Entre la tala ilegal, la minería y el fracking: el embate contra los territorios de pueblos y comunidades

Claudia Alvarez Pérez*

La pertinencia de hablar de pueblos originarios en el contexto presente, trae a cuenta las luchas de pueblos y comunidades agrarias en varias latitudes de México y el mundo, ante la tala ilegal, las mineras, el fracking, y diversas empresas en disputa por los recursos naturales, espacios sagrados y de la vida cotidiana de las comunidades. Destaco un parteaguas en el año de 1992 con la reforma al artículo 27 constitucional, donde los usos de la propiedad social fueron modificados para poder desagregarse, dividirse, rentarse o venderse.[1] Aunque en la realidad ya sucedía, sin embargo dicha reforma daba ahora el permiso formal a la desaparición de comunidades y ejidos. Entre los comuneros y ejidatarios generó sorpresa y preocupación, desencadenando diversas reacciones en contra, principalmente en regiones indígenas de nuestro país, lo que ha llevado a las comunidades a una defensa de su territorio, fortaleciendo su autonomía y libre determinación, por la vía legal, pero también por la conformación de autodefensas. Tenemos los casos de Ayutla de los libres,[2] Oxchuc,[3] Ostula,[4] Cherán,[5] que luchan contra el crimen organizado que saquea principalmente la madera de sus bosques, perdiendo en ello la vida, pues han sido asesinados o desaparecidos.

En fechas más recientes, con la aprobación de la Reforma Energética el 20 de diciembre de  2013,[6] los conflictos en los territorios de los pueblos se agravaron, con la introducción del fracking, pues parte de las nuevas reglas emplean el concepto de utilidad pública, violando incluso los derechos humanos, no solamente los derechos colectivos de las comunidades. La decisión del Estado vulnera totalmente cualquier derecho al tomar los territorios dejando en la indefensión total a los pueblos. La práctica del fracking no es nueva, ya se realiza de manera experimental y en la extracción del llamado gas shale desde el año 2003, por parte de Pemex y otras empresas particulares. Según Ramírez, se han perforado por lo menos 924 pozos mediante esta práctica, los cuales se encuentran en Coahuila (47), Nuevo León (182), Puebla (233), Tabasco (13), Tamaulipas (100) y Veracruz (349).[7]

Las principales problemáticas que provoca el fracking, además de que los pobladores pierden sus casas por las fracturas del suelo, son las grandes afectaciones por contaminación ambiental del aire, el agua y la tierra, lo que deriva en enfermedades respiratorias, erupciones en la piel y cáncer, lo que los obliga a desplazarse.[8]

Otro documento del gobierno federal revela que 1,323 pozos han sido perforados mediante el fracking hasta 2010 en el paleocanal de Chicontepec, entre Veracruz y el norte de Puebla, sin especificar si se han realizado actividades en otras regiones donde se sabe que hay depósitos de gas shale.

Respecto al tema de las mineras instaladas en comunidades agrarias, son emblemáticos algunos casos como el Ejido del Bajío en Sonora, cuya población tuvo que recurrir a instancias internacionales porque en México, a pesar de tener 67 sentencias que deberían aplicarse, no se ejecutan en favor de la comunidad. De tal forma, que debieron buscar apoyo fuera del país para defender su territorio, de cuyas minas la familia Ballieres ha extraído oro con engaños, sin retribuir nada a los pobladores de la región, quienes por el contrario han sido reprimidos, violentados y asesinados.[9]

En el caso del Ejido el Carrizalillo, Guerrero, donde se encuentra el yacimiento aurífero “Los Filos”, se logró poner fin al permiso para la minera de origen canadiense Equinox Gold, permiso que expiró en marzo de 2025, sin embargo la empresa no ha actuado ni ha propuesto un plan paulatino para su retiro, indispensable para parar la contaminación del río Balsas. Dicha empresa, también ha engañado al gobierno y a los medios de comunicación diciendo que mantiene una mesa de diálogo con pobladores, cuando se ha demostrado que no es así, porque la minera promovía reducción de pagos que ya estaban establecidos en el convenio que se tenía con la comunidad, además de la restauración ambiental que se requiere debido a las grandes afectaciones, pero la minera ha hecho caso omiso.[10]

A los conflictos con las transnacionales se suma la intervención de grupos violentos promovidos o contratados por las empresas mineras, para intimidar, presionar, coaccionar y atentar contra la vida de mineros y comunidades. El caso más reciente, que no el único, es el de la filial canadiense Orla Mining y el proyecto minero de oro y plata a cielo abierto llamado “Camino Rojo”, en Zacatecas, caso en donde pudo demostrarse relación directa, presiones y amenazas de muerte contra mineros sindicalizados para obligarlos a entregar su contrato colectivo a “sindicatos independientes”.[11]

La historia de los pueblos originarios a lo largo del siglo XX y XXI ha sido narrada principalmente desde las instituciones, bajo proyectos de Estado como el Instituto Nacional Indigenista (INI), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), bajo una especie de asistencialismo, apoyándose en estudios de instituciones académicas y en las investigaciones de algunos académicos como Bonfil Batalla, Aguirre Beltrán, Arturo Warman, Enrique Florescano, Alicia Barabas, Miguel Ángel Bartolomé, Héctor Díaz-Polanco, Víctor Toledo, Ernesto de la Peña, Consuelo Sánchez, Aida Castilleja, entre muchos otros que incluso han estado trabajando en los Planes de Justicia en la zona Yaqui y otras.

Considero que a partir de las circunstancias recientes de los pueblos originarios, se requiere una reflexión sobre sus problemáticas profundas, sus luchas cotidianas, sus formas de organización, sus formas de gobierno, sus sistemas normativos, y la revisión de los diversos procesos autonómicos en todo el país, como lo es la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC-PC en Guerrero,[12]  los Concejos de Gobierno en Santa Fe de la Laguna, San José de los Herreros y San Francisco Cherán en Michoacán, donde sus luchas hoy son denominadas el cuarto nivel de gobierno, en éste contexto se encuentran varios pueblos de la ciudad de México, con la creación de concejos y asambleas representativas.[13]

Estos procesos organizativos no son espontáneos, son el resultado de años en los que han visto cómo resolver las distintas problemáticas que les aquejan, apelando a las legislaciones estatales y nacionales, con sus propios contextos regionales y locales y con nuevos asideros del derecho indígena, reivindicando sus saberes, construyendo conocimientos ante las nuevas realidades sociales que se les presentan, constituyéndose en agentes históricos en la toma de decisiones del futuro de sus pueblos.

En todos y cada uno de los procesos autonómicos, están la defensa del territorio (recursos naturales), y la libre determinación para decidir sobre sus territorios. Considero necesaria una reflexión acerca de las formas como se ha planteado la relación hombres y mujeres con el medio ambiente, y que representa la reproducción social, cultural y política.

Es en éste contexto que se inscriben los pueblos originarios de la ciudad de México y es interesante la participación de las mujeres en dicha defensa del territorio, ya sea en zonas rurales o urbanas. La historia del Valle de México no ha quedado exenta de sus propias problemáticas; en la ciudad, la modificación del Art. 27 se convirtió en momento de oportunidad para inmobiliarias y empresarios por un lado y una reacción de incertidumbre y de conflictos internos en las comunidades agrarias, por el otro.[14]

El Valle de México, entendido como una región en la cual sus comunidades agrarias comparten una historia común, la lucha por la defensa de su territorio a lo largo de siglo XX y XXI, es en donde subyacen usos y significados de los recursos naturales, a través de la memoria de la restitución y dotación agraria que posibilitó la Revolución, a una memoria de la conservación del medio ambiente en el siglo XXI, donde juegan un papel crucial los procesos autonómicos con la conformación de varios concejos de gobierno y asambleas representativas en los pueblos de la ciudad.

Si bien estas comunidades agrarias se hacen visibles a partir de la última década del siglo XX en el contexto político de pueblos originarios, los conflictos por la defensa de la tierra comenzaron poco tiempo después desde las primeras restituciones y dotaciones agrarias. En una detallada revisión del archivo agrario, puede leerse que a partir del año 1950 comienzan las primeras denuncias por presión de parte de inmobiliarias en contubernio con la Liga de Comunidades Agrarias, que tuvieron la intención de forzar a comuneros y ejidatarios a vender sus tierras con la amenaza de la expropiación vía la utilidad pública por parte del Estado mexicano,[15] en beneficio de los habitantes de la ciudad, principalmente para la instalación de servicios como lo fue para la compañía de luz, la Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA, la construcción de hospitales, ejes viales, etcétera. Aunque también para la creación de viviendas, iniciando así un proceso de urbanización de la ciudad y de tensión entre los propietarios de propiedad privada y propiedad social.

De manera que las luchas por el territorio son añejas, y se encuentran ligadas irremediablemente a los cambios de la legislación agraria, y de la constitución mexicana. Los pueblos aprendieron muy pronto que debían confrontar al Estado mexicano, a propietarios de inmobiliarias y particulares con la ley en la mano, pero no ha sido suficiente pues enfrentan la tala ilegal en las colindancias con el estado de Morelos y el estado de México.

Detrás de ésta lucha por el territorio están las prácticas socioculturales que se han ido transformando a lo largo del siglo XX y XXI, principalmente las de sobrevivencia alimentaria: la siembra de maíz, frijol, haba, calabaza y con ello las prácticas rituales de ofrendas a las cuevas para petición de lluvias y bendición de las semillas. Aunque siguen presentes las fiestas patronales basadas en el ciclo agrícola de siembra y cosecha, dichas prácticas han cambiado a la producción en invernadero de flor de ornato, plantas medicinales, árbol navideño, donde el suelo aún lo permite, mientras que en las geografías más pedregosas las comunidades han optado por proyectos de carácter ecoturístico, con la creación de parques ecoturísticos que ofrecen servicios ambientales, lo que nos obliga a revisar de algún modo la historia ambiental de la ciudad.

Desde mi perspectiva, considero que existen varios momentos en la historia de nuestro país, que permiten la emergencia de procesos autonómicos de estos pueblos, así como el proceso de constituirse como sujetos sociales en la construcción de una memoria de la lucha por la vida vinculada al medio ambiente, lo que nos lleva a estar al pendiente de su emergencia y de las políticas públicas en torno a estos pueblos originarios, porque de ello depende la supervivencia misma de la ciudad de México.