La vulnerabilidad de las áreas naturales protegidas ante la reforma agraria de 1992

Erica Domínguez, “La vulnerabilidad de las áreas naturales protegidas ante la reforma agraria de 1992. El caso de la Sierra de Álvarez, San Luis Potosí (1990-2022)”, tesis de maestría, ENAH / INAH / Conahcyt, México, 2023.

Laura Collin Harguindeguy^*

En 1992, en nombre de la libertad, se concretó en México la contrarreforma agraria. El entonces presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari, invocó al fantasma de Zapata incautándole parte de su lema: tierra y libertad. Salinas tradujo tierra y libertad como libertad para la venta y libre circulación de tierras; en otras palabras, la mercantilización. Su transformación en mercancía es considerada por Polanyi, uno de los tres pilares de la gran transformación, al crear tres falsas mercancías: la tierra, el trabajo y el dinero.[1]

El gesto de Salinas reactualizaba una arena de conflicto[2] de larga data por la instauración de la propiedad privada de la tierra. El conflicto en México se puede remontar hasta las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII,[3] posterior motivo de sucesivas leyes de desamortización a partir de 1821, apenas lograda la independencia y concretadas al triunfo de la Guerra de Reforma.[4] Los bandos en el campo de batalla enfrentaban a los pueblos originarios y sus tradiciones contra los modernos liberales. Por un lado, quienes seguían considerando la tierra como un bien común, herencia de los abuelos, con connotaciones simbólicas (madre tierra) e implicaciones rituales de tradición ancestral prehispánica, contra la visión objetivista de la tierra como mercancía o recursos naturales, con la connotación de que el recurso es algo a explotar, a extraerle renta. La aplicación de las leyes de desamortización llevó a la concentración de la tierra, pero también a una revolución en el siglo XX, que restituyó y dotó nuevamente de tierras a los campesinos, otra vez en manos muertas, al crear la figura jurídica del ejido: inalienable, imprescriptible e inembargable.

Con la modificación del artículo 27 constitucional, los neoliberales se anotaron un gol, pues sin suprimir el ejido, se facilitaba su incorporación “libre” al mercado de tierras. A ese gol le antecedieron otros tiros de gracia: la supresión de las llamadas estructuras de soporte a la producción del campo. Durante años, desde el gobierno, se habían constituido sistemas de apoyo al sector ejidal, hasta convertir a los ejidatarios en dependientes del crédito, los seguros, las semillas, los agroquímicos, y los sistemas de comercialización. Al dejar de proporcionarlos le quitaron el piso a la producción ejidal.[5]

¿Cuáles fueron las repercusiones de la contrarreforma agraria? A primera vista se infieren varias situaciones: casi de inmediato se disparó la migración, provocando el tránsito de campesinos a jardineros en Estados Unidos de América[6] y la concomitante feminización del campo.[7] Con el abandono por parte de los campesinos se produjo el desplome de la producción de granos y la pérdida de la soberanía alimentaria.[8] En las zonas rurales se observan fenómenos de abandono de la producción, el avance de la agroindustria, la agricultura de contrato;[9] también el acaparamiento de parcelas para su renta a empresas. Sin embargo, y a pesar de los avances del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), no se evidencia la drástica privatización del campo o, más bien, se observan efectos diferenciados con mayor venta en territorios con valor para el turismo o urbanizables.

En síntesis, se encuentran estudios parciales sobre los efectos de la contrarreforma agraria, pero pocos se preguntan por los ejidatarios o por la subjetividad de los ejidatarios. Sabemos que no se puede generalizar sobre los ejidos y los ejidatarios, y la preexistencia de diferencias regionales, culturales e inclusive étnicas, pero cómo reaccionaron a los cambios constituye una tarea pendiente, que requieren estudios de caso.

Al desafío de entender las diferentes reacciones frente a los cambios legislativos contribuye la tesis de Erica Domínguez, “La vulnerabilidad de las áreas naturales protegidas ante la reforma agraria de 1992. El caso de la Sierra de Álvarez, San Luis Potosí (1990-2022)”. Domínguez compara las diferentes respuestas que pusieron en práctica dos ejidos en territorios y condiciones análogas. Mientras uno de los ejidos aceptó la parcelación de parte de la superficie, ha rechazado realizar el cambio de destino de las tierras de uso común, en las que persiste el manejo en común del bosque. En contraposición, en el otro ejido optaron por privatizar tanto las parcelas como las tierras de uso común. Para interpretar el porqué de las diferencias, la autora recurre a las técnicas cualitativas y el método etnográfico, rastreando las experiencias de vida que llevan a disímiles reacciones.

Las causas de estas decisiones están relacionadas con su propia historia para conseguir las dotaciones ejidales en el periodo posrevolucionario; en la forma de apropiación del territorio al tomar posesión del mismo y en transcurso de esa posesión y, en tener o no el poder del ejido para manejarlo como un ente colectivo, lo que implica diversificación de formas culturales, organizativas y liderazgos. (p. 285).

Mientras los ejidatarios de uno de los núcleos agrarios tuvieron que luchar para conseguir la dotación, hecho que fortaleció los lazos entre los participantes, en el otro caso no sólo no lucharon, sino que antes de la dotación ya poseían terrenos en propiedad privada. Es decir, que unos poseían una cultura de manejo privado, que retoman cuando se les facilita la privatización de las tierras ejidales, mientras que los que habían desarrollado una cultura asociativa privatizan las parcelas, pero mantienen el manejo de los bienes comunes y las instancias de decisión colectiva. Los cambios en cuanto a la tenencia se reflejaron en los usos productivos, pues si bien se identificaron cambios de uso de suelo y actividades no sustentables en terrenos ejidales, fue en la superficie de propiedad privada donde aumentó el porcentaje de cambio de uso del suelo de terrenos forestales hacia actividades mineras, ganaderas e infraestructura urbana.

Al reflexionar sobre la vulnerabilidad de las áreas protegidas, en la tesis se realiza un exhaustivo repaso de la legislación en la materia señalando las contradicciones entre las leyes avocadas a la protección del ambiente, con las de fomento a la producción, sobre todo con la ley minera.

Si bien, en general la tesis maneja un tono neutro, no deja de reconocer el incremento de la vulnerabilidad de los territorios, en tanto:

al abrir la circulación mercantil de la propiedad social y ser acompañada de enmiendas legislativos a otros ordenamientos como la Ley Minera, de Aguas Nacionales y la Forestal que regulan la explotación y el aprovechamiento de tierras, aguas, bosques y minerales por el capital privado, el marco jurídico se alinea para dar entrada completa y sin precedentes a las inversiones económicas que vulneran la sobrevivencia de los bienes naturales del país mayormente concentrados en la propiedad social. En adición, pone en conflicto la aplicación de la normatividad ambiental cuyo objetivo es su protección y aprovechamiento sustentable. (p. 30).

A la embestida jurídica se añade “el debilitamiento de las solidaridades sociales”, sumando al incremento de la vulnerabilidad de las áreas naturales protegidas el de la vulnerabilidad de los actores sociales, los campesinos. Volvemos por tanto a la añeja pregunta: ¿se resignarán los campesinos a su extinción?, o habrá que recordar la advertencia formulada por Armando Bartra en cuanto a que cada vez que el Estado da la espalda al campo, los campesinos se levantan, o en una de sus propuestas más recientes, “el campesino siempre debe estar en lucha para existir”.[10]