San Pedro Mártir: la lucha popular por la legalidad y contra el Estado mexicano

Mario Camarena Ocampo*
Rocío Martínez Guzmán**

Resumen

La lucha contra la ilegalidad es el tema de este trabajo. Desde el punto de vista de las mujeres del Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur se analiza la lucha que han entablado contra las autoridades, por la autorización de una gasolinera en el pueblo de San Pedro Mártir en la delegación Tlalpan, sin que se respeten las normas, en el uso del suelo, las ambientales, las de vía pública y el no haber sido consultados en todo lo que compete a los cambios en el pueblo.

Palabras clave: mujeres, gasolinera, San Pedro Mártir, lucha contra la ilegalidad

Abstract

The fight against illegality is the subject of this text. From the point of view of the women of the Popular Movement of Peoples and Colonies of the South it discusses the struggle they have established against the authorities, for the authorisation of a petrol station in the village of San Pedro Mártir in the Tlalpan delegation, without respecting regulations, the environment, the public thoroughfare and not being consulted about the changes in the village.

Keywords: women, petrol station, San Pedro Mártir, fight against illegality

La lucha contra la ilegalidad desde el punto de vista de las mujeres del Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur (MPPCS) es el tema de este trabajo. Surgió cuando las autoridades permitieron el establecimiento de una gasolinera en el pueblo de San Pedro Mártir, Tlalpan, Ciudad de México, entre 2011 y 2016. Ellas consideran que no se respetaron las normas en el uso de suelo, las ambientales, las de vía pública y que además los habitantes del pueblo no fueron consultados.

Sus recuerdos y relatos hacen referencia a una transformación en el conflicto, donde el Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur pasó de ser sólo un grupo de apoyo a encabezar la lucha contra la gasolinera. En la primera etapa, ante la imposición ilegal de una gasolinera del grupo CorpoGas los miembros del Consejo de Pueblos buscaron el apoyo por parte de diputados, el delegado de Tlalpan y el Jefe de Gobierno; al darse cuenta de que “ni los veían ni los oían”, sino que les proponían “negociaciones” demagógicas que se limitaban a reproducir las viejas fórmulas clientelares con promesas que no pensaban cumplir. En la segunda pidieron el apoyo del MPPCS, el cual propuso iniciar una demanda legal en contra de los empresarios y las autoridades de la Delegación por las diversas violaciones al uso de suelo. La tercera etapa se da porque el gobierno delegacional reconoció haber cometido las irregularidades que se denunciaron y se alió con el MPPCS para exigir justica al Poder Judicial, el cual no ha aplicado la ley y ha sugerido una negociación entre el MPPCS y los empresarios de CorpoGas.

El recuerdo como fuente de la historia

El testimonio es la facultad de narrar lo que se recuerda, de dejar huella; es el rastro de las experiencias de los individuos, una visión del mundo que vivieron; asimismo es un inmenso repertorio de experiencias que nos hablan de costumbres, valores, normas, leyendas, hechos y prácticas sociales que están en peligro de desaparecer en el momento en que cambian los contextos o desaparecen las personas. Para que esto no suceda, los testimonios fueron grabados por quienes esto escriben, bajo los principios de la metodología de la historia oral.

Las personas entrevistadas crean imágenes y seleccionan palabras para construir un discurso que les permita justificar la posición política que sostienen. Intentan mantener la identidad comunitaria y personal en forma armoniosa, donde desaparecen los conflictos del interior y se enfatizan los del exterior. El enemigo está afuera de los grupos; se subraya la intención de seguir cohesionadas; su supervivencia depende de cultivar la memoria que los legitima. Los relatos buscan justificar la lucha del MPPCS.

Dichos testimonios, aun considerados en forma aislada, refieren a la posición de un grupo ante este acontecimiento; son sucesos personales que están ligados a situaciones sociales que delinean el actuar de los individuos. Hay muchos hilos en estas narraciones, pero resalta la parte legal. Aluden a la movilización política por el respeto a la legalidad. La legalidad es la consigna de su lucha, ellas dicen: “Para conservar la ley hay que pelear por ella”.[1] Para las participantes en el Movimiento, la lucha por el respeto a la ley significa conservar lo que han ganado; es decir, seguir siendo una presencia política activa en la toma de decisiones del gobierno de la ciudad.

Las narradoras hablan del proceso que el conflicto ha tenido ─con sus cambios y continuidades─, lo cual estructuran desde el punto de vista de su posición política. Ellas mismas dilucidan las diferentes etapas arriba enunciadas, donde la contraparte con quien se lucha va cambiando y pasa de la “negociación” clientelar con ciertos personajes a la lucha por la legalidad contra las autoridades de la delegación y de la ciudad. Ellas comprenden y hacen una narrativa con las fases del proceso.

A pesar de que han trascurrido algunos años desde el inicio de la disputa, las mujeres lo narran en tiempo presente y de una forma vívida, porque para ellas la inmediatez es real, aunque el origen lo ubiquen en el pasado. Al mismo tiempo su narración nos lleva a sus expectativas de futuro.[2]

En los relatos ellas observan dos actitudes por parte del Estado: una, la de permanecer indiferente ante el problema y “hacerse de la vista gorda” acerca de las normas de uso de suelo y de los Planes Parciales de Desarrollo; la otra consiste en agredir y reprimir a los ciudadanos ante los reclamos de no haber sido consultados; por ello las mujeres hicieron reclamos por distintas vías ante las autoridades de la Delegación Tlalpan y del entonces Gobierno del Distrito Federal, pero sin obtener respuestas claras. Lo que las mujeres observaron es que los agentes enviados por parte de las autoridades trataron de “mediar” para llegar a una “solución”, y esto los ubica como cómplices de los empresarios. Es evidente que el gobierno de la ciudad ha mantenido una actitud de protección para quienes violan la ley, por lo que el propio gobierno no tiene freno para convertirse en violador de la ley.

En estas circunstancias la actuación de las mujeres del MPPCS es subversiva frente a un estado que de manera ilegal promueve la mercantilización de los espacios públicos al solapar un uso de suelo diferente al establecido por las normas; además, se convierte en un estado que pierde legitimidad ante los ciudadanos porque destruye su propia capacidad jurídica al no garantizar los intereses de los habitantes y favorece a los empresarios, con lo cual se convierte en su operador en el proceso de privatización de los espacios públicos.

La injusticia que aducen los entrevistados es algo incomprensible para los agentes del gobierno, porque al estar adheridos a los principios del sistema neoliberal, lo que ellos ven como “progreso” o “desarrollo” para los habitantes de un pueblo originario es una agresión a su dinámica comunitaria.

Así, mientras las mujeres defienden sus costumbres, su derecho a la vida y sus derechos ciudadanos como pueblos originarios; los empresarios y agentes del gobierno ven la oportunidad de un negocio; de ahí la dificultad de emprender un diálogo. Además, asistimos al choque entre dos lenguajes: por una parte está el lenguaje neoliberal y tecnocrático de la clase política y empresarial, que privilegia la eficiencia del capital y de la mercantilización de la vida pública, pero en momentos de crisis disfraza el lenguaje neoliberal de populista; es decir, finge que sus acciones benefician al pueblo a través de sus inversiones. Cuando logran seducir a ciertas personas, de hecho abonan la destrucción de valores éticos y morales. El otro lenguaje es el de las personas que luchan por la legalidad, desde un punto de vista del bien común de un pueblo originario que tiene como valores la justicia y la dignidad para todos.

El saber de las mujeres

Las personas que participan en este movimiento contra la gasolinera tienen una larga experiencia de lucha. Son veteranos que vivieron la historia de despojos que ha sufrido San Pedro Mártir por más de 40 años. En el curso de las entrevistas, los narradores hacen referencia a las injusticas, lo cual se traduce en despojos, agresiones, imposiciones y omisiones de parte del gobierno en la segunda mitad del siglo XX.

En 1949, mediante una compra-venta engañosa, se despojó al pueblo de San Pedro Mártir de 65 hectáreas de tierras con la promesa de que allí se construiría un parque recreativo popular, pero en realidad se construyó el exclusivo Club de Golf México”, cuyo accionista principal fue el entonces presidente Miguel Alemán; en 1950 se expropiaron 10 hectáreas para la construcción de la autopista México-Cuernavaca; en 1972 se afectaron 83 hectáreas por una nueva expropiación en beneficio de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en cuyo terreno se construyó el Instituto Nacional de Cardiología, el deportivo del sindicato de los trabajadores de esa secretaría y las instalaciones de lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral; en 1974 se expropiaron 420 hectáreas para la construcción del Colegio Militar. Fue así como el pueblo de San Pedro Mártir fue despojado de sus tierras de labor.[3]

Los relatos de injusticias se vinculan con el tema de la organización social. Para defenderse de los constantes despojos, los habitantes identificados con la parroquia de San Pedro de Verona Mártir comenzaron a organizarse, primero como Campesinos Unidos en 1973; en 1976 como Lucha Popular y en 1980 como Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur, cuya denominación es la que permanece hasta nuestros días. En esta organización es muy visible el trabajo de las mujeres; la historia de las diversas luchas que han librado es larga, y sus logros fueron tener servicios como agua, electricidad, drenaje, vivienda, escuelas, centros de salud y, cosa muy importante, participar en las decisiones del gobierno en torno a las políticas que afectan a su localidad.[4]

Esa memoria es uno de los marcos de referencia en el actual conflicto de la gasolinera; de esta manera las experiencias del pasado se conectan de manera simbólica con las del presente, pero el elemento que las une es el sentimiento de agravio y la capacidad de organizarse para enfrentar al Estado.[5] La memoria de los logros de sus luchas les da una autoridad moral y política. Un ingrediente de suma importancia es que a partir de su organización no son pocas las ocasiones en que han logrado sentar a las autoridades a dialogar con ellas, en el marco de la legalidad, y no desde la “negociación” clientelar. Pueden frenar las injusticias provocadas por el Estado, usando las armas que les da el respeto a la ley.[6]

Ante el fracaso de las autoridades en sus intentos de amenaza, de seducción o de cohecho, se topan de frente con su propia fragilidad; es decir, lo que aparece en el espejo donde se miran es un delincuente violando la ley.

La lucha por la legalidad y los cambios en la vida cotidiana

En los últimos 20 años, la lucha por hacer respetar la ley se ha convertido en el tema principal del discurso político del MPPCS. En efecto, a partir de que se comenzaron a implantar las políticas neoliberales, el respeto a las normas y leyes que rigen a los pueblos constituyen una parte muy importante de las demandas del MPPCS. El movimiento ha impulsado un discurso legal. Acuden a las leyes para llenar el vacío de las políticas sociales en cuanto que exigen que les otorguen sus derechos: ser tomados en cuenta en las decisiones políticas del pueblo, servicios, respeto en los usos del suelo, etcétera.[7]

Las integrantes del MPPCS nos dicen: Las autoridades federales, el gobierno de la ciudad y el delegacional inciden en la vida de nuestro pueblo, son los principales responsables de lo que estamos viviendo, pues se han coludido con los empresarios para imponer políticas de especulación en la compra de terrenos para proyectos inmobiliarios, construcción de unidades habitacionales, la privatización de los servicios urbanos, cambios en el uso de suelo en beneficio de la iniciativa privada, y para inhibir la participación de la población en las decisiones.[8]

Las narraciones nos hablan de cómo las sucesivas administraciones delegacionales, ligadas al PRD, han promovido la privatización, pues abandonan la responsabilidad de hacer respetar la ley, de lo cual deriva toda una red de corrupción. Los funcionarios se prestan a impulsar convenios con empresas privadas —a cambio de sobornos—, los cuales se justifican aduciendo falta de fondos para el mantenimiento de ciertas instalaciones sociales; de esta forma pretenden concesionar su administración a empresas privadas. Y por si esto fuera poco, también se ha privatizado varios espacios deportivos como las canchas de futbol y albercas en Vivanco y el Centro de Formación Deportiva de la Delegación Tlalpan (Ceforma) a través de la renta de sus instalaciones a escuelas privadas.[9]

Los testimonios de esas mujeres nos hablan de las carencias en el pueblo, tales como la falta de servicios ─agua, salud, educación, seguridad─ y el quebranto del pequeño comercio por el establecimiento de grandes consorcios: bancos, gimnasios, zapaterías, tiendas de electrónica, panaderías, ópticas, farmacias, tiendas abiertas 24 horas y tiendas Bodega Aurrera, todas ellas franquicias y sucursales de grandes consorcios. Además de evidenciar la irregularidad jurídica en el otorgamiento de permisos para comercio en lugares destinados sólo a uso habitacional, tienen una consecuencia mayor y a mediano plazo: fomentar un proceso de gentrificación; es decir, forzar el incremento del valor del suelo para que, con el tiempo, sean incapaces de pagar el impuesto predial y, de hecho, expulsarlos de sus pueblos. Tales irregularidades y francos actos de corrupción han roto el sentido comunitario y fomentado el individualismo en San Pedro Mártir, trasformado el tejido social. Sus recuerdos nos hablan de un escenario de cambios en los primeros años del siglo XXI.

La mayor parte de los permisos y concesiones están completamente fuera de la ley. Las normas para el uso de suelo se aplican tanto a la propiedad privada como a las porciones de tierra de uso social, tales como las cañadas, los derechos de vía, zonas de conservación, etcétera. Al enfrentarse al hecho de tener en el pueblo ciertos tipos de construcción no sólo inadecuados para este estatuto, sino que están claramente prohibidas, se ve el proceso de gentrificación ya mencionado. El desconocimiento de sus derechos por parte de los ciudadanos facilita que los agentes gubernamentales mercantilicen los espacios públicos y privados.

La implementación de las políticas que apoyan a los grandes empresarios ha profundizado la polarización social, los daños socioambientales, la violación sistemática de los derechos humanos, así como la precariedad de la vida de los habitantes del pueblo; todos ellos son problemas que caracterizan este momento histórico, aunados a una generación de personas que viven en medio de la violencia, la corrupción, el miedo y la cultura del influyentismo.

El conflicto de la gasolinera

Los habitantes del pueblo de San Pedro Mártir vieron aparecer en sus linderos una gasolinera que el grupo CorpoGas instaló a escasos centímetros de las casas y muy cerca de los centros de reunión, entre ellos templos religiosos, escuelas, kiosco y mercado. La serie de sucesos que desencadenaron el movimiento contra la gasolinera se inició por un grupo de vecinos que se sintieron agraviados por el establecimiento de la estación de combustible, debido a que no fueron consultados y al peligro que tal negocio representaba. Si bien la construcción de la gasolinera no podía pasar inadvertida, sólo un pequeño grupo de vecinos decidieron manifestar su rechazo y emprender la lucha para evitar su funcionamiento. Lo paradójico es que quienes se movilizaron no son los que tienen voz y voto en la asamblea del pueblo, sino aquéllos que no los tienen, los llamados “avecindados”.

Para éstos la movilización comenzó cuando, en marzo del 2011, una de las vecinas ─quien tiene su casa en la zona residencial del pueblo─ ingresó la queja ante las oficinas delegacionales, así como ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y Caminos y Puentes de Federales (CAPUFE).

Un par de meses más tarde, esa mujer se acercó al Consejo de Pueblos para plantear el problema y solicitar su apoyo; a partir de aquí el problema comenzó a ser más comentado y el consejo citó a reuniones en casa de uno de los vecinos para discutir el asunto, a propuesta de una de las vecinas considerada como avecindada, no de los llamados nativos.

El debate se centró en que el pueblo no había sido tomado en cuenta para el establecimiento de la gasolinera, y la primera forma en que los pobladores trataron de resolver el problema fue buscando al delegado para exponer la situación, aunque éste hizo caso omiso; más adelante plantearon pedir ayuda a ciertos diputados o funcionarios, la selección de los políticos se realizaba en función del vínculo que se tenía con ellos, con la idea de que a mayor cercanía mayores probabilidades de recibir apoyo.

Para julio de 2011 la situación seguía sin resolverse y, por el contrario, parecía que las instancias implicadas, sobre todo la delegación, o no se hacían responsables o desconocían las funciones que debían ejercer, pues evadían el problema y le daban largas con el argumento de que ellos no tenían injerencia.

Para entonces el conflicto fue más evidente en el poblado; de pronto apareció un exfuncionario de la delegación Tlalpan, quien dijo estar preocupado y dispuesto a intervenir en oposición a la obra. Al mismo tiempo apareció otra vecina, ella sí estaba directamente afectada. Cuando surgió el problema, a principios de 2011, esta señora no tuvo interés en participar en el incipiente movimiento, pero unos meses después se presentaba como ardua defensora del pueblo y cercana al exfuncionario. La vecina y el político propusieron interponer un amparo, pero al poco tiempo se desistieron porque sus abogados les indicaron que esa vía no era factible. Éstos sugirieron, en cambio, acudir con las autoridades delegacionales para buscar una solución en la que ellos eran los mediadores entre el pueblo y las autoridades.

Esta forma de actuar expresa una cultura de la influencia, en tanto enfrentaban el problema en términos personales; es decir, en función de la relación personal con ciertos funcionarios de quienes esperaban una solución, y no del ejercicio de sus derechos. Se ve a los funcionarios públicos como personas que tienen el poder para resolver los problemas que afectan a ciertas personas, lo cual consideran como un acto de generosidad y no como un derecho ciudadano.

La forma de hacer política por parte de los “nativos” consiste en acercarse a los poderosos, con lo cual se genera “una estructura de lealtades y favores personales, donde la cultura de la influencia se hace presente“.[10] Los nativos consideran este tipo de relación como algo normal, que no tiene por qué ser cuestionado, pues en los pueblos, los nativos, viven conforme a estas normas y costumbres que dan sustento al poder. Esta visión de la relación ciudadano- funcionario comenzó a ser cuestionada por las mujeres del MPPCS en la década de 1970, debido a las reflexiones teológicas y a los cambios derivados del Concilio Vaticano II, donde se propuso una nueva forma de vivir el cristianismo, sobre todo en América Latina. Las mujeres que compartían una fe y una religiosidad católica comenzaron a leer la Biblia y —a la luz de la nueva teología— a cuestionar su realidad, así como las relaciones de poder establecidas en los pueblos. Ellas no consideraban el acceso a los servicios como un favor otorgado por los funcionarios, sino como un derecho ciudadano. Dieron mayor importancia a las relaciones horizontales y solidarias que a las verticales clientelares; no dudaron de su capacidad organizativa para luchar y ser sus propias gestoras, por lo que comenzaron a mermar el poder de los funcionarios públicos. Estas dos posiciones han prevalecido en el movimiento hasta la fecha.[11]

Las mujeres del MPPCS se asesoraron con abogados para ver las posibilidades de ganar una lucha legal; y con académicos con el propósito de conocer los daños al medio ambiente, al tejido social y las modificaciones culturales que significaría la apertura de la gasolinera; también documentaron todas las anomalías en cuanto al uso de suelo, el impacto ambiental y el otorgamiento irregular de permisos. Por otra parte, se dieron cuenta que debido a su estatuto de pueblo originario, la ley les otorgaba el derecho a ser consultados para realizar cualquier obra que les pudiera afectar. Todas estas acciones se hicieron con el objetivo de lograr la clausura definitiva de la gasolinera, así como para denunciar la impunidad de las autoridades para otorgar permisos a los grandes comercios sin importar el perjuicio a los habitantes del lugar.

Los vecinos buscaron a los miembros del MPPCS para que se unieran a su lucha. El consejo reclamó a las autoridades por no haberlos tomado en cuenta como pueblo para instalar la gasolinera; mientras el MPPCS retomó la parte legal y reivindicó el derecho a la vida; no obstante, ambas posiciones presionaron políticamente por medio del bloqueo vial de la autopista México-Cuernavaca.

El conflicto por la gasolinera inició en 2011; sin embargo, 2012 fue año de elecciones locales y federales; en consecuencia, la coyuntura electoral influyó en el conflicto porque los partidos políticos pretendían aprovechar la situación para construir una base de apoyo electoral que les permitiera posesionarse en la contienda política.

Conforme la construcción de la gasolinera avanzaba, los manifestantes acudían a otras instancias para pedir la clausura de la obra, pero las autoridades delegacionales, el gobierno local y federal hacían caso omiso. En las mesas de trabajo con el gobierno capitalino sólo les daban largas. La administración delegacional quería “dialogar” con el pueblo para “negociar” el precio a pagar a cambio de que se aceptara el establecimiento de la gasolinera. El MPPCS investigó el uso de suelo de la zona, revisó el Plan Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU), el daño al entorno ecológico, la afectación a las vialidades y el daño patrimonial entre otras cosas, a fin de conocer si la ubicación de la gasolinera era legal o no. Todo lo cual iba acompañado de acciones para presionar a las autoridades, como el cierra de la autopista México-Cuernavaca.

Las mujeres del MPPCS han mantenido su exigencia de cumplimiento de la ley, por ello — convencidas de los fundamentos legales— interpusieron un proceso jurídico y presionaron bloqueando de manera intermitente la autopista mencionada. Las otras posiciones se diluyeron paulatinamente porque aceptaron la cooptación del Estado, e incluso surgió una posición a favor de la gasolinera.

El conflicto pasó a un segundo nivel cuando las mujeres del MPPCS descubrieron con nitidez la colusión entre los empresarios gasolineros y las autoridades de la Delegación Tlalpan. Se descubrió que todos los permisos eran ilegales, por lo que comenzaron a llamarla “la gasolinera ilegal”. Entonces demandaron a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda la clausura definitiva, al tiempo que interpusieron un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal contra la Delegación Tlalpan; su petición estaba fundamentada en el PDDU, en el cual se establece el uso de suelo habitacional en esa zona.

La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) determinó que el certificado de uso de suelo era ilegal porque, según el Plan de Desarrollo Urbano, están prohibidos los permisos para gasolineras en zonas patrimoniales y habitacionales como San Pedro Mártir. Además, la Secretaría del Medio Ambiente determinó que la licencia de construcción venció el 5 de diciembre de 2011; por su parte, en octubre de 2011 Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos manifestó que no había otorgado permiso ni autorización alguna para la construcción de un carril de desaceleración y aceleración para la ubicación de la gasolinera, vialidad necesaria para que los autos entren y salgan de la estación. En el oficio número SGROBC/151000/048/2011, de fecha 7 de septiembre de 2011, la fiduciaria que cuenta con la concesión para operación, explotación, conservación y mantenimiento de la autopista informó a los vecinos que no se debería ejecutar obra alguna, pues el proyecto presentado para el carril de acceso tuvo diversas observaciones de carácter técnico, de seguridad y operatividad de la autopista.

Un campamento por la dignidad

En septiembre de 2011 se cerró la autopista para presionar a las autoridades, pero en esta ocasión fueron reprimidos por los granaderos; este suceso puede considerarse como una etapa de clímax, dada la indignación que generó: “De ahí decidimos plantarnos [enfrente de la gasolinera] por el coraje que teníamos, yo pensé que en un mes se resolvería; nunca pensé que duraría tanto tiempo, era el coraje”.[12]

Fue a partir del enojo por ser golpeadas que las mujeres del MPPCS decidieron instalar un campamento. Esta acción, más que ser una estrategia planeada, surgió de manera espontánea.

Con la certeza de tener un fundamento legal, los integrantes del MPPCS instalaron el campamento Ixtliyólotl[13] en las afueras de la construcción de la gasolinera, y al mismo tiempo interpusieron tres juicios: dos de nulidad (I-52703/2011 y I-71002/2011) y uno de acción pública (IV-10810/2012) cuyas sentencias fueron favorables; sin embargo, por decisión política del Gobierno del Distrito Federal no se tomaron las medidas procedentes para clausurar la obra. Tras la resolución de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Federal (TCADF) de revocar una primera sentencia que les era favorable, los integrantes del MPPCS interpusieron un amparo (777/2013) en el decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal.[14]

Este acontecimiento marcó un cambio en la lucha del movimiento, hay un antes del campamento y un después, donde la presión política a través del bloqueo de la construcción de la gasolinera se hizo permanente a lo largo de dos años y siete meses. También se construyó un nosotros que luchaba por la legalidad.[15]

El campamento inició con unos pequeños plásticos para taparse del sol, la lluvia, el viento y el polvo, fue creciendo hasta convertirse en la vivienda temporal de las mujeres del MPPCS. Estas mujeres, sus familiares y otras organizaciones solidarias hacían turnos para permanecer en el campamento día y noche. El campamento no sólo fue un espacio de lucha política, sino la casa donde se reunía una gran familia que, a pesar de las inclemencias del tiempo y las agresiones físicas y políticas, convivían y se mantenían por la convicción de la legitimidad de su lucha por la legalidad.

En el recinto de resistencia se compartían no sólo la información respecto del proceso legal, sino también los problemas familiares y personales para construir un sentido de acompañamiento, se compartían los alimentos, la memoria del pueblo y de las luchas que el MPPCS había librado. En el campamento Ixtliyólotl se “compartían las penas y alegrías, se compartía la vida” y la esperanza de que se clausurara la construcción.

El campamento también “fue recinto de artes y oficios. Por las noches se leía poesía para estar ocupados y no sentir las inclemencias del tiempo, durante el día se hacían talleres de bordado y con los productos obtenidos se realizaban rifas para sostener el proceso jurídico”. Este espacio también fue sede de costumbres y tradiciones como las posadas, que en dos ocasiones —pese a que había medidas cautelares— fueron perturbadas por la agresión de las autoridades.

La madrugada del 25 de diciembre de 2013 irrumpió un impresionante operativo de 2 480 granaderos, quienes desmantelaron el campamento y agredieron a sus ocupantes y a las personas que los apoyaban con el fin de abrir la gasolinera, lo cual hicieron como una medida de fuerza, a pesar de que habían ganado cuatro juicios y contaban con las medidas cautelares. Aun cuando en diversas ocasiones al campamento habían llegado funcionarios públicos a pedirles que se desistieran del proceso legal y “negociaran”, la posición incorruptible de las personas de ese movimiento se mantuvo siempre y la agresión cerró toda posibilidad de diálogo, dejando como opción única la vía jurídica.

El desmantelamiento del campamento marcó otra etapa del recuerdo de las mujeres, en la cual se fortaleció el proceso jurídico para clausurar y demoler la gasolinera. Las mujeres del MPPCS han insistido en la parte jurídica, y a pesar de que desde la primera sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se dictaminó que la instalación, apertura y servicio de la gasolinera era ilegal; las autoridades permiten que siga funcionando.

De enemigos a aliados

En 2015 tuvo lugar la elección de jefes delegacionales en el Distrito Federal, proceso en el que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue desplazado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Con la llegada de la nueva delegada, Claudia Sheinbaum, cambió la posición de la Jefatura Delegacional respecto de la instalación de la gasolinera. Desde 2011 hasta 2015 la postura de los delegados Higinio Chávez, Guillermo Sánchez y Maricela Contreras fue avalar la instalación de la gasolinera y los permisos otorgados, así como intentar cooptar a las mujeres del MPPCS; también procuraron entorpecer la contestación de los recursos judiciales y el trato preferencial a los empresarios del corporativo CorpoGas. Hoy en día la actualidad la delegada tomó la postura de hacer cumplir la normatividad vigente e instalar mesas de trabajo, de las que han derivado diversas acciones.

La jefa delegacional “denunció la existencia de una red de corrupción que permitió un incremento desordenado de construcciones ilegales con documentos, licencias y directores de obras falsos, por lo que se interpusieron denuncias ante la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por nueve casos detectados, con el fin de que actúen en consecuencia”.[16]

Esta nueva actitud nos habla de que el gobierno delegacional pasó de ser un enemigo para el MPPCS a un aliado en la búsqueda de la legalidad. La nueva administración ha realizado mesas de trabajo con los habitantes de la delegación para exponer y plantear soluciones a sus problemas. Respecto del conflicto por la gasolinera, promovió varios juicios de lesividad, en los que reconoce la ilegalidad del otorgamiento de licencias de construcción y del certificado de uso de suelo por parte de las autoridades delegacionales anteriores.[17] La delegada Sheinbaum consiguió para los vecinos una entrevista con la magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para avalar lo justo de la causa en bien del pueblo de San Pedro Mártir; además, en relación con los megaproyectos que se realizan en dicho pueblo exigió a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la empresa Carso, responsables de la construcción del viaducto elevado sobre la autopista México- Cuernavaca, la solución a las demandas de los vecinos, gravemente afectados por esta obra de gran impacto ambiental. Las medidas que ha tomado la funcionaria atentan contra los intereses de los corporativos e inmobiliarias que han lucrado con los espacios públicos de la delegación. Esta situación deja ver que ahora el MPPCS y la delegación construyen un “nosotros” en defensa de una legalidad que confronta al poder judicial y su propósito de hacer legal lo ilegal en aras de los intereses del capital.

En esta situación se expresa un cambio muy importante en el nivel del conflicto: ya no es entre ciudadanos y autoridades o entre la autoridad de la Delegación Tlalpan y la Jefatura de Gobierno; el conflicto ahora es entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; es decir, se perfila como un asunto político.

El conflicto por la instalación de la gasolinera aún no termina, las narraciones plantean la expectativa de que se apliquen la ley en relación con el uso de suelo; aunque existe la posibilidad de que no se cumpla dicha expectativa porque el sistema mexicano no ha podido resolver este tipo de conflictos. Así, observamos que las mujeres del MPPCS, al igual que los nuevos movimientos sociales, luchan desde y por la legalidad para conservar los logros obtenidos en décadas anteriores.[18]

Así, el conflicto contra la gasolinera construyó una colectividad que confronta a un Estado que procede en la ilegalidad para promover el modelo neoliberal, y que en la lucha logran ser tomados en cuenta por el respeto a sus formas de acción, de expresión y de usos de los espacios, en proceso donde construyeron nuevos sujetos sociales.

En el conflicto emergieron ideologías que cuestionaron al sistema político desde su propia legalidad, y defendieron la participación política y social del pueblo y de la ciudadanía. La articulación de los actores en una organización llevó a la construcción de nuevas identidades, diversas formas de participación política de acuerdo a la coyuntura política que se vivía.