Movimiento social, territorio y memoria en La Malinche, D.F.

María Ana Portal*

Resumen

Este trabajo analiza las características del movimiento de resistencia urbano frente a la construcción de la Supervía Poniente en la Ciudad de México. Sostiene que el modelo económico mundial incide en las formas de organización y en las formas de lucha del momento. En donde la demanda central es la defensa de la legalidad desde la vía jurídica del marco institucional vigente, en contra del Estado que no respeta su marco normativo.

Palabras clave: movimiento urbano, Ciudad de México, defensa de la legalidad, Supervía Poniente

Abstract

This paper analyzes the characteristics of the urban resistance movement against the construction of a superhighway in Mexico City. It argues that the world economic model impacts on the organization and forms of struggle of the moment. The central demand is the defense of legality available in the existing institutional framework, against the State which does not respect its regulatory framework.

Keywords: urban movement, Mexico City, defense of legality, superhighway.

En los últimos 12 años la Ciudad de México ha sufrido grandes transformaciones. Éstas han provocado una tensión constante entre la necesidad de generar obras públicas que modernicen la infraestructura urbana y las necesidades de las poblaciones afectadas por dichas obras. En este trabajo realizo una reflexión sobre el movimiento de resistencia social frente a la construcción de la Supervía Poniente. Dicha construcción afectó directamente a la colonia la Malinche en la delegación Magdalena Contreras, en la ciudad de México.

Este movimiento por la defensa de las viviendas, el medio ambiente y el territorio tiene un antecedente histórico crucial, ya que toda la zona se construyó a partir de un conjunto de luchas populares entre 1970 y 1990. Me interesa relacionar los ejes que articulan ambos movimientos y las diferencias entre ellos. Parto de la idea de que las modificaciones en el modelo económico mundial, y los rasgos concretos que asume en un país como México, incide en las formas de organización y en las características de la lucha social, ya que los conflictos son parte de los contextos sociales.

La colonia La Malinche está ubicada en la delegación Magdalena Contreras. La zona se caracteriza por tener una topografía montañosa, conformada por un conjunto de once cerros que generan numerosas barrancas en las cuales hay manantiales y otros escurrimientos que alimentan a sus dos ríos principales: el de la Magdalena (único río vivo en la Ciudad de México) y el Eslava. Históricamente ha sido área de conservación ecológica, pues sólo 17.95% de su territorio es usado para área urbana. Esto es un elemento importante porque —como veremos más adelante— se relaciona con una preocupación por la ecología y la conservación del medio ambiente.

El conflicto frente a la Supervía

La Supervía Poniente forma parte de un proyecto más grande y es considerada como una de las obras más importantes del gobierno perredista (de izquierda) encabezado en ese momento por Marcelo Ebrard, y tiene por objetivo agilizar el tránsito, acortar las distancias entre el poniente y el sur de la ciudad mediante la generación de un circuito que conecte las salidas de las carreteras a Toluca, Querétaro y Cuernavaca.

La obra tiene un total de 30 km de largo distribuidos en tres grande tramos. De éstos, el caso de la Supervía Poniente es el más conflictivo porque —a diferencia de los otros dos, que van sobre Periférico— implicó pasar sobre colonias densamente pobladas y por zonas de valor ambiental como la barranca de Tarango y La Loma, que aportan servicios eco-sistémicos a la región. Estas dos reservas naturales forman parte de un sistema de cañadas y barrancas en la Ciudad de México, catalogado como suelo de conservación.

En 2008 el proyecto fue anunciado a la opinión pública; sin embargo, y ante la movilización de los vecinos de la zona, fue negada su existencia por autoridades del GDF, quienes informaron que la Supervía había sido cancelada y no se realizaría. No obstante, a finales de 2009 se publicó una declaratoria de necesidad para el otorgamiento de una concesión a empresas españolas para explotar y administrar una vía. Un año después, en 2010, se determinó la expropiación de 127 predios para la construcción y el funcionamiento de esa vialidad.

Una característica en México de la aplicación de las políticas públicas es que generalmente no se consulta a la ciudadanía sobre los beneficios y problemas que una obra pública genera. En este caso, no se hizo la consulta pública requerida por ley y en el decreto de expropiación publicado no se especificaban las colonias, calles o número de predios que serían afectados. Ningún documento público señalaba el trazo de la obra, por lo cual se generó una gran incertidumbre entre los vecinos, pues desconocían si sus viviendas serían expropiadas o no. Sólo se enteraron de que sus predios estaban comprendidos en ese proyecto cuando llegaron las notificaciones de expropiación a la puerta de su casa entregadas por funcionarios del gobierno acompañados de policías.

Si bien los vecinos ya estaban organizados, a partir de estos hechos se constituyó el Frente Amplio contra la Supervía de Cuota en Defensa del Medio Ambiente, integrado por vecinos de la colonia Malinche, y otras organizaciones civiles del área.[1]

Una de las primeras acciones para detener la obra y evitar que se siguieran expropiando viviendas consistió en instalar un campamento permanente de resistencia situado en un punto estratégico, ya que por allí estaban trazados los dos túneles de interconexión. Este campamento se instaló para evitar que continuara la expropiación de predios y la destrucción de casas, iniciado por el gobierno de la ciudad en asociación con las empresas encargadas de la construcción de esta obra vial: OHL y Grupo Copri.

El movimiento tuvo dos estrategias: una legal y otra política. En el plano legal, entre otras medidas, alrededor de 350 personas promovieron un juicio de amparo. Se argumentó la violación de sus derechos fundamentales a la participación directa y efectiva en la conducción de asuntos públicos; a recibir información detallada y previa a la planeación y aprobación de dicho proyecto vial, así como a los derechos sociales a la vivienda tanto de las personas que habitan los predios expropiados como de todas las afectadas por la obra, debido a la alteración del entorno en que viven. En el plano político se hicieron diferentes marchas y plantones.

A pesar de todos los recursos legales a que recurrieron los miembros del Frente Amplio, y a las manifestaciones de protesta en el espacio público, las obras no se detuvieron, aun cuando los tribunales establecieron que, en efecto, se violaron leyes y diversos derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México.

Violando la ley y dejando de lado todas las recomendaciones hechas por la sociedad civil y diversos organismos —entre ellos la Comisión de Derechos Humanos—, mediante un proceso plagado de irregularidades se iniciaron los trabajos de construcción de la vialidad en agosto de 2010. El campamento sostuvo la resistencia civil durante dos años y medio, pero en la madrugada del 23 de noviembre de 2012, la fuerza pública irrumpió y desalojó a los vecinos que allí protestaban por la construcción de la Supervía Poniente, quemando y destruyendo todo lo que encontraban a su paso.

Un movimiento con historia

Para comprender este movimiento social hay dos antecedentes que es necesario explicar: el primero tiene que ver con la historia de urbanización de este lugar. La zona se urbanizó en la década de 1960 luego de una compleja y dura lucha por regularizar los terrenos comprados —ilegalmente— a los ejidatarios del pueblo de San Bernabé. Las tierras eran de mala calidad para el cultivo y muchos campesinos se habían ido a trabajar a las fábricas textiles cercanas. La ciudad crecía sin medida, por lo cual siempre estaba la amenaza de invasiones a los terrenos baldíos. Los ejidatarios prefirieron venderlos a nuevos colonos que perderlos, y así, de manera gradual se urbanizaron las laderas de los cerros y las tierras más áridas, con viviendas de autoconstrucción. El gobierno encabezado por el PRI permitía esa irregularidad que le garantizaba procesos clientelares, fundamento de su poder.

Tras una década de tensas negociaciones con las autoridades de la ciudad, lograron regularizar esas tierras y que se les entregaran los títulos de propiedad, con lo cual obtuvieron además servicios básicos como agua, electricidad y transporte.

El segundo aspecto tiene que ver con la conciencia comunitaria que surge en este proceso, donde las llamadas “comunidades de base” de la Iglesia católica (impulsadas por los jesuitas y los maristas) ejercieron un papel fundamental, en tanto permitió, a partir de la necesidad de mejorar la calidad de vida de la población, integrar a gente que venía de distintos lugares del país, con formas de ver el mundo diferentes y con condiciones laborales y sociales disímbolas. Esta idea de comunidad se reflejó en la forma de organización y en las maneras de negociación y de transacciones con el gobierno, lo cual se daba de manera colectiva y con la fuerza de la unión vecinal. Se construyó entonces una forma de pertenencia al lugar, que generó fuertes lazos de identidad anclados al territorio.

El movimiento fue exitoso en la medida en que se regularizaron los terrenos y se obtuvieron los servicios; con ello se dio una suerte de “redefinición territorial” porque se pasó de un precario uso agrícola a un uso habitacional urbano popular muy intensivo.

Así, mientras en la década de 1960 México incursionaba en la llamada modernidad —incursión que generaba un tipo de lucha social—, el movimiento actual se da como parte de una trama sociopolítica muy distinta en comparación con la que existía en el capitalismo del siglo XX. Es decir, se da dentro del neoliberalismo y de los procesos de globalización.

Desde finales del siglo pasado y hasta el día de hoy, el sistema capitalista ha modificado de manera profunda su lógica de desarrollo. Una de las transformaciones más relevantes en este marco neoliberal es que, a diferencia del esquema de desarrollo capitalista anterior —donde la acumulación originaria implicó la acumulación de la propiedad privada—, la globalización ha generado relaciones sociales de producción en que la propiedad jurídica no es lo central; lo importante es la liberación de espacios y fuerza de trabajo, para su uso y usufructo. Es lo que David Harvey denomina “capitalismo por desposesión” para caracterizar las nuevas formas de operación del mercado mundial. Es decir, el capital transnacional puede no tener la propiedad jurídica sobre los medios de producción pero sí tiene la capacidad de apropiación de las riquezas. Los gobiernos nacionales —pero sobre todo los gobiernos locales— han jugado un papel central mediante la instauración de políticas públicas que favorecen el esquema neoliberal; este es el caso de México durante las últimas tres décadas, a pesar del relevo de gobiernos de izquierda.

Las nuevas políticas públicas se orientan bajo la presión de las fuerzas globales como la inversión inmobiliaria, que reorganiza los usos de los territorios urbanos y los modos de vida. Ahora la acción estatal tiende a asociarse con el capital privado cediendo ámbitos que históricamente estaban bajo su tutela. La reorganización territorial que hoy se vive es resultado de ese proceso, donde mercantilizar el espacio, aumentar la productividad, hacer competitivas sus actividades, reducir Estado y agrandar mercados son vertientes de una misma visión; todo eso bajo una ideología cada vez más centrada en el individuo y donde la idea de comunidad tiende a desdibujarse y se privilegia el interés del capital.

Es en ese contexto, y con esa historia, como se genera este nuevo movimiento social en la Magdalena Contreras. Con un elemento adicional: el gobierno local es de izquierda.

Radiografía del movimiento de resistencia civil

Encuentro cinco elementos a destacar sobre el movimiento en contra de la Supervía.

1. El tipo de participación. Desde un principio nos llamó la atención que los que estaban conformando el Frente Amplio no eran los afectados por las expropiaciones: eran vecinos de colonias aledañas que en parte tenían temor —ante los rumores y la desinformación— de ser afectados. En entrevista, algunos de sus voceros señalaron que se sentían obligados a defender a la colonia —aunque ellos no estaban directamente afectados— porque sus padres y abuelos habían luchado por tener una vivienda digna y no podían simplemente dejar que se las quitaran a ellos o a sus vecinos. Los directamente afectados no participaron en el movimiento por miedo a no recibir la indemnización por sus casas. Esto produjo profundas rupturas entre los vecinos y al interior de las familias, fracturando las relaciones entre ellos. Las fracturas internas contrastaron con la diversidad de apoyos externos gracias a las redes sociales: asociaciones de vecinos, ONG, grupos religiosos nacionales y extranjeros, formaron parte de los apoyos al movimiento.

2. Las formas de negociación. Éstas se basaron en la política de “divide y vencerás”, donde el gobierno se afanó en realizar negociaciones de manera individual; en cooptar a algunos de los antiguos líderes de movimientos previos; en contrapuntear a los vecinos con diversas acciones, como ofrecer empleo a algunos de ellos en las mismas obras; convocarlos para amedrentar a quienes permanecían en el campamento o generar campañas de desprestigio. Esto provocó resentimientos y desconfianza, lo cual socavó la idea de comunidad que de manera básica, y tal vez frágil, se conservaba del movimiento de los años setenta.

3. En este caso el papel de la Iglesia católica fue marginal, a diferencia de los movimientos anteriores, donde había un sentido de pertenencia a partir de las comunidades de base, aun cuando muchos de los que participaron ahora guardaban en la memoria su vinculación en décadas anteriores a estas comunidades eclesiásticas.

4. Aparecen los problemas ecológicos como una de sus demandas principales, ya que para construir la Supervía fueron derribados 22000 árboles de gran tamaño y se afectaron las barrancas y montañas. Este elemento es muy interesante, ya que en las luchas previas nunca apareció como una demanda colectiva y ahora se constituyó como una parte central de los reclamos.

5. La articulación con otros movimientos a partir del uso de nuevas tecnologías de comunicación, con la paradoja de que si bien amplían la capacidad de difundir sus demandas y de recibir solidaridad de otros grupos muy diversos, al final no mitiga las fracturas internas. Visto desde afuera, el movimiento se fue aislando hasta quedar reducido a un grupo pequeño de personas. Hoy, a pesar de la derrota vivida, ese pequeño grupo de participantes, que si por una parte están desmotivados ante la ilegalidad de la actuación gubernamental, la falta de vías legítimas de negociación con la autoridad y las fracturas y cicatrices que dejaron los conflictos entre vecinos, todavía consideran importante participar en los cauces institucionales: por ejemplo en los comités vecinales y las obras colectivas de mejora de su colonia. Es decir, la participación se ha restringido por el momento al ámbito local.

¿Qué hay de nuevo en los movimientos?

En tiempos de globalización, los conflictos urbanos locales se caracterizan por la intervención de factores y actores nacionales e internacionales antes excluidos. La correlación de fuerzas en un movimiento ahora se ha tornado compleja, generando un terreno de negociación en el que influyen medios de comunicación y opinión pública nacionales e internacionales.

La diferencia entre los movimientos de los años setenta y los actuales ilustran lo anterior, como puede verse en seguida:

• El movimiento urbano de los años setenta generó una red social que permitió una participación ciudadana local pero amplia, donde colaboraron sectores sociales como la Iglesia católica, además de organizaciones civiles, políticas y sociales. En cambio en el movimiento más reciente la participación de los habitantes de la localidad es restringida, aun cuando recibe apoyos importantes de grupos y organizaciones del ámbito nacional e internacional, pero —lo cual es una paradoja— se mantiene aislado en lo local.

• Las formas de relación gobierno/ ciudadanía han cambiado en el sentido de abrirse vías de negociación y lucha como la jurisdiccionales que antes eran de hecho inexistentes. Y ello a pesar de que estas vías se cierran ante la propia ilegalidad y corrupción de las autoridades, que ignoran las resoluciones de los tribunales.

• Las formas de coerción gubernamental, e incluso el uso de la fuerza pública, se ha “modulado” en el sentido de evitar la violencia extrema, tan característica en los años setenta, cuidándose en particular de la opinión pública. Esto obedece tanto a la orientación de izquierda del gobierno como al desarrollo de los movimientos reivindicadores de los derechos humanos, que generan una mayor vigilancia sobre la acción gubernamental.

La política gubernamental, en la que la ciudadanía queda excluida, en los hechos vulnera la organización comunitaria. Sin la participación plena de la ciudadanía, la incipiente democracia mexicana se ve cada vez más afectada y limitada a los momentos de elección de candidatos a cargos públicos, cerrándose la posibilidad de acción desde lo local. Sin embargo, la condición ciudadana ha incrementado sus posibilidades de resistencia civil apoyándose en recursos tanto tecnológicos como políticos del ámbito global. Esto genera un nuevo terreno de organización civil que está por explorarse. En el caso analizado, un pequeño grupo de ciudadanos tuvo un impacto importante gracias a estas nuevas relaciones sociales que lograron generarse.