La migración Centroamérica-México-Estados Unidos: historias de vulnerabilidad y políticas inacabadas

Jorge A. Schiavon*

Resumen

Este artículo estudia la migración centroamericana, en tránsito por México, que se dirige hacia Estados Unidos, y explica cómo ha evolucionado en la última década. Con base en ello, analiza las acciones de política que pueden ejecutar los gobiernos y la sociedad para reducir la vulnerabilidad del migrante e incrementar el respeto a los derechos humanos de los migrantes en tránsito. Para ello propone que la protección y asistencia consular sean piezas fundamentales para la defensa de los derechos de los migrantes, y recomienda fortalecer las relaciones de los gobiernos con las organizaciones de la sociedad civil y la diáspora en el exterior.

Palabras clave: migración en tránsito, México, Centroamérica, Estados Unidos, política migratoria, protección consular.

Abstract

This article studies Central American migration, in transit through Mexico, heading to the United States, explaining its evolution during the last decade. Based on this, it analyzes the policy actions that governments and society can implement to reduce migrant’s vulnerability and increase the respect of the human rights of migrants in transit. To do so, it proposes that consular protection and assistance become key elements in the defense of the migrant’s human rights, and it recommends that governments strengthen their ties with civil society organizations and their diaspora abroad.

Key words: transit migration, Mexico, Central America, United States, migratory policy, consular protection.

Las regiones de Norte y Centroamérica se caracterizan por ser dos de los principales corredores migratorios en el mundo. En estas regiones tienen lugar los cuatro componentes de las migraciones internacionales: emigración, inmigración, transmigración y, desde hace unos años, retorno. Este proceso migratorio ocurre bajo un contexto de inseguridad, donde las personas migrantes se enfrentan a una serie de riesgos y a la violación sistemática de sus derechos humanos. Históricamente, cuando menos desde finales del siglo XIX, México ha sido un país fundamentalmente emisor de migrantes; la mayoría de ellos —aproximadamente 98%— han emigrado hacia Estados Unidos, buscando mejores condiciones económicas y sociales. De acuerdo con el censo estadounidense de 2010 viven, en números cerrados, 32 millones de personas de origen mexicano en ese país, de las cuales doce millones nacieron en México. Se calcula que aproximadamente la mitad, entre seis y siete millones de personas, están de forma irregular.

Sin embargo, en las últimas décadas, México también se ha convertido en un país de inmigración y retorno, además, de ser un espacio de tránsito para miles de migrantes internacionales que viajan al norte, en busca del sueño americano. La mayoría de los migrantes son centroamericanos —la suma de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños representa 92% del total de transmigrantes—, pero también provienen de Sudamérica y de regiones tan apartadas como Asia y África.

México tiene una política migratoria restrictiva, haciendo eco a la posición estadounidense sobre la migración. Debido a que no hay un control efectivo de la frontera sur, durante la última década el Instituto Nacional de Migración (INM) realiza operativos de detención de migrantes a lo largo de todo el país. Según datos recabados por el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), en la última década, el número de entidades federativas mexicanas que reportan despliegue de puntos de revisión temporal aumentó 100%, de trece a 26, mientras que el despliegue de operativos en transporte público aumentó en casi 350%, pasando de siete a 24 entidades en el mismo periodo.[1] En consecuencia, para desplazarse, los migrantes han recurrido a rutas menos vigiladas, pero más peligrosas, lo cual implica asumir costos más altos y mayores riesgos.

Los migrantes en tránsito se enfrentan a una serie de peligros a lo largo de su trayecto por un país tan extenso como México. Los riesgos van desde aquellos relacionados con el camino, como las largas caminatas que deben hacer por el monte, la selva o el desierto, donde muchas veces sufren sed y hambre, o los accidentes producidos por viajar cansados o colgados del tren; también enfrentan la extorsión, los asaltos, la violencia física y sexual, y los secuestros. En otro plano están los altos precios para contratar los servicios de un “pollero”, los riesgos que implica, desde las condiciones inhumanas de viaje y la posibilidad de ser abandonados en situaciones de gran vulnerabilidad, hasta situaciones de violencia e incluso de trata. En un tercer plano, los migrantes se pueden enfrentar a acciones de verificación arbitrarias, muchas veces con violencia, condiciones insalubres de detención y falta de acceso a la justicia e incumplimiento del debido proceso en términos jurídicos.

En muchas ocasiones, los abusos y delitos que sufren los migrantes en el camino se llevan a cabo con la complicidad o la anuencia de las autoridades, como lo documenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).[2] Además, la falta de sanción a los actores involucrados en los abusos contra los migrantes (particulares y autoridades) han creado un ambiente que perpetúa el abuso. Por lo tanto, las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en México van en aumento, en lo que se califica una crisis humanitaria.[3]

Esta crisis humanitaria pone en evidencia grandes desafíos que se le presentan al país: un Estado que pierde terreno frente al crimen organizado, niveles crecientes de impunidad y corrupción que limitan la garantía de los derechos humanos y el acceso a la justicia, así como un ambiente de xenofobia y violencia. Todos estos factores convierten el tránsito por México en un viaje muy peligroso.

Ante esta realidad, cabe preguntarse ¿cómo ha evolucionado la migración en tránsito en los últimos años?, y, con base en lo anterior, ¿qué pueden hacer gobiernos y sociedad para reducir la vulnerabilidad y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito?

Dimensionar el fenómeno de la migración en tránsito es un ejercicio complejo, ya que existen pocas estadísticas que cuantifiquen los flujos de migrantes y los estudios de las poblaciones en tránsito por México son aún incipientes.[4] El flujo de migrantes sin documentos en tránsito por México hacia Estados Unidos aumentó desde mediados de la década de 1990 hasta 2005, alcanzando un volumen de entre 390 000 y 430 000 personas migrantes por año. Entre 2006 y 2009 hubo una caída importante de estos flujos, de cerca de 70%, reduciéndose a aproximadamente 170 000. Para los años 2010 y 2011, el flujo se estabilizó en estos niveles, pero en 2012 hubo un repunte de 40% como resultado de la posibilidad de una reforma migratoria en Estados Unidos.[5] Para 2014 se calculaba que el flujo podía ser de más de 300 000 personas. El comportamiento de este flujo de migrantes obedece a múltiples causas, entre ellas las políticas migratorias de los países de la región, especialmente de Estados Unidos, las condiciones económicas y de seguridad en los lugares de origen, el nivel de riesgo y costo del desplazamiento, así como la oferta laboral en el lugar de destino.

Paralelamente, ha aumentado sustantivamente la detención en frontera y en lugar de destino de personas migrantes en situación irregular, lo que ha incrementado a niveles no vistos desde la década de 1930 la deportación de las personas migrantes, misma que ha ido en aumento sobre todo después de 2007, particularmente de mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños desde Estados Unidos.

Tabla 1. Principales países de origen de la población removida y deportada de Estados Unidos (2009-2012)

Fuente: Elaboración propia con datos del Department of Homeland Security, disponible en http://www.dhs.gov/yearbook-immigration-statistics-2013-enforcement-actions.

Además, a partir de 2013 la región se vio sumergida en una crisis humanitaria como resultado del aumento de la llegada de niñas, niños y adolescentes provenientes de México y, sobre todo, de Centroamérica. De octubre de 2013 a septiembre de 2014, 68 541 menores no acompañados fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza estadounidense, la mayor parte proveniente de Centroamérica; 18 244 de Honduras, 17 057 de Guatemala, 16 404 de El Salvador y 15 634 de México.[6] La respuesta del gobierno estadounidense fue la detención de los niños, niñas y adolescentes y, en la gran mayoría de los casos, la repatriación de manera expedita a sus países de origen.

Siguiendo el mismo patrón estadounidense, México también ha aumentado las restricciones en su política migratoria. Uno de los resultados ha sido el crecimiento en la detención de centroamericanos en territorio mexicano y la deportación a sus países de origen. En territorio mexicano existen 32 estaciones migratorias, quince estancias provisionales tipo A (para una estancia de máximo 48 horas) y doce estancias provisionales tipo B (para cuando la estadía es de máximo 7 días). Incluso se han habilitado otros lugares para que funcionen como estancias provisionales para recibir a personas que, por alguna razón, no puedan ser trasladadas a una estación migratoria.[7]

Tabla 2: Eventos de centroamericanos devueltos por la autoridad migratoria mexicana (2012- 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria, disponible en http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/III_Extranjeros_alojados_y_devueltos

Como muestran estas cifras, para los centroamericanos México es principalmente territorio de paso hacia Estados Unidos. Aunque México se sienta compelido a detenerlos, el volumen del flujo de migrantes, así como su necesidad y empeño en migrar, dificulta el cumplimiento de esta meta. Por su parte, ante los grandes peligros que enfrentan en el viaje, el INM no está capacitado ni facultado para garantizar una protección a sus derechos durante el tránsito. Por lo tanto, es necesario recurrir a fuentes diversas para procurar la garantía de los derechos humanos de esta población en su paso por México, como la protección que pueden ofrecer los consulados centroamericanos a sus connacionales en este país y organismos constitucionales autónomos como la CNDH.

Los migrantes que más transitan por México rumbo a Estados Unidos de forma irregular provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador. Su migración comenzó con las guerras civiles en la década de 1980 y persistió porque las economías centroamericanas quedaron devastadas, primero por el conflicto armado, después por las políticas de reforma económica y estructural de tipo neoliberal basadas en el Consenso de Washington y, más tarde, por los desastres naturales. En este contexto, los gobiernos centroamericanos se han mostrado incapaces para proveer suficientes y bien remunerados empleos y oportunidades a sus nacionales. Las mujeres han sido las más afectadas por la pobreza, por lo que cada vez hay más mujeres, madres solas, que migran en busca de un mejor futuro para sus hijos.[8]

Además de las razones económicas, la violencia ha vuelto a ser en la actualidad un factor de expulsión; la gente huye de la amenaza de las bandas o maras y de la inseguridad pública. Finalmente, la reunificación familiar también es un motivo para migrar. Hoy muchos niños, niñas y adolescentes emprenden solos el viaje, con la esperanza de reencontrarse con su padre o madre en Estados Unidos.[9]

Frente a esta falta de oportunidades, la demanda de trabajo poco calificado en la economía de Estados Unidos y el ingreso en estas posiciones tan marcadamente superior al percibido en México y Centroamérica —el ingreso mínimo por jornada laboral es hasta diez veces superior en el país del sueño americano—, ejercen una atracción fuerte en los centroamericanos. Bajo estas condiciones —y a pesar de la percepción de discriminación y/o explotación en Estados Unidos y el riesgo en el proceso de migración a través de México— siempre habrá mano de obra disponible para a cubrir estas posiciones. A lo largo de las últimas tres décadas, la migración centroamericana se ha convertido en un proceso estructural de la región.[10] Son las razones económicas las que hacen considerar al fenómeno migratorio como relativamente inevitable. Sin embargo, el costo en vidas humanas, violación a sus derechos humanos, condiciones laborales riesgosas, entre otras, hace que esta realidad, aunque inevitable, no sea necesariamente deseable.

Ahora bien, desde el punto de vista de los países de origen, la migración se ha visto como una “válvula de escape” para las presiones laborales y de provisión de políticas públicas en Centroamérica y México. Si una parte de la población del país sale del territorio nacional, eso inmediatamente reduce las presiones al gobierno para no sólo proveerles de un empleo, sino también de los servicios públicos y de seguridad social (educación, salud, vivienda, entre otros). Lo que no se toma en cuenta en este punto es la consecuente disolución social que se genera en las comunidades expulsoras, dando lugar a pueblos enteros de mujeres, niños y viejos, sin hombres en edad laboral en varias regiones de los países centroamericanos. Además, al recaer la responsabilidad de la crianza y educación de los hijos en las mujeres, algunos niños tienen que abandonar sus estudios o se vinculan con pandillas o migran, lo que implica costos en el desarrollo de comunidades marginales. Finalmente, esta salida implica la pérdida de mano de obra de personas con iniciativa y en edad económicamente activa que, además, si regresaran en su vejez al país, implicarían costos de seguridad social para los cuales no contribuyeron directamente en sus años productivos.[11]

Además de reducir la presión sobre el mercado laboral, estas personas envían recursos de regreso al país en forma de remesas. Éstas representan una de las principales fuentes de divisas para los países de Centroamérica. Mientras que en 2009 las remesas de los migrantes centroamericanos sumaban 9 780 millones de dólares, la inversión extranjera directa era de 1 479 millones y la ayuda oficial al desarrollo alcanzaba 1 110 millones de dólares.[12] Por lo tanto, la migración cumple la función de apoyar el desarrollo nacional mediante la inyección de recursos para consumo e inversión en las economías nacionales.

Recientemente se ha reconocido la contribución de los migrantes a las economías nacionales a través de las remesas y se les ha considerado como gente emprendedora y muy trabajadora. Sin embargo, los riesgos y las constantes violaciones a los derechos humanos resultan inherentes en prácticamente todas las fases del proceso migratorio, en particular de las personas migrantes sin documentos, trabajadores no calificados y personas retornadas, tal y como ha sido el caso de los mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos y de éstos últimos en México.

En suma, lo anterior pone en evidencia los desafíos que aún tienen los países de la región para garantizar la protección de los derechos humanos de sus connacionales en el interior de sus países y más allá de sus fronteras, en todas las facetas del fenómeno migratorio (emigración, inmigración, tránsito y retorno). Ante esto, desde la sociedad civil, la academia e, incluso, desde los propios gobiernos, se han buscado y analizado propuestas para hacer efectiva la salvaguarda de los derechos humanos de las personas migrantes. Algunos de los temas que se ha puesto en la agenda son la imperante necesidad de fortalecer las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil tanto en los países de origen, tránsito y destino, así como con las diásporas en el exterior. Además, la protección y asistencia consular deben servir como piezas fundamentales en el entramado para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.