Del Conaculta a la Secretaría de Cultura. El andar de los trabajadores ante las iniciativas legislativas de cultura

Rubén Darío Bermúdez Guerrero*

Resumen

Este texto revisa un periodo de 40 años, el puente entre la organización corporativa del SNTE y las luchas por la democracia sindical en su interior, y a la vez el sólido vínculo entre cultura y educación que alimentó a las instituciones estatales. Revisa así las afectaciones provocadas por la creación de la Secretaría de Cultura tanto en el terreno sindical como en su empeño por disociar educación y cultura en un país fragmentado.

Palabras clave: SNTE, democracia sindical, cultura y educación, Secretaría de Cultura

Abstract

This text reviews a period of 40 years, the bridge between the corporate organization of the SNTE (National Union of Education Workers) and struggles for union democracy in its interior, and at the same time the strong link between culture and education that has nourished State institutions. It examines the effects of the creation of the Ministry of Culture both in the union arena as well as in its efforts to separate education and culture in a fragmented country.

Keywords: SNTE, Union democracy, culture and education, Ministry of Culture

Un poco de historia

Entender qué ha pasado en las organizaciones sindicales del llamado subsector cultura durante los últimos 40 años requiere de hacer un poco de historia; así, vayamos a las páginas del tiempo hasta ubicarnos en las décadas de 1970-1980, cuando los trabajadores no docentes de la Secretaria de Educación Pública —entre ellos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Radio Educación, la Dirección General de Bibliotecas y la Dirección General de Culturas Populares— luchaban desde sus delegaciones sindicales contra el corporativismo del mayor sindicato en cuanto a número de agremiados en México y América Latina: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Entonces representaba una importancia política para el Estado por un control corporativo ejercido durante décadas sobre los trabajadores de la educación —conocido como charrismo sindical—.[1] Fue a finales de 1979 cuando algunos trabajadores de la educación deciden organizarse en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por la necesidad de luchar contra los viejos esquemas del charrismo impuestos por el SNTE. Por fin el control corporativo comienza a romperse, los maestros de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Campeche toman las calles, algo raro de ver en la Ciudad de México. La lucha magisterial permeó casi de manera natural en el subsector cultura, puesto que —así como los profesores— también eran trabajadores de la educación y ésta mejoro sus condiciones de vida, de trabajo y democracia dentro del sindicato. Además de romper con la apatía y el desinterés fomentados por el corporativismo, el momento político y social que ahora atraviesa el país contribuye a tal propósito.[2] De manera histórica los trabajadores han defendido los derechos colectivos y el Estado de bienestar; sin embargo, ahora los sindicatos son vistos como un impedimento para la modernización y desarrollo del modelo neoliberal, debido a su visión política e ideológica, la cual choca con el planteamiento de diluir lo colectivo y social planteado por el neoliberalismo.[3]

En materia

Durante décadas la cultura se mantuvo vinculada al ámbito educativo. Prueba de ello fue el modelo del institucionalismo cultural conformado por los institutos Nacional de Antropología e Historia (INAH, 1939) y Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL, 1946), intrínsecamente vinculado con el modelo educativo vigente en México durante cerca de 20 años, hasta la creación de la Subsecretaría de Cultura (1939 a 1958).[4] Si bien esta dependencia impulsó el desarrollo de casas de cultura en cada uno de los estados de la República, éstas pertenecían al INBAL, y sólo con los programas de descentralización del gobierno federal fue que comenzó a desmembrarse dicha institución en la década de 1980. Lo anterior dio pauta, años más tarde, a los actuales institutos de cultura de los estados. También se descentralizó la educación artística en el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), la cual pasó directamente a manos de la Secretaria de Educación Pública (SEP), con lo cual se rompió el vínculo entre educación y cultura[5] en oposición a la ley orgánica del INBAL.[6] Fue la primera institución en sufrir el avance de la modernidad en los inicios del neoliberalismo en México.

Las afectaciones del Conaculta

Durante casi veinte años tanto el INAH como el INBAL dependieron, desde el punto de vista administrativo, de la Subsecretaria de Cultura, con lo cual se mantuvo el binomio educación y cultura hasta 1988, año en que fue creado el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta),[7] por Decreto Presidencial de Carlos Salinas de Gortari, en el cual se establecía como un organismo coordinador de la actividad cultural por parte del Estado. Y aun cuando ambos institutos son órganos desconcentrados y creados por el Poder Legislativo mediante una ley orgánica y ley de creación, respectivamente, el Conaculta duplico las actividades de los institutos. Con ello se redujo su presupuesto, además de afectar el cumplimiento de sus actividades sustantivas de difusión, fomento y conservación del patrimonio arqueológico, artístico e histórico. Por las atribuciones que le fueron conferidas en su ley de creación, el Conaculta debería haber formado parte del INBAL.

Las iniciativas

A raíz de creación del Conaculta comenzaron aparecer iniciativas como la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, del senador Mauricio Fernández Garza del Partido Acción Nacional (PAN), el 28 de abril de 1999, y que resultaba muy nociva para las instituciones, los trabajadores y el ámbito cultural, y que sin proponérselo unificó al subsector. Los trabajadores lograron organizarse y unificarse en torno a la defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico para evitar su privatización, que el Estado mantuviera la rectoría en este rubro, fortaleciendo a las instituciones. Así fue como se presentaron más de cuarenta iniciativas[8] en relación con el ámbito cultural a lo largo de los últimos 17 años; todas ellas elaboradas por el cuerpo de asesores de los legisladores —por encargo o por iniciativa propia—, y muchas de ellas tomadas de manera textual de legislaciones de Francia, Canadá, España y Colombia, entre otros países. Pero lo preocupante es el gran desconocimiento del quehacer cultural por parte de los legisladores —y por ello dejan de lado la realidad de nuestro país—, al igual que a las instituciones responsables de la cultura, y a sus trabajadores y la comunidad cultural en general.

La Iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura, presentada por Vicente Fox el 20 de septiembre de 2005 a la Cámara de Diputados, consolidó la unificación de los trabajadores del INAH, el INBAL, Radio Educación y el Centro Nacional de las Artes; junto con otros actores del medio cultural discutieron este tema y propusieron hacer un encuentro que nominaron Parlamento Alterno de Cultura y Educación (PACE). Ante la eventual aprobación de una legislación sin consenso y la premura del tiempo (fast track), se transformó en un acto de análisis y reflexión en el que convergieron diversos actores —académicos, intelectuales, trabajadores de la cultura, artistas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales, estudiantiles, etcétera— con miras a evitar una legislación precipitada, sin un diagnostico real y nacional sobre el tema como parte de los resolutivos del PACE.[9] Lo anterior en contraposición a una propuesta de los legisladores denominada “Jornada Nacional de Consulta. Hacia un Parlamento de Cultura”, y mediante la que se buscaba elaborar una legislación integral sobre los siguientes temas:

1. Reformas constitucionales en materia de cultura: apoyar la modificación de los artículos 3º y 4º de la Constitución Mexicana para elevar a rango constitucional el derecho de todos los mexicanos a la cultura

2. Modelo jurídico del sector cultura: elaborar una iniciativa de Ley General de Cultura

3. Marco jurídico del organismo gubernamental de cultura: otorgar al Conaculta su reconocimiento jurídico

Las diferentes acciones y tareas planteadas tuvieron su efecto: al principio se tomaba como algo coyuntural, pero las constantes visitas a la Cámara de Diputados, la presencia en las reuniones de trabajo de Sara Bermúdez, presidenta del Conaculta, y su negativa a entrevistarse con los trabajadores motivaron a la movilización y la innovación de actividades artísticas — conciertos dentro y fuera de la Cámara de Diputados— fueron sensibilizando a la opinión pública y a los diferentes actores de este proceso legislativo, así como a otros sectores que demandaban información sobre el tema —tal fue el caso de las tres emisiones del Diálogo Nacional por un Proyecto de Nación Alternativo al Neoliberalismo, organizado por la Unión Nacional de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Frente de Defensa de la Soberanía Nacional—; gracias a la solidaridad y el apoyo lucha del subsector de la cultura fue posible detener la mencionada iniciativa.

Carrera contra el tiempo

A diez años de distancia el contexto del subsector cultura resulta por completo distinto: de la unidad lograda en 2005 sólo queda un recuerdo, aun cuando existen otras iniciativas en ambas cámaras que parecen no avanzar. El 3 de agosto de 2015 empezaron los trabajos conjuntos entre los comités del INAH y el INBAL (D-III-24 y D-III-22) para enfrentar el recorte presupuestal; el 27 de agosto de ese año, en el teatro Julio Jiménez Rueda, se realizó la asamblea conjunta entre ambas delegaciones para llegar a ciertos acuerdos políticos; el 31 de agosto se impartió una conferencia conjunta en el Pórtico del Palacio de Bellas Artes, para solicitar presupuesto a las instituciones, organizar la defensa de las mismas y oponerse al recorte del presupuesto base cero; por último, el 2 de septiembre el Ejecutivo federal anunció la creación de la Secretaria de Cultura, iniciativa de ley publicada el 8 del mismo mes.[10] Se analizó el texto de la iniciativa de decreto a una semana de haberse dado a conocer, y para ello se hizo una comparación descriptiva y textual de sus contenidos en relación con las funciones del INAH y el INBAL.

Fue en ese contexto que se planteó la posición del sector de trabajadores de la cultura respecto a las observaciones de los especialistas: hubo un rechazo conjunto por parte de los trabajadores administrativos, técnicos y manuales (ATM) del INAH, Radio Educación, profesores y ATM del INBAL a la iniciativa presidencial tal como fue presentada. El 23 de octubre Radio Educación convocó a una reunión como sector cultura, con miras a formular planteamientos conjuntos con trabajadores del área central del Conaculta, Dirección General de Bibliotecas, CENART, ATM INAH, ATM INBAL, docentes e investigadores del INBAL y la Dirección General de Culturas Populares. Las diversas posturas fueron encontradas: desde un rechazo total hasta tratar de incidir en la toma de decisiones, cabildear entre los representantes del Poder Legislativo, convocar a una gran movilización del sector…; no se lograron acuerdos. Sin embargo, la reflexión llevó a entender que todas las iniciativas del Ejecutivo han sido aprobadas.

El 9 de noviembre de 2015 los profesores y trabajadores ATM del INBAL presentan a la presidencia de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados los comentarios, observaciones y propuestas a la iniciativa de creación de la Secretaria de Cultura; una vez consultados trabajadores y especialistas, el 1 de diciembre el INAH decidió realizar un plantón permanente afuera de la Cámara de Diputados, movilización que fue apoyada por trabajadores del INBAL. Al día siguiente, 2 de diciembre, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, así como la Comisión de Cultura del Senado de la República, recibieron en el recinto legislativo de San Lázaro a diferentes sectores laborales de las instituciones culturales, entre ellos un colectivo de sindicatos del área de educación y cultura; el sindicato de Radio Educación; arquitectos e investigadoras del INAH, y trabajadores ATM del INAH y el INBAL.

De ese conjunto, únicamente los ATM INAH, profesores y ATM INBAL y Radio Educación llegaron una postura unificada en cuanto a buscar incidir en el dictamen. Los demás grupos rechazaron la iniciativa; si bien algunos diputados de oposición habían afirmado que votarían en contra, todo apuntaba a su aprobación. El 8 diciembre se entregó el dictamen por parte de la presidencia de la Comisión de Cultura, en la cual se contemplaban algunas de las propuestas recibidas por parte de los trabajadores. El 9 de diciembre la propuesta fue aprobada en el pleno de la comisión de cultura y al día siguiente se aprueba en el pleno de la Cámara de Diputados. Por último, el 15 de diciembre de 2015 la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa mediante la cual se creaba la Secretaria de Cultura, para publicarse en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de diciembre y entrar en vigor al día siguiente.

Hoy en día los trabajadores tienen un reto importante con la creación de la Secretaria de Cultura, pues deberán enfrentar un Ley General de Cultura que puede incidir en sus instituciones, así como un reglamento interno y la formación de una nueva organización sindical que proteja sus derechos adquiridos.

Se cierra el círculo

Es importante señalar que tanto la política cultural como la política educativa marchan por caminos diferentes ante las exigencias del modelo neoliberal. Cabe recordar que nuestro país es un mosaico multicultural donde no puede existir una concepción homogénea de la cultura, como plantean los teóricos neoliberales. Las instituciones de cultura son esenciales para el desarrollo del país y la formación de la identidad de los mexicanos, pero sólo podrán hacerlo al conocer sus raíces y valores dentro del mosaico multiétnico y cultural que tenemos como nación.

Hoy los trabajadores de la cultura no sólo se manifiestan por reivindicaciones salariales y de prestaciones sociales, sino se articulan con las luchas sociales con la defensa de las instituciones culturales y el patrimonio cultural, al manifestar su posición a la no privatización del patrimonio arqueológico, artístico e histórico, incorporando la lucha patrimonialista en su ideario laboral. Es necesario analizar el discurso de estos trabajadores para la defensa de la fuente de empleo y el trabajo que pretende desarrollar la naciente Secretaria de Cultura, aun cuando no se haya concretado la unión entre diversos gremios de la cultura y el nuevo Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaria de Cultura.

El gobierno federal ya modificó el derecho a la cultura establecido en el art. 4 constitucional, legitimó al Conaculta al convertirlo en Secretaria de Cultura, y está por legislar en el próximo periodo de sesiones una Ley General de Cultura, con lo cual se cerraría el círculo sobre el tema cultural iniciado hace 28 años. En este modelo se insertan, desde luego, programas y mensajes acordes a las leyes internacionales de cultura, pero su impacto resulta nulo porque estamos ante un modelo de sociedad desquebrajado por la situación que atraviesa el país. Aquí es donde la educación y la cultura resultan fundamentales para cohesionar a la sociedad mexicana.