La geografía de la autonomía en Guerrero

René David Benítez Rivera*

Resumen
A partir de una tipificación de la autonomía en la que se reconocen tres tipos: regional, comunal y municipal; y de analizar brevemente las bases de su construcción en lo local, en este trabajo se plantea un mapeo de las experiencias de lucha por la autonomía en el estado de Guerrero. Con ello, se busca no sólo mostrar la riqueza organizativa y de lucha que han experimentado los pueblos indígenas en la entidad, también se busca ejemplificar la complejidad analítica que un escenario de múltiples experiencias de lucha representa, particularmente para la construcción de un acuerdo que tenga expresión en lo legal.

Palabras clave: autonomía, pueblos indígenas, Estado, comunidad, Guerrero.

Abstract
Starting from a typification of autonomy in which three types are recognized: regional, communal, and municipal; in addition to briefly analyzing the bases of its construction locally, in this paper, a mapping of the experiences of the struggle for autonomy in the state of Guerrero is carried out. With this, it seeks not only to show the organizational wealth and the struggle that indigenous peoples have carried out in the entity, but it also seeks to exemplify the analytical complexity that a scenario of multiple experiences of struggle represent, particularly for the construction of an agreement that has legal expression.

Keywords: autonomy, indigenous peoples, State, community, Guerrero.

Autonomía indígena: una discusión renovada

En México el tema de la autonomía indígena tiene una historia relativamente corta y que se remonta a la década de 1980, específicamente con la aparición del Frente Independiente de Pueblos Indios, que por primera vez planteó el tema de la autonomía regional para el caso de los pueblos de ascendencia indígena.[1] A partir de ese momento, la noción de autonomía comenzó a gravitar en los distintos espacios en los que el tema indígena fue discutido, y que en el contexto de la conmemoración del “quinto centenario” se fueron acrecentando considerablemente en concordancia con el clima continental de fin de siglo. Desde entonces, la discusión ha transitado por dos vías, no necesariamente excluyentes entre sí: la vía del reconocimiento jurídico y la de los procesos de facto.

Por lo que toca a los procesos autonómicos de facto, podemos encontrar ejemplos en las distintas experiencias articuladas en entidades como Oaxaca, que en 2007 vio erigirse al municipio autónomo de San Juan Copala; en Guerrero, donde en 2002 se constituyó el municipio autónomo de Suljaa’ (Xochistlahuaca); en Michoacán, donde en 2003 se instauró el caracol zapatista “Erupción de rebeldía en el Lago Azul” en Zirahuén, y que para 2005 vio a diversas comunidades del municipio de Paracho declararse autónomas; y en Chiapas, donde emergieron los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno.[2]

Por lo que hace a la vía del reconocimiento jurídico, se pueden contar en el derecho internacional tratados como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado en junio de 1989; la Declaración de Atitlán, firmada en abril de 2002, y la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, promulgada en 2007; mientras que en el derecho mexicano, el más importante es la reforma al artículo 2 constitucional, que en 2001 reconoció e incorporó los derechos fundamentales de los pueblos originarios. También podemos contar una serie de modificaciones constitucionales a nivel estatal en el país, que por lo menos desde la década de los ochenta del siglo XX han incluido el tema indígena en un proceso de permanentes modificaciones, adecuaciones y actualizaciones que buscan armonizar estas constituciones locales con lo que a se estipula en el ámbito nacional e internacional.[3]

La vía jurídica abierta con la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena aprobada en 2001, si bien permite “que los pueblos indígenas de México puedan aspirar a ejercer su derecho a la autonomía [...] no establece ninguna modalidad práctica de la misma”.[4] Esto llevó a que organizaciones indígenas judicializaran esta reforma sin éxito. Ese fracaso tanto en la construcción de la reforma como de su judicialización obedece, como menciona Saúl Velasco, a una ausencia de “definición que sancione puntual y sistemáticamente el modelo que debería seguir el arreglo autonómico”.[5] Velasco reconoce los Acuerdos de San Andrés como la fuente, ya sea directa o indirecta, de la reforma constitucional de 2001, pero debemos también reconocer en ellos la misma carencia de claridad a propósito de ese tema. Sobre este punto, Velasco afirma:

No fue posible establecer en los Acuerdos de San Andrés una definición única de aplicación práctica de la autonomía indígena simplemente porque, dadas las circunstancias de fragmentación de los territorios indígenas, las condiciones de pobreza y marginación en las que sobrevive actualmente la mayoría de los indígenas mexicanos y la falta de unidad política que observan como pueblos, no existe un alternativa única, sino tres propuestas trabadas en un debate que comenzó prácticamente a raíz del levantamiento indígena de 1994 y que ha quedado en suspenso más o menos a partir de 1998.[6]

Esta dificultad nos devuelve al complejo tema del reconocimiento de la autonomía como una vía única de expresión de la vida política de las comunidades indígenas. Al respecto, los tres modelos de autonomía propuestos por Velasco nos permiten ejemplificar la complejidad que representa alcanzar un acuerdo que genere un marco lo suficientemente amplio para que todos los pueblos originarios se sientan incluidos, pero al mismo tiempo expresan la debilidad que un marco así de amplio posee, particularmente en un contexto como el mexicano, de múltiples experiencias en la construcción de autonomía: ésta puede ser regional, promovida principalmente por organizaciones como la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA); comunal, promovida principalmente por organizaciones oaxaqueñas como Servicios del Pueblo Mixe A. C.; o municipal, promovida principalmente por el Congreso Nacional Indígena.[7]

En el caso particular del estado de Guerrero, que nos ocupa en este trabajo, es importante reconocer que las autonomías no se desarrollan por una sola vía. Si bien éstas tienen su fundamento en una “matriz comunitaria”, el proceso histórico de cada grupo cultural y los avatares que han atravesado les otorgan un importante grado de diferenciación. Así, en la entidad podemos encontrar expresiones de los tres modelos de autonomía, lo que inicialmente pareciera dibujar un complejo escenario autonómico que imposibilitaría un acuerdo, pero que —recordando que según Danièle Dehouve y Marguerite Bey[8] la forma como se hace política en Guerrero se refiere ante todo al ámbito municipal— nos acerca ya a una posible vía en la construcción de ese acuerdo, la vía municipal.

En la entidad el municipio es el espacio desde el cual se hace política, específicamente desde el que se dota de contenido real a ésta como acción encaminada a organizar la vida colectiva, desde donde se moldea y se trabaja para transformar lo colectivo y darle un sentido verdaderamente comunitario, en gran medida debido a que el municipio es la dimensión básica de la política institucional.

Ante tal panorama, partimos de plantear dos preguntas acerca del tema de la autonomía que nos ayuden a entender el enmarañado escenario que es Guerrero: ¿desde dónde?, ¿frente a qué?, para después recoger brevemente tres ejemplos de construcción de autonomía: el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, para ilustrar una de las expresiones de la autonomía regional; el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, como una expresión de la autonomía comunal, y el del municipio indígena de Xochistlahuaca como expresión de la autonomía municipal.

Autonomía ¿desde dónde?

En Guerrero actualmente habitan cuatro pueblos originarios: me’ phaa (tlapanecos), na savi (mixtecos), ñomdaa ñancue (amuzgos) y nahuas, así como un importante número de población afromexicana. Sin embargo, la existencia de estos cinco pueblos originarios es sólo la muestra residual de una amplia gama de pueblos indígenas que han habitado el territorio de lo que hoy es Guerrero desde tiempos precortesianos y que han dejado una impronta identificable en su forma de organización política y cultural.[9] Como menciona Eduardo Miranda, pese a que “muchos elementos de identidad de los pueblos se perdieron después de lograda la independencia de México y que varias poblaciones se encaminaron hacia un proceso de mestizaje cada vez mayor, no se puede negar que la mayoría de los pueblos en las regiones del sur durante el siglo XIX siguieron siendo asentamientos de indígenas”.[10] Esta “matriz cultural comunitaria” construida durante la Colonia se logró mantener como un elemento de organización política y social en muchas de las comunidades de la entidad, incluso ya perdida su lengua y sin reconocerse como indígenas ni ser considerados tales por la imposición del castellano, particularmente durante los siglos XIX y XX. Así, a partir del siglo XVI comenzó a construirse la matriz cultural comunitaria que actualmente identifica a las comunidades indígenas sobre los restos de sus viejas formas organizativas.[11] Ese proceso restringió la conservación de lo prehispánico en términos culturales, pues “tanto para la burocracia real como para los misioneros convenía que los indios [vivieran] en una forma de gobierno apropiado, es decir, que su organización política debía ser remodelada para armonizar con las convenciones europeas”.[12] Es así que aparecieron las repúblicas de indios sobre la base de los antiguos altepeme mesoamericanos congregados y convertidos en pueblos, con “autoridades nativas, pero en la práctica el pueblo cabecera, que era donde habitaba el cacique o gobernador indígena”[13] tenía la estructura organizativa europea en la que “los funcionarios municipales eran un gobernador, un consejo y oficiales menores [...] lo cual hacía inútiles las antiguas jerarquías administrativas de los indios”.[14] Desde la visión de los españoles, “civilizar implicaba ciudadanizar a la población, urbanizarla, en síntesis, conminarla a vivir en policía”.[15] Así que, para “civilizar” a los indígenas se les impuso una organización política cuyo centro se encontraba en la parroquia. Esta forma de congregación impuesta como regla para el mejor control de la población nativa dio paso posteriormente al surgimiento del ayuntamiento.[16]

Por esas razones, plantear el tema de la autonomía en Guerrero no refiere necesariamente al tema indígena; antes bien, la condición organizativa de la vida colectiva sustentada en la matriz cultural comunitaria representa una forma de la vida cotidiana de un sector importante de la población en el estado.[17] La existencia de la asamblea como máximo órgano de toma de decisiones, la pervivencia de formas políticas y jurídicas diferenciadas y reconocidas como “usos y costumbres” (cuya base es lo comunitario), un cierto grado de autonomía política y la imbricada relación entre el orden civil y religioso manifiesta en el sistema de cargos, son expresiones de esa matriz cultural comunitaria.

Autonomía ¿frente a qué?

La autonomía, entendida como la posibilidad de darse a sí mismo sus propias leyes y ejercer el autogobierno, en el contexto de esta matriz cultural comunitaria en Guerrero, se ha dado históricamente frente al Estado. Ya sea por acción premeditada, como ese intento permanente que en el contexto de los Estados nacionales se ha emprendido para asimilar o integrar a los pueblos originarios; o bien por omisión, ante la clara ausencia de instituciones gubernamentales y de políticas públicas en regiones de aparente difícil acceso. La búsqueda de autonomía se ha convertido en la mejor respuesta para garantizar la continuidad de la vida comunitaria, pese a que esta vía expresa una condición contradictoria. Por una parte, la autonomía se construye como una alternativa frente a la aparente ausencia de Estado, pero al mismo tiempo no puede darse al margen de éste. En otras palabras, y no sólo en el caso de Guerrero, la búsqueda de autonomía no se establece como un desafío a la relación estatal, ni como intento de ruptura y separación, sino más bien como una ampliación de ésta, una búsqueda de incidir en dicho orden relacional para modificarlo de tal modo que nuevas expresiones culturales e identitarias puedan ser incluidas.

Sin embargo, esta búsqueda de ampliación de la relación estatal no es nueva. Ya se ha expresado antes como una tensión entre sociedad y gobierno, que en Guerrero por lo general se ha resuelto de manera violenta, aunque también podemos reconocer elementos de negociación gubernamental que no representan necesariamente una exclusiva inclinación al recurso jurídico o su búsqueda, sino a la construcción de autonomías de facto basadas en acuerdos políticos extrajurídicos y que en muchas ocasiones tienen un trasfondo orientado más a la preservación de formas de clientelismo que a la búsqueda de impacto en el orden legal. Es decir, los pobladores quieren ser considerados dentro de la relación estatal, aun sabiendo que de esa manera ellos han llevado la peor parte históricamente. Por eso también desconfían de las instituciones de ese Estado, que “se ha construido a sus espaldas y sobre sus espaldas, y que se les ha impuesto siempre a sangre y fuego”.[18] En Guerrero la disputa por la autonomía no se despliega sólo desde los pueblos originarios, pero siempre se ha intentado construir desde la necesidad constante ante los agravios de un Estado ausente y las repercusiones que esto implica, como veremos a continuación.

El Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas

Sin duda, una de las experiencias más emblemáticas de las luchas por la autonomía regional, no sólo en la entidad sino en el país, es la lucha emprendida por las comunidades nahuas de la región del Alto Balsas en contra del Proyecto Hidroeléctrico San Juan Tetelcingo. Entre finales de la década de los ochenta y la primera mitad de los noventa del siglo XX, los pueblos nahuas de la región hicieron uso de la identidad indígena, por primera vez en México, como un arma en su lucha por la cancelación del proyecto promovido por el Gobierno Federal y la Comisión Federal de Electricidad, que de realizarse hubiera inundado alrededor de 22 comunidades sobre la cuenca alta del río Balsas. Para 1992, en torno de la emblemática marcha del 12 de octubre, el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB) logró su objetivo: cancelar este megaproyecto. Si bien este proceso organizativo surgió ante la amenaza directa de desplazamiento forzado de las comunidades nahuas, su lucha logró articular un planteamiento alternativo frente al modelo de desarrollo gubernamental que consideraba megaproyectos como las hidroeléctricas. El Plan Alternativo de Desarrollo Sustentable y Autónomo, propuesto por el CPNAB se planteó una idea de desarrollo regional “desde las comunidades” nahuas directamente afectadas, considerando el territorio no como una simple abstracción, sino como un espacio simbolizado, por lo que el elemento identitario y la cultura adquirieron una dimensión relevante, pero sobre todo lograron articular la noción territorial con el tema de la autonomía, como su programa lo expresaba.[19]

Es evidente que la orientación que el CPNAB adquirió en lo relativo a la autonomía, el territorio, la identidad y la cultura indígena, fue en gran medida eco de lo que se discutía en el continente a propósito de las movilizaciones étnicas;[20] éstas tuvieron un catalizador en varios acontecimientos: el intento de conmemoración de los 500 años del llamado “descubrimiento de América”, las movilizaciones indígenas en protesta, y, por supuesto, el agotamiento de un modelo estatal que había mantenido las identidades étnicas al margen de lo que se proyectó construir como identidad nacional en todos los países de América Latina. Si bien la movilización del CPNAB no fue la primera que se enfrentó al problema de la búsqueda de autonomía, ni la primera en hacer frente al intento de imposición de modelos gubernamentales de desarrollo, sí fue la primera que abiertamente planteó el tema de la autonomía indígena en la entidad. Por ello representa un antecedente importante tanto en el ámbito estatal como en el nacional en lo referente al movimiento indígena, particularmente porque de esta movilización surgió la demanda de creación de un nuevo municipio: el Alto Balsas, que buscaba coronar ese proceso de construcción de autonomía que hasta el momento se mantiene fragmentado porque la región está conformada por parte de al menos seis municipios.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria

Un caso emblemático de las luchas que abrevan de la experiencia organizativa indígena guerrerense es la Policía Comunitaria, cuya base es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC). “La Comunitaria”, como es conocida la CRAC-PC, surgió en la región de la costa-montaña, una zona habitada principalmente por pueblos na savi y me’ phaa, caracterizada por un histórico abandono gubernamental y la ausencia de una vía de acceso (carretera) en condiciones adecuadas durante una buena parte del año. Esto hizo que durante largo tiempo la región se convirtiera en campo libre para criminales de toda ralea gracias a la dificultad de comunicación y transporte. La situación de violencia, falta de seguridad y la nula actuación gubernamental para detener esa escalada tuvo un repunte con el inicio de los años noventa, lo que obligó a que los habitantes de la región tomaran el asunto en sus manos. En 1995 se comenzaron a realizar asambleas comunitarias y regionales para encontrar una solución a la problemática; en ellas se invitó a presidentes municipales, agentes del ministerio público, jueces de primera instancia, el procurador de justicia estatal y el gobernador, sin que ninguno de ellos asistiera a una sola.[21] En ese contexto, el 15 de octubre de aquel año surgió, en la comunidad de Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinaltepec, la Policía Comunitaria como una respuesta a la creciente violencia en la región, a la incapacidad del gobierno en sus tres niveles —o, en muchos casos, su contubernio con los grupos delictivos—, y como una forma de rescate de viejas estructuras de gobierno provenientes de la matriz cultural comunitaria. De acuerdo con Daniele Fini:

A partir de 1998, además de dedicarse a garantizar la seguridad en su territorio, la CRAC-PC asumió también la tarea de la impartición de justicia: es decir, los detenidos dejaron de ser entregados a las instancias oficiales de justicia y empezaron a ser juzgados por un consejo de autoridades comunitarias que opera a nivel regional, respetando la lengua del acusado y a través de los mecanismos locales de resolución de problemas, que privilegian la conciliación al castigo. En caso de reconocer su culpabilidad, se envía a los detenidos al llamado proceso de reeducación, durante el que deben realizar trabajos comunitarios. La estructura organizativa de la CRAC-PC tiene su base en los grupos locales de policías comunitarios que funcionan según la lógica del servicio y el sistema de cargos, es decir, los elementos que los componen son elegidos por la asamblea de su comunidad y están cumpliendo un servicio rotativo y no remunerado.[22]

Pese a que el sistema de seguridad y justicia emanado de la CRAC se abstuvo de hablar de la búsqueda de autonomía para evitar un escenario de militarización como el ocurrido en Chiapas,[23] en el marco de su décimo aniversario convocaron al Primer Encuentro Nacional de Organizaciones en Territorio Comunitario, en el que se discutió por primera vez la construcción de un sistema integral autónomo de los pueblos.[24] Hacia finales de 2010 se conoció la serie de concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en lo que ya para entonces se nombraba como “territorio comunitario”, en el que operaba la CRAC-PC. A partir de ese momento comenzó una nueva etapa de lucha, se conformó un comité de autoridades agrarias por la defensa del territorio y se organizaron nuevamente asambleas y foros informativos en rechazo a las mineras. Las actividades por la “defensa del territorio en amplias partes de la Montaña y Costa Chica han continuado, promovidas ahora por el Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio (CRAADT), surgido desde el 2012”,[25] después de una campaña contra la creación de la denominada “Reserva de la Biosfera”, impulsada por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y considerada como un ariete para facilitar la entrada de las empresas mineras a la región.

En torno a la elección federal de 1988 comenzó en la región de la Montaña un proceso de demandas que exigían la creación de nuevos municipios. En 1993, Acatepec obtuvo su reconocimiento como ayuntamiento después de una larga lucha, lo que despertó las aspiraciones de otras comunidades para conseguir su reconocimiento como municipios.[26] Éste es el caso de la comunidad de Santa Cruz El Rincón, donde en 1995 naciera la CRAC-PC, y que en los últimos años ha buscado ser la cabecera de un nuevo municipio que llevaría el mismo nombre de la comunidad.

El municipio autónomo en Suljaa’

Otro ejemplo de lucha por la autonomía desde ámbitos indígenas es el del municipio autónomo de Suljaa’, nombrado oficialmente como Xochistlahuaca. La lucha emprendida por los Nanncue Ñomndaa por su autonomía tiene distintos momentos en los que el pueblo amuzgo ha luchado ante la imposición y la violencia, pero particularmente por preservar eso que llaman “tradición” y que consta de ciertos elementos en el gobierno local que consideran aspectos de la matriz cultural comunitaria, pero que para el caso específico de Suljaa’ se basa en la élite gerontocrática conocida como “consejo de ancianos”.

El primer momento se remonta a finales de la década de 1970, cuando la reforma política de 1977 provocó la desaparición del Congreso Supremo Amuzgo, y el entonces gobernador Rubén Figueroa,[27] apoyado por los militares del 48º batallón asentado en Cruz Grande,[28] impone como alcaldesa a Josefina Flores. A partir de ese momento comenzó un proceso de movilización en el municipio que desembocó en la toma del ayuntamiento y su posterior represión por exigir la renuncia de la presidenta impuesta y por defender la estructura de gobierno indígena, promovida en la lógica de la política indigenista de “traspaso de funciones” en el gobierno de López Portillo.

Una década después, durante la elección municipal de 1990, tuvo lugar una nueva imposición, esta vez a favor de Rufino Añorve, candidato oficialista. Frente a ello, un grupo de jóvenes profesionistas que recién habían retornado al municipio después de concluir sus estudios en universidades nacionales, la mayoría de ellos en la Universidad de Chapingo, encabezaron una movilización que terminó, como antes, en la toma del ayuntamiento[29] y la declaración de autonomía del municipio de Xochistlahuaca. Esta acción derivó en la consecuente persecución que obligó a muchos de aquellos jóvenes a exiliarse del pueblo por las amenazas que recibían.[30]

La elección de 1998 también generó malestar entre la población por la actitud violenta y autoritaria del recién electo alcalde Marciano Mónico. En esta ocasión, la división interna del partido oficial tuvo un papel importante para definir el destino del recién electo edil, que en 1999 fue obligado a renunciar sin el apoyo estatal del que sus antecesores habían gozado.[31] Apoyada por el gobierno estatal, Aceadeth Rocha, mejor conocida como “Chade” en la región, fue impuesta al frente del municipio. De inmediato, como una forma de garantizar su posición, la nueva alcaldesa desplazó en el municipio a los cercanos del anterior edil, particularmente a los delegados en las comunidades, e intentó imponer un comisario ejidal, sin conseguirlo. “Se trataba, en apariencia, de una más de las disputas facciosas dentro de ese partido, en el que resultó derrotado el grupo de Josefina y Mónico en una contienda preelectoral interna”.[32] La oposición amuzga, aglutinada en la Alianza Plural apoyada por el Partido Regional del Sur,[33] desarrolló una campaña que colocó en un lugar primordial los “valores étnicos y la reivindicación de un poder tradicional sustentado en la autoridad de los principales”.[34] Una vez tomado el cargo en diciembre del año 2000, Aceadeth logró imponer a comisarios, delegados, representantes municipales e incluso autoridades magisteriales en todo Xochistlahuaca, lo que derivó en la existencia de espacios de poder paralelos en las comisarías, las delegaciones y hasta en las escuelas. Tal situación desató una crisis nunca antes vivida en el municipio, lo que llevó nuevamente a una toma del ayuntamiento y el desconocimiento de Chade como presidenta municipal. La cacique amuzga recibió el apoyo del gobierno estatal, lo que generó una división en el municipio: por un lado la fracción opositora, que tenía en su poder el edificio del ayuntamiento municipal y que había declarado la autonomía del municipio en 2002, así como el “restablecimiento de las formas tradicionales de gobierno violentadas por el Estado mexicano”;[35] por otro lado, el grupo de Chade, que mantenía oficialmente el poder municipal y recibía los recursos, tenía el reconocimiento del gobernador del estado, René Juárez Cisneros, y despachaba como ayuntamiento en la casa de Aceadeth, convertida en fortaleza, desde donde ejercía el gobierno de manera personal o por interpósita persona, como ocurrió después de su destitución en 2002 y hasta 2005, en que gobernó Manuel Castañeda, un conocido “chadista”; y el trienio 2005-2008, en que “la loba”, como ya era conocida entonces, se hizo nuevamente con el municipio.

En ese periodo surgieron el Consejo de la Nación Amuzga A. C., perteneciente a la ANIPA, y el Frente Cívico Indígena de Xochistlahuaca (FCIX) integrado por los campesinos, artesanos, maestros bilingües, profesionistas, líderes del PRI y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que adoptaron como estrategia de lucha la presión política, principalmente a través de los miembros del PRD en el gobierno.[36] A través del FCIX surgió la idea de crear una radio, y en diciembre de 2004 inició transmisiones Radio Ñomndaa con el objetivo de ser una herramienta de comunicación, pero también de construcción de la autonomía y de lucha frente al cacicazgo de Chade. Así, la lucha por la autonomía del pueblo amuzgo de Suljaa’ tiene lugar en el municipio, en defensa de las formas tradicionales de ejercer el gobierno y frente a los intentos de imposición política desde las élites de poder local y estatal.

Reflexiones finales

La situación en el estado de Guerrero, permeada por la desigualdad, la miseria y el abandono, ha generado lo que podemos reconocer como dos grandes tradiciones: por un lado, una tradición en el ejercicio del poder que proviene de las élites, manifiestas en cacicazgos locales, gobernantes municipales, estatales o una mezcla de ambos; y por otro lado, una tradición organizativa que tiene distintas expresiones y se nutre de diversas fuentes,[37] pero que en todos los casos tiene como fundamento una búsqueda de ampliación de los derechos en todos sentidos. Para el caso de las autonomías, inscritas en una tradición de lucha por los derechos indígenas, no podemos omitir la matriz cultural comunitaria, construida a partir del siglo XVI en México y que ha logrado resistir más allá de los ámbitos del reconocimiento de las identidades étnicas. Sin embargo, resulta importante reconocer que las autonomías no se desarrollan de un solo modo; si bien su fundamento lo podemos encontrar en esa matriz comunitaria y su objetivo a corto plazo sea dominar el municipio, el proceso histórico de cada grupo cultural y los avatares por los que han atravesado les otorgan un grado de diferenciación importante. De igual manera, la relación con su entorno y la forma como han podido satisfacer sus necesidades, las dinámicas internas de convivencia cotidiana y la diferenciada integración a la “nación” nos obliga a hablar de autonomías en plural. Más aún: esas autonomías, como una forma de preservación del territorio, de los recursos naturales, de rescate y revitalización de viejas estructuras de gobierno y de reinvención de identidades, son en realidad procesos. Tal como algunos autores reconocen, hablar de autonomía es hablar de procesos de construcción de autonomía, o bien, procesos autonómicos. Esto en el caso de Guerrero es claro: las luchas por la autonomía distan de ser procesos concluidos, antes bien son procesos, incipientes en muchos casos, que buscan construir la autonomía más como una respuesta reactiva que como un proyecto claro, pero en los que la imaginación y la inventiva tienen un papel preponderante.

Los ejemplos aquí presentados son apenas una muestra de la riqueza de las luchas por la autonomía en el estado de Guerrero, pero que de alguna manera tratan de dar cuenta del complejo panorama en la entidad, cómo desde los noventa comenzó a definirse una nueva geografía, la de las autonomías guerrerenses.[38] En tiempos recientes, el proceso de elección desarrollado en el municipio de Ayutla de los Libres estuvo acompañado de una judicialización ante tribunales electorales en lo local y federal para que la elección pudiera concretarse a través de los métodos tradicionales de elección, por usos y costumbres. Después de un largo periplo legal y de sortear diversos obstáculos, entre los que se encuentran, por supuesto, la negativa de la mayoría de los partidos políticos y el uso de recursos legales para desestimar la solicitud de una parte importante de la población de Ayutla, el tribunal federal resolvió a favor. El proceso, iniciado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pronto fue respaldado por la ciudadanía como una forma de hacer frente al cacicazgo ejercido por el matrimonio de Severo Castro y Hortencia Aldaco, quienes a través de la plataforma del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habían ocupado dos periodos presidenciales al frente del municipio y pretendían impulsar la candidatura de otro miembro de su familia en la elección del 2018, a fin de mantener el cacicazgo que habían construido a fuerza de violencia y corrupción como ediles.

Si bien ése no fue el primer intento echado a andar en municipios con alto nivel de población indígena de la entidad para que la elección por usos y costumbres sea reconocida —ya se había pretendido en San Luis Acatlán a través de formas legales, y antes en Xochistlahuaca por la vía de los hechos—, sí es el primer intento exitoso. En la actualidad, esta situación está generando que otros municipios vean el caso Ayutla como un ejemplo a seguir, todavía más cuando la marea de la autonomía municipal está creciendo a lo largo del país, y en algunos casos exitosamente. En ese sentido, este escrito trata a la vez de esbozar una serie de procesos en esta entidad del sur y de vislumbrar una suerte de fenómeno que al parecer aún dará mucho más de sí, del que apenas estamos viendo las primeras luces.