Las paradojas de un paraíso ilusorio Crisis sustentable y de gobierno en Valle de Bravo

Andrés Latapí Escalante*

Ningún sistema puede operar por tiempo indefinido
a un ritmo constante, esto es, sin sufrir el desgaste
y sin dejar huella en el medio.
Nicholas Georgescu-Roegen[1]

La pregunta ¿quién gobierna en Valle de Bravo? parecería ociosa si nos la hubiéramos hecho tan sólo hace diez años. Sin embargo, hoy es tal vez la pregunta eje de cualquier investigación que se haga sobre esta región agobiada por la crisis de sustentabilidad. En la actualidad es obvia la ausencia de mecanismos de gobierno para resolver la falta de integración y regulación de las políticas públicas en los diferentes órdenes, desde el federal hasta el municipal como para dar cumplimiento a la normatividad ambiental y otras políticas. Los espacios de decisión federal, del gobierno del estado y del municipio se sobreponen y son ambiguos, no cooperan, se obstaculizan y excluyen entre sí. Sin autoridad aumenta la ampliación de la frontera urbana y su gentrificación a través del desarrollo inmobiliario es devastador, se incrementa la pérdida del bosque, el deterioro de la biodiversidad y del agua, así como el uso indiscriminado de energía fósil cada vez es mayor. El presente y el futuro de Valle de Bravo, si prevalece esa ausencia de gobernabilidad, es de un creciente desequilibrio entre la economía, la sociedad y el ambiente. Se vive un déficit de gobernabilidad. ¿Por qué ocurrió este desastre? ¿Cómo ha sido gobernado Valle de Bravo? ¿Cómo se podría gobernar y sustentar? Estas preguntas son la parte central de este ensayo.

La construcción de la presa, contradicciones
y gobernabilidad en el desarrollo de la modernidad

Con la construcción de la presa en Valle de Bravo se fueron gestando contradicciones al privilegiar el espacio federal excluyendo, invisibilizando y marginando a lo local en el manejo del agua y del suelo, sin permitir y conducir el cambio social e imponiéndose a la política municipal tradicional frente a su pervivencia relevante en una sociedad agraria.

El origen de Valle de Bravo, como lo conocemos e imaginamos hoy, es a partir de la construcción, en 1942, de una presa para el sistema hidroeléctrico Miguel Alemán; en 1992 se integró como parte del sistema Cutzamala para llevar agua a la Ciudad de México y áreas conurbadas del Estado de México.

Así se gestó —de un área rural muy productiva y fértil, productora de trigo, de maíz, de árboles frutales, de explotación forestal y ganadera— un destino tanto imaginado como comercial de turismo residencial campestre con lago, clubes náuticos y actividades deportivas: “papaloteros”, bicicletas y motos de montaña, esquí acuático y vela, además con club de golf. Desde carreras de automóviles y emociones, como el Festival de Avándaro, en donde se “desataron” los capitalinos de principios de la década de 1970, muchos de los cuales se quedaron avecindados en Valle de Bravo y se fueron integrando, paulatinamente, a la sociedad rural y en algunos casos desplazando a los lugareños.

La infraestructura hidráulica del sistema y su aparato administrativo se montó sobre la ruralidad existente y la desviación de los cuerpos de agua. Primero fue la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y luego la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Así, los habitantes de la región de ese entonces se adaptaron a los nuevos “visitantes-residentes” de fin de semana, abriendo comercios, servicios, habilitándose como constructores, restauranteros, comerciantes y transportadores de materiales, albañiles, peones, lancheros, convirtiéndose en prestadores de servicios, cuidadores, sirvientes y jardineros; como antes sus familiares se habían empleado como mano de obra para la construcción y operación de la gran obra hidráulica.

La región tenía, a principios de los años sesenta del siglo pasado, una gran productividad y abundancia, marcada por el asentamiento estratégico, económico y ambiental de Valle de Bravo, tierra templada, a la mitad del camino entre la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán y la fría del valle de Toluca, con abundantes fuentes de agua y tierras planas, lo que le daba, y le da, una situación privilegiada para el intercambio de productos, personas y comercio de muy diversas regiones, además de ser centro de peregrinaciones regionales.[2]

Por el aumento de visitantes se produjo un consumo y una derrama económica sin precedentes, modernizando y generando nuevas cadenas de valor sobre una economía agrícola, que si bien no se vio desplazada, se fue transformando de manera paulatina. La actividad inmobiliaria creció exponencialmente, así como la venta de materiales de construcción y la demanda de mano de obra. Valle de Bravo se desarrollaba y se convertía en un polo de desarrollo atractivo de la región, tanto para los habitantes rurales como para los urbanos. Se podían concertar muchos negocios y, como ya se mencionó, se requería de mano de obra para la construcción, ferreterías, restaurantes, y un sinfín de establecimientos para abastecer los insumos que necesitaba Valle de Bravo.

Valle de Bravo se convirtió en un imán para las comunidades de los alrededores, muchos habitantes de Tierra Caliente, a los que se les llamó “abajeños”, instalaron puestos de tacos y se contrataron como jardineros, veladores y taxistas. Los mazahuas de Villa de Allende y de San Simón de la Laguna empezaron a vender artesanías y así, sucesivamente, llegaron de Michoacán y de muchos pueblos de la periferia, unos estacionalmente, otros de paso, además de los comerciantes y las peregrinaciones que llegan para las fiestas tradicionales de la Santa Cruz y de san Francisco, creando y manteniendo conexiones y relaciones sociales y comerciales.

El destino de los vallesanos, ¿sustentable?

Desde tiempo atrás, el destino de los vallesanos no estuvo en sus manos sino en la de otros, los tomadores de decisiones de los ámbitos federal y estatal. Tan fue así, que la indemnización por los predios del “plan” en que se convirtió tierra firme en un lago, tardaron más de 30 años en ser liquidados. Se dice que sólo quedaban diez por ciento de los cien comuneros, algunos ya habían vendido sus derechos o habían muerto. El pago a los afectados por la inundación se logró gracias a que, en aquella época, había un gobernador oriundo de Valle de Bravo, que junto con la reforma agraria realizó los pagos de la indemnización.

A principios de la década de 1960, el municipio de Valle de Bravo era gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Estado de México y el propio país también eran gobernados por el mismo partido. Fue así que el pacto con los habitantes de la región para la construcción del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán y luego el sistema Cutzamala fue consensado a través de los órganos de partido, que a la vez debían obediencia absoluta al poder supremo.

Además, durante un fuerte aguacero en los tiempos de la presidencia municipal de Oseas Luvianos, se inundó el archivo municipal y todos los documentos que ahí se resguardaban se perdieron. Reto grande para historiadores, antropólogos e indagadores del pasado. Obviamente fue favorable para unos y terrible para otros, tanto para los que buscaban herencias o querían cambiar la tenencia de la tierra, así como para los propietarios en general. Sin duda, todo había cambiado en Valle de Bravo, se había convertido en un sistema de intercambio: la región enviaba agua y recibía a cambio visitantes-residentes de la Ciudad de México y de Toluca.

Los cambios ambiguos y la fractura
del tejido social en Valle de Bravo

Los cambios originados a partir de la inundación de los terrenos agrícolas llevaron a la diseminación de las familias, como fue el caso de la familia Velázquez, que al ver que ya no iban a cultivar y cosechar rompieron sus ollas, destruyeron sus avíos agrícolas, vendieron sus animales y migraron a la Ciudad de México; una familia de cinco miembros que se fue a trabajar como sirvientes a una casa de las Lomas de Chapultepec.

Esto marcó el inicio de los cambios paulatinos que se fueron registrando en la sociedad vallesana. Aunque algunas costumbres perduraron durante muchos años, como aquélla en la que se colocaba un mecate en las fiestas el cual dividía a los ricos (dueños de ranchos, mesones y comercializadoras) de los otros del pueblo. De un lado la élite próspera y dueña de una gran cantidad de bosque y tierras y, por el otro, los campesinos y ejidatarios dedicados a la agricultura de milpa, quienes fueron los más afectados por la expropiación de sus terrenos para la construcción de la presa.

Por otra parte, el impacto del sistema Cutzamala fue regional. Las dinámicas locales se modificaron a partir de la creación del sistema, cambios e impactos en la tenencia de la tierra por expropiaciones y en el uso del suelo, incremento de productos de riego y comerciales como la flor, el aguacate y la berries (fresas, arándanos, zarzamoras y frambuesas); cambios en las redes comerciales para abastecer los comercios durante los fines de semana y los “puentes largos”. Lo que se mantuvo, sorprendentemente, fue la dinámica de las peregrinaciones y las fiestas tradicionales. Éstas perduraron con sus rituales de paso y las representaciones de moros y cristianos, siendo muy significativas para las poblaciones tradicionales de la región.

Esta estructura social, económica y política se fue fragmentando poco a poco con el paso de los años, al mismo tiempo que se combinaba con las diferentes migraciones que fueron poblando y fincando el Valle de Bravo, tanto el de fin de semana como el de las vacaciones de fin de año o de verano; fueron incrementándose y requiriendo servicios tanto para los clubes náuticos, como maestros albañiles para la construcción de casas. Al inicio se construían en el pueblo, hasta que se creó el Club de Golf Avándaro, con un desarrollo inmobiliario espectacular y que sirvió como subsede durante los Juegos Olímpicos de 1968, en equitación, contando con visitantes ilustres como el príncipe Felipe de Inglaterra.

Y se dieron las contradicciones 

Aquel que había vendido su terreno, se lo había bebido y ahora trabajaba de mozo y jardinero en el lugar que había sido de su propiedad. Otros optaron por la migración, algunos que vendieron se fueron a California, otros a Arizona y se dispersaron afrontando las paradojas de la migración: “polleros”, cruce de frontera, trabajo y ahorro. Algunos más se nacionalizaron estadounidenses y otros mantuvieron sus contribuciones a alguna de las mayordomías de los nueve barrios del pueblo.

La resistencia cultural de las fiestas patronales se ha mantenido a pesar de los cambios generacionales, ya que dicen que se trata de una tradición que viene “de sus abuelitos”. Las fiestas están marcadas por los calendarios agrícolas que operan en la región:[3] la de la Candelaria, 2 de febrero; bendición de las semillas; la del 3 de mayo, la Santa Cruz, el inicio de las lluvias; la Asunción, 15 de agosto, los elotes; Día de Muertos, 2 de noviembre, fin del ciclo agrícola. Este sistema marca la temporalidad y ritmo de una actividad que ha dejado de tener significado para muchos vallesanos, pues el área nuclear ya no es agrícola; sin embargo, las localidades periféricas sí lo son. Ésta ha sido una forma de gobernar, ya que, a través de las responsabilidades de los cargos, mantienen la cohesión y los roles, ya sea por medio de la presión moral y del trabajo comunitario, establecen y mantienen patrones de conducta sobre faenas y actividades específicas y bienes comunes, como es el cuidado del templo y la organización de las fiestas.

Lo que quiero demostrar es que aquí, a pesar de que los sistemas de cargos llamados mayordomías, han tenido y tienen la función de lograr la cohesión social a través de la identidad, el imaginario y los elementos simbólicos, no fue suficiente para cohesionar a los nuevos vallesanos, ya que este nuevo Valle de Bravo se integraba con base en patrones culturales diferentes —como lo han sido los clubes de golf, de vela, de leones—, o bien a través de la integración de alguna actividad artística, deportiva o comercial.

Por otra parte, la integración política fue celosamente guardada por los vallesanos viejos, negociado sólo para sus intereses y familias. Muchos de ellos se enriquecieron estableciendo comercios y venta de materiales de construcción y vendiendo terrenos y alquilando casas. Otros desarrollaron ranchos de grandes extensiones, los que vendieron posteriormente. El cacicazgo local se mantuvo en la alianza con los de Toluca. Pero, al estar en un sistema de partidos, muchas veces el candidato a la presidencia municipal era avalado o impuesto por el gobierno estatal. Así, el gobierno estatal mantuvo una gobernabilidad en Valle de Bravo, del lado de la federación, ya que con el decreto de la creación del sistema Cutzamala y con la Conagua, dependía de ésta para el manejo del lago, con la importancia de surtir a la Ciudad de México, sobre todo a la zona conurbada del valle de Toluca y la zona norte del valle de México. El gobierno municipal se desentendió, dejando las labores a la Conagua, tales como el mantenimiento del sistema y la distribución, quedando sin manejo municipal las plantas de tratamiento y, por lo tanto, de la sanidad del municipio. Además, la administración de los recursos naturales y los ordenamientos territoriales quedaron bajo la responsabilidad del municipio, de acuerdo con la legislación vigente del Estado de México.[4]

La gobernabilidad de Valle de Bravo quedó sujeta a las presiones de una sociedad de mayor poder económico, plácidamente asentada en lo que habían sido ranchos y terrenos forestales, estableciendo sus propias reglas del juego. Fue entonces que la sociedad vallesana se fue fragmentando, dejando de lado las actividades agrícolas y su organización sociopolítica, esto con las nuevas generaciones que optaron por diferentes oportunidades educativas y laborales, como la prestación de servicios turísticos y comerciales, tanto para el gobierno municipal como para los negocios privados. Además, se establecieron colonias populares y las de una emergente clase media en nuevos núcleos de población, como Colorines, para empleados del Cutzamala, y una colonia para la CFE, así como diversos asentamientos aglomerados a las márgenes del pueblo.

Sin embargo, la fragmentación del tejido social se daba en las nuevas generaciones: de la familia extensa a la individualización. La sociedad rural de la región se componía de ranchos, ejidos y comunidades indígenas, que mantenían una relativa cohesión por medio de los núcleos simbólicos y la memoria colectiva representados por medio de la religiosidad popular en las fiestas patronales. Y esto ya no operaba, los contactos con otras realidades habían cambiado sus intereses en búsqueda de un mayor lucro y diferentes oportunidades. No obstante, la nueva sociedad vallesana, compuesta por migrantes de diversos orígenes y por visitantes de fin de semana de Toluca y de la Ciudad de México, no comprendió, ni se adaptó, ya que el pueblo estaba en una dinámica de reacomodo tanto de sus relaciones como de sus asentamientos e intereses. Algunos “nuevos ricos”, después del llenado de la presa, no quisieron entender y aceptar la tradición de las fiestas, que marcaba la cohesión del pueblo, y se fueron segregando sin participar. Sólo algunos tuvieron la sensibilidad de entender las fiestas y los mayordomos solamente se dedicaron a realizar la fiesta sin abrirse a los nuevos vallesanos. Esto marcaba un nuevo periodo de relaciones sociales, tanto en la gestión, interpretación y aplicación de las políticas públicas. Algunas de éstas negadas a los nuevos habitantes, aunque se sujetaran a la normatividad del pueblo fundamentado en usos y costumbres y que en la práctica no se llevaban a cabo, como es el caso de la falta de transparencia en los reglamentos de las áreas naturales y de las plantas de tratamiento, así como en la dotación de servicios públicos (agua, luz, drenaje). Así, se ahondaron las fracturas sociales, ya que no se alinearon, o se aplicaron a discreción y diferenciadas las políticas de la federación, las estatales y las municipales, que junto con los usos y costumbres se fueron distanciando y creando cada vez más competencias alternadas, por lo que la arena política se convirtió en un espacio de separación, de escisión y de exclusión en lugar de ser un lugar de inclusión, decisión, acuerdo y autoridad, en donde los contrapesos socioeconómicos pudieran ser balanceados.

Podemos concluir que las fracturas sociales y políticas —y los posibles contrapesos sociales de los ritos pueblerinos se han visto limitados— al no tener capacidad de inclusión diferencian y los lleva a ser excluidos de los espacios de decisión, lo que provoca un gran desgate y nos conduce a un déficit de gobernabilidad.

¿Cómo se está gobernando?

El lago se convirtió en lugar de desechos, de contaminación y de drenaje del pueblo, ya que, sin una gestión adecuada, la gobernabilidad de Valle de Bravo se encuentra fragmentada; por un lado, la presidencia municipal actúa bajo la presión de los residentes de mayor poder económico y del gobierno del estado; por el otro, se encuentra la Conagua, sus órganos operadores y representantes de la federación y del estado y los usos y costumbres. Y además, hoy día, intervienen algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresariales que actúan como intermediarios de sus intereses específicos, frente a la poca participación de la comunidad y el pueblo. Aun así, queda fuera del espacio político el turista intangible que dispone de Valle de Bravo para su diversión y deleite; y, desde luego, el lago, que es tierra de nadie y de todos. El déficit de gobernabilidad, como lo señalamos anteriormente, es la incapacidad para ponerse de acuerdo en la administración de los bienes comunes que se ha gestado por la dependencia de factores externos a Valle de Bravo, ya sea por las inversiones federales, estatales y privadas, lo que implica una gran presión para los prestadores de servicios. Que “suba” o “baje” el lago depende de la Conagua, esto pone en alerta a todo el pueblo, desde los administradores municipales hasta los prestadores privados (lancheros, restauranteros y hoteleros), ya que la economía, directa e indirectamente, depende del uso del lago.

Sin embargo, la presidencia municipal no se actualizó a esta situación ambivalente, ni previó las contingencias. Siguió sus mismos patrones de cooptación política, considerando que esto les convenía a los planificadores de la CFE y del gobierno estatal, ya que el nuevo Valle de Bravo se construyó sobre el viejo. No sólo en el sentido del espacio urbano y rural, sino en el político y económico. El desarrollo urbano se aglutinó sobre el pueblo, fraccionando terrenos y quintas, convirtiéndolas en predios urbanos y dejando en manos de las inmobiliarias su desarrollo, mientras que el gobierno municipal se dedicaba a atender servicios y mantener la “tranquilidad política”, en tanto la CFE, y luego la Conagua, administraban el lago y construían el sistema Cutzamala. De esta manera, los consejos de la cuenca se convirtieron en espacios de manejo de recursos, de oportunismo político, sin tener la capacidad de mantener el equilibrio macro que requería el sistema Cutzamala.[5]

Cada cambio de administración municipal siempre presentaba planes de planeación y ordenamiento territoriales,[6] que consideran atribuciones diferenciadas de los periodos anteriores y que por lo regular no se lograban cumplir. A partir de las reformas de los municipios para el ejercicio de sus recursos se vieron limitados por la falta de oficio y capacidad por parte del ayuntamiento. Así, las disposiciones municipales se limitaron a administrar los servicios y se caracterizaron por su tibieza frente al poder de los ricos y de las inmobiliarias, sin incidir directamente en el manejo del lago. Al mismo tiempo, los sistemas de cargos de las mayordomías encargadas de las fiestas, mantenían su cohesión y seguían con la tradición endogámica de realizar la fiesta bajo el calendario previsto, sin tener participación activa en la vida política.

Las contradicciones entre las aplicaciones de los ordenamientos van y vienen en los bandos y planes de desarrollo municipal; no obstante, incluso con la ley de planeación, la distribución de las competencias se encuentra en el papel y no se cumplen frente a las inmobiliarias, asentamientos irregulares y otros agentes de desarrollo. El resultado ha sido un desorden en el que la presa se ha contaminado, ha reducido su captación de agua producto de la desforestación junto con la desviación de ríos para nuevos y viejos asentamientos.

La gobernabilidad sustentable de Valle de Bravo

Sabemos que los sistemas sociales sostienen a los sistemas ambientales y que la sustentabilidad es de quien la trabaja, como señala acertadamente el antropólogo Leonardo Tyrtania, y en ese sentido el esfuerzo colectivo de Valle de Bravo tendrá que dejar de ser un ejercicio de gabinete para convertirse en un vehículo de sobrevivencia. La sustentabilidad no deja de ser una utopía, pero también es una brújula hacia donde debemos de dirigir nuestra atención e intención.

Valle de Bravo en este año, 2021, enfrenta problemas inéditos, como la pérdida del lago que, por ser emblemático no deja de ser importantísimo. Por su parte, el desorden inmobiliario, el crecimiento demográfico, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, el déficit de gobernabilidad, son problemas que tienen nombre y apellido. Todo esto apunta a la necesidad de plantear un nuevo pacto social y político que conduzca a acuerdos en el uso de los recursos entre la federación, autoridades estatales y locales, con una sociedad que ya cambió. Por eso el modelo de trabajo tiene que contemplar toda la complejidad de la sociedad vallesana en su diversidad y heterogeneidad. Por ello el reto es coordinar sobre políticas basadas en la participación social, para realizar la planeación y la evaluación estratégica ambiental en el que participen todos, para luego establecer planes ejecutivos consensados con responsables e interesados activos.

Es necesario ubicar en dónde se está para plantear un futuro sustentable con visión regional. Traducir los valores regionales a políticas consensadas será un paso para lograr un acercamiento a la sustentabilidad. El reconocimiento de las estrategias adaptativas que lograron las sociedades en el pasado en este territorio, nos ayuda a entender cómo se desarrollaron mecanismos socioculturales —conocimientos, asentamientos humanos, régimen de propiedad, tecnologías, entre otros—, con sus consecuencias en el uso del suelo, del agua y del bosque.

La historia de Valle de Bravo no es casual

No es fortuito que La Peña sea una zona arqueológica emblemática, ya que nos reseña la capacidad para entender la relación con la naturaleza, simbolizada en las magníficas cabezas de serpiente que se encuentran en el museo arqueológico.[7] Sobre las ruinas de asentamientos prehispánicos, montículos y pirámides fue fundada la Villa de San Francisco de Temascaltepec del Valle, y luego el pueblo de Valle de Bravo. Antes de la conquista gobernaban los matlatzincas (opuestos a los mexicas) y había habitantes mazahuas y otomíes, diseminados en aproximadamente 120 sitios con asentamientos dispersos en todo el territorio y en los hoy conocidos sitios arqueológicos de La Peña, El Coaltelco, La Palma, y en menor escala, en las mesetas y en la región. No sabemos mucho de aquella época, ya que los sitios fueron abandonados y destruidos en su desbandada del siglo XVI por la conquista y las epidemias. La región se volvió a poblar, mediante las misiones franciscanas poco a poco en los siglos XVII y XVIII gracias al auge de las minas vecinas de Temascaltepec y su demanda de productos agrícolas y ganaderos.

Lo que sí sabemos es que el templo del Señor de Santa María (Cristo Negro) se construyó sobre un basamento prehispánico, conservando una relación con un ahuehuete (El Pino), centenario de 700 años, guardián de manantiales y productor de agua (la Pila Seca), ya que el actual pueblo de Valle de Bravo abastecía de trigo, maíz, ganado mular, jarcias, mercancías agrícolas y frutícolas, tanto a las minas cercanas como para la ciudad de Toluca. También había bodegas, establos, estancias de paso y mesón de arrieros a la mitad del camino entre Tierra Caliente y Toluca.

Así, el primer cambio al modo de adaptación que generó el mundo prehispánico fue gestado por la introducción europea de cultivos, ganado, tecnologías y usos diferentes del agua y de la distribución del territorio junto con nuevas formas de organización económica, social y religiosa. La llegada de los franciscanos con el propósito de “desmontar, labrar y cultivar”, tenía como objetivo organizar a las comunidades existentes en la región en el siglo XVII, y congregar a las poblaciones diezmadas por las epidemias y estructurarlas como campesinos alrededor de las parroquias como parte de la evangelización, en el contexto de la expansión de la minería y de las haciendas. Todo ello provocó que esta modificación ambiental del uso de los recursos prevaleciera hasta los años de la guerra de independencia e incluso de la Revolución mexicana, en términos de haber organizado una economía de exportación para mercados extrarregionales, usando tecnologías específicas para el suelo y el agua, arado y molino, que sufrieron algunos cambios y adaptaciones por la creación del ejido y el reparto agrario en el que muchos de los territorios indígenas-campesinos fueron legalizados como tales. La aparición de una sociedad fundamentalmente agraria prevaleció con la creación del ejido, y el cambio de la tenencia de la tierra por la revolución no provocó grandes cambios en el uso del suelo, ya que en la mayoría de los casos prevaleció el mismo sistema de uso del suelo y del agua. Es en el siglo XX, a partir de la reforma agraria, con el reparto de tierras y la creación del sistema Cutzamala, cuando se dan los cambios más significativos.

El sistema Cutzamala[8] es una estructura socioeconómica y político-administrativa que opera sobre una infraestructura hidráulica que prioriza la conducción, transvase, procesamiento y purificación del agua sobre un territorio geográfico.[9] Éste es el que determina la política sobre lo estatal y lo municipal. La caracterización y la organización de los apoyos económicos a las poblaciones “afectadas son distribuidos y destinados mediante los ayuntamientos. El municipio se ha convertido en el principal promotor del desarrollo urbano, presionando la venta de tierras y transformando la ruralidad en espacios urbanos de residencia y, en el caso de Michoacán, en sistemas de riego. Es a partir de la creación del sistema Cutzamala que se construyeron plantas de tratamiento y programas asistenciales. Estos programas y de apoyo del gobierno ubican a los campesinos de la región como pobres. Es decir, sujetos a la burocracia estatal y a los programas gubernamentales. Los apoyos federales, estatales y locales se dan en sus propios tiempos, esto es, bajo el proselitismo electoral.

Esa regionalización es el principal eje de conflicto, ya que se sobrepone e impacta sobre otros territorios que han sido ordenados, diseñados y distribuidos con anterioridad en términos adaptativos y económicos con otras lógicas, y en muchos casos siguen teniendo vigencia en la vida social, cultural y económica de la población. Incluso determinan, modifican y alteran su vida social. Éste es uno de los espacios de conflicto, ya que un sistema opera sobre otro, extrayendo, marcando diferencias, alternancias y cambiando modos de vida.

El déficit de gobernabilidad nos indica que las relaciones políticas entre la cooperación, competencias, distribución de recursos y poder no están equilibradas. El anquilosamiento de los procesos de manejo políticos ha hecho que los viejos habitantes vallesanos ignoren y excluyan a los nuevos habitantes sin darles espacio y dejándolos sin participación, sólo buscan contribuciones en términos de impuestos. Ello ha creado condiciones que hacen que se pretenda gobernar bajo un esquema político-administrativo de vieja escuela, sin transparentar, sin rendir cuentas, lo cual ha hecho crisis y no se ve que se recupere, ya que no cuenta con mecanismos ni instrumentos, ni marcos de referencia que sean aceptados socioculturalmente para construir procesos de legitimización que permitan visualizar y actuar colectivamente para consensar políticas en beneficio de todos. Es decir, se ha perdido la brújula. Por eso la sustentabilidad se puede convertir en el aglutinador de la complejidad de los diversos sistemas e intereses que operan y entran en conflicto en Valle de Bravo.

En términos de sustentabilidad, la organización de lo social es un factor fundamental, ya que se relaciona con la forma como somos socioculturalmente, como pensamos y nos relacionamos, nos expandimos y apropiamos de la naturaleza. De acuerdo con la forma que lo hagamos contaminamos, consumimos, destruimos y desarrollamos entropía. Es inevitable, como lo señala la segunda ley de la termodinámica, perder calor (energía), por lo que la disipación es un fenómeno natural, una extracción de recursos sostenida, por más que la califiquemos de “sustentable”, debe compensarse con un trabajo superior al normal. Esto debe ser contemplado en una evaluación estratégica hacia la sustentabilidad, visualizar el espacio desde el gasto y uso de energía buscando en la medida de lo posible la resiliencia. “La pregunta es, entonces, cuál es el precio de la sustentabilidad y en qué sentido vale la pena pagarlo. La sustentabilidad consistiría en permitir que la naturaleza realice su trabajo, pero teniendo presente que nada de lo que hace nos lo va a ofrecer de forma gratuita”.[10]

En términos de sustentabilidad es necesario preservar la continuidad de la naturaleza, seguir las pautas de sus cadenas tróficas regionales, respetar al máximo la biodiversidad y disponer de un sistema de recuperación de la energía disipada, así como el aseguramiento y reciclaje de los desechos, que bien deben de encontrar eco en la cultura, la organización social, conscientes de lo que nos obsequia. Por ello hay que valorar el uso del suelo, la huella ecológica y la movilidad frente a las tendencias, resistencias y retos a vencer.

La mayoría de los empresarios que tienen casa en Valle de Bravo han entrado en dinámicas de certificación de sustentabilidad empresarial,[11] que bien podrían trasladar a Valle de Bravo sus propios espacios, su experiencia, contenidos y acciones.

Por su parte, el tema del cambio climático es vigente para Valle de Bravo. No sólo por la contaminación y disminución de la presa como parte del sistema Cutzamala, sino también porque utiliza combustibles fósiles en términos energéticos para transportar el agua al centro del país, lo cual aumenta las emisiones de CO₂. Reconducir el agua se convierte en un valor agregado del costo energético. En este contexto, será útil considerar el cambio a energías limpias, si es que se quiere seguir con ese patrón de trasladar agua, así como disminuir el consumo de agua del Cutzamala por parte del valle de Toluca y la región conurbada del valle de México, haciendo más eficiente su conducción, disminuyendo su desperdicio y reparando las fugas, ya que se encuentra en déficit de entre dos y diez por ciento.[12]

Un aspecto esencial más, las comunidades campesinas de la región del Cutzamala están vigentes en todo el territorio. Nos preguntamos si la forma campesina, con su manejo del calendario agrícola-ritual, permite que la región se conserve como productora de agua, dando este servicio ambiental, frente a la presión de otros sistemas. Habría que entenderlos como productores y proveedores de agua, ya que, en sus milpas, bosques y territorios, el agua se infiltra y mantiene los acuíferos. Los apoyos, gubernamentales y privados, deben de ir hacia descarbonizar y desplastificar el manejo de residuos y contener el control de emisiones, mantener la calidad del agua y del suelo sin agroquímicos en aras de la biodiversidad y de contener el estrés hídrico. El sistema religioso popular en el que se sustenta la sociedad campesina que habita en la región está fundamentado en la agricultura de temporal, que ocupa 39 % de la superficie total de las subcuencas del Cutzamala.[13]

En términos del cambio climático, los campesinos de temporal[14] de esta región han sido los mejor adaptados y capacitados para afrontarlo —lo que hoy se entiende como resiliencia—. Ellos mantienen la tierra con el bosque y la biodiversidad mediante el sistema rotatorio del policultivo de milpa que, gracias a su capacidad sociocultural, permiten fluir el agua mientras que los otros actores implicados son exclusivamente consumidores. Por ello, toda política pública que lleve a la sustentabilidad debe incluir al sistema campesino como tal, incorporando su experiencia en el manejo regional y compensando sus carencias.

 Los retos son, por supuesto, detener el grado de deterioro y apoyarlos en términos de reforzar lo que se entiende como mecanismos adaptativos: salud, nutrición, sistema inmunológico, crecimiento y desarrollo, resistencia al estrés, rendimiento físico, función afectiva, habilidad intelectual y conciencia.[15] Esto puede ir acompañado con el mejoramiento de estrategias adaptativas, tales como cambios en la gestión ambiental, adopción de criterios de vulnerabilidad, resiliencia, mitigación y, sobre todo, de sustentabilidad.

Será necesario un nuevo pacto que visualice el largo plazo, en el que las alianzas políticas de todos los habitantes adquieran vigencia para administrar los bienes de interés público, como es el manejo de la presa, del agua y de los ríos, del bosque y la biodiversidad. En esa perspectiva, la autoridad se refunda gracias al pacto y a los consensos, es posible una nueva gobernabilidad en la que los poderes puedan establecer corresponsabilidades y responsabilidades bajo la órbita de la sustentabilidad compartida.