Verdad de Estado y discursos de la contrainsurgencia

Camilo Vicente Ovalle*

Resumen

Entre las décadas de 1960 y 1980, el Estado mexicano desplegó una estrategia contrainsurgente para la contención y eliminación de la disidencia política, en particular contra aquella que adquirió la forma de movimiento armado. La contrainsurgencia no implicó simplemente la acción policial o militar, a la par —y de forma integral— se dieron redefiniciones político-jurídicas, deslizamientos conceptuales y la formación de una opinión pública que en su conjunto dieron forma a una nueva economía de la violencia de Estado, con su discurso contrainsurgente. En este artículo se muestran tres formas de ese discurso: la creación del enemigo, la “verdad sobre sí” del militante y la desaparición según los responsables de la misma.

Palabras clave: Contrainsurgencia, guerrillas, desapariciones, violencia de Estado, México.

Abstract

Between the 1960s and 1980s the Mexican government deployed a counterinsurgency strategy to contain and eliminate political dissidence, particularly targeting movements that took the form of guerrilla groups. The counterinsurgency did not merely imply police or military action. They were intertwined with both political and judicial redefinitions of legality, conceptual displacements in political and military arenas, and shaping public opinion, which gave rise to a new political economy of State violence in Mexico and its counterinsurgency discourses. In this paper I analyze three specific counterinsurgency discourses: the making of the enemy, dissidents’ “truth of oneself,” and the disappearance of dissidents according to the perpetrators.

Keywords: counterinsurgency, guerrilla, disappearances, state violence, Mexico.

El trabajo que aquí presento forma parte de los resultados, aún parciales, de la investigación que he realizado en torno a una historia de la detención-desaparición forzada en México entre los años de 1950 y 1980. En este artículo presento tres formas del discurso de la contrainsurgencia: la creación del enemigo, la “verdad sobre sí” del militante y la desaparición según los desaparecedores. El primero es una forma discurso producido en el ámbito público; los otros dos, si bien fueron producidos en el ámbito clandestino de la contrainsurgencia, ambos tuvieron una relación de consistencia que les permitió hacer tránsitos entre uno y otro ámbito.[1]

Aunque todavía no es un consenso académico, hoy se puede señalar con mayor grado de certeza que a raíz de los sucesos de Madera en 1965[2] dio inicio un nuevo ciclo de violencia política y de Estado en México, con dos características principales: por un lado, la emergencia de un nuevo tipo de disidencia política, cualitativamente distinta a la que se había expresado durante las dos décadas anteriores;[3] y por otro, modificaciones sustanciales en las estructuras y estrategias de seguridad nacional.

Después de una década de enfrentamientos con el régimen autoritario,[4] diversos grupos, tanto de sectores populares como de la clase media, consideraron que ya no era posible modificar partes del sistema sin transformarlo totalmente: no le otorgaron más el beneficio de la duda al gobierno de la Revolución, ni sus exigencias se enfocaron en el cumplimiento del programa revolucionario. El objetivo fue una nueva revolución, de carácter nacional y socialista. Esta nueva disidencia, que se manifestó por primera vez en las sierras de Chihuahua y Guerrero a mediados de la década de 1960, alcanzó su expresión “más acabada” en los movimientos armados y los movimientos populares radicales a lo largo del país durante la década de 1970.[5]

Ante este nuevo tipo de disidencia, que en algunos casos comenzó a presentar rasgos de insurgencia social, el Estado modificó sus esquemas de seguridad, con formas específicas que dieron el sello distintivo a este nuevo ciclo de violencia estatal: una estrategia contrainsurgente y estructuras clandestinas de la represión, estrategia y estructuras que estuvieron vigentes entre las décadas de 1960 y 1980.[6] La creación de cuerpos especializados para enfrentar esta disidencia, dedicados a la investigación del origen, composición, redes y grado de apoyo popular de los grupos disidentes, fue la primera respuesta del Estado. Sabemos que desde 1965 estas estructuras se pusieron en marcha, entre ellas, por ejemplo, el grupo C-047 de contrainteligencia de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) organizado por Miguel Nazar Haro; o también el diseño de grupos paramilitares y parapoliciales, como el grupo “Halcones”, hasta alcanzar el grado de refinamiento de los grupos de aniquilamiento y la estrategia clandestina por excelencia: la detención-desaparición forzada de personas.[7]

La contención y eliminación de esta nueva disidencia, en particular aquella que adquirió la forma de movimiento armado, no implicó simplemente la creación de grupos especializados para su combate, a la par y de forma integral se dieron redefiniciones político-jurídicas, deslizamientos conceptuales y la formación de una opinión pública que en su conjunto formaron el discurso de la contrainsurgencia. Con estas transformaciones se creó una economía de la violencia de Estado distinta.

El trabajo que aquí presento forma parte de los resultados, aún parciales, de la investigación que he realizado en torno a una historia de la detención-desaparición forzada en México entre los años de 1950 y 1980.

Un nuevo enemigo

La caracterización pública, desde el Estado, de la nueva disidencia política tuvo un papel central en la conformación del complejo discursivo de la contrainsurgencia. El núcleo de este cambio no fue la criminalización de la disidencia, como comúnmente se entiende, sino su despolitización. Este proceso articuló deslizamientos en prácticas y conceptos en diversos órdenes del ámbito público, y de la economía de la violencia que había imperado hasta la década de 1960.

Buscando al Móndrigo

El cambio más evidente fue la configuración pública de un nuevo sujeto, presentado como mero delincuente, carente de toda politicidad, que borró a otro: el disidente. Esta despolitización no sólo significó presentar al disidente como criminal, sino como carente de toda moralidad, sin motivación política e ideológica, y síntesis de males sociales. Al discurso del régimen sobre la disidencia fueron integradas doxas sociales de exclusión: las categorías de homosexualidad, resentimiento, drogadicción, vagancia, alcoholismo, enfermedad, entre otras, fueron tejidas a la de disidencia para darle una nueva configuración.[8] Entonces, la eliminación de este nuevo sujeto, configurado públicamente como enemigo, se presentó como políticamente necesaria y como socialmente deseable. La condensación discursiva más expresa sobre este nuevo sujeto eliminable la encontramos hacia finales de la década de 1960 en la figura de El Móndrigo.

En abril de 1969, mientras las organizaciones estudiantiles iniciaban lentamente la reconstrucción del movimiento, en la Ciudad de México se comenzó la distribución de un pequeño libro. En él se cuenta la historia del movimiento estudiantil de 1968, “desde dentro”. El Móndrigo. Bitácora del Consejo Nacional de Huelga, da cuenta de los “intersticios” y de “la verdad” del movimiento. El autor, según la presentación que el editor hizo, fue un líder del Consejo Nacional de Huelga al que encontraron muerto la noche del 2 de octubre, en las escaleras del edificio Chihuahua del complejo habitacional Nonoalco-Tlatelolco. Junto a su cuerpo se hallaba el manuscrito con sus memorias, que la editorial Alba Roja no dudó en publicar “por la trascendencia y lo sensacional de sus revelaciones, no hemos vacilado en publicarlo en el presente libro— sin hacerle ni la menor corrección”.[9]

Del autor de los manuscritos sólo se conoce el mote: Móndrigo, al que él mismo hace referencia en sus memorias: “mi facha no ayuda a concederme una personalidad relevante. Bien haya el que me apodó El Móndrigo, o sea un pobre diablo”.[10] Sí, un pobre diablo, un inútil, un vago, alguien despreciable y de poco valor, según la definición que de este mexicanismo hace el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. De este personaje tan sólo han quedado sus “sensacionales revelaciones” sobre la manera torcida con la que el movimiento interpretó la realidad, y con la que actuó. De acuerdo con El Mondrigo, el debilitamiento del movimiento puso en una encrucijada a la dirección: “¿Cómo gritar ¡represión! si no hay sangre, si no hay muertos, y si para colmo, a los que aprehenden quemando o pintando los dejan libres pocas horas después, previa golpiza y amagos de fusilamiento?” En consideración de la dirección del movimiento, el toque maestro, lo que conduciría al triunfo, sería una estrategia en cuyo centro estuviera la represión. El 2 de octubre fue la fecha señalada: “Ahora bien, en la proposición conjunta de Sócrates, Rufino y demás firmantes se establece que el mitin del día 2 deberá concluir en hecatombe; pues en ello estará nuestra victoria. Habrá que insistir en que vayan madres con niños. Mientras más caigan, mayor será la furia e indignación nacional y mundial”.[11]

En esa fecha se detiene el relato. El trágico final es por todos conocido.

Ni el supuesto autor de El Móndrigo ni la editorial Alba Roja existieron jamás. Se trata de un fabuloso montaje que formó parte del proceso de limpieza de todo rastro de legitimidad del movimiento. Hoy El Móndrigo no pasa de ser catalogado como un panfleto infame que buscó desprestigiar al movimiento estudiantil: lleno de diatribas, conjuras y delaciones. ¿Cuál es entonces la importancia de traer a cuenta un documento lleno de infundios? La aparición y distribución de El Móndrigo no sólo buscó desprestigiar y restarle legitimidad al movimiento, pretendió constituirse en el autorretrato del enemigo y en un marco de interpretación sobre la disidencia elaborado por el propio poder político. De ahí su importancia.[12]

En septiembre de 1970, aún preso en Lecumberri por los acontecimientos de 1968, José Revueltas presentó sus alegatos de defensa: “estamos ante una ficción incomprensible — comenzó diciendo—, que no se puede calificar con exactitud”.[13] Ficción no sólo por cuanto los delitos de los que estaba siendo acusado carecieran de sustento, por la falsedad de las pruebas, ni tampoco y como consecuencia de ello, de un proceso judicial viciado “rodeado de cosas y gentes sin denominación, de sombras conjuradas que actúan con nombres supuestos, alias indecibles, materias opacas, disfraces, usurpaciones y un lenguaje de nadie”.[14] Ficción, fundamentalmente, por el sujeto condenado: “La no existencia de presos políticos ha terminado por convertirse, para el régimen, en un punto neurálgico, donde hace crisis toda la demagogia de su estructura. Este es un punto esencial por cuanto es el punto donde se apoya, en esta etapa, toda la estructura ideológica mistificada del régimen y con la que pretende ocultar su naturaleza antidemocrática”.[15]

La figura con la que se sustituyó al disidente político fue el delincuente común, a esta sustitución es a la que Revueltas llamó ficción. Y allí estaban relatos como El Móndrigo para darles materialidad: ningún ideal político, ninguna ética guiaron el movimiento, sólo los más bajos, ruines y oscuros propósitos.[16] Carlos Monsiváis nos recuerda la estructura narrativa de este tipo de relatos: “depositar en letras de molde todo lo imaginado exaltadamente desde las posiciones de represión, darle la verosimilitud de la imprenta a esa sangrienta y grotesca fantasía colectiva que denigra y agiganta a sus opositores para mejor deshacerse de ellos”.[17]

A lo largo de la década de 1970 esta estructura ideológica se presentó como la narrativa pública sobre el enemigo, e hizo posible la aplicación de una estrategia represiva consistente con ella. Desde los medios de comunicación, las estructuras de poder político y grupos intelectuales vinculados con éste, se alimentó esta narrativa. Comentando las acciones del Frente Urbano Zapatista, en 1971 Carlos Fuentes publicó un artículo sosteniendo que la represión y la dictadura serían el resultado de una estrategia ajena al propio régimen: “¿Cuáles podrían ser sus propósitos? Me parecen obvios: establecer una dictadura fascista en México. ¿Cómo? Obligando a Echeverría a reprimir; y si no lo hace, declarándolo débil e incompetente para enseguida escenificar un golpe de fuerza e instalar la dictadura”.[18]

El presidente Luis Echeverría sintetizó algunos años después esta tesis en su Cuarto Informe de Gobierno:

[...] cuando se ve la impreparación ideológica de estos grupos y cuando se ve que tratan en realidad de provocar la represión, lo que se llama una 'cacería de brujas', se piensa de inmediato que así como puede ser esta primera posibilidad, puede ser la segunda también, de quienes provocan subterráneamente la represión a efecto de detener la marcha de nuestras instituciones como ha ocurrido en otros países, y el ejercicio de nuestras libertades cuando apenas se inicia una política de nacionalismo económico en nuestra patria (aplausos).[19]

Muy pronto se pasó de la crítica política al radicalismo de izquierda, a formulaciones intelectuales que pusieron a estos sectores como entes fuera del campo de lo político, grupos enloquecidos en una carrera irracional hacia la muerte, y por lo tanto enemigos que, de alguna manera, era adecuado eliminar. Octavio Paz, refiriéndose al sector de la Federación de Estudiantes de Sinaloa, conocido como “Los enfermos”, que se había integrado a la Liga Comunista 23 de Septiembre, señaló: “Los ‘Enfermos’, como se llamaba a sí mismo uno de estos grupos (el de la Universidad de Sinaloa), se han vuelto los Incurables”.[20] ¿Qué se hace con lo incurable?

Bajo este esquema ideológico, la calidad política del enemigo no apareció en el discurso público. Incluso en los momentos de la amnistía política,[21] se reconocía al actor pero inmediatamente se señalaba que no había sido sujeto de la acción del Estado por sus posiciones políticas o ideológicas, sino por la comisión de delitos comunes, narrativa que mientras anulaba la condición política del disidente, también intentó borrar los rastros de la represión política. En 1978, después de una de las crisis políticas y sociales más grave de la historia política contemporánea de Oaxaca, el gobernador interino, general Eliseo Jiménez Ruiz, declaró sobre la situación de los detenidos en ese proceso: “En Oaxaca, ni hay persecución de presos políticos, ni existen presos políticos. Nadie ha sido detenido por profesar ideologías contrarias a las del país. Todas las personas que fueron detenidas durante el movimiento universitario pasado, fueron procesadas por delitos del fuero común”.[22]

A la par que se rehacía la idea pública del enemigo, de manera suave y sin llamar la atención, se introdujeron reformas legales para renovar el control de la disidencia y su definición misma.

Deslizamientos conceptuales: una nueva configuración de la economía de la violencia

Durante el periodo del autoritarismo clásico, que va desde la consolidación del Estado posrevolucionario de las décadas de 1940 y 1950 hasta finales de la década de 1960, imperó una economía de la violencia de Estado que articuló tanto mecanismos legales como extralegales para el control de la disidencia política.[23] En esta articulación los mecanismos legales no fueron una cobertura o máscara de los extralegales, más bien fueron el último recurso, y lo fueron porque fundamentalmente esos mecanismos legales reconocían la politicidad de la disidencia, piénsese en los artículos 145 y 145 bis del Código Federal Penal, vigente hasta 1970:

Artículo 145. Se aplicará prisión de dos a doce años y multa de mil a diez mil pesos, al extranjero o nacional mexicano, que en forma hablada o escrita, o por cualquier otro medio, realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero, que perturben el orden público o afecten la soberanía del Estado mexicano.[24]

Si bien es cierto que se privilegiaron los mecanismos extralegales de control, desde la cooptación hasta el asesinato selectivo de líderes, debieron implementarse los mecanismos legales para reforzar la apariencia de legalidad democrática que el régimen había consolidado. Piénsese en las huelgas obreras de la década de 1950, el movimiento médico de 1965 y el movimiento popular de 1968, en los que el delito de disolución social funcionó como recurso para la desarticulación de las organizaciones.

Sin embargo, la aplicación de ese marco legal provocaba costos políticos cada vez más altos para el régimen, principalmente pérdida de legitimidad, pues la existencia de estos delitos y aplicación de las penas vinculadas a ellos producían una paradoja: el marco legal criminalizó la disidencia, sus actos o intenciones, pero no se les despolitizó, sus delitos seguían considerándose políticos, lo que hacía evidente la poca tolerancia del régimen a la acción disidente y entraba en contradicción directa con la pretensión democrática del sistema.

En julio de 1970 se realizó una reforma al Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales. Esta reforma adquirió cierta relevancia histórica porque fueron eliminados los artículos 145 y 145 bis, “cumpliendo” con una demanda del movimiento estudiantil de 1968. Sin embargo, en esta reforma, además de fortalecer la legislación penal para garantizar la “estabilidad del país”, se introdujo un nuevo delito que, de acuerdo con el texto de la reforma, no fue considerado político: en él ya no aparecen sancionadas la propaganda política, ni las ideas, como en el delito de disolución social, era un puro acto delincuencial contra la nación, el terrorismo:

Art. 139. Se impondrá pena de prisión de dos a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos, sin prejuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación.[25]

En su momento, el único en advertir los riesgos de la reforma fue José Revueltas, quien denunció la nueva economía de la violencia de Estado que estaba apareciendo, y determinó las prácticas represivas durante más de una década; también advirtió los peligros por venir: “Jamás se ha visto una maniobra tan burda, sangrienta, grosera y baja del Poder Ejecutivo contra la opinión pública del país. Se sustituyen los delitos configurados anteriormente, con una connotación peor, más represiva y de carácter eminentemente fascista”.[26]

Otro deslizamiento ocurrió en el ámbito militar, menos notorio. Para el Ejército, el nuevo tipo de disidencia que había emergido desde mediados de la década de 1960, aquella que asumió la forma de guerrilla, representó un desafío no militar, sino moral y político.

Para el Ejército, la guerrilla como táctica era reivindicada como parte de su historia militar. No hay que olvidar que el Ejército mexicano se reconocía como el heredero directo de los ejércitos de la Revolución de 1910, y muchas de las acciones militares memorables correspondían con las guerrilleras. Pero, además, moralmente la oficialidad reconocía en la guerrilla una forma honorable de defensa de la patria. Aún para 1970, en medio de artículos sobre la lucha contra el comunismo y la subversión, en la Revista del Ejército aparecían textos sobre la moralidad del guerrillero y la legitimidad de la guerrilla:

Hay entonces, una doble obligación para aceptar la beligerancia del guerrillero: la legal y la moral. Sin embargo, la historia nos enseña con insistencia repetida a través de los años, cómo tal obligación ha sido siempre olvidada. Ya los romanos llamaban salteadores y bandidos al indómito Viriato y a sus huestes de guerrilleros lusitanos. El invasor no sólo combate al guerrillero, sino también lo calumnia y sacrifica como malhechor, valiéndose de propagandas mentirosas para difundir por todas partes y con las más espaciosas y falsas razones la justicia de su proceder, a menudo enarbolando una hipócrita bandera civilizadora. Mas no halla otras respuestas a su innoble conducta que la de la condenación de la opinión pública, el desprestigio y el fortalecimiento de la resistencia del pueblo invadido; y el guerrillero a quién llaman bandido es a los ojos de sus compatriotas y de todos sus contemporáneos un héroe, el que la posteridad acaba de enaltecer y glorificar.[27]

La aparición de una guerrilla, que postulaba la necesidad de una nueva revolución y cuestionaba la legitimidad del régimen, también cuestionaba la legitimidad del Ejército. En consistencia con la narrativa pública sobre el enemigo, y con el orden jurídico que configuró un nuevo tipo de delito contra la nación sin considerarlo del orden político, el Ejército negó al naciente movimiento armando la moralidad que le reconocía a la táctica guerrillera, y fueron considerados como delincuentes, apátridas y traidores.[28] Durante todo el periodo contrainsurgente, entre 1960 y 1980, el Ejército negó pública y sistemáticamente la existencia de grupos guerrilleros, pues le permitía escapar a la paradoja moral y también el reconocimiento de beligerancia que lo hubiera llevado a acatar la legislación internacional sobre la guerra.

En 1977, el secretario de la Defensa Nacional, general Félix Galván, afirmó “en México, y lo digo con seguridad completa, no hay guerrilleros”, eran maleantes sin ideales que al llamarse guerrilleros “trataban de obtener la benevolencia del público”. Para el general Galván, el guerrillero tenía una moralidad que no le era posible reconocer en los movimientos armados mexicanos: “Guerrilleros fueron para mí los maquis de Francia, los seguidores de Tito en Yugoslavia, y otros grupos de gente que luchaba al lado de su ejército para obtener la libertad de su país. Pancho Villa pudo ser un guerrillero”.[29]

En su ensayo La guerrilla recurrente, Carlos Montemayor propuso un análisis respecto al enemigo en México y la forma en que éste fue representado. Montemayor partió de una premisa fundamental: la violencia de Estado tiende a esconder sus propios medios, genera un discurso que “oscurece su naturaleza”,[30] la envuelve en bruma con eufemismos y metáforas. Ese discurso, uno de cuyos pilares es la caracterización del enemigo a combatir, fue el corazón de la estrategia estatal y de la lógica de violencia. El discurso sobre el enemigo es una definición política postulada como un problema policial, eliminando toda comprensión política de los movimientos hizo más fácil su contención o su aniquilamiento.[31] La forma en que se enuncia al enemigo es ya, en gran medida, el índice de la estrategia represiva y política que será empleada.

Documentar la culpa

La nueva imagen pública del enemigo, que despolitizó al disidente, fue soportada por las pruebas aportadas por la estrategia contrainsurgente clandestina. Los mecanismos clandestinos, la tortura y la detención-desaparición, principalmente, fueron acompañados de una narrativa clandestina que tuvo consistencia con el discurso del ámbito público: por un lado, se obligó a los disidentes detenidos a aceptar la caracterización pública que ya se había hecho de ellos como el nuevo enemigo; y por otro, la narrativa clandestina documentó la culpa de los detenidos. De esta manera se logró la transición de un ámbito a otro, del público al clandestino, sin mayor contradicción.

¿Guerrillera yo? o de la verdad sobre sí mismo

Gladys López Hernández fue detenida-desaparecida en la Ciudad de México, el 15 de septiembre de 1971. Después de pasar varios días en un centro clandestino de detención y sometida a torturas, fue presentada y pasó detenida tres años en la cárcel de mujeres. En sus memorias, Ovarimonio, ¿yo guerrillera?,[32] Gladys narra con especial atención los primeros momentos de su detención, y la forma en que era identificada por la DFS, dependencia encargada de su detención-desaparición: “se me acusaba de terrorismo, según ellos yo era la agitadora que había movilizado a la gente el 10 de junio y que les había entregado las bombas a los estudiantes, así como de que estaba en contacto con los movimientos guerrilleros del país”.[33] Detenida-desaparecida en Torreón, Coahuila, el 9 de abril de 1979, Bertha Alicia López García fue interrogada y torturada, durante el traslado al centro clandestino de detención los agentes le decían: “‘¿sabes que te vamos a matar?’ ¿Por qué? ‘Por guerrillera, no te hagas pendeja’, yo no soy guerrillera, ‘al rato vas a jurar por tu madre que lo eres’”.[34]

Mediante los interrogatorios a que fueron sometidos los militantes mientras se encontraban en calidad de detenidos-desaparecidos, los agentes de las dependencias de seguridad buscaron obtener información clave para las operaciones contrainsurgentes, pero también buscaron que el detenido asumiera la configuración pública que se le había dado, que confirmara la verdad de Estado que se le había impuesto.

Detenido el 18 de octubre de 1977, en el estado de Puebla, un militante de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo que realizaba trabajo político con organizaciones tanto de Tuxtepec como de Puebla, vinculado con bombazos que había realizado la Unión del Pueblo y a un asalto bancario en Tuxtepec, cuenta sobre su interrogatorio en el centro clandestino de detención: “Entonces cuando me detienen, cuando me desaparecen, pues las preguntas eran esas, y yo por supuesto negaba mi participación, y me decían ‘tú podrás decir lo que quieras, pero nosotros tenemos información, estamos totalmente informados, no necesitamos más, nomás queremos confirmar, ya sabemos todo esto’”.[35]

El núcleo de esta narrativa clandestina fue la confesión, esa “especie de compromiso, pero un compromiso muy particular: no obliga a hacer tal o cual cosa; implica que quien habla se compromete a ser lo que afirma que se es, y precisamente porque lo es”.[36] Por ello, en la estructura de los interrogatorios durante el periodo de la contrainsurgencia, una parte importante se dedicaba a la infancia del militante, su contexto familiar y escolar, para descubrir en ellos el origen de las desviaciones que los hacía ser y hacer:

Me acuerdo que se tardaron horas con la declaración, ¡horas!: dónde naciste, qué leías de chiquita, con quién te criaste, cuántos libros de comunismo has leído, quiénes son tus maestros, quién te invitó a la ACNR, conoces a Genaro ... Toda esa letanía, y pues claro, que les vas diciendo: “pues sí, claro que leí el Manifiesto del Partido Comunista, programa de la SEP de tercero de secundaria de Historia Contemporánea lo tiene, vaya usted y véalo [...] ¿qué leía de chiquita?, pues La Pequeña Lulú, Superman, pues qué quería que leyera... ah, y además Vidas ejemplares, del padre Rivaldi... ¿y qué hacías de chiquita?, pues daba catecismo”.[37]

Los interrogatorios, con procedimientos muy establecidos y precisos, podían ser muy incisivos y aplicados una y otra vez, hasta que el detenido aceptara “lo que era”. El 13 de abril de 1977, el director de la DFS, Javier García Paniagua, elaboró un informe dando cuenta de la detención de tres miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S), llevada a cabo por la Dirección General de Policía y Tránsito del DF, el 12 de abril. Entre los detenidos se encontraba Antonio Orozco Michel, quien se había fugado en enero de 1976 de la cárcel de Oblatos, en Jalisco, en un operativo de la LC23. Para la DFS, Antonio Orozco, así como los otros cinco militantes fugados, estaba considerado como un miembro radical de la organización y cuya reintegración había significado un fortalecimiento de la misma.[38] Por ello, en esta nueva detención resultaba clave que “su interrogatorio sea llevado al cabo de una forma técnica y notablemente amplia”,[39] pues de ello dependía obtener buena información y, sobre todo, la verdad que a toda costa, “debido a su fanatismo” y usando “sistemas militares”, Antonio Orozco estaba ocultando: “se percibe que el sujeto detenido se conduce con falsedad”. El interrogatorio debía centrarse en cinco aspectos: organización, actividades delictuosas realizadas, planificación de hechos futuros, actitudes ideológicas y situación económica. Además de obtener datos amplios y verificables sobre los temas, había un interés en que el detenido confirmara la definición ideológica, política y jurídica que se había elaborado sobre el enemigo, que dijera esa “verdad sobre sí”, no importaba cuántas veces debiera ser sometido el detenido a interrogatorio para hacerle confesar esa verdad oculta, “se hace notar que, de acuerdo con las respuestas que el detenido proporcione, será necesario repreguntar para lograr el objetivo que se persigue”.

La documentación de la culpa

La contrainsurgencia no sólo buscó desarticular, contener o eliminar a la disidencia, también buscó afanosamente documentar la culpa del enemigo, culpa que explicó la acción de las dependencias de seguridad, y cuya documentación alimentó la verdad de Estado. Las confesiones, declaraciones obtenidas en los interrogatorios bajo tortura, los informes de éstas, los análisis de personalidad, los informes de antecedentes, entre otros, fueron los soportes del discurso clandestino.

Los interrogatorios buscaron hacer confesar a los militantes sobre los actos “delictivos” que cometieron y cometerían, sobre sus motivaciones, y también buscaron develar aquello que los hacía “ser”. En la declaración de Joaquín Cruces García, señalado de ser militante de la Unión del Pueblo, tomada en un centro clandestino, se dice: “El declarante desea manifestar que desde la edad de 7 u 8 años de edad aproximadamente se ha dedicado a ingerir bebidas alcohólicas con una frecuencia que ha aumentado a medida del paso de los años considerándose actualmente como un alcohólico crónico”, para inmediatamente después de esta confesión declarar su ideología.[40] Esto fue consistente con el discurso público que buscó despojar a los militantes de cualquier carácter moral.

La estructura narrativa de los informes de interrogatorios fue diseñada para aparecer como la voz de los militantes declarando la verdad sobre sí mismos, una verdad que correspondía con el discurso público que los definía y con el marco jurídico que los acusaba, haciendo consistente las prácticas clandestinas de la contrainsurgencia con su discurso público, jurídico-político.

En los informes de las declaraciones de militantes de la Unión del Pueblo, detenidos tras los bombazos del 27 de enero de 1975, aparecen el verdadero objetivo del grupo, que en voz de los militantes quedaba escrita como “el declarante afirma”: “Que su objetivo es crear pánico y desconcierto entre la población, para que culpen al gobierno y así poder abrir camino a otros grupos que luchan por sus mismos ideales”.[41] En el reporte de la declaración de Salvador Cortés Gutiérrez, detenido el 30 de enero por la noche, se vuelve a insistir sobre el objetivo de la organización: “Que el propósito de su organización es provocar pánico y descontento entre el pueblo, para que éste culpe al Gobierno de la existencia de grupos inconformes”. No es casual esta definición de los delitos, pues es consistente con la definición que ya había dado el marco jurídico, particularmente la definición del delito de terrorismo introducido en 1970,[42] y que estas confesiones, bajo el formato de declaraciones, hayan pasado del orden clandestino al público sin mayor proceso de traducción, pues la consistencia entre ambos ordenes estaba dada.

Otra de las estructuras narrativas clandestinas de la contrainsurgencia fue la construcción de los militantes detenidos como enfermos, soportada por discursos de pretensión científica expresados en documentos denominados “exámenes sicotécnicos”.[43] Estos exámenes sicotécnicos tuvieron la finalidad de validar “científicamente” el discurso gubernamental sobre la personalidad de los guerrilleros. Los informes de exámenes sicotécnicos que pude localizar, en el fondo documental de la DFS, corresponden a los militantes de la Unión del Pueblo detenidos entre el 30 de enero y el 1 de febrero de 1975, en distintas partes del país.

En el informe de la declaración tomada a René Arizmendi Villalobos, en la que se da cuenta de cómo conoció a Tiburcio Sánchez Cruz y a otros miembros de la Unión del Pueblo, en ningún momento se dice que él fuera miembro de la organización. Sin embargo, en su hoja de “Examen sicotécnico” se dice: “Es de temperamento sanguíneo fuerte, recio a reacciones, ilógico, miente con tranquilidad, se contradice, socarrón, al parecer es el enganchador”. En la hoja del examen sicotécnico de Virgilio Arizmendi Sánchez, se concluye: “Tienen un I.Q. [testado], es un tipo sanguíneo [testado], [testado] confirmado e incurre en contradicciones constantes durante su charla”; en el caso de José Luis Girón León, las conclusiones de su examen señalan: “Es un individuo de temperamento [testado], dudoso en sus conceptos y con un IQ [testado]”.[44]

Aunque no he podido confirmar que haya sido una práctica generalizada a todos los grupos y a todos los militantes detenidos, no es descartable, y me pareció relevante traer a cuenta esta particular elaboración narrativa sobre el enemigo como enfermo en el discurso clandestino de la contrainsurgencia.

¿A dónde van los desaparecidos? O de la desaparición según los desaparecedores

El ejercicio de la violencia de Estado ha ido acompañado de su propia negación, nunca se dice ella misma, nunca aparece como tal. Nuestra historia reciente pone en evidencia, como un mecanismo, el discurso brumoso en el que la violencia del Estado se envuelve, salpicado de eufemismos y metáforas que funcionan como ventanas del terror.

El 3 de julio de 1979, don Manuel Talamás Camandari, entonces obispo de la diócesis de Ciudad Juárez, envió una carta al procurador general de la República, Óscar Flores, solicitándole información sobre varios casos de personas detenidas-desaparecidas por motivos políticos. El procurador le respondió el 6 de julio en 4 breves páginas. En ellas sintetizó la versión oficial sobre los desaparecidos, decía:

Comprendo la angustia de los familiares de las personas desaparecidas, pero el Gobierno no está en la posibilidad de dar información de dónde se encuentra cada persona desaparecida [...] en muchos casos personas que se dan como desaparecidas las hemos localizado con diverso nombre e identidad, contrayendo con ellas el compromiso de no revelar su nueva identidad, ya que la cambiaron muchas de ellas por motivos familiares, otros por motivos pecunarios, y algunas por otras razones [...] Respecto a que existe el derecho constitucional a saber dónde están sus hijos, esto sería si éstas estuvieran en poder de alguna autoridad o tribunal, pero el Gobierno no tiene ‘obligación constitucional’ de encontrar donde esté alguna persona que no haya sido aprehendida o esté sujeta a proceso o detención.[45]

Durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (y los que siguieron), sistemáticamente se negó que hubiera una estrategia para eliminar a un sector de la disidencia política, principalmente a las guerrillas. No sólo se ocultó que las dependencias encargadas de la seguridad nacional llevaban a cabo operaciones de detenciones ilegales y posteriores desapariciones, además se insistió en que las propias víctimas de tales abusos eran los responsables de su suerte.

En la misma carta del procurador Óscar Flores, éste le comentó al obispo que la Procuraduría, por instrucciones del presidente de la República, llevó a cabo una investigación de 314 personas denunciadas como desaparecidas, y generó un reporte de 160 páginas con información sobre la suerte de los detenidos-desaparecidos. En realidad, esa investigación y sus resultados —que el procurador comentó al obispo— fue sólo una compilación de “informes” que la propia DFS generó cuando detuvo-desapareció a personas, militantes o no. Son hojas que contienen una narración ficticia y elaborada por la estructura clandestina de la contrainsurgencia, donde se da cuenta de la suerte que corrieron las personas denunciadas como detenidas-desaparecidas; evidentemente, esta narración eximía al Estado mexicano de cualquier responsabilidad. Estos informes se encuentran anexados a los expedientes de militantes que, en efecto, fueron detenidos-desaparecidos.

Detenido-desaparecido en la ciudad de Puebla, José de Jesús Corral García, militante de la LC23S, pasó varios meses en esa condición siendo sometido a torturas por agentes de la DFS, continúa desaparecido. Sin embargo, la narración elaborada por la propia DFS sobre la desaparición de José de Jesús cuenta algo distinto:

Por declaración de algunos integrantes de la citada Liga que se encuentran recluidos en distintas cárceles del país, se logró establecer que a José de Jesús Corral los dirigentes de ese grupo le encomendaron realizar el asalto a una sucursal bancaria en el estado de Puebla, pero contraviniendo las órdenes dadas, desertó y se dirigió a Chihuahua, sin que hasta la fecha se sepa de su paradero, por lo que es buscado tanto por sus compañeros como por las diferentes corporaciones policiacas.[46]

El expediente de Felipe Ángel Millán García, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre en Sinaloa, contiene información que permite saber que fue detenido por agentes de la DFS y la Policía Municipal en la ciudad de Culiacán, el 23 de julio de 1977. Uno de los objetivos de las detenciones era obtener información que permitiera descubrir y capturar las redes de militantes. Un mecanismo en este proceso fue obligar al detenido a señalar en la calle o “puntos de encuentro” a sus compañeros. Así lo hicieron con Felipe. Un reporte señala que el 17 de agosto, es decir 25 días después de su detención-desaparición, se realizó un patrullaje con él por las calles de Culiacán, ese día “señaló” a dos activistas estudiantiles, quienes fueron detenidos y pese a no tener ningún vínculo con la Liga, permanecieron 18 días detenidos- desaparecidos, hasta su liberación el día 30 de agosto. Felipe sigue desaparecido. Igual que en otros casos, la DFS elaboró un documento en el que se establece una ficción que “da cuenta” de su desaparición:

Este individuo no está muerto, es prófugo de la justicia. Miembro de la Liga Comunista ’23 de Septiembre’, a nombre de cuyo grupo realizó múltiples actividades delictivas durante varios meses. El 10 de septiembre de 1977 fue encontrado en la calle de Joaquín Redo de la Colonia Gabriel Leyva, Culiacán, Sin., en unión de otros miembros de ese grupo subversivo, teniendo en su poder varias armas de grueso calibre ocultas en ese lugar que [e]ra una casa de seguridad, lugar donde también se encontraron múltiples explosivos [...] A partir de esa fecha han tratado diversas corporaciones policíacas de ubicar a los prófugos sin resultados.[47]

Otro caso es el de Vicente Mendoza Martínez, vinculado con el grupo Unión del Pueblo, desaparecido el 20 de mayo de 1978 en la ciudad de Oaxaca. El documento sobre su desaparición dice así:

La desaparición de este individuo ha sido investigada por diferentes Corporaciones Policiacas, toda vez, que la misma está considerada como un verdadero secuestro ya que no se han localizado antecedentes, en el sentido de que se haya dedicado a actividades ilícitas.

Por afirmación de allegados a esta persona, se sabe que sus captores no han hecho contacto con la familia, misma que denunció su desaparición semanas después de ésta.[48]

Sin embargo, otro documento, con el nombre de Miguel Nazar Haro mecanografiado, informa de la liberación de Vicente Mendoza Martínez el 25 de mayo.[49] No importando la suerte final del detenido-desaparecido, al parecer era obligado elaborar documentos que justificaran de alguna manera su desaparición y propalar públicamente esa versión.

En este tipo de reportes, que pertenecen a una estrategia discursiva documental, se responsabilizaba a las víctimas de la represión de su propia suerte, al mismo tiempo que se documentaba su culpa y se borraba el rastro del detenido. De esto se alimentó la versión oficial, como se muestra en la carta del procurador Óscar Flores

Conclusiones

Una de las hipótesis de trabajo suponía que la violencia de Estado no se implementó de manera desnuda, que para hacerse efectiva construyó un propio discurso público, cuyo centro fue la configuración pública de un enemigo. Así, las disidencias políticas, en especial pero no exclusivamente, aquellas que asumieron la forma de organizaciones armadas o movimientos populares radicales, fueron borradas del ámbito público y hechas aparecer como meras delincuencias.

Sin embargo, la investigación mostró también un discurso clandestino de Estado que no fue el anverso, ni mucho menos el opuesto, al sostenido de manera pública; el discurso clandestino no se reveló como el contenido verdadero del discurso público. Siendo de otro orden, este discurso clandestino fue consistente con el de orden público. Al yuxtaponer los discursos, y sus órdenes, se reveló una dinámica que llamo el complejo discursivo contrainsurgente, que hizo efectiva la violencia y soportó la verdad de Estado sobre ella.

De esta manera, la materialidad de la detención-desaparición contó con dos soportes fundamentales: una infraestructura, el complejo contrainsurgente, y un complejo discursivo de la contrainsurgencia configurado como un dispositivo de verdad: de la verdad de Estado.

Este dispositivo de verdad hizo consistentes las prácticas clandestinas con el discurso público del poder, configurando una legalidad excepcional. El Estado mexicano, sus autoridades administrativas y gobernantes, no ocultó o mintió meramente: produjo una verdad. El dispositivo de verdad articuló dos niveles: el público y el clandestino. En el plano público produjo un tipo de sujeto: el enemigo, por el borramiento ideológico de otro, el sujeto político disidente. El plano clandestino garantizó la documentación de la culpa y la producción de la “verdad sobre sí” de los militantes, suspendidos en el circuito de la desaparición, que confirmó y alimentó el plano público, convirtiéndose en soporte de la verdad de Estado.

La construcción de una ficción como condición de posibilidad de una verdad de Estado no sólo soportó la materialización de esa verdad en la represión, también impuso una interpretación que deviene memoria. Hasta el día de hoy a los sectores radicalizados, no sólo de las guerrillas sino de los movimientos populares de la década de 1970, se les sigue dando el tratamiento de “enfermos” o enemigos que moral y políticamente fue válido eliminar.