Migración climática y neocolonialismo. La reforma al régimen constitucional del litoral mexicano en la era del cambio climático acelerado

Bernardo Bolaños Guerra*

México, país de hermosas playas.
Eslogan de bienvenida, Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México

Introducción

De acuerdo con Thomas Piketty, en el bestseller que lo hizo mundialmente célebre, “no es anodino que un país trabaje para otro y le pague durante mucho tiempo una proporción significativa de su producción en forma de dividendos o de rentas. Para que semejante sistema pueda sostenerse —hasta cierto punto—, a menudo debe acompañarse de relaciones de dominación política, como sucedió en la época del colonialismo, cuando Europa en realidad poseía una buena parte del resto del mundo”.[1] En este volumen, el citado economista francés muestra tendencias para imaginar, entre otras cosas, en qué medida y bajo qué condiciones puede reproducirse en el siglo XXI un neocolonialismo (aunque en éste, los colonizadores terminen siendo, como teme casi irracionalmente la opinión pública del norte global, China y los países petroleros del Golfo Pérsico). Del mismo modo, y de manera un poco menos paranoica, es importante preguntarnos si México se encuentra o puede encontrarse en el futuro próximo bajo una relación neocolonial con Estados Unidos. La cuestión es delicada y controvertida, además de vaga, pues la respuesta dependerá en gran medida de la forma en que definamos “neocolonialismo”.

Si bien, México se encuentra en una situación de dependencia económica con respecto a Estados Unidos, en el sentido de que exporta a éste la mayor parte de su producción, mantiene una balanza comercial favorable con la potencia del norte. El déficit comercial de bienes de Estados Unidos con México era de 54.3 mil millones de dólares en 2013.[2] A pesar de algunos efectos tremendamente negativos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el campo mexicano, este acuerdo ha contribuido a la especialización manufacturera del país y a la relocalización dentro de nuestras fronteras de parte de la industria que daba empleos en el vecino del norte hace unas décadas.[3] En un sentido, México resulta más soberano económicamente que Venezuela, sumida bajo una profunda crisis financiera.

Las políticas migratorias de México y de Estados Unidos constituyen uno de los aspectos más asimétricos de la relación entre ambos países y, como veremos, dados los actuales y futuros desplazamientos de población forzados por el cambio climático, podrían evolucionar hacia una forma de neocolonialismo. Pero antes de abordar este tema, nos detendremos brevemente en definiciones conceptuales.

El marxismo y los estudios poscoloniales y decoloniales han explorado con profundidad los conceptos de imperialismo y colonialismo. Existen imperios desde la antigüedad, pero el colonialismo es un fenómeno moderno en el que un Estado-nación domina políticamente a otro (a través de la invasión militar o la explotación económica). Para el gran intelectual palestino Edward Said, “el imperialismo fue y sigue siendo una filosofía política cuyo objetivo y razón de ser es la expansión territorial y su legitimación”.[4] Lenin había concebido al imperialismo como una fase superior del capitalismo, de tipo monopolista, posterior a los capitalismos “competitivo” e “industrial”. En esta etapa ulterior, el capital financiero se expande y domina sobre los capitales comercial e industrial. Desde el giro decolonial latinomaericano, Grosfoguel critica el carácter lineal de la historia que inspira la concepción de Lenin.[5] En América Latina y otras zonas periféricas, afirma el intelectual puertorriqueño, el capitalismo financiero coexiste con formas de explotación anteriores. Por ejemplo, técnicos y obreros industriales latinoamericanos son contemporáneos de siervos y trabajadores agrícolas esclavizados de hecho en latifundios apartados. La crítica de Grosfoguel se extiende a autores marxistas contemporáneos como Hardt y Negri.[6] Mientras que, para éstos, el imperio es hoy un poder propio de la globalización y del capitalismo posfordista, Grosfoguel ve en esa concepción la misma linealidad histórica de la que adolece el leninismo (una secuencia mecánica de taylorismo, fordismo, posfordismo). Lejos de vivir bajo un supuesto capitalismo “cognitivo” (toyotista o posfordista) en el cual el imperio estaría descentrado y el trabajo tiende supuestamente a recaer en técnicos especializados, el mundo seguiría dividido en centros y periferias bajo lógicas de explotación colonialistas.

Dado que el colonialismo designa varios fenómenos históricos (el poblamiento por extranjeros, la explotación de los recursos naturales de otro Estado, la hegemonía cultural, entre otros), a fortioriel neocolonialismo es más difícil de definir. El procedimiento del economista francés Piketty nos ha parecido riguroso para definir lo que llamamos el riesgo de neocolonialismo: si el colonialismo típico refiere, principalmente, a los imperios británico y francés antes de la Primera Guerra Mundial, el neocolonialismo designa la posible repetición futura de similares relaciones asimétricas entre países en el siglo XXI. En la actualidad, existen pocas relaciones neocoloniales stricto sensu. Puerto Rico es la última colonia estadounidense, aunque Grecia, luego de su crisis de deuda en 2015, se está convirtiendo, quizá, en la primera neocolonia europea del siglo XXI (dado el control extranjero de su sistema económico y la privatización de muchos de sus bienes). México se encuentra en una situación paradójica. Como mencionamos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha significado un fortalecimiento de la industria mexicana a costa, a veces, de la del vecino del norte. Sin embargo, en palabras de un personaje de Carlos Fuentes, citado por Piketty, “los gringos” poseen quizá 30% del territorio mexicano.[7] Como explica el propio economista francés, hoy en día las inversiones extranjeras cruzadas hacen incorrecto hablar de una era de neocolonialismo global, pero existe el riesgo de que algunos países pierdan recurrentemente en el juego de la globalización y caigan en el futuro en esa triste condición.[8]

Así, el neocolonialismo es y, sobre todo, será la situación puntual de algunos países-jugadores “en quiebra”. Pero esa noción, más bien económica, no está, como sí ocurre en los textos de los autores latinoamericanos del llamado “giro decolonial”, asociada necesariamente al eurocentrismo, ni al racismo. Hay neocolonialismo chino en África y, en principio, puede haber neocolonialismo brasileño o mexicano en algunos pequeños países latinoamericanos.

Para los efectos de nuestra discusión, concentraremos nuestra atención en un nuevo fenómeno económico global. Actualmente, el mundo experimenta una tendencia mundial de compra de tierras por grandes potencias mundiales y empresas transnacionales que producirá probablemente relaciones neocoloniales. Entre 2006 y 2011, se estima que más de 200 millones de hectáreas de tierra del planeta fueron adquiridas por Estados distintos de aquel donde se sitúan (particularmente en África, América Latina, Rusia, Ucrania, Laos y Vietnam), o bien los compradores fueron empresas transnacionales.[9] Uno de los objetivos de estas operaciones ha sido la producción de biocombustibles y de alimentos. Pero también se trata de inversiones especulativas frente a la crisis financiera que estalló en 2008, de modo que otro fenómeno que abordaremos en el presente ensayo, la compra de playas en México, no es ajeno a esa rush o fiebre de terrenos. Un efecto colateral, ya constatado, de la comercialización a gran escala de la tierra (commodification of land) es el desplazamiento de millones de personas (campesinos, rancheros, habitantes de pequeños pueblos). La razón es simple: la industria de los monocultivos prescinde del tejido social (e incluso de la flora y fauna) locales. La pregunta es si la compra masiva de litorales en México también expulsaría a actuales residentes y usuarios. Sassen, sin embargo, es cuidadosa al distinguir este fenómeno con respecto al colonialismo decimonónico:

A pesar de las similitudes con épocas imperiales pasadas, ahora hay derecho internacional de los tratados que es claro y apoya la autoridad de todos los estados nacionales sobre su territorio. Como resultado, actualmente no es tan fácil para un gobierno adquirir vastas extensiones de tierra en un país extranjero, ni para un gobierno lo es vender o alquilar terrenos a un gobierno ajeno. La corrupción y la deuda externa asfixiante pueden servir como mecanismos de presión para negociar. Y también la ingeniería jurídica, contable y administrativa.[10]

El fin de la migración mexicana a Estados Unidos, el incremento de la estadounidense a México

Mientras los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos, sumados a la crisis financiera de 2008, para reducir la migración mexicana están produciendo frutos (el flujo neto de inmigrantes de México a ese país fue por primera vez cero en 2012),[11] el número de estadounidenses que residen legalmente en México ha crecido. Más de 70 mil vivían y trabajaban en el país al sur del río Bravo en 2012 (diez mil más que en 2009).[12] Dicha cifra no incluye a todos los estudiantes y jubilados estadounidenses, cuando éstos ingresan con visas de turista. Tampoco se trata de una cantidad “inflada” por los cientos de miles de niños de origen mexicano que llegaron con padres mexicanos deportados o retornados voluntariamente. Sin embargo, este movimiento migratorio no es exclusivo de la relación México-Estados Unidos, sino que responde a tendencias mundiales como la de los jubilados del norte que pueden pagarse una vejez en el sur (a veces por los atractivos de éste, a veces porque sólo les alcanza para cubrir vivienda y atención médica en países en vías de desarrollo).

En el pasado, las sucesivas olas de migración angloamericana a México respondieron con frecuencia a motivos geopolíticos, atados a la diferencia de precios entre ambos lados de la frontera (como los veteranos de guerra cuyas indemnizaciones no cubrían el costo de una universidad en su país de origen). O bien, las desencadenó la política interna de Estados Unidos (como el exilio de perseguidos políticos durante el macartismo o de infractores de la ley como el célebre escritor de la generación beat William Burroughs) o algunas particularidades del mercado (la demanda de rubias artistas del norte, por ejemplo).[13] Luego de hacer una descripción histórica de la migración estadounidense a México, Mónica Palma concluye que los expatriados han contribuido a la expansión urbana de los lugares donde se asientan, al surgimiento de negocios de bienes raíces y de turismo, además de promover algunos empleos (trabajadores domésticos, enfermeras, jardineros, etcétera). Pero, agrega, la diáspora estadounidense también está asociada a fenómenos negativos: “Su presencia, sin embargo, ha acarreado serios problemas como han sido el acaparamiento y fraccionamiento de tierras, el encarecimiento de los bienes raíces y de los servicios”.[14]

Otros especialistas coinciden en el diagnóstico de problemas asociados al crecimiento de esta minoría en México, aun cuando el impacto de la migración angloamericana reciente en los bienes raíces, en la renovación urbana y en la distribución del ingreso no se esté viendo reflejada en las pobres estadísticas oficiales (quizá por tratarse de un problema diplomático delicado).[15] Bantman cree que el censo oficial mexicano subestima groseramente el número de los angloamericanos en México (supuestamente, menos de 1% de la población total). Como apoyo, cita a la embajada de Estados Unidos en México que informa de un millón de ciudadanos estadounidenses residentes en México y de más de doce millones de ciudadanos estadounidenses de visita en México por razones de negocios o de turismo, cada año.[16]

Los estadounidenses están logrando adquirir bienes inmuebles en ciudades coloniales de México (como San Miguel de Allende o Mérida), el equivalente de las cuales, en lujo y valor, difícilmente poseerían en su país natal. Bantman explica que cuando los expertos locales en bienes raíces señalan que el mercado inmobiliario de México se está internacionalizando rápidamente y que “se adapta a los estándares norteamericanos”, en realidad están registrando el impacto a nivel local del dinero de los angloamericanos expatriados.[17]

Para muchos, la ciudad de Mérida es una alternativa a la dispersión urbana y a la sombría realidad del mercado inmobiliario en los Estados Unidos. La dispersión urbana — caracterizada por la ausencia de un centro donde los ciudadanos puedan vivir, interactuar, trabajar y hacer compras— se ha convertido en un símbolo negativo, marcando la decadencia de los valores estadounidenses. Para muchos, ésta actúa como la antítesis del sueño americano [...] En el centro histórico de Mérida, los expatriados viven junto a los vecinos, comercios, monumentos, edificios públicos y parques. En general, esto hace que su vida sea más plena: los residentes hacen hincapié en que el pueblo de Mérida es como una familia para ellos ahora, admirando la amabilidad que existe entre extraños, gesto que se ha perdido en Estados Unidos.[18]

Las preocupaciones de Palma y Bantman deben ponderarse con el hecho, asimétrico frente al fenómeno de la migración angloamericana a México, de que más de once millones de personas nacidas en México viven en Estados Unidos. Cierto, más de la mitad de ellas sin derechos plenos, dada su condición de indocumentados, a diferencia de la mayoría de los estadounidenses residentes en México; pero abrumadora como diferencia cuantitativa (sin contar a los 34 millones de personas de origen mexicano). Es decir, los temores legítimos mencionados por las autoras citadas deben acompañarse de la pregunta acerca de la justicia en la relación recíproca México-Estados Unidos. ¿Cómo definir la reciprocidad migratoria entre ambos países? ¿En términos de derechos de los migrantes, de cantidad de visas, de cantidad de personas (independientemente de su estatus migratorio) o de algún otro modo?

Habría algo de absurdo en el hecho de que el país que buscó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (recordemos que el presidente Carlos Salinas lo propuso a su homólogo George Bush), limitase la migración legal y las inversiones que trae consigo. Más aún, debemos acudir a las comparaciones internacionales. Los expatriados con mayor nivel de escolaridad y de ingresos suelen contribuir a que no se pierda el patrimonio histórico y cultural de un país. La minoría germanoparlante (urbana y culta) de la famosa región rumana de Transilvania, por citar un ejemplo, legó a los rumanos (la mayoría de origen campesino) varios sitios de gran valor arquitectónico, antes de partir a Alemania después de la caída del bloque soviético. Hoy, aquellos germanoparlantes llamados saşi constituyen un orgullo perdido de Rumania y se lamenta oficialmente su ausencia; sólo quedaron las hermosas ciudades que durante siglos construyeron y ayudaron a conservar. El caso de los estadounidenses en México, al menos los que invierten en el patrimonio inmobiliario, se asemeja a este caso.

Las observaciones históricas y antropológicas de Palma y Bantman también deben contrastarse con las principales teorías migratorias y de justicia espacial. La gentrificación, como se sabe, es el término propio del urbanismo que designa la transformación de una población urbana original (por ejemplo, un barrio pobre) en otra población más rica, con inmuebles renovados, produciendo como efecto (deseado o no) el desplazamiento de algunos o todos los vecinos de escasos recursos. ¿A dónde van los expulsados por la gentrificación? Muchas veces, empeoran sus vidas, al irse por no poder pagar el incremento de renta y otros precios. Pero también existen residentes de larga duración que mejoran su calidad de vida gracias a la gentrificación, las oportunidades de empleo que ésta trae consigo y la revalorización de sus propiedades.[19] En resumen, el tema debe ser cuidadosamente estudiado en el caso concreto. No debemos dar por sentado que la presencia de estadounidenses ricos en algún municipio beneficia o afecta a la mayoría de los residentes mexicanos de larga duración. Para el caso particular de los migrantes por el cambio climático, que serán el centro de nuestro estudio, es preciso profundizar en el conocimiento de la movilidad asociada a la desertificación del sudoeste de Estados Unidos. No nos referimos exclusivamente a la futura migración forzada de personas de escasos recursos (por ejemplo, estadounidenses de origen mexicano que decidan venir a residir en México ante la reducción gradual de empleo en el sector agrícola de California o ante repentinos fenómenos meteorológicos como el llamado Dust Bowl, que en los años treinta del siglo XX expulsó en una década a 3.5 millones de personas de las llanuras hacia la costa oeste). La migración climática norte-sur comprenderá, además de dichos desplazamientos forzados, la movilidad destinada a mejorar la calidad de vida (estudiada académicamente, en parte, bajo el concepto de lifestyle migration). En este último caso, el ejemplo del Dust Bowl también es aleccionador. Además de 500 000 personas que debieron partir inmediatamente de Oklahoma, Arkansas y otros estados, tres millones restantes se vieron obligadas a migrar a lo largo de una década para cambiar su estilo de vida, por enfermedades (como la neumonía provocada por el polvo) o porque sus granjas dejaron de ser rentables.[20] ¿Cuál es la probabilidad de que futuras tormentas de polvo u otros fenómenos hidrometeorológicos estimulen la migración masiva de estadounidenses a México, en búsqueda de una mejor calidad de vida? El tema debe ser explorado en otros estudios y es claro que la solidaridad binacional, el principio de reciprocidad y los acuerdos de cooperación invitan a hacerlo de manera constructiva y generosa. En el presente ensayo rechazamos la idea de imponer restricciones específicas a la movilidad de estadounidenses a México, más aún ante eventuales catástrofes naturales. En cambio, invitamos a estudiar las reformas jurídicas a la propiedad de la tierra, particularmente en los litorales, a la luz de esos posibles eventos migratorios y tomando en cuenta también los intereses de los mexicanos. Es importante investigar, concretamente, si posibles expatriados estadounidenses ayudarán a luchar contra la desertificación del norte del país o excluirán del agua a los más débiles; si se asentarán en donde la calidad de vida ya es aceptable o si contribuirán a incrementarla. El dramático caso de la colonización israelí en Palestina, si bien cargado de terribles connotaciones políticas y religiosas, es ilustrativo de las dos direcciones posibles del fenómeno: floreció el desierto gracias a ella, pero fueron excluidos miles de árabes musulmanes.

Cambio climático y migración

Denominamos “cambio climático” a la variación global del clima del planeta, motivada por causas naturales o antropogénicas. Entre el siglo X y el XIV, por ejemplo, se experimentaron temperaturas muy altas en el Atlántico norte, lo que contribuyó a la expansión vikinga.[21] Por un tiempo, la lengua islandesa, “ese latín del Norte / abarcó las estepas y los mares / de un hemisferio y resonó en Bizancio / y en los márgenes vírgenes de América”, dice un poema de Borges.[22] Del siglo XV al XIX, en cambio, la “pequeña edad de hielo” acompañó el auge de los grandes imperios meridionales: España, Gran Bretaña, Francia y Holanda. En efecto, navegantes de estas regiones desarrollaron barcos con dos o tres mástiles para adaptarse al viento, hicieron de los cinco continentes grandes suministros de materias primas y llevaron a América a miles de personas que huían del hambre, la sequía y el frío. La correspondencia de Indias muestra que la emigración de españoles a América, en los dos primeros siglos de la colonización, no estaba motivada por la fiebre del oro o de la plata, sino por la búsqueda de mejores condiciones materiales y climáticas.[23] De la misma manera, entre los siglos XVII y XVIII, el principal mecanismo jurídico de migración británica fue la servidumbre contractual (cinco o siete años de trabajo casi esclavo en América): “El hecho de que una gran proporción de migrantes ingleses estuvieran preparados para aceptar el riguroso plazo de servidumbre sugiere que lo que los indujo a partir fueron circunstancias de dureza económica”.[24] ¡Quién se vendería como siervo para poder migrar, si tuviera, en su país de origen, el sustento asegurado! Así, contra la imagen estándar de la colonización de América, ésta también se relaciona en su etapa temprana con el cambio climático producido por la “pequeña edad de hielo”. Sin embargo, el calentamiento moderno del planeta es un caso aparte y promete ser más pronunciado. A partir de mediados del siglo XIX se comienzan a sentir los efectos de la revolución industrial en la atmósfera y en el clima. Los gases de las fábricas, la deforestación y el metano producido por el ganado y los seres humanos no sólo producen contaminación ambiental, sino calentamiento, por la captura de la energía solar en las moléculas de dichos gases. En 1846, una cabeza de mamut descongelada fue vista flotar en el río Lena, en Siberia.[25] Luego, durante el siglo XX, la temperatura media del planeta se incrementó en más de medio grado Celsius. Lo más alarmante será el calentamiento para los próximos cien años (de entre 1.8 y 4º C), pues producirá sequías, derretimiento de los glaciares, huracanes, expansión de enfermedades tropicales y migraciones, entre muchos otros efectos.

Sin embargo, diversos autores han constatado que hubo un claro cambio de tono en los reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), entre 1990 y 2007.[26] Mientras en 1990 se expresaba una preocupación evidente por el posible desplazamiento de millones de personas, debido a la erosión costera, las inundaciones y la sequía (todo ello constituye el efecto más grave del cambio climático), el informe de 2007 evita hablar de “refugiados ambientales”. La razón es obvia, un “refugiado” es un migrante con derecho a ser acogido en un nuevo país (con la correlativa obligación por parte de los países receptores). Ahora, la supuesta prioridad del IPCC es estudiar la “vulnerabilidad de las poblaciones”, así como sus “capacidades adaptativas”.[27]

Esta sustitución del debate sobre “refugiados ambientales” por uno acerca de “resiliencia” (término técnico que denota la capacidad para superar circunstancias traumáticas o absorber perturbaciones) sugiere el peso de la relación colonial en el debate sobre el cambio climático. Las grandes potencias prefieren eludir la responsabilidad de acoger a miles de desplazados y dirigen el debate hacia la fortaleza de las poblaciones para resistir allí donde se encuentren. Desde luego, puede pensarse que la “resiliencia” no es una moda sino un enfoque científicamente justificado y más riguroso que el discurso sobre los “refugiados ambientales”. Pero si los expertos del IPCC se concentraron en el tema migratorio en los años noventa y luego matizaron; otros científicos de alto nivel (no sometidos a tanta presión política), siguen enfatizando aquel problema. Por ejemplo, algunos de los demógrafos más reconocidos del mundo, en la Declaración de Laxenburg, confirman que el patrón migratorio de la población mundial no sólo continuará “debido al aumento de las oportunidades económicas que resultan de la mayor información, las mejoras en los sistemas de transporte y la globalización de la producción y mercados laborales, sino que será exacerbado por el desplazamiento y los traslados debidos a la degradación ambiental y a los conflictos civiles”.[28]

Del mismo modo, en las investigaciones que no están sujetas a la negociación política en la ONU, la elite científica de los países del norte continúa advirtiendo que el cambio climático causará una migración humana masiva. En particular, se ha probado rigurosamente que existe un vínculo entre las variaciones del clima en México, la producción agrícola local y la migración. Dependiendo de los escenarios de calentamiento y del grado de “resiliencia” que se asuma, los expertos han calculado que para el año 2080 el cambio climático inducirá a emigrar a entre 1.4 y 6.7 millones de mexicanos adultos, sólo como resultado de la disminución de la productividad agrícola.[29] En el caso de México, “los mapas de decrecimiento poblacional en el medio rural muestran que desde 1990 (en el caso de la migración a las ciudades de más de tres millones de personas en México) se trata sobre todo de municipios afectados por las sequías prolongadas y por la desertificación”.[30]

Hay diferentes maneras de definir qué son las “tierras secas” y qué es la “desertificación” (ambas no son expresiones sinónimas), por lo cual las cifras de la extensión de tierras secas o en vías de desertificación varían, incluso por parte de una misma autoridad, de un informe a otro. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 2006, casi cien millones de hectáreas, la mitad del territorio del país, sufría procesos de desertificación.[31] Seis años después, sin embargo, señalaba que lo que comprendería la mitad del territorio nacional serían las tierras secas y una cifra menor estaría en vías de desertificación: “En nuestro país la degradación del suelo afectaría aproximadamente a 43.56 millones de hectáreas, es decir, 43% de las tierras secas, lo que equivale a 22.17% del territorio nacional”.[32] Estos cambios pueden ser meramente técnicos, pero nos recuerdan la modificación conceptual y de énfasis del IPCC, que en 1990 hablaban de un dramático problema de desplazados ambientales y evocaban el concepto de “refugiado ambiental”, mientras que en 2007 minimizaron el problema y adoptaron la visión de la “resiliencia”. En todo caso, según el censo oficial de 2010, en las tierras secas habitan aproximadamente 33.6 millones de personas, es decir, 30% de la población total de México.

Otro de los hallazgos científicos más sólidos a nivel mundial apunta a que un aumento de la temperatura y, en menor medida, las variaciones en precipitaciones, tendrán un mayor efecto sobre la emigración permanente de hogares que los desastres naturales.[33] Así, en términos generales, la desertificación y las sequías serán más expulsoras de personas que los huracanes y los terremotos. Traducido al caso de México, experimentamos y experimentaremos desplazamientos de residentes de Tabasco por inundaciones, de Oaxaca y Guerrero por huracanes, etc. ¡Pero la migración forzada de habitantes de todo el norte de México por desertificación es y será a corto plazo previsiblemente más cuantiosa![34] Para 2080, la vulnerabilidad por cantidad y calidad de recursos hídricos afectará casi a todo el país.

Semarnat, 2012, p. 239.

Es aleccionador observar la reacción de los lectores de los países desarrollados a la divulgación de las investigaciones anteriores. La mayoría expresa temor a una invasión de desplazados del sur y lanza, junto con propuestas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, iniciativas de tipo malthusiano (es decir, la idea de que se debe limitar el crecimiento demográfico de los países pobres). Ahora bien, lo interesante es que, al leer estas investigaciones, algunos ciudadanos del norte también perciben que la migración ambiental no es sólo de México a Estados Unidos:

¿Por qué asumir que la única inmigración hacia el norte sería de México a los EU? El norte de México y el sur de los EU son básicamente las mismas zonas ecológicas [...] He vivido aquí en México alrededor de cuatro años, vine al sur desde los EU. Tiempo suficiente para ser cada vez más consciente de la arrogancia estadounidense. La única razón por la que Estados Unidos es tan rico es que sigue teniendo el estilo de vida menos sostenible en la historia del planeta... y eso va a cambiar, con o sin cambio climático. Es insostenible.[35]

En efecto, no hay razón para asumir que la migración climática será sólo de México a Estados Unidos. Como hemos visto, la migración del norte industrializado hacia el sur soleado y barato es un fenómeno mundial, pero aumenta, en particular, de Estados Unidos hacia México. Este fenómeno puede y debe ser comparado con las estimaciones científicas sobre cambio climático. Desde hace años, los investigadores anticipaban que para 2020 el sudoeste de Estados Unidos se encontraría bajo una situación de sequía permanente.[36] La emergencia por insuficiencia de agua en California en el último lustro ha llevado ya a una disminución de la calidad de vida en ese estado por las restricciones legales al consumo del líquido. En este escenario, en México cabe preguntarse si las futuras políticas de inmigración deben tomar en cuenta estos hechos.

El intento de reforma al artículo 27 constitucional

Al momento de escribir este ensayo, la fracción I del artículo 27 de la Constitución mexicana señala todavía que “en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas”. Sin embargo, dos años atrás el 2 de abril de 2013, la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (del Partido Revolucionario Institucional) presentó una iniciativa de enmienda a fin de autorizar que los extranjeros puedan adquirir tierras en el área restringida, exclusivamente para uso de vivienda y sin fines comerciales.[37]

En tan sólo 20 días, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 27 constitucional propuesta aparentemente por la diputada Núñez (aunque algunos señalaron como autor intelectual de la misma al poderoso político sonorense Manlio Fabio Beltrones y no podríamos descartar posibles peticiones diplomáticas al respecto del gobierno estadounidense). El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Raúl Paz Alonzo, dijo que el objetivo era terminar con la simulación que permite a los extranjeros adquirir propiedades en la zona prohibida a partir de fideicomisos y sociedades anónimas. Además, se buscaba fomentar el turismo y la inversión extranjera. El PRI argumentó que, gracias a la reforma, se eliminaría a los intermediarios financieros y aumentaría la recaudación fiscal.[38]

Cuando la opinión pública mexicana se enteró de que los diputados federales habían aprobado la reforma que permitiría a extranjeros comprar inmuebles en las playas, un importante movimiento ciudadano reaccionó para detener la aprobación en el Senado y en las legislaturas de los estados (pues una reforma constitucional requiere de la aprobación mayoritaria de estas últimas). Los promotores de la protesta argumentaron que los 11 000 km de litoral de México serían fácilmente comprados y cercados por los miles de millonarios que existen en Estados Unidos (diez millones de hogares con un patrimonio mayor al millón de dólares) y que, de esa manera, “ningún mexicano podría volver a ver el mar”. Además, argumentaron, las penínsulas con menos de 100 kilómetros de tierra iban a poder ser ocupadas por completo por extranjeros. Usando la fachada jurídica del uso residencial de los terrenos (para, por ejemplo, subarrendarlos luego), incluso se podría fomentar la construcción de desarrollos turísticos, dijeron. Como consecuencia de todo lo anterior, el movimiento opositor a la reforma señaló su temor de que mexicanos de bajos recursos, que actualmente sobreviven gracias al mar, fuesen desalojados, mientras otros más dejarían de poder usar las playas para vacacionar.[39]

El documento del movimiento “Soberanía playera” superó las cien mil firmas de apoyo y, hasta la fecha, la reforma a la fracción I del artículo 27 se encuentra congelada en el Senado de la República. Es importante destacar que la simultaneidad de otras reformas estructurales (en materia de petróleo, fiscal y educativa) hacía quizá imprudente para la mayoría gobernante lanzarse, en ese momento, a reformar la propiedad en las fronteras y litorales. Pero nada indica que el proyecto de reforma haya sido definitivamente abandonado.

Conclusiones

¿Cómo debe abordarse el encarecimiento de precios y el acaparamiento de tierras, por diferencias de ingreso entre países, desde la teoría económica, política y migratoria? ¿Es subsumible este problema al de la gentrificación o debe abordarse desde la categoría de “neocolonialismo”?

En el presente ensayo hemos señalado del error de pretender restringir la migración estadounidense a México, dada nuestra estrecha relación comercial y la enorme presencia de mexicanos en el país del norte, además de la importancia de respetar los derechos humanos de los migrantes. Al mismo tiempo, sin embargo, mostramos la gran asimetría de ambos países frente a la migración por el cambio climático. Mientras que el norte de México tiende a desertificarse y todo el país sufrirá del llamado “estrés hídrico”, la población mexicana ya no cruza, prácticamente, hacia Estados Unidos, aunque sí aumenta la migración de estadounidenses a México. En este contexto, desde 2006 se ha observado una tendencia internacional de compra de tierras en países extranjeros por parte de inversionistas, Estados y empresas transnacionales. Es entonces que algunos políticos mexicanos están a punto de lograr que los atractivos litorales del país se ofrezcan a la venta para fines privados en igualdad de condiciones a cualquier postor (mientras que, hasta ahora, los ciudadanos mexicanos han tenido beneficios en el gozo de terrenos costeros frente a los extranjeros, pues no deben pagar un sobreprecio a instituciones financieras en forma de fideicomisos o creación de personas morales intermediarias).

El hecho de que la propuesta de reforma para que los extranjeros puedan adquirir playas en México, aprobada parcialmente en 2013, se dé en el contexto de una tendencia de especulación inmobiliaria mundial debe ser abiertamente discutido. El cambio climático hace de la tierra un bien estratégico para la producción de biocombustibles, alimentos y como eventual destino para habitar. Es a las nuevas relaciones asimétricas de propiedad a las que, en caso de someter de hecho la soberanía de unos países a otros, hemos llamado “neocolonialismo” (a partir de las teorías de Piketty y Sassen). En ese sentido, adicionalmente a la responsabilidad macroeconómica que presumen los gobiernos de México, es importante que el Estado mexicano conserve una visión geopolítica precautoria, de seguridad nacional.

Estudios calculan que serán considerables los efectos negativos del calentamiento global contemporáneo en el abastecimiento de agua en Estados Unidos, como en México. Más de 1 100 condados de aquel país se enfrentarán a mayores riesgos de escasez del líquido a mediados de siglo y, de ellos, más de 400 sufrirán riesgos extremadamente altos de escasez de agua.[40] Por otro lado, la historia contemporánea de Estados Unidos aún está marcada por el desplazamiento interno de 3.5 millones de personas, entre 1930 y 1940, luego de una serie de tormentas de polvo conocidas como el Dust Bowl. Ante el futuro recrudecimiento de este tipo de fenómenos hidrometeorológicos, las costas mexicanas resultan un bien codiciable para millones de estadounidenses, corporaciones e, incluso, para el propio Estado.

La diferencia de precios entre ambos lados del río Bravo ha sido históricamente un motivo de migración (ganar un mejor salario allende la frontera, vivir una jubilación más barata de este lado de la misma). Este diferencial debe ser considerado al momento de decidir el régimen jurídico de propiedad de la tierra. La búsqueda de mayores ingresos fiscales podría llevar al gobierno a sacrificar soberanía y sostenibilidad social en el país, al permitir la pérdida de control de litorales que constituyen una gran riqueza. El respeto de las libertades de los extranjeros puede sugerir a algunos políticos que se deben eliminar todas las restricciones a sus inversiones, sin calcular las consecuencias negativas para la población local. Frente a los desplazamientos por el cambio climático que ya experimentamos, la gestión de nuestro propio territorio no debe ser un asunto guiado meramente por el interés comercial inmediato.