fue suficiente para restar el nombre de su hijo de la lista de los 43 cuya aparición se reclama. Los familiares marchan portando estandartes con los rostros de los estudiantes desaparecidos, en las calles y en las universidades, en las redes sociales y en los medios virtuales: esos 43 rostros se reproducen incansablemente interpelando a la sociedad toda. En la búsqueda de sus hijos y de sus compañeros, los guerrerenses van descubriendo múltiples fosas clandestinas, y en su movimiento, los familiares de los normalistas de Ayotzinapa convocan a los familiares de los “otros” desparecidos. Un mes antes de estos hechos, el gobierno mexicano reconocía más de 23 mil desapariciones a las que denomina “personas no localizadas”, regateando el hecho de que han sido víctimas de desaparición forzada. Se disputa el significado de “víctima” y las acciones que supone la reparación de un daño “irreparable”. Las indemnizaciones ponen precio a la vida y a la muerte. El estado de excepción se discute frente a un estado de derecho auto proclamado, pero nunca vivido por el pueblo del sureste mexicano. Unos lazos sociales se tejen y otros se disuelven en una tormenta social que va perdiendo intensidad. ¿Y lo que queda? La memoria, el duelo, la conciencia, el desánimo, la radicalización en las formas de lucha, todas resonancias desde la ausencia que no cesan de inquietar. Lo anterior constituye los ejes reflexivos de la investigación que se presenta en este trabajo.

La investigación “Pasión cuerpos y acción política” se ha desarrollado desde hace más de tres años en el estudio de los procesos de subjetivación política que ocurren en nuestros días, sobre todo en México. Desde el inicio, su propósito ha sido contribuir a la elaboración de herramientas teóricas para la comprensión del devenir, la organización, la acción y la conflictividad en las sociedades hoy consideradas poscoloniales, como son las latinoamericanas. En ese marco hemos estudiado antes algunas de las características del movimiento #YoSoy132, mediante el cual los jóvenes mexicanos repudiaron la imposición de una candidatura presidencial y cuestionaron el modelo democrático en México para las elecciones en 2012.

El 26 de septiembre de 2014, México y el mundo conocieron, con horror, el caso del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos a manos de la policía municipal de Iguala, en el estado de Guerrero. Estos hechos desataron amplias movilizaciones en México y en el mundo encabezadas por los padres de los estudiantes desaparecidos, quienes reclamaban la presentación con vida de los jóvenes, así como el castigo a los responsables. Una conmoción política y social sacudió al país y, de nuevo, fueron los universitarios de distintas instituciones de educación del país quienes realizaron paros, convocaron marchas, asambleas, plantones y eventos de denuncia e información. La experiencia reciente de #YoSoy132 en cierta forma alimentó las nuevas movilizaciones, pero esta vez confluyeron elementos cuya presencia dio un sesgo mucho más radical a las demandas.

La desaparición forzada

El 26 de septiembre de 2014, hace poco más de un año, un grupo de estudiantes intentaron tomar algunos autobuses en la ciudad de Chilpancingo, y al habérseles impedido se trasladaron a Iguala con ese mismo fin. Allí fueron interceptados, baleados y secuestrados por elementos policíacos, con saldo de seis muertos, 24 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. Uno de los jóvenes normalistas, Julio César Mondragón Fontes, baleado en el lugar de los hechos, fue llevado herido pero con vida, en una patrulla de la policía municipal. Horas más tarde, su cadáver fue abandonado en las calles cercanas, con el rostro desollado.

Hay que decir que el estado de Guerrero produce 98% de la amapola en el país y que el municipio de Iguala, en particular, forma parte de una importante zona de cultivo clandestino de amapola, concentración de goma de opio y distribución hacia puertos y fronteras, en un contexto en el que México ha sido señalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América como el segundo productor mundial de adormidera.[1]

En la región, desde hace algunos años es ya imposible distinguir entre los grupos del gobierno y los grupos de narcotraficantes. El nivel de violencia e inseguridad llevó a los habitantes de la zona a organizarse en policías comunitarias para salvaguardar a sus comunidades de las agresiones impunes de grupos, a veces organizados en carteles de drogas, a veces como policías, e incluso como parte del ejército regular. Este es el contexto de la desaparición de los 43 normalistas. Fueron detenidos por los policías municipales de Iguala y nunca volvieron a ser vistos con vida. Las sucesivas versiones oficiales de los hechos se han ido cayendo una a una, frente a las evidencias surgidas de las investigaciones independientes.

El 5 de diciembre, los abogados del Centro Tlachinollan de Defensa de los Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense se reunieron con los padres de los jóvenes desaparecidos para informar de la identificación de un fragmento de hueso como perteneciente a Alexander Mora Venancio. Con ello se confirmaba la muerte de ese joven, si bien el origen de los restos seguía siendo incierto.

De la crueldad de Estado a la digna rabia

“Este temblor de la tierra humana da lugar a una escena nueva [...] la lucha creciente contra los grandes vestigios de los castigos llamados “crueles”, que siguen siendo el mejor emblema del poder soberano del Estado sobre la vida y la muerte del ciudadano”.[2]

Tres momentos fijan nuestra atención, dentro de la sucesión de acontecimientos a los que aludimos. El primero se refiere a la aparición del cuerpo sin rostro de un estudiante herido que había sido detenido con vida. El segundo, a la desaparición forzada de 43 estudiantes. El tercero, a la identificación de un pequeño fragmento de hueso, como evidencia del asesinato de uno de los 43.

En la terrible saga del ataque a los estudiantes de Ayotzinapa hay muchos más momentos para reflexionar, y abordarlos todos excedería las posibilidades de este trabajo. La razón por la que se privilegian aquí esos tres momentos en particular se debe a que resultan emblemáticos para aproximarse a las formas de la afección que la crueldad de Estado inflige sobre una sociedad específica y sobre la humanidad en general. El efecto de terror de esa crueldad corresponde a una estrategia del poder despótico que busca la parálisis del pensamiento y un freno a la construcción de modalidades para la acción, capaces de interpelar las condiciones socio-políticas que hacen posible el ejercicio tiránico de la dominación. Contra ese efecto se coloca la presente tarea de reflexión.

Los tres momentos forman una secuencia que va del horror más primitivo a la incertidumbre y de allí a la desesperanza. La especulación con el transcurso del tiempo, por parte de las autoridades gubernamentales, opera en dos lógicas simultáneas: la desmovilización por desgaste y desesperanza, y la normalización de este tipo de actos de violencia ilimitada. En este trabajo no nos ocupamos de las vastas movilizaciones de protesta; ni de la solidaridad internacional; ni de las estrategias de lucha y resistencia, sino de la búsqueda de los instrumentos conceptuales capaces de alimentar la fuerza del logos social que hacen patente todos quienes sostienen el reclamo de justicia para estos jóvenes y, en ese reclamo, la exigencia de justicia para todos.

Partimos del hecho de que en este caso no existe posibilidad de diferenciar a la delincuencia organizada de las autoridades gubernamentales locales y estatales, ni por sus actos ni por sus actores. Sus modos de operación se han alimentado recíprocamente, lo mismo que sus filas. Se abre allí una disputa sobre la pertinencia de considerar el caso como uno de desaparición forzada, lo que abordaremos más adelante. Pero la crueldad de Estado queda plenamente demostrada en la forma en que la investigación oficial se ha desarrollado —o más bien, ha dejado de hacerlo—, y la forma en que la comunicación de sus resultados —o más bien, la falta de ellos—, aunada a la insistencia en una versión oficial inverosímil acerca de los hechos, desmentida de manera persistente por científicos del más alto nivel —quienes no dejaron de recibir amenazas—.Todas estas intervenciones sobre los hechos han sido administradas por las más altas esferas de gobierno a nivel federal sin atender el reclamo generalizado de justicia y los llamados internacionales a la resolución del caso. Desde el intento por comprar el silencio de los familiares mediante indemnizaciones, hasta la sugerencia de aceptar los hechos y dejar de insistir en la presentación con vida de los jóvenes normalistas; desde los diversos intentos por cerrar las investigaciones y el “cansancio” declarado por el entonces procurador general de la República, hasta la infamante escena del Presidente apropiándose del leitmotiv que expresa la solidaridad con los estudiantes desaparecidos al exclamar “¡Todos somos Ayotzinapa!”, la herida en el cuerpo social ha venido profundizándose, sobre todo en las personas de los familiares y compañeros de los jóvenes desparecidos.

El rostro desparecido

La mutilación espeluznante del rostro desollado quería ser un mensaje. Se trató de un mensaje de terror que corresponde a las formas de expresión del poder absoluto. Por encima de cualquier ley, se apropia del cuerpo vivo e indefenso como lugar de su realización. Es decir, además de un acto de poder, es un mensaje de poder irrefrenable e impune. Tiene también un carácter ejemplar de amenaza cumplida y por cumplirse en otros. En las primeras pericias forenses se estableció que los cortes limpios implicaban un conocimiento anatómico y una habilidad quirúrgica: una maquinaria desalmada. Los últimos informes oficiales, nueve meses después, aseguran que el rostro fue devorado por “la fauna nociva local”. A Julio César lo asesinó la policía. Lo torturó la policía, le sacó los ojos y le arrancó el rostro, y en todo caso estaría siendo designada en la expresión involuntariamente metafórica del discurso oficial, como “fauna nociva local”.

Si el derecho occidental, como afirma Agamben,[3] se sostiene en el cuerpo, y el límite al absolutismo totalitario es justamente el cuerpo soporte del derecho, es porque el máximo acto de poder se inscribe sobre él en la decisión de dejar vivir o hacer morir, en la nuda vida. Pero el ataque a Julio César, en particular, deja su mensaje brutal en la mutilación de los ojos para suprimir la mirada, en el destrozo del rostro cuya potencia estriba en mostrar que no se trata de algo sino de alguien. Una mirada, un rostro, alguien allí, es por su pura presencia la interpelación que frenaría la barbarie. Para Levinas,[4] el rostro es el primer discurso y antecede al lenguaje, porque el rostro expresa, comunica, entabla una relación, hace patente una interpelación, un mandato.

El rostro se presenta como evidencia de un más allá de la pura materialidad biológica del cuerpo. Es la apertura a un horizonte y a una trayectoria, y su presentación, siendo irreductible a la mismidad, abre paso al Yo, a la diferencia, a la sujeción al otro por encima del mí mismo. Es decir, en su desnudez y su fragilidad infinita el rostro hace aparecer al Yo como responsabilidad. La pura presentación del rostro es una interrogación que reclama una respuesta, al mismo tiempo que un don. Esa interrogación resulta insoportable para el que, entregado a la brutalidad y a la barbarie, ha renunciado a responder por sus actos, a sujetarse al principio elemental de preservación de la comunidad humana que es la ley, el “no matarás”. La acción deleznable de arrancar el rostro de este joven —como el de cualquier persona— es al mismo tiempo el intento de destrucción radical de aquello que interroga, que demanda respuesta. Pero su exposición ejemplar, como crueldad de Estado, es la declaración que aniquila a la humanidad como fratria, como parentesco, como creación de mundo común.

La interpelación se trasladó entonces al rostro horrorizado de la esposa, de la familia y los amigos, de los compañeros y de los estudiantes desconocidos, y su alarido de dolor se acompañó de una pregunta que hasta ahora carece de respuesta: “¡¿Por qué?!” Tendrán que venir el perpetrador y su dueño a responder, porque del rostro, incluso perdido, proviene la exigencia de responsabilidad. Esa piel arrancada catapultó la memoria de las facciones dulces y armoniosas del joven asesinado, que fueron miradas y reconocidas por el mundo entero. Su humanidad no fue destruida, volvió hecha clamor frente al espanto y convertida en demanda de justicia... pero el rostro humano que desapareció —ese sí sin remedio—, fue el rostro de los perpetradores, los que no pueden “dar la cara” y pronunciar el Yo, los que perdieron para siempre su propia humanidad transfigurados en una máquina bestial, poseída por el amo, el dueño —también él expulsado para siempre de lo humano—. Se esconde, no se muestra, niega su responsabilidad, quiere olvidar quién es y lo que ha hecho, se transfigura y es cada vez más una cosa sin lugar en el mundo.

¿Han desaparecido los desaparecidos?

A los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotizapa los subieron, contra su voluntad, en vehículos policíacos y no volvieron a ser vistos por los suyos. La controversia respecto a si se trata de “desaparición forzada”, “secuestro”, “privación ilegal de la libertad”, o se trata de “personas no localizadas” representa la estrategia oficial para eximir a los perpetradores y sus jefes de toda responsabilidad, en tanto parte de la estructura de un Estado tiránico que se oculta bajo la coartada de una democracia sin contenido.

De acuerdo con la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, signada por México desde 2002:

Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.[5]

Aun cuando es evidente que el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa corresponde estrictamente a esta definición, el gobierno mexicano se ha negado a reconocer este hecho procurando eludir las complejas relaciones de complicidad entre policía local, federal, ejército y todos los niveles de gobierno. Se ha preferido usar la figura jurídica de “personas no localizadas”, como si no se conocieran las circunstancias de su desaparición. Hasta hoy, el Poder Legislativo no ha promulgado una ley que sancione este tipo de violación a las garantías individuales consagradas tanto en la Convención como en la propia Constitución mexicana.

Desde marzo de 2011, luego de su vista a México, el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias advirtió sobre la “falta de una ley general que regule todos los aspectos de la desaparición forzada”, por lo que entre sus recomendaciones conminó al Estado mexicano a aprobar a la brevedad una norma con estas características.[6]

La resistencia oficial a legislar en la materia pone en relieve el interés de los grupos en el poder por salvaguardar su impunidad absoluta en el ejercicio de la represión y de la violencia de Estado. Pero además, ya desde la firma de la convención el gobierno de México incluyó una “reserva expresa” en la que se excluye a los militares de los términos expresados en la convención, pues ésta no admite ningún tipo de fuero especial en la comisión del delito de desaparición forzada. En dicha reserva, se exceptúa al fuero militar de los alcances de la convención para el caso de nuestro país.[7]

Una y otra vez, los familiares y sus defensores han insistido en la participación del Ejército Mexicano en los hechos de Iguala. Han solicitado reiteradamente acceso a las instalaciones militares para buscar a sus hijos desaparecidos. Diversas instancias internacionales han sostenido la legitimidad de esa solicitud sin éxito. El gobierno mexicano ha rechazado de manera reiterada esa posibilidad. Desde que el gobierno de Felipe Calderón involucró al ejército en tareas de combate al narcotráfico, las filas de los carteles se han visto enriquecidas con exmilitares cuyo entrenamiento especial ha favorecido a la delincuencia. Los lazos que se tejen entre el Ejército y el narco son evidentes en las detenciones y los enjuiciamientos contra algunos altos mandos que no suelen ser, por cierto, los realmente involucrados con el crimen organizado. Pero el fuero militar es expresión de la soberanía que está por encima de la ley, que es su excepción, y con su excepción suspende el estado de derecho en el núcleo mismo en que se sostiene.

Este panorama muestra una escena de desaparición anterior: la escena de la desaparición del Estado de derecho que constituye la condición sine qua non de la desaparición forzada de personas.

¿Y los jóvenes normalistas? Físicamente desaparecidos, se encuentran presentes no sólo en la memoria de quienes les conocieron y les recuerdan. Se han hecho presentes en las conciencias y en las vidas de millones de ciudadanos del mundo, de hombres y mujeres que, dentro y fuera de las fronteras mexicanas, exigen su aparición con vida. Se trata de una desaparición que es al mismo tiempo una aparición multiplicada en las voces de quienes claman por ellos. Su aparición insistente en distintos escenarios, confrontando a los personajes del gobierno mexicano, es la multiplicación de su propia conciencia crítica de lucha por la transformación de la sociedad.

Se ha establecido una nueva costumbre en los espacios públicos y en los recintos universitarios en los que se reclama su aparición con vida: se pasa lista pronunciando uno por uno los 43 nombres y los asistentes responden “¡presente!” por cada uno de ellos. Esta escena representa la multiplicación de su presencia y de sus voces. En las movilizaciones, las multitudes en la calle cuentan del uno al 43 para terminar con un grito furioso: “¡justicia!”. Las fotografías de los 43 rostros han recorrido el mundo y se presentan cada vez que se desarrollan acciones en su nombre. Incluso durante los partidos de futbol que tuvieron lugar en los meses siguientes a las movilizaciones, el público en los estadios, al llegar el minuto 43 de cada tiempo, se levantaba y lanzaba un solo grito: “¡Justicia!”

Se trata pues, de la aparición pertinaz e indoblegable de los desaparecidos, más allá de la voluntad de quienes los retuvieron y, quizás, los asesinaron. Se trata del sostenimiento de sus presencias más allá de sus cuerpos, sobre los que la soberanía cruel del estado operó su crueldad. Se trata del desbordamiento de la presencia más allá del cuerpo presente, más allá del habeas corpus que funda el derecho occidental en la presencia del cuerpo del ciudadano. Pero los jóvenes están presentes, se grita masivamente “¡presente!” en cada pase de lista. ¿Es acaso meramente una expresión de esperanza, de tenacidad, de negación de una realidad demasiado dolorosa para ser asumida? Pensamos que no. Pensamos que además de toda esperanza, tenacidad o negación, hay una presencia efectiva de estos jóvenes. ¿Cuál es la calidad de esa presencia que se proclama y de la que se tiene evidencia en cada colectivo que actúa por la justicia en favor de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa?

Hablamos de una presencia espectral, según el concepto que ha propuesto Derrida[8] para la comprensión del presente. Se trata de una subversión de tiempo lineal que formula una secuencia pasado-presente-futuro, para mostrar que lo que constituye el presente es la presencia y que la presencia está hecha de las voces de los que se han ido y de los que vendrán, es decir, de la presencia del pasado y de la presencia del futuro. De eso está hecho el presente, de un diálogo imposible pero ineludible con las voces de los que ya no están físicamente o todavía no han llegado al mundo. Se trata de una vida más allá de los cuerpos que no parte de una convicción mística sino de la imposibilidad de la existencia social afuera de la historia; es decir, más allá de la herencia que recibimos de los que se han ido y que nos ordenan la restitución de la justicia quebrantada, como horizonte de sentido para nuestras vidas, como creación de mundo para los que vendrán. Esa herencia se ha vuelto un mandato y tiene tal fuerza que es la fuente de donde proviene la posibilidad de que la vida tenga significado. Más allá de que podamos verlos, los jóvenes desaparecidos están presentes como clamor de justicia y de transformación del mundo, lo que es una presencia desde luego más potente que la de quienes aquí estamos de cuerpo presente. Aquí, los grandes ausentes, los desparecidos verdaderamente son los derechos y la ley, secuestrados y muertos por la tiranía del estado soberano.

El cuerpo, el duelo y la herencia

Compañeros a todos los que nos han apoyado soy Alexander Mora Venancio. A través de esta voz les hablo soy uno de los 43 caídos del día 26 de septiembre en manos del narcogobierno. Hoy 6 de diciembre le confirmaron los peritos argentinos a mi padre que uno de los fragmentos de huesos encontrados me corresponde. Me siento orgulloso de ustedes que han levantado mi voz, el coraje y mi espíritu libertario. No dejen a mi padre solo con mi pesar, para él significo prácticamente todo, la esperanza, el orgullo, su esfuerzo, su trabajo y su dignidad. Te invito a que redobles tu lucha. Que mi muerte no sea en vano. Toma la mejor decisión pero no me olvides. Rectifica si es posible pero no perdones. Éste es mi mensaje. Hermanos, hasta la victoria.[9]

El 6 de diciembre de 2014 familiares y amigos de Alexander se reunieron con el equipo de Antropólogos Forenses Argentinos para recibir la noticia. No estaban dispuestos a creer en versiones que no provinieran de fuentes dignas de su confianza. Hicieron preguntas duras como si era posible que le hubieran cortado ese hueso y que él siguiera con vida, o que se hubieran equivocado en las pruebas de ADN. Nada. La muerte se confirmaba. El funeral tuvo lugar con la colocación de una ofrenda en la comunidad del Pericón, de donde Alexander “La Roca”, era originario. El gobierno mexicano se comprometió a entregar el pequeño fragmento de hueso a su padre en el lapso de dos semanas. El 22 de enero declararían que los restos se consumieron durante las pruebas realizadas en los laboratorios en Austria. La crueldad continúa y la pregunta sobre el duelo nos asecha.

Para las expectativas de los gobernantes y perpetradores, era un intento más, el más contundente, de cerrar el caso y de significar el duelo como un pérdida que se asume y despoja de sentido a la lucha por la presentación con vida de los jóvenes.

El uso de esta lógica fue difundido a través de los medios de comnicación coludidos con el gobierno. Mas para los compañeros y familiares de Alexander la confirmación de su muerte no fue motivo para reducir la cifra ya emblemática de los 43. Para su padre, no fue motivo para abandonar la lucha. Para los jóvenes del mundo solidarizados con esta causa, Alexander se convirtió en la voz que reclamaba que su muerte no fuera en vano. ¿Qué entender entonces por una muerte vana? Una muerte vana sería el silenciamiento del espectro, de la presencia espectral de los caídos, es decir, el silenciamiento de su interpelación por una justicia que no sea venganza.

Ello supone otra significación del duelo, no como el proceso de resignación y la pérdida de toda esperanza, sino como el desplazamiento de la esperanza hacia un horizonte de justicia señalado por una presencia espectral de los ausentes y como el trabajo de una memoria colectiva que honra a los caídos y acoge su reclamo como herencia. En este sentido, elaborar el duelo es completamente distinto a la resignación frente a la pérdida irremediable, es construir las tramas vinculares y las solidaridades colectivas capaces de rescatar las presencias borradas mediante la desaparición forzada. Ese es el duelo que se opone al olvido y al silencio, cuando llega la certidumbre de que Alexander ha sido asesinado.

Otra justicia que no es venganza y que no es dinero

Los familiares de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa claman por justicia. No han aceptado los reiterados intentos gubernamentales de entregarles indemnizaciones monetarias que consideran como intentonas de comprar su silencio; no buscan venganza, no creen que los detenidos hasta ahora sean los responsables y no les basta con que los detengan y los procesen judicialmente. No creen en las investigaciones oficiales. Quieren la aparición con vida de sus hijos, hermanos, esposos. Quieren acceso a los cuarteles militares en donde piensan que podrían haber sido retenidos, para encontrarlos allí con vida. Quieren la verdad sobre lo que les pasó. Quieren una justicia que sea restauración del mundo en que vivían y del mundo en que vivirán.

¿Qué clase de justicia es aquélla que no se satisface en el castigo de los responsables del crimen? ¿Cuál es la justicia por la que clama el que se ha ido, arrancado de la vida en la transgresión de la primera ley, la que funda lo social? ¿Qué clase de restauración del mundo es aquélla que se limita a un acto de venganza concebido como punición? ¿Cuál es la justicia que se ofrece mediante indemnizaciones monetarias y que se presenta como “reparación del daño”? ¿Cuál es el daño que nos afecta a todos y quebranta la ley, el mundo y lo por venir, y que es irreparable? Se comete un crimen que no cesa, se quebranta la ley sin tregua.

Dos versiones de la ley están en pugna abierta, en pleno debate, y son motivo de la deliberación contemporánea. Una es la ley que funda lo social y que garantiza la vida, la que es sostén heterónomo de todo acto ético —el otro refrena mi destructividad con su rostro desnudo frente a mí, que lo contemplo y me vuelvo responsable por su vida—, la ley que parte de la contingencia de otro presente frente a uno, que hace que ese uno devenga “Yo”, sujeto de responsabilidad, constructor del mundo. Otra es la que se compone de leyes, en plural, la que desde el poder emite legislaciones siempre vulneradas y ambiguas, casi nunca eficaces, que pretende que la justicia es del orden de lo administrativo y que se ha llenado ya de corruptos “impartidores” de “justicia” que han vendido su jurisdicción a la ambición más vulgar.

Incluso sin ellos, la ley, en su versión jurídica, no es sino instrumento de control sobre los oprimidos. Walter Benjamin afirmaba en su tesis VIII sobre la historia que “La tradición de los oprimidos nos enseña que el ‘estado de excepción’ en que vivimos es la regla. Debemos llegar a un concepto de historia que le corresponda”.[10] De ahí el intenso trabajo de Agamben para estudiar el estado de excepción como estado cotidiano en las democracias liberales contemporáneas que sirven de camuflaje para los nuevos totalitarismos. “El totalitarismo moderno puede ser definido, en este sentido, como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político”.[11]

Para la ley como condición de lo social, su fuerza de obligatoriedad no estriba en la coacción del Estado soberano, que es el primero en transgredirla, toda vez que la soberanía no sería sino la capacidad de decidir respecto a la excepción. Si en el estado moderno, a decir de Agamben, la excepción es la regla, entonces la ley, en su aplicabilidad, ha quedado suspendida, ha quedado separada —“disyunta” diría Derrida— de la tarea de “hacer justicia” y representa solamente la marca del poder soberano que la violenta. La violación de la ley por el Estado soberano, como hemos dicho, se ha vuelto expresión de poder puro, bruto, ilimitado.

Para la ley, la razón de su fuerza estriba en la justicia. Si bien la justicia no puede nunca reducirse a las leyes, las leyes sólo pueden ser tales por su relación con la justicia. Así, todas las leyes promulgadas o por promulgarse en torno a la cuestión de la desaparición forzada encuentran un impedimento para su aplicabilidad que consiste en que la desaparición forzada es un crimen que no cesa sino con la aparición de la víctima. ¿Podría afirmarse que hay justicia con la aparición del desaparecido? No lo creemos, pues si bien la aparición con vida estaría en relación con la justicia, ésta no terminaría allí. Se trataría simplemente de la suspensión de ese perpetrarse constante del crimen. Aun así, los numerosos proyectos de ley que se han presentado en nuestro país a este respecto, contemplan una “reparación del daño” como expresión de justicia. ¿Cómo se repara ese daño?

Si en lugar de la aparición de los desaparecidos lo que se encuentra es la evidencia de su homicidio, la reparación del daño será por definición imposible. ¿Hay algo más irreversible, más irreparable que la muerte de uno al que amamos? Es decir, no hay justicia posible, toda vez que la justicia, que desborda toda ley, no es otra que la de la acogida incondicional, hospitalidad que obliga a la preservación del otro que comparece y esa justicia infinita como don incalculable ha sido quebrantada sin remedio en la reducción de las víctimas a un cuerpo sin nombre y sin historia, es decir, sin porvenir, sobre el cual se estampa la huella del poder.

¿Por cuál justicia luchar, entonces?

La justicia como imposible se proyecta hacia lo porvenir desde el reclamo de los ausentes. Se convierte así en un horizonte que permite caminar, en la construcción de un mundo que sea común para todos y cuyo advenimiento no es una utopía, sino una dirección para la lucha. La justicia es la abolición de un estado de crueldad insoportable. Si bien es inalcanzable, al mismo tiempo es irrenunciable. Es la persistencia que no se doblega, de la memoria que acoge a los desaparecidos y busca un mundo en donde el acto imposible que les robó a sus hijos, a sus compañeros, a nuestros hermanos no encuentre nunca más asiento en nuestro mundo.

Nombres de los 43 normalistas desaparecidos

— Abel García Hernández

— Abelardo Vázquez Peniten

— Adán Abrajan de la Cruz

— Alexander Mora Venancio

— Antonio Santana Maestro

— Benjamín Ascencio Bautista

— Bernardo Flores Alcaraz

— Carlos Iván Ramírez Villarreal

— Carlos Lorenzo Hernández Muñoz

— César Manuel González Hernández

— Christian Alfonso Rodríguez Telumbre

— Christian Tomas Colon Garnica

— Cutberto Ortiz Ramos

— Dorian González Parral

— Emiliano Alen Gaspar de la Cruz

— Everardo Rodríguez Bello

— Felipe Arnulfo Rosas

— Giovanni Galindes Guerrero

— Israel Caballero Sánchez

— Israel Jacinto Lugardo

— Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa

— Jonas Trujillo González

— Jorge Álvarez Nava

— Jorge Aníbal Cruz Mendoza

— Jorge Antonio Tizapa Legideño

— Jorge Luis González Parral

— José Ángel Campos Cantor

— José Ángel Navarrete González

— José Eduardo Bartolo Tlatempa

— José Luis Luna Torres

— Jhosivani Guerrero de la Cruz

— Julio César López Patolzin

— Leonel Castro Abarca

— Luis Ángel Abarca Carrillo

— Luis Ángel Francisco Arzola

— Magdaleno Rubén Lauro Villegas

— Marcial Pablo Baranda

— Marco Antonio Gómez Molina

— Martín Getsemany Sánchez García

— Mauricio Ortega Valerio

— Miguel Ángel Hernández Martínez

— Miguel Ángel Mendoza Zacarías

— Saúl Bruno García